El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, propone a Lila Abed como representante de esta dependencia gubernamental en la Embajada de México en la capital estadunidense. Se trata de una priista de cepa, esposa de Andrew Lloyd, quien trabaja con una empresa que lucra con la deportación de indocumentados.
Harfuch, la 4T y su priista de confianza
El dato clave: no es un nombramiento espontáneo ni técnico, es una apuesta política de Harfuch. Él propone a Abed como representante de la SSPC en la Embajada mexicana en Washington; tres funcionarios de la SRE confirman que “tiene una muy buena relación” con ella y que vino a CDMX a hacer trámites para el cargo.
Abed no es cualquier internacionalista neutra:
- Fue asesora, secretaria particular y jefa de gabinete de Jesús Murillo Karam, autor de la famosa “Verdad histórica” de Ayotzinapa.
- Fue candidata local del PRI.
- Ha picado piedra en embajadas, think tanks y medios, siempre orbitando el poder.
La 4T la presentaría en Washington como defensora de migrantes mexicanos mientras su pasado priista y su entorno familiar están pegados al negocio de deportarlos. El doble discurso no es un accidente; es diseño.
El marido que coordina la puerta de salida
Andrew Lloyd, esposo de Abed, no sale en las mañaneras, pero sí en los contratos:
- Es jefe del Departamento de Contratos de Salus Worldwide Solutions (SWS), con sede en Virginia.
- La empresa pertenece a William Walters y se volvió pieza central del programa de “autodeportaciones” del gobierno de Donald Trump, con un contrato de hasta 706.6 millones de dólares, de los cuales ya se han pagado más de 400 millones.
¿Qué hace SWS bajo el paraguas del DHS?
- Coordina vuelos y transporte “gratuito” para que los indocumentados se vayan “voluntariamente”.
- Gestiona la entrega del “bono de salida”: de mil dólares al inicio, ahora hasta 2 mil 600 por cabeza.
- Opera la logística para que el sueño americano termine en boleto de regreso y cheque de consolación.
Desde enero de 2025, más de dos millones de personas se han autodeportado bajo este esquema, según datos oficiales del propio gobierno estadounidense. Es decir: mientras México les llama “héroes” por las remesas, el marido de la futura representante de la SSPC participa en el negocio de sacarlos de Estados Unidos con contratos casi de mil millones de dólares.
Discurso pro-migrante vs. negocio de expulsarlos
La contradicción es frontal:
- La presidenta Claudia Sheinbaum y su gabinete, igual que antes AMLO, se han llenado la boca llamando “héroes” a los paisanos que sostienen a la economía mexicana a punta de remesas; Banxico reporta más de 30 mil millones de dólares en el primer semestre de 2026.
- Trump, en su segunda presidencia, pone como meta deportar un millón de indocumentados al año, amenaza con tratarlos como criminales y arma redadas con ICE, CBP, DEA, FBI y empresas privadas subcontratadas.
Entre ese discurso de defensa y la realidad del negocio aparece el matrimonio Abed–Lloyd: ella, priista reciclada, impulsada por Harfuch para “proteger” derechos de migrantes; él, operador contractual de la empresa que hace caja con cada “retorno voluntario”. No es sólo conflicto de interés: es un recordatorio de quién se sienta en la primera fila cuando se reparte el botín de los indocumentados.
La SSPC ya salió a decir que Lila Abed “no ocupa ningún cargo” y “no ocupará ninguna posición” en la dependencia. Pero el hecho permanece: alguien en el corazón del aparato de seguridad pensó que era buena idea mandar a Washington, a nombre del gobierno que presume abrazar a los migrantes, a la esposa del hombre que ayuda a organizarlos en fila para subir al avión de regreso.
Con información: PROCESO/
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