No están pacificando Sinaloa: están afinando el maquillaje. Mientras la violencia sigue arrancando miles de vidas y «levantando» a niveles industriales, la Fiscalía Estatal,muy a tono con la estrategia mediática de Omar García Harfuch, parece haber encontrado una fórmula burocrática para que los cadáveres no estorben en la gráfica: cambiarles de etiqueta, sacarlos del conteo o, simplemente, hacer como que no existen.
La estadística como fosa común
La investigación publicada por Noroeste expone una obscenidad institucional: al menos 133 personas asesinadas quedaron fuera de la estadística oficial de homicidios dolosos entre mayo de 2025 y julio de 2026.
No porque hayan resucitado. No porque sus familias hayan imaginado su muerte. Sino porque para la Fiscalía de Sinaloa resultó más conveniente llamarlas “causa de muerte por determinar”, “homicidio por otros”, “agresión a la autoridad” o “homicidio por enfrentamiento”.
La misma táctica es empleada por Tamaulipas o Nuevo León,pero replicada en todo el pais.
Es la perversión del lenguaje puesta al servicio del poder. Si un policía es acribillado, no cuenta igual. Si una persona muere días después en un hospital por las balas que recibió, se vuelve administrativamente incómoda. Si aparecen restos humanos en una fosa clandestina, el Estado puede tratarlos como si fueran una anomalía arqueológica y no evidencia brutal de una guerra criminal.
Así se gobierna cuando no se quiere hacerlo bien, sino verse bien: no se detiene la matanza; se altera el marcador.
Matar y después borrar
Desde el estallido de la disputa entre las facciones Guzmán y Zambada, entre septiembre de 2024 y julio de 2026, la propia Fiscalía transparentó 3 mil 195 homicidios, un promedio de 4.6 asesinatos diarios: más de tres veces el promedio previo a la guerra. Pero el conteo de Noroeste añade al menos 443 muertes violentas que no aparecen en la cifra oficial, incluidos 133 casos omitidos o reclasificados y 310 hallazgos de cuerpos o restos en fosas clandestinas.
No es un error de captura. No es un detalle técnico. No es una diferencia metodológica inocente.
Cuando se omiten 50 personas que murieron en hospitales tras ataques armados; cuando 55 cadáveres con huellas de violencia o mensajes criminales pasan a la nebulosa de una “causa por determinar”; cuando 25 agentes de seguridad asesinados se mandan a una categoría aparte que no alimenta el conteo central; cuando 41 homicidios documentados por la prensa ni siquiera entran al registro, lo que existe es un mecanismo de reducción política de la realidad.
La sangre no desaparece porque una oficina cambie el rótulo de una carpeta.
El gobierno de la apariencia
El dato es todavía más revelador porque las prácticas de subregistro crecieron después de julio de 2025, tras el despliegue y las visitas del Gabinete de Seguridad federal encabezado por Omar García Harfuch.
La consecuencia matemática fue una reducción de 7.6 por ciento en la cifra oficial de homicidios del último año, suficiente para engordar el relato de una curva descendente que, según la investigación, no refleja la magnitud real de la violencia.
Es decir: ante el fracaso de contener la guerra, la respuesta no fue garantizar justicia, proteger a las comunidades, esclarecer homicidios o impedir nuevas desapariciones. La respuesta fue administrar el significado de la muerte.
Y ahí está la trampa de los gobiernos obsesionados con la propaganda: confunden el tablero de indicadores con el territorio. Creen que una conferencia puede sustituir a una investigación. Que una categoría administrativa puede absolverlos. Que una cifra menor puede devolverle seguridad a una madre que busca a su hijo, a una viuda, a un policía emboscado o a la familia de quien murió en una cama de hospital luego de un ataque armado.
Ni menos muertos ni más seguros
Sinaloa no necesita funcionarios que reduzcan homicidios con un teclado. Necesita instituciones que reduzcan homicidios en las calles.
Porque un gobierno que presume resultados mientras esconde víctimas no está combatiendo la violencia: está combatiendo su evidencia. Y cuando el Estado borra a los muertos para mejorar su imagen, deja de ser parte de la solución y se convierte en cómplice administrativo de la impunidad.
Con información: NOROESTE/
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