La austeridad, en la Fiscalía General de la República que dirige Ernestina Godoy, parece tener una definición bastante creativa: casi 1.5 millones de pesos para comprar pines de reconocimiento. Porque, claro, no hay mejor manera de honrar la procuración de justicia que con un adorno de cobre que termina costándole al erario como si fuera una medalla de guerra.
La FGR licitó hasta 9 mil 600 pines para su personal, entregados el 12 de julio, Día de la abogada y el abogado, con la leyenda “La Justicia al Servicio del Pueblo”, según el anexo técnico firmado por Moisés Tolento García. La pieza de colección institucional no solo lleva el logotipo de la dependencia; también carga con la ironía de que el “reconocimiento especial” sale, cómo no, del bolsillo de usted y para muchos que no lo merecen.
El elogio con factura
Aquí el problema no es reconocer al personal. El problema es que la FGR convirtió un gesto simbólico en una erogación que huele más a propaganda interna que a austeridad republicana.
Si el mensaje era “valoramos su trabajo”, bastaba una ceremonia sobria, una constancia, o incluso un aplauso que no requiriera licitación. Pero en la lógica burocrática mexicana, todo reconocimiento necesita su propia partida, su contrato y su factura, aunque el resultado final sea un pin de cobre con vocación de souvenir.
El contraste incómodo
La frase “La Justicia al Servicio del Pueblo” queda especialmente bien cuando la imprime una institución que paga casi 1.5 millones por un símbolo de autocelebración. Es el tipo de austeridad que no recorta excesos; los barniza.
Y ahí está el fondo del asunto: mientras se pide al país disciplina y contención, la fiscalía se permite un gesto de lujo administrativo para premiarse a sí misma. La cuenta, desde luego, no la pagan los funcionarios que reciben el pin; la paga el ciudadano que nunca pidió tan costoso homenaje.
En la FGR, la justicia no solo se procura: también se cotiza por pieza. Y cada pin parece decir, con un brillo muy institucional, que el reconocimiento puede ser sencillo, pero el dispendio jamás pierde el estilo.
El aún gobernador de Morena en Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, ,fichado por Narcopolitico ,estuvo ayer en Reynosa para encabezar la mesa de “paz” o de coordinación en materia de seguridad y a lado tuvo al principal aliado del crimen organizado,su Secretario General de Gobierno Hector Joel Villegas,alias «Calabazo», quien ahora intima con el mismo Cartel que lo quiso matar en julio de 2023, justo al otro extremo del ejercito que cree ilusamente que es su aliado.
Pero lo que Reynosa necesita con urgencia es que el mandatario y su gabinete de inseguridad dejen de coordinar el crimen con el gobierno y de llamar “estrategia” a lo que claramente es administración del terror en detrimento de los gobernados, que siguen padeciendo la extorsión, la auténtica y la disfrazada, esa que impone: compras lo que te vendo o cierras, así de fácil
Ciudad al 86.1% de miedo
En una ciudad donde de acuerdo con el INEGI el 86.1% de la gente se siente insegura, la única encuesta que hace falta es la del síndrome de costumbre: ¿te acostumbraste ya a vivir con miedo o todavía te indigna ?.
Cada patrulla nueva ha sido un recordatorio rodante de que el presupuesto se mueve más que la justicia: suben las camionetas, sube la percepción de inseguridad, baja, eso sí, la vergüenza oficial.
Reynosa pasó en un año de 74.4% a 86.1% de percepción de inseguridad, pero el discurso oficial insiste en que la “pacificación” va viento en popa, sólo que el viento sopla desde las casas de seguridad del Cartel del Golfo.
Para el ciudadano de a pie, la Encuesta Nacional de Seguridad Publica Urbana (ENSU) no es estadística: es el recordatorio trimestral de que el gobierno sigue brillando por presencia en la foto y ausencia en el territorio.
Las mesas de coordinación: templos del placebo
Las mesas de coordinación en Reynosa son como misas de domingo del narcoestado laico: se sientan todos, cruzan las manos, se toman la foto y luego cada quien regresa a su zona de confort, menos el ciudadano, que regresa a su zona de riesgo.
Mientras las pantallas del salón muestran diapositivas y gráficas, afuera las únicas cifras que cuentan son las de levantones, patrullajes extorsivos y “cuotas” que el comerciante paga, no al SAT, sino al Cártel del Golfo y a la Guardia Estatal.
La escena es impecable: gobernador, general, funcionarios, bandera, escudo y hasta el retrato presidencial, todos alineados en torno a un documento que jamás ha servido para frenar el 86.1% de miedo, pero sí para justificar viáticos, bocadillos y ruedas de prensa.
Que la inseguridad se “atienda” en mesa tiene algo de ironía refinada: el problema está en la calle y el gobierno prefiere verlo sentado, con aire acondicionado y café, no vaya a ser que el Excel se traumatice.
Lo peor de la ecuación es que gobernante, funcionarios y militares siguen abordando los mismos pendientes de siempre, tal y como lo narramos en 2022,donde al gobernador ya se advertía era parte del problema y no la solución:
Guardia Estatal: policía o franquicia de extorsión
La Guardia Estatal, rebautizada asi por Americo Villarreal para borrar el pasado por decreto , ha funcionado como franquicia local de secuestro exprés: patrulla, detiene, golpea, exige 35 mil dólares, se conforma con 7 mil y se lleva los bienes personales, todo con uniforme, arma oficial y expediente NUC/029/2026 calentándose en la congeladora judicial.
Lo que en cualquier otro lugar sería un caso de crimen organizado aquí se tramita como asunto interno, porque los sospechosos no llevan pasamontañas, llevan gafete y nómina con un jefe de plaza administrando el dinero del gobierno desde una silla en el tercer piso del palacio del gobierno de cuarta, mientras la acusaciones federales por todo tipo de delitos ligadas al crimen organizado se acumulan en EE.UU.
Si la percepción de inseguridad está por las nubes, no es por falta de patrullas, sino por exceso de policías que se parecen demasiado a los delincuentes que supuestamente persiguen.
Extorsión y levanton: el verdadero gobierno de la plaza
La extorsión en Reynosa no es un delito aislado, es el sistema operativo de la ciudad: el Cártel del Golfo decide quién vende qué, a quién le surte botellas de alcohol, quién puede abrir y quién cierra si no compra “al proveedor correcto” con la tacita colaboracion del gobernador a los «cobrones» con los que abraza y cena.
Y son tantos los reY son tantos los recursos económicos que obtienen los cárteles sin siquiera hacer necesario traficar drogas —que durante mucho tiempo fue su principal cometido criminal antes del tráfico de migrantes—, que la extorsión se ha convertido en una industria sin chimeneas practicada desde el propio gobierno, en áreas como COEPRIS, Protección Civil, oficinas fiscales y pare usted de contar.
El mensaje es simple y empresarial: “nos compras o cierras” ha sido la constante que vive Reynosa y todo Tamaulipas bajo el flagelo del Cártel del Golfo, en medio de inútiles leyes antiextorsión que supuestamente iban a evitar que la denuncia fuera necesaria.
Esas leyes se convirtieron en el perfecto pretexto de autoridades que no hacían nada porque los ciudadanos no denunciaban, y de ciudadanos que no denunciaban porque las autoridades no hacían nada.
Cuando la renta la cobra el cartel y la protección la vende la policía, el Estado se reduce a trámite: compra patrullas, cobra impuestos (…como ellos), participa en mesas de “construcción de paz”, da fe de la inauguración de alguna obra y aparece sonriente mientras la economía local funciona a punta de amagos.
La población exhibe a quienes les cobran renta por “sobarse el lomo” o les imponen al comercio sus productos de contrabando, que no pagan impuestos ni cruzan legalmente por aduanas militarizadas.
Esto queda evidenciado en la imagen de un gatillero del cartel imponiendo su mercancía, editada y extraída de la grabación original en video para proteger al denunciante.
Escenas como estas se repiten todos los días: llegan sin pudor, te imponen la cuota, te dejan un número telefónico y, a partir de ahí, ya eres parte de la estructura que financia al narcoterrorismo.
Lo que para la narrativa oficial es “coordinación interinstitucional”, para el comerciante reynosense es una doble cuenta: la del gobierno que finge gobernar y la del grupo criminal que realmente manda y si se equivoca, vuelve a mandar y si te equivocas tu,te levanta y te mata.
Americo, La Chispa y el humanismo de morgue
El llamado humanismo mexicano en Tamaulipas se parece más a un protocolo de morgue que a un proyecto de seguridad:levantones, desapariciones y patrullas que salen en la foto antes de salir a la calle a perseguir al ciudadano equivocado.
Cuando el gobernador, aun en libertad, presume abrazos y cenas con Mario Guitian Rosas, alias La Chispa ,exmilitar y lugarteniente del Cártel del Golfo que todos los días genera riqueza propia a partir de la ajena, el mensaje que se lee en Reynosa es transparente: la seguridad sirve para el negocio, no para la gente.
Abrazar al lugarteniente y luego financiar patrullas que patrullan para quien paga mejor es el tipo de coherencia política que explica por qué el miedo crece al mismo ritmo que el presupuesto.
La omisión frente a él no es pasividad, es decisión: no procesarlo pese a los indicios, no tocar sus contratos, no reventar su estructura, mientras los ciudadanos rellenan tendederos de extorsiones como si fueran exhibición académica del narcoempresariado local.
Con este contexto, querer arreglar Reynosa con otra “mesa de coordinación” es como querer apagar un incendio abrazando a los bomberos que le prenden fuego al edificio mientras dos exmilitares, el teniente y el lugarteniente ex-miembros del ejercito Mexicano (…si como los Zetas) se llenan los bolsillos a lo bestia que buscan financiar tus próximas elecciones, tal y como acusa EE.UU.
Ricardo Salinas Pliego, ese genio empresarial que parece creer que el estado de derecho es una sugerencia y la confidencialidad abogado-cliente una mera decoración, volvió a dar de qué hablar: según un tribunal británico, su equipo recurrió a Black Cube para grabar en secreto a un abogado durante una cena con alcohol.
El detalle es fino: no bastaba con litigar, había que espiar, sonsacar y luego querer cobrar la jugada como si fuera ajedrez, cuando en realidad parecía más bien un truco de cantina con traje caro.
Si la inteligencia se midiera por la capacidad de meterse en problemas con elegancia, Salinas traería medalla de oro: contrató a una firma de espionaje, obtuvo información por medios turbios y terminó recibiendo un regaño judicial que, en versión británica, equivale a decir “esto no solo está mal, además huele pésimo”. El tribunal fue tan claro como incómodo: la maniobra constituyó un abuso del procedimiento y una afrenta a la justicia.
La ironía es casi perfecta. Un empresario que presume control, músculo y cálculo terminó dependiendo de una operación digna de novela barata, con cena, alcohol, grabación oculta y abogados tratando de convertir una picardía en ventaja procesal. En otras palabras: cuando la astucia se cree sofisticación, a veces solo revela desesperación con buenos modales.
Quien es Black Cube:
Black Cube es una firma privada de inteligencia con sede en Israel, fundada por exmiembros de unidades de inteligencia israelíes, y se presenta como una empresa dedicada a litigios, arbitrajes e investigaciones corporativas de alto perfil. En la práctica, su nombre suele aparecer asociado a operaciones encubiertas, filtraciones, vigilancia y campañas de información en disputas empresariales y políticas.
Qué hace
Según su propia descripción, trabaja recolectando y analizando información para pleitos, casos de corrupción, lavado de dinero y otros conflictos de alto valor. Sus métodos combinan trabajo humano encubierto, fuentes abiertas y tecnología, y la empresa afirma operar dentro de la legalidad local de cada jurisdicción.
Por qué es polémica
Black Cube ha sido vinculada en distintos medios a tácticas agresivas o cuestionadas, como infiltrarse en entornos privados para obtener información o intervenir en disputas sensibles. Por eso muchos la describen como un tipo de “Mossad privado”, una etiqueta mediática que refleja su origen y su estilo, aunque no equivale a una afiliación formal con el Estado israelí.
Casos notorios
Ha aparecido en controversias ligadas a figuras políticas y empresariales en varios países, incluidas acusaciones de espionaje en campañas electorales y en litigios de alto perfil. También se le ha relacionado con casos de gran exposición pública, como investigaciones sobre Harvey Weinstein y disputas corporativas internacionales.
En el caso Salinas Pliego
En la disputa de Ricardo Salinas Pliego, un tribunal británico concluyó que el uso de Black Cube para grabar en secreto a un abogado constituyó un abuso del proceso judicial. Ese fallo reforzó la imagen de la firma como una herramienta de guerra legal que puede terminar siendo tan útil en la sombra como tóxica en los tribunales.
La piedra en la zapatilla
El empresario Salinas Pliego se ha convertido en “la piedra en la zapatilla de Sheinbaum” porque es su principal antagonista visible en México, combina poder económico, exposición mediática y una confrontación constante con el gobierno.
Bajo el gobierno de Morena y Américo Villarreal , la policía de Tamaulipas no ha sido “autoridad”: es sucursal uniformada del negocio del secuestro, la extorsión y el cobro de piso, perfectamente engrasada por un gobierno y un gobernador igual de capturado que posa para la foto mientras el crimen hace caja.
La información de que al menos ocho agentes de la policía estatal del estado fronterizo mexicano de Tamaulipas están bajo investigación por el presunto secuestro de un empresario local que se vio obligado a pagar un rescate por su liberación,es publicada hoy los periodistas Idelfonso Ortiz y Brandon Darby del portal estadounidense Breitbart.
El incidente ,como ya se sabe, tuvo lugar en mayo, pero no fue hasta esta semana que el jefe de la policía de Tamaulipas, el General Carlos Arturo Pancardo, se vio obligado a confirmar el secuestro y reveló que la división de asuntos internos estaba investigando el asunto, mientras la Oficina del Fiscal General de Tamaulipas estába llevando a cabo su propia investigación.
Según Pancardo, los ocho oficiales han sido trasladados desde Reynosa y se encuentran detenidos en el recinto de la policía estatal en Ciudad Victoria mientras se lleva a cabo la investigación. “No están funcionando”, dijo a Breitbart, aunque el caso —uno más— evidencia que quien no está funcionando es el general.
Policía de “seguridad” al servicio del secuestro
En el Tamaulipas de Morena, la patrulla ya no llega para proteger y servir al comerciante, sino para terminar de rematarlo: o paga cuota, o firma su sentencia de muerte, y si llama al 911 durante el saqueo de su negocio, la policía simplemente no llega o llega tarde,a veces a la hora del velorio.
El relato de cortinas de acero bajadas en Reynosa, fruterías despojadas en Ciudad Mante, comerciantes sometidos al cobro de piso en Victoria, Matamoros oEl relato de cortinas de acero bajadas en Reynosa, fruterías despojadas en Ciudad Mante, comerciantes sometidos al cobro de piso en Victoria, Matamoros o Tampico, y negocios que huyen del estado en medio de llamadas de auxilio ignoradas dibuja una fuerza policial que funciona como muro de impunidad: no detiene al cártel, lo protege con su omisión cuidadosamente administrada.
Gobierno capturado: el narco manda, la policía acata
La información describe un modelo de “extorsión disfrazada” donde el Cártel del Golfo decide quién vende papa, huevo, carbón, cerveza y hasta gasolina, y el comerciante está obligado a vender con sobreprecio para que el margen se lo lleve la estructura criminal, mientras el gobierno estatal se comporta como Secretaría de Imagen Pública del narco.
En paralelo, investigaciones muestran cómo estos esquemas de control de precios, cobro de piso y amenazas letales se reproducen en varios estados del país, mientras autoridades locales fingen que todo es “problema de seguridad” y no resultado de un Estado colonizado por mafias que administran mercado y miedo con la complicidad de las corporaciones policiacas.
Las fotos que sustituyen a la ley
El gobernador Américo Villarreal aparece retratado abrazando a Mario Guitián Rosas, “La Chispa”, identificado como lugarteniente del Cártel del Golfo en Reynosa, operador de una red que controla precios, alcohol, mercados y cobro de piso, exactamente en los territorios donde comerciantes huyen y la policía es invisible hasta que toca extorsionar.
En un estado donde el mandatario se indigna con medios estadounidenses que lo vinculan con huachicol y financiamiento criminal, pero no mueve un dedo cuando sus propios gobernados exhiben públicamente que la inseguridad les está arrancando el sustento, las fotos con lugartenientes del narco son más elocuentes que cualquier boletín oficial.
Policía como engrane del negocio criminal
Lo que Breitbart lleva documentando desde 2022 sobre el gobernador y su hijo beneficiados por el crecimiento de las redes de extorsion del crimen organizado ,encaja milimétricamente con la postal local: agentes que son incapaces de responder a un llamado de emergencia, pero muy eficientes cuando se trata de imponer multas de 80 mil pesos o acompañar “negociadores” del cártel que secuestran de facto al dueño del negocio y lo obligan a someterse al monopolio criminal.
En este contexto, hablar de “malos elementos” es casi un insulto a la inteligencia: lo que se exhibe es una policía funcional al esquema político‑criminal, donde el uniforme y la patrulla no son símbolos de autoridad, sino credenciales de complicidad en un modelo de gobierno que terceriza la violencia al narco y se queda con la parte política del botín.
