La propia ley de “justicia transicional” y los acuerdos publicados en el Diario Oficial terminaron siendo el chaleco antibalas jurídico del crimen organizado en la era obradorista y de la 4T en Tamaulipas, y el abogado Juan Pablo Penilla,ex-asesor de Americo Villarreal,hasta que fueron descubiertos los dos, fue uno de sus sastres favoritos.
La “justicia transicional” hecha a la medida
En el video del CDN, los Zetas recitan, casi de memoria, el concepto de “justicia transicional” y preguntan con toda calma cuáles serán los mecanismos jurídicos para asegurar que los acuerdos de paz se respeten y con qué funcionario deben hablar sus representantes legales.
Esa fórmula no salió de una catequesis dominical: coincide con la agenda que el propio Juan Pablo Penilla presumía en 2022, cuando decía que ya trabajaba con el Senado en esa ley, buscando que derivara en amnistías y beneficios para sus clientes, incluidos los Zetas del CDN.
Diario Oficial: la coartada perfumada
El nombramiento de Penilla como asesor honorífico de Américo Villarreal se hizo con toda la solemnidad legal, citando facultades constitucionales, y luego se “evaporó” vía un acuerdo general que dejaba sin efectos los nombramientos de asesores honoríficos publicado en el Periódico Oficial del estado.
Esa jugada de oficio –primero darle investidura, luego esconderlo detrás de un acuerdo genérico– evidencia un patrón: blindar al operador mientras es útil y, cuando estalla el escándalo, usar el Diario Oficial como detergente institucional para fingir que nunca estuvo ahí.
El sesgo de origen: abrazos jurídicos, no balazos
El mensaje del CDN al entonces presidente López Obrador no es un balbuceo de sicarios improvisando; hablan de tregua, de mecanismos jurídicos y de “ley de justicia transicional” como si estuvieran leyendo minuta de asesoría jurídica, alineada con la narrativa de “abrazos, no balazos”.
La ley de amnistía y la justicia transicional, en vez de cerrar el ciclo de violencia, abrieron una autopista de expectativas para que estructuras criminales completas aspiraran a un perdón empaquetado y negociado desde el despacho del asesor del gobernador.
Penilla, arquitecto del “cártel constitucional”
Penilla no solo defendía a Miguel Ángel Treviño “Z-40” y a Ismael “El Mayo” Zambada; según autoridades estadounidenses, su rol fue el de facilitador clave, puenteando a los líderes presos con la cúpula operativa del Cártel del Noreste y tejiendo una empresa criminal que el Departamento del Tesoro ya colocó bajo sanciones.
Aún así, ese mismo personaje fue sentado en la mesa del poder en Tamaulipas como asesor honorífico, premiado y legitimado por el aparato político de Morena mientras ya era señalado como vínculo entre narcotráfico y estructuras estatales.
El espíritu protector del crimen
Cuando un gobernador instala como asesor a un abogado que, según OFAC, presta servicios ilegales que van más allá de la relación abogado–cliente, lo que se diseña no es un gobierno, sino un escudo institucional para el crimen: el “espíritu protector” hecho decreto y nombramiento.
La narrativa oficial –negación tardía, deslindes sincronizados de Morena, uso del Periódico Oficial como cortina– no corrige el fondo: durante años, el entramado político permitió que un operador del CDN y de los Treviño Morales se moviera como “honorífico” dentro del Estado..
El laboratorio tamaulipeco de la 4T
Americo Villarreal y Morena convirtieron a Tamaulipas en el laboratorio perfecto: justicia transicional redactada con el teclado del despacho de Penilla, amnistía aprobada en la recta final del sexenio de López Obrador y cámaras legislativas funcionando como notarías del “nuevo humanismo” aplicado a cárteles multiestatales.
El resultado fue una mezcla tóxica: Zetas hablando como ONG en videos dirigidos al Presidente, alianzas con facciones del Cártel del Golfo y un gobernador que, lejos de cortar ese cordón umbilical, lo institucionalizó hasta que Estados Unidos prendió las alarmas y congeló bienes.
Juan Pablo Penilla, apestado de lujo
Hoy Penilla es el apestado de etiqueta: el mismo que impuso mandos ministeriales al servicio del CDN, que se sentaba a negociar plazas y mandos policiales con el aval del gobernador, y que administraba la violencia como si fuera presupuesto, para justificar su papel de “mal necesario”.
Pero el sistema que lo parió sigue ahí: el andamiaje jurídico-político de la 4T en Tamaulipas no fue un exceso aislado, sino una estructura pensada para que el crimen encontrara salida legal, mientras el gobernador y su asesor honorífico jugaban a pacificadores con fuero y con toga.
Con informacion: DIARIO OFICIAL/ MEDIOS/
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