La dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, desplegó ayer una conferencia de prensa digna de manual de honestida_: muchas palabras, varias vueltas en círculo y una tesis central bastante cómoda para el partido: si el personaje incómodo no trae credencial de Morena, entonces Morena no tiene nada que explicar.
El asunto es Alejandro Arcos, señalado como presunto operador financiero de la mafia rumana en México y hoy cercano colaborador de Rafael Marín Mollinedo, aspirante a la gubernatura de Quintana Roo.
Montiel aclaró —con la precisión de quien ve venir la tormenta— que Arcos “no es militante de Morena”. Como si la militancia fuera una especie de vacuna moral o un detector infalible contra relaciones inconvenientes.
Porque, claro, una cosa es estar acusado de vínculos delictivos y otra muy distinta aparecer en el equipo de un aspirante morenista. Para la dirigencia guinda, al parecer, ambas cosas viven en universos paralelos: mientras no haya una autoridad con carpeta en mano, sello oficial y declaración judicial, el partido no ve, no escucha y, sobre todo, no pregunta.
Montiel insistió en que “no protegen a nadie”, frase que ya se ha convertido en el himno administrativo de la Cuarta Transformación: nadie es protegido, aunque a veces tampoco nadie es cuestionado; nadie es encubierto, aunque los vínculos incómodos se reduzcan a “narrativas” periodísticas; nadie tiene que responder, porque todo le toca a la Fiscalía, al Poder Judicial, a los estados, a los medios, a la oposición o a Mercurio retrógrado, menos al partido que presume ser distinto y salió peor.
Según la presidenta morenista, los medios “salpican” a Morena con personajes presuntamente involucrados en delitos. El problema no sería, entonces, que un presunto operador financiero de una red criminal aparezca cerca de una campaña; el problema sería que alguien se atreva a preguntar qué hace ahí. La lógica es impecable: no se investiga la cercanía, se reclama la pregunta.
No se aclara la relación, se desacredita la sospecha. Y no se responde por el entorno político, porque, total, el entorno no paga cuotas partidistas.
Pero hay un viejo dicho que no necesita credencial de afiliación para conservar vigencia: dime con quién te juntas y te diré quién eres. O, para no herir susceptibilidades, digamos que al menos dirá mucho de tus criterios, de tus filtros y de la clase de confianza que decides repartir en una campaña.
Nadie está pidiendo que Morena sustituya a la Fiscalía ni que dicte sentencias desde una conferencia. Se pide algo bastante más elemental: que los aspirantes a cargos públicos entiendan que rodearse de personajes cuestionados no es un detalle menor ni una travesura administrativa. Que un partido que se proclama paladín de la honestidad no puede lavarse las manos cada vez que aparece un colaborador incómodo, alegando que no pertenece formalmente a su militancia.
Porque el problema de Morena no es sólo quién está en el padrón. El problema es quién entra a las campañas, quién opera cerca de sus candidatos, quién acumula poder alrededor de sus estructuras y, sobre todo, quién merece la confianza de quienes aspiran a gobernar.
Montiel dice que Morena responderá cuando una autoridad señale a un militante. Muy bien. Pero la política no debería funcionar únicamente después de que llega la carpeta de investigación, la orden de aprehensión o el escándalo imposible de ocultar. La responsabilidad política empieza antes: en la selección de aliados, operadores, asesores y acompañantes.
Si el lema es no encubrir, habría que comenzar por no normalizar. Porque luego no basta con decir que no sabían quién era “este señor”. En política, especialmente cuando se busca gobernar, no saber quién está sentado a tu lado no es una defensa: es parte del problema.
Con información: ELNORTE/
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