LA «MARINA ASIGNÓ VIGILANCIA en AEROPUERTO de CDMX a SOCIOS de CRIMINALES que TRAFICABAN ARMAS y PERMISOS»…tambien con ayuda del ejercito.

La Secretaría de Marina (Semar) asignó la vigilancia de los puntos de inspección y salas de espera de las terminales 1 y 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), que recibirán a los visitantes extranjeros en pleno Mundial, a dos compañías que han tenido como socios y operadores a presuntos integrantes de una red de tráfico de armas.

Una de ellas es SERPROSEP S.A. de C.V. que, de acuerdo con actas mercantiles en poder de MCCI, ha tenido como accionistas a Jorge Enrique Alberts Ponce, alias «Yoryi», y a Sandalio Alfonso Sainz de la Maza Zúñiga, señalados por la Fiscalía General de la República (FGR) como miembros de la organización criminal encabezada por Raúl Rocha Cantú, dueño de Miss Universo.

Por este caso, Alberts Ponce incluso cuenta con una orden de aprehensión en su contra por el delito de delincuencia organizada en su modalidad de tráfico de armas e hidrocarburos.

La otra de las compañías beneficiadas con contratos para resguardar el AICM es Armour King S.A. de C.V., donde Alberts Ponce es apoderado y Sainz de la Maza Zúñiga aparece desde su constitución como comisario, además de que comparte a otros funcionarios con SERPROSEP.

Las actas mercantiles muestran que ambas compañías han alternado a un reducido grupo de personas en los cargos de socios, administradores, comisarios, apoderados y delegados.

José Ángel Gómez Hernández fue socio fundador y primer administrador en las dos empresas; Oscar Humberto Bistrain Tenorio, fue accionista inicial de SERPROSEP, y designado apoderado de Armour King en la misma asamblea en que se dieron poderes a Alberts Ponce, mientras que Christian Pablo Varela Escobedo aparece como representante recurrente en asambleas de ambas compañías, además de fungir como representante legal en SETER, otra compañía de seguridad que según la FGR era usada para traficar armas.

Las dos compañías contratadas por la Marina para la seguridad de ambas terminales del aeropuerto capitalino han reportado como su domicilio una casa ubicada en la calle Séneca 350 en Polanco, inmueble que es propiedad del hijo de Julia Abdalá Lemus, pareja de Manuel Bartlett. Esa misma propiedad, como reveló MCCI, también la ha ocupado la empresa Acurgen, en la que son socios Alberts Ponce y Sainz de la Maza Zúñiga.

MCCI revisó la totalidad de las actas que SERPROSEP y Armour Kingtienen inscritas en el Registro Público de Comercio de la Ciudad de México, y constató que entre los documentos disponibles para consulta no existe ninguno que dé cuenta de la salida de Alberts Ponce y de Sáinz de la Maza Zúñiga de esas empresas.

En junio de 2025, la Marina otorgó a SERPROSEP un contrato por cerca de 317.3 millones de pesos para otorgar el servicio de seguridad y vigilancia en los puntos de inspección de personas y salas de espera en el área internacional de la Terminal 1. El contrato tiene una vigencia de dos años, hasta mayo de 2027.

Mientras que Armour King recibió también en junio de 2025 tres contratos que suman más de 877.6 millones de pesos. Dos de ellos son para vigilar la zona perimetral, el control de accesos, así como puntos de inspección de personas y salas de espera del área nacional en la Terminal 1, mientras que un tercer contrato incluye la seguridad de la zona perimetral y control de accesos de la Terminal 2.

LOS EMPRESARIOS Y PRESUNTOS TRAFICANTES

De la causa penal que la Fiscalía General de la República sigue contra esta red de tráfico de armas y huachicol, se desprende que Jorge Enrique Alberts Ponce y Sandalio Alfonso Sainz de la Maza Zúñigaoperaban el contrabando de armamento por medio de empresas de seguridad privada que administraban.

Para ello -siempre según el expediente de la FGR-, mantenían comunicación con integrantes de organizaciones criminales, como se detalla en llamadas intervenidas que se encuentran en el expediente.

El grupo, encabezado por Alberts Ponce y por Jacobo Reyes León, alias «Yaicob», surtía de armas rematriculadas a cárteles de la droga; según el expediente de la FGR, recibían el armamento con licencias de portación a nombre de Comercializadora de Bienes Segurimex, Servicios Terrestres de Seguridad Privada (SETER) y Servicios Especializados de Investigación y Custodia (SEICSA), compañías controladas por Alberts Ponce. De esta forma, los criminales evitaban ser detenidos en flagrancia por fuerzas del orden.

Alberts Ponce habría realizado estas actividades delictivas en coordinación con personas bajo su mando directo, entre ellas Sandalio Sainz, quien ha sido su socio en SERPROSEP y con quien participa también en Armour King, ambas encargadas de vigilar las instalaciones del AICM.

«De la misma intervención de comunicaciones del número telefónico de Jorge Alberts Ponce, se advierte el cómo dirige su actividad criminal, el tráfico y venta de armas de fuego Jacobo es el encargado de ver todo en Tamaulipas en donde están armando a la persona con alias el CAPE o CAFEX, quien es un líder del Cártel del Golfo, aunado a que también apoyan a gente de Tijuana para que les hagan entrega de las armas de fuego», se lee en el expediente.

En distintas partes de la causa penal se hace referencia a múltiples comunicaciones donde los involucrados, entre ellos Alberts Ponce, alias «Yoryi», hablan de la venta y renta de armas como revólveres y escopetas, operaciones en las que participa Sainz de la Maza Zúñiga, y del tráfico de licencias de portación de las mismas, que conseguían gracias a la colusión de miembros del Ejército.

Alberts Ponce, cuyas empresas ahora se encargan de vigilar las instalaciones del AICM, también incursionó en el tráfico de huachicol. Esto quedó de manifiesto en diversas conversaciones telefónicas interceptadas por agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en las cuales se advierte que el empresario participa en la importación de hidrocarburos que la red ingresaba al país ilegalmente desde Guatemala.

POSTURA DE MARINA

MCCI contactó el 5 de junio a la Secretaría de Marina -que opera y administra el AICM– y se le hizo llegar un cuestionario donde se le preguntó si la dependencia tenía conocimiento de que Jorge Enrique Alberts Ponce y Sandalio Alfonso Sainz de la Maza Zúñiga son señalados por la FGR como presuntos operadores de una red de tráfico de armas.

MCCI también preguntó a la Marina si desconocía que Alberts Poncecuenta con una orden de aprehensión en su contra y si no considera que existen riesgos en que compañías vinculadas a presuntos traficantes de armas tengan a su cargo la seguridad aeroportuaria.

El sábado 6 de junio, la Marina, a través de la Dirección General del Grupo Aeroportuario, contestó que «de ser el caso, se dará vista a los órganos fiscalizadores con los señalamientos que hoy se conocen a efecto de que, en el ámbito de sus atribuciones se realicen las investigaciones respectivas y determinen lo conducente».

La dependencia también dijo que «hasta no contar con una determinación firme por parte de una autoridad jurisdiccional, no se puede presumir un riesgo al cumplimiento de los derechos y obligaciones que adquirieron las partes al momento de formalizar los instrumentos jurídicos respectivos».

BAJO LA LUPA

En junio de 2025, la Marina otorgó cuatro contratos para vigilancia en el AICM a empresas cuyos socios son investigados por la FGR:

Con informacion: ELNORTE/

«PODER JUDICIAL del ACORDEON AUSTERO quiere CONTRATAR VALET PARKING para ESTACIONAR sus AUTOS con COSTO al CONTRIBUYENTE»…pero nomas pa’los de «arriba».

Porque nada grita más “justicia para todos” que un servicio de valet parking exclusivo para los altos mandos, el Poder Judicial que llegó por la via del acordeón decidió que caminar unos metros desde el estacionamiento es, aparentemente, una carga inconstitucional.

Mientras el discurso oficial insiste en la austeridad republicana, en los pasillos de mármol parece que la prioridad es otra: que ministros, magistrados y compañía no tengan que lidiar con el mundano acto de estacionar su propio coche. ¿El argumento implícito? Que su tiempo es demasiado valioso… aunque las sentencias tarden años.

En la licitación OAJ/SEA/ DGRM/ITP/011/2026, el Órgano de Administración Judicial (OAJ) argumentó que la contratación de este servicio proporcionará el acceso a personal capacitado y equipos adecuados asegurando que los trabajos se realicen con eficiencia y utilizando los productos correctos.

El detalle no es menor. En un país donde la justicia suele llegar tarde, mal o nunca, la preocupación logística de las élites judiciales revela una desconexión bastante grotesca con la realidad. Para el ciudadano común, el acceso a la justicia implica filas interminables, trámites opacos y resoluciones que se evaporan en la burocracia. Para la cúpula, en cambio, el problema urgente es quién les recibe las llaves del auto.

El famoso “acordeón” —ese mecanismo ilegal que los empoderó, ahora ya en el cargo parece extenderse también a los privilegios cotidianos. Porque no basta con el poder: hay que administrarlo con comodidad.

Y así, mientras afuera se acumulan expedientes, víctimas y pendientes, adentro se afinan los detalles del servicio de valet. No vaya a ser que la justicia llegue… pero con los zapatos incómodos.

Al final, el mensaje es claro: hay dos velocidades en el sistema judicial. Una para quienes esperan justicia, y otra —mucho más ágil— para quienes exigen que les estacionen el coche.

Con informacion: ELUNIVERSAL/

«14 MUERTOS y 18 MIL MILLONES DESPUES: GOBIERNO de CORRUPTOS VA CAMBIAR el TRAZO del TREN INTEROCEANICO»..dijeron problema era la velocidad,ahora el problema es la vía.

El Tren Interoceánico no descarriló en diciembre pasado: llevaba años fuera de la vía… solo que nadie quería admitirlo.

Durante todo el sexenio anterior, el Gobierno federal se gastó más de 18 mil millones de pesos en “arreglar” la Línea Z, ese tramo entre Coatzacoalcos y Salina Cruz que, en teoría, iba a competir con el Canal de Panamá y, en la práctica, apenas compite con una vía de tren abandonada.

Pero llegó la realidad en forma de tragedia: 14 muertos en un descarrilamiento. ¿La explicación oficial? Los maquinistas iban rápido. Claro, porque en México nunca falla la vieja confiable: la culpa siempre es del operador, nunca del sistema.

El problema es que los documentos dicen otra cosa. Desde 2019 se sabía que la ruta estaba llena de curvas imposibles, pendientes absurdas y un terreno que parece diseñado para sabotear cualquier tren. Cinco años después, la propia empresa estatal reconoció que todo seguía igual. Traducción: miles de millones después, no se arregló nada.

Eso sí, el presupuesto sí creció. De 8 mil millones a más de 18 mil millones de pesos. Porque si algo funciona perfecto en la administración pública mexicana, es gastar más cuando algo no funciona.

¿Y los resultados? Marginales, por decirlo bonito. En 2025, la Línea Z generó apenas 94 millones de pesos en carga. El tren de pasajeros —ese añadido improvisado de última hora— vendió boletos por unos raquíticos 15 millones. Ni para la nómina alcanza, pero eso sí, hay souvenirs.

Y cuando parecía que ya no podía ponerse más absurdo, llega el nuevo anuncio: hay que cambiar el trazo. Sí, el mismo trazo que llevaban años “corrigiendo” y certificando con otros 66 millones de pesos en estudios.

La Presidenta Claudia Sheinbaum ahora promete una inversión “muy importante” para rehacer lo que nunca se pudo arreglar. Porque resulta que esas famosas curvas —las “orejas de conejo”— siguen siendo igual de peligrosas que siempre. Justo ahí donde ocurrió el descarrilamiento.

En resumen: primero dijeron que el problema era la velocidad. Ahora resulta que el problema era la vía. Y mientras tanto, el dinero público sigue viajando… pero sin descarrilarse jamás.
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Con informacion: ELNORTE/

LA «JUGADA MUNDIALISTA DEL TITÁN: CAPO HUACHICOLERO ESCAPA DEL PENAL Y CON AYUDA DE JUEZ TENDRÁ HOSPITAL COMO PRISIÓN»…justicia del acordeón se estira para el fuerte, se encoge para el jodido

La jugada es la de siempre: el expediente dice “prisión preventiva”, pero el juzgado la traduce a “habitación con gotero y tele de plasma”. En papel parece justicia; en la práctica es la versión jurídica del túnel de El Chapo, nada más que con bata blanca y diagnóstico premium.

La postal del “malo enfermito”

En la foto, la real,no la generada por IA ,el detenido aparece con la clásica coreografía de presentación de trofeo: lona de Marina detrás, marino camuflado a un lado y el presunto generador de violencia al centro, esposado, playera informal, pose de “yo qué”. Es la liturgia mediática del Estado fuerte: el gobierno lo exhibe como si ya fuera condenado, aunque legalmente sigue siendo “presunto”.

Esa escena es útil mientras sirve para inflar estadísticas, ruedas de prensa y tuits triunfalistas. Después, cuando la carpeta llega al juez, el mismo personaje que era “peligrosísimo” se convierte, mágicamente, en “paciente de alto riesgo” con un expediente médico más gordo que la acusación penal.

Del capo al “cardiópata de alto riesgo”

El caso de José Antonio Cortés Huerta, “Titán”, es el manual de operación: el gobierno federal lo señala como líder de célula afín al Cártel del Noreste, ligado al huachicoleo, pero en cuestión de semanas deja el penal y se instala en el Hospital Universitario, donde seguirá su proceso. No es libertad, dicen; es “prisión preventiva en centro médico”, un eufemismo que en la práctica significa menos barrotes y más comodidades, siempre y cuando no se escape el “paciente”.

El juez Primero de Distrito, Mario Melo Cardoso, le concede una suspensión en el juicio de amparo 476/2026 para que esa prisión preventiva se ejecute en un hospital y no en un penal. Sus abogados argumentan un combo clínico de catálogo: problemas cardiacos, probable rabdomiólisis, hipertensión y riesgo de insuficiencia renal aguda; es decir, un expediente que lo pinta al borde del colapso, menos cuando dirigía, presuntamente, una célula criminal.

Artículo 166: la salida de emergencia de los de siempre

El truco está normado: el artículo 166 del Código Nacional de Procedimientos Penales permite que, si el imputado tiene enfermedad grave o terminal, el juez ordene que la prisión preventiva se ejecute en domicilio o centro médico. 

La intención era humanitaria; en manos de ciertos jueces y despachos se volvió la puerta VIP para el crimen organizado y para cualquier imputado con presupuesto suficiente para “documentar” su gravedad.

Los criterios judiciales aclaran que esta modalidad debería ir acompañada de vigilancia, supervisión y medidas cautelares serias, pero en la realidad mexicana esas condiciones terminan diluidas entre oficios que nadie revisa y policías que nadie ve. La ley dice una cosa; el ecosistema de complicidades la convierte en un simulacro donde el acusado sale del penal y entra al limbo médico-jurídico.

La justicia del acordeón: se estira para el fuerte, se encoge para el jodido

Mientras un líder de célula criminal puede salir del penal envuelto en diagnósticos sofisticados y medidas cautelares “de hospital”, el detenido pobre sin abogado de élite se queda pudriéndose en prisión preventiva por delitos mucho menores. La consigna constitucional de que “todos somos iguales ante la ley” aplica sólo hasta que entra en escena el juez del acordeón: al poderoso se le estira la norma, al indefenso se le encoge hasta asfixiarlo.

Lo que se vende como respeto a derechos humanos termina siendo un vulgar escape de prisión maquillado con lenguaje procesal y firmas en papel membretado. Cambias barrotes por bata, custodios por enfermeros, celda por cuarto de hospital, y listo: la estadística oficial dice “sigue bajo prisión preventiva”, pero el mensaje al resto del crimen organizado es clarísimo: con el médico correcto y el juez adecuado, la cárcel es opcional.

Con información: ELNORTE/

«N.L las TAPA y en TAMAULIPAS AVAnzan: en la ANTESALA del MUNDIAL un GOBERNADOR PRACTICA JARDINERIA con DESAPARECIDOS y su VECINO AMERICO las CULTIVA»…el 26 de abril iban 13,746 y ahora 13,819 en un abrir y cerrar de ojos estadístico.

El Gobierno de Nuevo León no solo está tapando la Plaza de las y los Desaparecidos con macetones; está intentando maquillar con geranios una estadística que da para podio nacional del horror, mientras su vecino Tamaulipas ya juega en otra liga con casi el doble de personas desaparecidas.

El paisajismo de Samuel rumbo al Mundial

En la antesala del Mundial 2026, el Gobierno de Samuel García decidió que la mejor política de búsqueda eran unas jardineras gigantes colocadas justo frente a la Plaza de las y los Desaparecidos, en Washington y Zaragoza.

FUNDENL respondió como se debe: llenó las macetas con rostros de desaparecidos y le cantó las cuarenta al gobierno, acusándolo de intentar borrar a las víctimas del paisaje urbano justo cuando vienen las cámaras del mundo.

“Ocultar también es desaparecer”, remata Angélica Orozco, mientras el gobierno estatal sueña con tomas aéreas de un Monterrey “moderno” donde los únicos que estorban son los ausentes.

La lógica es clara: si el turista no los ve, el problema no existe; si acaso, una maceta de fibra de vidrio será la nueva estrategia integral de seguridad.

Nuevo León: quinto lugar y tarjeta roja

Según FUNDENL, en Nuevo León hay 7 mil 485 personas desaparecidas, lo que coloca al estado en el quinto lugar nacional, con un promedio de tres desapariciones diarias solo en 2026.

Entre enero y mayo se registraron 433 nuevas desapariciones, de las que 296 personas siguen sin ser localizadas, porque la “búsqueda” oficial suele terminar en archivador o comunicado.

Mientras tanto, la Comisión Local de Búsqueda —que depende directamente del Gobernador— lleva ocho años sin planes de búsqueda claros, sin convenios con telefónicas para emitir alertas y sin el famoso centro de resguardo forense que venden en discursos como si ya existiera.

La estructura institucional luce más como un elefante blanco que como una herramienta de emergencia: cargos bien pagados, resultados invisibles y familias que terminan haciendo el trabajo del Estado con picos y palas.

El vecino incómodo: Tamaulipas en modo “plata”

Mientras Nuevo León se distrae con jardinería, el mapa de la vergüenza que exhibe a Morena y Americo Villarreal trae a Tamaulipas en medalla de plata nacional de desaparecidos.

El propio seguimiento de Valor Tamaulipeco registraba 13,746 personas desaparecidas al 26 de abril y ya van 13,819, es decir, 73 más en un abrir y cerrar de ojos estadístico.

La captura de pantalla de la CNB es brutal: Nuevo León aparece en verde con 7,500 personas desaparecidas, mientras Tamaulipas arde en rojo con 13,819, casi el doble; la geografía del horror cabe en un solo cuadro, pero no en ningún informe triunfalista del ahora gobernador buscado por el Departamento de Justicia de EE.UU.

Allá la “plata” de Américo Villarreal viene bañada en fosas, carreteras del miedo y fiscalías que no abren carpetas; aquí, el “nuevo Nuevo León” de Samuel prefiere macetas XXL para que no salgan las fotos incómodas.

Podio nacional de la vergüenza

Americo Villarreal ya tiene un lugar en el “Campeonato Nacional de levantados”: oro para Delfina Gómez en el Estado de México, plata para Américo Villarreal en Tamaulipas y cobre para Pablo Lemus en Jalisco, todos colgándose medallas hechas de nombres sin cuerpo y cuerpos sin nombre.

No es un ranking de la oposición, es el resumen obsceno del propio registro oficial: más de 14 mil desaparecidos en Edomex, más de 13 mil 819 en Tamaulipas, más de 12 mil 600 en Jalisco, todos celebrando “paz”, “transformación” o “nuevo modelo” mientras las cifras los desmienten.

En ese contexto, el “quinto lugar” de Nuevo León no es precisamente un consuelo: 7,485 desaparecidos no son un problema menor, son una fábrica de ausentes en un estado que se vende como vitrina de modernidad y sede mundialista.

Si esto fuera realmente un campeonato, lo único que comparten los gobernadores es la especialidad en evadir responsabilidad: unos niegan, otros maquillan, otros se esconden detrás de discursos de innovación; al final, las madres siguen buscando solas en brechas, baldíos y riberas.

Monterrey y Guadalupe: foco rojo, maceta verde

FUNDENL ha subrayado que Monterrey y Guadalupe concentran buena parte de los casos recientes, justo donde se presume “orden” urbano y “reactivación” económica.

Se desaparece gente entre avenidas, rutas y cámaras que curiosamente fallan, mientras el gobierno presume inversiones y el Mundial como si la crisis de desaparecidos fuera un tema de “percepción”.

La jugada de las jardineras encaja perfecto con esa narrativa: no se atiende la tragedia, se desplaza del campo visual, se empuja a las familias hacia los márgenes mientras el centro histórico se limpia para el turismo futbolero.

Lo que FUNDENL hizo al pegar los rostros en las macetas es devolverlos al centro del encuadre: si el gobernador quiere foto con florecitas, tendrá que ver también a quienes el Estado dejó de buscar.

Con informacion: ELNORTE/

LA «HISTORIA de UN MOCHE: LLEGA a la PRENSA NACIONAL OTRA TRANSA de AMERICO,AMERIQUITO y el ESPOSO de TANIA CONTRERAS»…si a este y su gabinete le pusieran focos en el *,esto seria LAS VEGAS.

Los documentos de la denuncia indican que a finales de 2022, Felipe Salinas Mansur, un operador financiero que más tarde sería acusado de facturar millones de pesos del erario de Tamaulipas a través de empresas fantasma, le propuso al propietario de Grupo Dalka, el médico Israel Valdez Sánchez, “que participara en un contrato para la adquisición y distribución de despensas”. 

La Secretaría de Bienestar del estado pensaba distribuirlas en el segundo trimestre de 2023. Valdez Sánchez aceptó participar. A mediados de ese año, después de reunirse varias veces con Salinas Mansur, quien se presentaba como el que “le estaba moviendo todo a Ameriquito”, es decir, a Américo Villarreal Santiago, el hijo del gobernador del estado, el empresario recibió una solicitud formal de la SEBIEN para que cotizara la distribución de 1 millón 708 mil 490 despensas que serían distribuidas en Nuevo Laredo, Miguel Alemán, Reynosa, Matamoros, Valle Hermoso, San Fernando, Padilla, Victoria, Tula, González, Aldama y Altamira. El proyecto avanzó. Valdez Sánchez se reunió con dos funcionarios de la secretaría, a los que identificó como el subsecretario de Bienestar Social Samuel Badillo y la subsecretaria Alejandra Félix. 

En febrero de 2023 le comunicaron que su empresa había hecho la mejor propuesta. Al mes siguiente la adjudicación del contrato fue autorizada. El empresario asegura que cumplió con protocolos y requisitos bajo la guía de Badillo. Relata que Félix lo citó para la firma del contrato. Que en esa reunión advirtió que en el contrato faltaban las firmas de otros funcionarios involucrados, pero que ella le dijo que en cuanto las recabara se comunicaría con él. “Yo confié”, relata en su denuncia. 

Una semana más tarde volvió a reunirse con Fernando Salinas Mansur. El operador le dijo que había recibido un mensaje de WhatsApp de Américo Villarreal Santiago, en el que indicaba cómo iban a repartirse las utilidades: que “Ameriquito” le había dado la instrucción de que del anticipo que le dieran al empresario le tenía que dar 80 millones por concepto de “moche”, y 30 millones más “puestos en Saltillo, Coahuila, para operar las elecciones que estaban en proceso” (Villarreal Santiago es delegado del Bienestar en ese estado y ha sido acusado por legisladores y regidores de Morena de desviar recursos de programas sociales para promover su imagen y la de la senadora Cecilia Guadiana, con quien públicamente mantiene una relación sentimental). 

El empresario contestó que “no habíamos hablado nada de eso y que se le hacía demasiado dinero el que me estaban pidiendo, que tenía que pensarlo”. Salinas Mansur, según la denuncia, le exigió que viera ese asunto “pronto”. 

A partir de entonces le dieron largas. No lo volvieron a buscar. Acudió a la secretaría, pero no lo recibieron. Le comunicaron más tarde que le habían rescindido el contrato. El empresario había rentado bodegas, contratado personal y equipo, había adquirido cajas y otros insumos para poder distribuir casi dos millones de despensas. 

Valdez Sánchez presentó una demanda en contra de la rescisión ante el Tribunal de Justicia Administrativa de Tamaulipas (número de expediente 47/2023-I). 

Siete meses más tarde, en enero de 2025, el Tribunal resolvió a su favor y ordenó que se le pagaran cerca de 500 millones de pesos por los daños y perjuicios causados. El argumento fue que la rescisión se había llevado a cabo de manera ilegal. 

Pasaron cuatro meses más. Un día, el empresario recibió la visita del subsecretario de Legalidad y Servicios Gubernamentales del gobierno de Tamaulipas, Jorge Luis Beas Gámez. 

Lo buscaba para tratar de llegar a un acuerdo. Le ofreció nuevos contratos para cubrir el daño. Pero le exigió que se desistiera de la demanda. Valdez Sánchez se negó: ¿cómo podía confiar si de un día para otro le habían cancelado un contrato firmado? Relata en su denuncia que Beas Gámez endureció el tono y le dijo que, si no lo hacía, “iba a conocer todo el peso del Estado, frente al cual yo era un insignificante zancudo”. Le dijo que su situación jurídica muy pronto iba a cambiar. 

Un mes más tarde el Tribunal revocó la sentencia que le había sido favorable. No solo eso: en una rueda de prensa, lo acusaron “de falsificar y alterar las firmas para obtener el contrato de una forma ilegal”. El subsecretario Beas Gómez declaró: 

“Estamos obligados como Estado a defender el interés de toda la sociedad y no vamos a permitir la vigencia de un contrato que a todas luces se encuentra viciado y sería ilegal”. 

El empresario lleva ocho meses arraigado. En un video que dio a conocer hace unos días dice que a su empresa le retuvieron pagos y le establecieron un cerco financiero que lo está asfixiando. 

“Me pegaron en el bolsillo y en mi entorno familiar. Hoy mi familia vive con angustia. Esto no va a hacer que me doble. Tengo miedo al grabar esto. Sé que tengo en riesgo mi vida y la de mi familia, y todo esto por no acceder a un ‘moche’ de 110 millones que me pedían. No lo permití y hoy estoy pagando las consecuencias. Perdí la paz, pero no voy a perder mi voz”. 

Valdez Sánchez lucha solo. “Efectivamente, me aplastaron como a un zancudo”, dice. 

Con informacion: @hdemauleon/ELUNIVERSAL/