El Poder Judicial de la Federación ordenó la creación de una comisión especial e imparcial para transparentar los archivos del periodo de la llamada “Guerra Sucia”, ante la negativa de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) de transferir los archivos relacionados con graves violaciones a derechos humanos y persecuciones políticas ocurridas del ese periodo al Archivo General de la Nación (AGN), como lo estipula un decreto del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Aqui parece que el imperio de la ley llegó al cuartel, tocó la puerta, leyó la orden… y, al ver que nadie abría, decidió formar una comisión para averiguar por qué la puerta sigue cerrada. Una ruta burocrática de largo aliento para exigir lo que ya estaba ordenado desde 2019: que la Sedena entregue al Archivo General de la Nación los expedientes sobre desapariciones, persecución política y otras violaciones graves de la llamada Guerra Sucia.
La ley rodea el cuartel
El Poder Judicial acaba de reconocer lo evidente: la Sedena,hoy Defensa, ha incumplido su obligación de entregar los archivos de la Guerra Sucia. Pero, en lugar de ordenar con contundencia: “entréguenlos ya, completos, íntegros y sin trucos”, la justicia mexicana parece haber optado por el ritual nacional favorito: crear una comisión.
Es decir, para obligar a una institución del Estado a cumplir una orden presidencial vigente desde 2019, ahora habrá que instalar una mesa imparcial, identificar documentos, vigilar su traslado y procurar que no se extravíen en el laberinto de los sellos, las cajas y la obediencia castrense. Como si el problema fuera técnico y no político. Como si el Ejército no supiera qué documentos tiene, dónde están y por qué se ha resistido durante años a entregarlos.
La comisión puede ser necesaria, sí. Pero no debería convertirse en la coartada perfecta para aplazar lo que las víctimas llevan décadas esperando: verdad. Porque los archivos no son papeles viejos ni mercancía exclusiva del fuero militar; son posibles pruebas de desapariciones forzadas, torturas, ejecuciones y persecución política. Son piezas de la memoria de un país que todavía permite que sus instituciones administren el silencio.
La sentencia reconoce la omisión de la Sedena y plantea una Comisión de Transferencia de Archivos con participación del AGN para garantizar que la documentación sea identificada y trasladada. El riesgo es que México vuelva a confundir supervisar el cumplimiento con sustituirlo.
No se trata de pedirle permiso al Ejército para obedecer la ley. Se trata de recordarle que, en una democracia, los uniformes no están por encima de las víctimas, de los jueces ni de la historia.
Con información: PROCESO/
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