La Secretaría de la Defensa Nacional no tarda en reconocer errores: los administra por entregas, como si fueran comunicados de prensa, y siempre demasiado tarde para quienes ya están enterrando a sus muertos. Lo de Alexa, Leidy o Fernando Alan,tan solo ejemplos de la barbarie militarizada que dispara a quien lo le dispara, no es una excepción trágica, es la descripción técnica de una política que jamás se asume como tal.
Balas, niñas y comunicados
En Badiraguato, «13 militares ondeados se convirtieron en asesinos», descargaron 119 disparos contra una camioneta familiar en plena sierra, matando a Alexa y Leidy, mientras el gobierno humanista nos vendía la versión reciclada del “fuego cruzado” como si fuera nota de color.
La camioneta quedó cribada con decenas de impactos en carrocería y cristales, pero casi ninguno en las llantas, un detalle que grita “ejecución” mientras los partes oficiales militares susurran “confusión” com complicidad del gobierno civil.
La familia ya había sido atacada por militares en 2008, según la CNDH; la estadística familiar de “daño colateral por parte de militares” ya merece expediente propio, no recomendación.
El manual del “fuego cruzado”
Pero ahora,en el caso de Fernando Alan, estudiante de Derecho en Culiacán que viajaba con su novia sin cometer un solo delito y sin portar ningun tipo de arma, la coreografía se repite: militares dicen que confundieron su coche con el de criminales y la versión oficial se resume en tres palabras: “murió en operativo y ya vamos a investigar”, no pues gracias mi General.
Pero solo cuando la presión pública y mediática aprieta, la DEFENSA y el gobierno admiten que fue fuego cruzado, como si reconocer tarde la muerte de un civil desarmado fuera un gesto de transparencia y no el último clavo en el ataúd de la credibilidad institucional de la que gozan porque la prensa tradicional no suele tocarlos.
La familia convoca a marchas para exigir justicia, porque en México las víctimas tienen que hacer relaciones públicas para que el Estado se digna a leer sus propios expedientes.
Política de Estado a balazos
El patrón es demasiado nítido para llamarlo “accidente”: operativos opacos, gatillo fácil, civiles asesinados, versión de combate, rectificación tardía y alguna detención simbólica de militares para decorar la rueda de prensa.
Se habla de “errores”, pero el sistema entero está diseñado para que los errores siempre acribillen impunemente,lo mismo niñas o niños, jovenes, madres, jovenes embarazadas, jornaleros,enfermeras, policías y hasta entre ellos mismos se matan,ya sea por error o con toda intención.
La militarización se vende como solución a la violencia, mientras los expedientes muestran que una parte del terror ya no viene “del crimen organizado” sino del uniforme que se supone debía proteger.
El reconocimiento que llega muerto
Cuando la DEFENSA “reconoce” algo, ya todo está hecho: cuerpos velados, niños enterrados, familias desplazadas y un país enterado a medias porque el Estado administra la verdad como si fuera secreto militar.
La disculpa implícita nunca llega con nombre, ni con cadena de mando, ni con consecuencias políticas; solo con el eufemismo favorito del régimen: “se están realizando las investigaciones correspondientes”.
La distancia entre el parte oficial y los testimonios no es un malentendido: es la zona gris donde se fabrica impunidad con lenguaje administrativo.
No casos aislados, sino método
Llamar a Badiraguato o a Culiacán “hechos aislados” es como decir que 119 balazos son un simple mal cálculo de trayectoria: la repetición convierte la tragedia en rutina y la rutina, en política pública no escrita.
Cada vez que un civil cae por “confusión”, el mensaje es claro: aquí el Estado dispara primero y corrige el boletín después.
El verdadero horror no es que la DEFENSA tarde en investigar sus errores; es que ni siquiera los considera horrores, sino daños “administrables” en la larga guerra contra cualquiera que se cruce en la mira equivocada.
Con informacion: EMEEQUIS/










