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martes, 19 de mayo de 2026

«616 DIAS y SINALOA…SINALIVIO»: FRACASO de HARFUCH y MILITARES se SIGUE PAGANDO con LEVANTON,MUERTE y DESPOJO»…la pregunta no es dónde está el Estado, sino con quién está el Estado ?


El parte de guerra es brutal: en Culiacán y Sinaloa la “estrategia” federal presume más de 13 mil soldados en la calle, pero el saldo desde el 9 de septiembre de 2024 hasta el 17 de mayo de 2026 es de miles de muertos, desaparecidos y robos de autos, la mayoría por la via violenta, como si el narco fuera la autoridad y el Estado el invitado incómodo.

El parte de guerra que desmiente al gobierno

Desde que arrancó la guerra de bandos de la misma banda del Cártel de Sinaloa, de «Chapitos Vs Mayitos por culpa de una primera traicion del gobernador narquito», el conteo de la violencia en el estado parece la bitácora de un país en conflicto armado, no de un “estado en paz”.

El último corte de Noroeste al 17 de mayo de 2026 registra 3,254 homicidios dolosos, un promedio de 5.3 asesinatos diarios; 3,838 personas privadas de la libertad, es decir 6.2 secuestros, levantones o desapariciones al día; 11,131 vehículos robados, 18.1 diarios; 3,563 personas detenidas, 5.8 cada 24 horas, y 188 personas abatidas.

Entre el 9 de septiembre de 2024 y el 17 de mayo de 2026 han transcurrido 616 días: 616 jornadas en las que el gobierno federal y el estratega «cuentachiles» Omar García Harfuch, repite el guion de “inteligencia+coordinacion» ,mientras el mapa se llena de casquillos, casas quemadas y familias desplazadas en medio de una economía masacrada.

Traducido a lenguaje llano: cada día que el gabinete de seguridad presume control, en Sinaloa hay más de cinco ejecuciones, más de seis personas desaparecidas y casi veinte autos que cambian de dueño a balazos o a punta de cuerno de chivo.

13 mil soldados para cuidar el territorio… del narco

De manera reciente,el propio secretario de Defensa,el General Ricardo Trevilla, se ufanó de tener mas de 13 mil elementos desplegados en Sinaloa, como si la militarización por sí sola fuera sinónimo de seguridad.

Pero la matemática de la calle no cuadra: con miles de uniformados patrullando, la ciudad sigue siendo escenario de ataques coordinados a viviendas, negocios incendiados, colonias tomadas por convoyes y balaceras que parecen más operativos de limpieza territorial que “enfrentamientos aislados”.

El 9 de septiembre de 2024 marcó el inicio visible de la guerra interna del propio Cártel de Sinaloa, y desde entonces lo único que se ha consolidado es la geografía del miedo: La Campiña, El Palmito, Libertad, Stanza Cantabria, Los Almendros, 6 de Enero, Los Girasoles… barrios que suenan más a zona de guerra que a ciudad capital.noroeste.

El despliegue militar crece por oleadas, con batallones y fuerzas especiales llegando una y otra vez “para reforzar la seguridad”, pero cada refuerzo trae consigo un nuevo pico de violencia, más muertos, más casas baleadas y más partes de guerra disfrazados de boletines de éxito.

Culiacán: colonias en llamas, Estado de rodillas

Porque si el narco puede incendiar casas, tirotear colonias enteras, cerrar carreteras y sostener una guerra interna durante casi dos años en una plaza saturada de soldados, entonces la pregunta no es dónde está el Estado, sino con quién está el Estado.

Y la cuenta seguirá avanzando, día 617, 618, 700, hasta que alguien en el gobierno deje de celebrar porcentajes y acepte lo obvio: en Sinaloa, el balance real de esta “estrategia” no está en las grafiquitas de la mañanera, sino en las actas de defunción y en las casas vacías que el miedo va dejando atrás.

Con informacion; NOROESTE/

UN «MÉNAGE à TROIS ?: FALTA de GOBERNANZA en GUERRERO es SALDO del ACOSTÓN de NARCOS,PARTIDOS y GOBIERNOS»: DIARIO ESPAÑOL…un trio,una relación íntima o erótico‑afectiva,estilo Tamaulipas.


En Chilapa,Guerrero, no hay “gobernanza compleja”: hay un ménage à trois entre partido, narco y Estado, con las comunidades usadas como carne de cañón y atrezzo electoral.

Dicho no en francés, sino en castellano llano, hay una relación íntima o erótico‑afectiva donde participan los partidos politicos,los narcos y el gobierno ,comparten vida romántica y sexual entre ellos.

La sierra como casino electoral

La propia crónica de el diario español,El País, lo dice: la pelea no es por droga, es por control político, distritos, ayuntamientos y asambleas comunitarias. Los Ardillos no están tomando cerros, están tomando casillas. Tula, Xicotlán, Alcozacán y compañía no son pueblos, son fichas en la mesa donde el que gana se queda con presupuestos, giros comerciales y el monopolio de la violencia.

Mientras el Gobierno habla de “decenas de familias desplazadas”, la comunitaria contabiliza cientos de personas huyendo y más de 70 asesinados y 25 desaparecidos desde 2014, solo en este pedazo de infierno. La traducción al castellano llano: la política se hace a base de degollar alcaldes, vaciar comunidades y administrar terror.

Los Ardillos: partido político con brazo armado (o al revés)

Los Ardillos llevan más de una década expandiendo su feudo desde Quechultenango, funcionando como franquicia criminal-electoral con apellido propio, familia de Celos Ortega,aquel que ocusó a AMLO de entregas de dinero. 

No necesitan plataforma política, ya la tienen: control de territorio, “lealtad” comunitaria y acceso a presupuestos municipales.

El asesinato del alcalde priista de Chilpancingo, Alejandro Arcos, degollado apenas juró el cargo por sicarios vinculados a Los Ardillos, no es exceso aislado: es juicio político express firmado con navaja. El mensaje es sencillo: el que se siente en la silla, se sienta con permiso del clan, no del elector.

CIPOG-EZ y UPOEG: autodefensa y sucursal de otro cártel

Del otro lado del tablero aparece el CIPOG-EZ, presentado como grupo de autodefensa que “contiene” el avance de Los Ardillos, pero al que el propio secretario de INSeguridad federal, Omar García Harfuch, ya colocó bajo el paraguas de Los Tlacos, aunque estos mandan a varias horas de allí. El Estado, que no controla el territorio, sí controla la narrativa: si molestan, son “otro cártel”.

Luego está la UPOEG, ese Frankenstein de la Costa Chica y Acapulco, que se vende como policía comunitaria mientras se alía con bandas como Los Rusos en el puerto. Cuando CIPOG-EZ anuncia alianza con esta UPOEG, lo que lee Los Ardillos es competencia empresarial: otro grupo que quiere hacer lo mismo que ellos, pero bajo otra marca criminal.

Morena, PRI, PRD, Verde: todos invitados al aquelarre

El texto recoge la confesión cínica del obispo Salvador Rangel: aquí la disputa real es entre Morena y PRI-PAN-PRD, con policías comunitarias partidas “por cuestión de dinero”. No se reparten ideología, se reparten sobres.

Rangel describe a personal de Finanzas del Gobierno estatal viajando escoltado por policía estatal hacia Alcozacán, bastión del CIPOG-EZ, para engrasar el movimiento rebelde y sembrar la marca Morena. Es la versión guerrerense del “operador electoral”: camioneta oficial, escolta pública y destino insurgente, todo con bendición presupuestal.

Mientras tanto, el mapa queda así: PRI reteniendo Chilapa, conquistando Chilpancingo, PRD gobernando Quechultenango (casa de Los Ardillos), Partido Verde en Atlixtac con atentado incluido al alcalde, y Morena avanzando donde puede. No son rivales del crimen, son socios desparejados que negocian quién pone la cara en la boleta y quién pone las armas en la calle.

El Estado: árbitro comprado y recogepelotas ausente

La crónica deja claro que la policía estatal aparece para escoltar a “los de finanzas”, no para escoltar desplazados. La presencia del Estado es selectiva: se repliega ante los drones y ataques, pero se despliega cuando hay maletas y acuerdos.

El Gobierno de Guerrero habla de “decenas” de desplazados mientras la comunitaria habla de “cientos”, y más de 70 asesinados en una década larga de guerra local. La contabilidad oficial siempre parece estar diseñada para PowerPoint, no para fosas comunes.

Hambre de poder, cero proyecto de vida

El propio texto lo reconoce: no hay buenos ni malos, hay hambre de poder. CIPOG-EZ, Los Ardillos, partidos, fiscales y curas de confianza compiten por lo mismo: control de recursos, rutas comerciales y capacidad de decidir quién vive, quién huye y quién gobierna.

La retórica de “defensa de la forma de vida de las comunidades” se usa como disfraz de un proyecto de rapiña, como lo sugiere Harfuch cuando acusa a unos de esconder a otros. Al final, la única forma de vida que se preserva es la del amasiato entre crimen y política, ese matrimonio que solo se divorcia cuando llega una masacre demasiado mediatizada… y luego se reconcilia con otro apellido y otra sigla.

Con informacion: DIARIO ESPAÑOL/ELPAIS/PABLO FERRI

«TERCOS los TERNURITAS de FGR…NO con NARCOROCHA: CITAN MILITARES por DAR SEGURIDAD PERIMETRAL para DESTRUIR NARCOLABORATORIO en CHIHUAHUA»…las leyes no son justas solo por ser ley, debieran ser ley solo si son justas.


La Fiscalía General de la República interrogó a elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional que presuntamente brindaron seguridad perimetral en el operativo del 17 y 18 de abril pasado, en el que la Fiscalía de Chihuahua intervino un narcolaboratorio y después murieron dos agentes de la CIA.

El Fiscal de Asuntos Relevantes de la FGR, Ulises Lara, informó también que la dependencia lleva a cabo diligencias para identificar a los propietarios del inmueble en el que se encontró el centro de producción de drogas, así como a las empresas proveedoras de los precursores químicos.

Marco legal los pone en aprietos

Los soldados no sólo podrían haber sido “escolta de lujo” del operativo CIA en la sierra; con la Ley de Seguridad Nacional en la mano, asoman posibles delitos que van de ejercicio ilícito de atribuciones a violaciones directas al régimen de agentes extranjeros.

La reforma de 2020 a la Ley de Seguridad Nacional, obra de Andrés Manuel López Obrador, creó todo un Título Séptimo no para meter en cintura a los agentes extranjeros, sino para obstaculizar la cooperación contra el narco que hoy tiene en aprietos a funcionarios mexicanos que sí colaboran con Estados Unidos para combatirlo, mientras la FGR sigue sin citar a otros que, en Sinaloa, ayudaron al narco contra México y contra EU.

Ahí se define al “agente extranjero” como funcionario de otro país con funciones policiales o de inteligencia, exactamente el molde en el que caben los agentes de la CIA que fueron llevados a un operativo de campo en Chihuahua.

La ley les permite sólo labores de “enlace e intercambio de información”, previa acreditación, delimitación territorial y bajo control de SRE, Seguridad, Defensa y Marina.

Obligaciones de los servidores públicos mexicanos

El artículo 70 amarra a todo servidor público, incluidos estatales, municipales o federales, a respetar los lineamientos de trato con agentes extranjeros; violarlos abre la puerta a responsabilidad administrativa y penal.

Además obliga a que toda reunión, llamada o intercambio con agentes extranjeros se reporte por escrito en tres días y cuente con autorización del Grupo de Alto Nivel de Seguridad y presencia de SRE, bajo pena de consecuencias legales si se lo saltan.

El operativo en Chihuahua: lo que se sabe

La FGR confirmó que atrajo la investigación por el operativo del 17‑19 de abril en la Sierra del Pinal, Morelos, Chihuahua, donde se intervino un narcolaboratorio de sintéticos y luego murieron dos agentes de la CIA y el jefe de la AEI en un “accidente” de carretera.

La propia Fiscalía abrió dos carpetas: una por delitos contra la salud ligados al narcolaboratorio y otra por posibles delitos de ejercicio ilícito de atribuciones y violaciones al régimen de seguridad nacional por la participación de los estadounidenses.

El papel del Ejército en el perímetro

Ulises Lara reconoció que se entrevistó a personal militar que “aparentemente habría participado en funciones de seguridad perimetral posterior al hallazgo” del laboratorio, es decir, estuvieron en escena cuidando el teatro del operativo binacional de facto.

Son los primeros servidores públicos federales interrogados por la FGR en el caso, lo que confirma que Defensa dejó de ser simple espectador y se metió en el tinglado donde los agentes CIA operaban fuera del carril legal.

Delitos posibles para los militares

  1. Ejercicio ilícito de atribuciones y facultades
    • Si los soldados dieron cobertura táctica a agentes extranjeros que realizaban tareas prohibidas (operativo de campo, aseguramientos, allanamientos), se habría desviado el uso legítimo de la fuerza armada a fines no autorizados por la ley.
    • Usar recursos, personal y mando de la Sedena para apuntalar un operativo de la CIA sin el andamiaje formal (convenios, acreditación, informes, supervisión de SRE y SSPC) encaja en la lógica de ejercicio ilícito de atribuciones que la FGR dice estar investigando.
  2. Responsabilidad penal por violar la Ley de Seguridad Nacional (corresponsables)
    • El Título Séptimo establece que las autoridades encargadas de la supervisión y vigilancia de los agentes extranjeros son corresponsables cuando permiten o toleran que éstos violen las disposiciones generales y específicas que los regulan.
    • Si mandos militares sabían que los agentes CIA no estaban limitados a “enlace” sino metidos en operativo con narcolaboratorio, y aun así les dieron resguardo perimetral, podrían ser coautores o partícipes en delitos contra la seguridad nacional previstos en el Código Penal Federal.
  3. Abuso de autoridad y encubrimiento
    • Acompañar y blindar un operativo irregular, sin detener a nadie pese a toneladas de precursores, mientras se protege la narrativa oficial, puede encajar en abuso de autoridad y en encubrimiento, al obstaculizar la persecución de los delitos contra la salud y los posibles ilícitos de los agentes extranjeros.
    • Si hubiera omisión deliberada de reportar a la cadena de mando civil (SRE, SSPC) lo que realmente ocurrió, se fortalece la hipótesis de encubrimiento de delitos de seguridad nacional y contra la salud.
  4. Delitos contra la salud en modalidad de auxilio o tolerancia
    • El hallazgo incluyó 55 mil litros y más de 50 toneladas de precursores químicos, además de casi 2 mil litros de metanfetamina, lo que describe un complejo industrial completo, no un puestecito artesanal.
    • Si se acredita que hubo previo conocimiento militar del laboratorio o protección de facto a la operación (por acción u omisión), también podrían enfrentar responsabilidad por permitir o facilitar la operación de un centro de producción de drogas.

La cereza: cadena de mando y corresponsabilidad

La Ley de Seguridad Nacional obliga a México a supervisar “en todo momento” a los agentes extranjeros, pero pone en apuros a la misma autoridad y sus mandos por el capricho de un expresidente a quien cada vez mas se le aprecia la catadura de narco.

Con informacion: ELNORTE/

lunes, 18 de mayo de 2026

"MORENOS ENCORRALADOS y ACORRALADOS; NARCOENTREGAS PROBARON la FARSA de SHEINBAUM de PRUEBAS y MAS PRUEBAS"...y eso fue solo una probadita.


Se le acabaron los pretextos de “pruebas, “pruebas”, a la presidenta Claudia Sheinbaum cuando salía a defender la petición de extradición de los Estados Unidos, en contra de Rubén Rocha Moya.

Dos de los hombres más cercanos, los del círculo íntimo del gobernador con licencia de Sinaloa, ya se entregaron a las autoridades norteamericanas. Estaban en la lista de “extraditables” y prefirieron cooperar, antes de que vinieran por ellos y los sentenciaran allá, a cadena perpetua.

Saben que si como “testigos protegidos” entregan información que les permita a las autoridades de Estados Unidos capturar a un pez más grande que ellos -y aquí sólo serían el gobernador Rocha Moya, el ex presidente Andrés Manuel López Obrador o su hijo Andy- sus sentencias se reducirían considerablemente.

Uno es Enrique Díaz Vega, quien fuera Secretario de Finanzas del gobierno de Sinaloa, el que manejaba los fondos de las partidas secretas y los desvíos del Erario a cuentas personales y a empresas de la familia Rocha Moya.

Entre esas empresas investigadas y que aparecen vinculadas a los hijos del gobernador con licencia están Construcciones Suaqui; Constructora Chocosa; la Sofom A&R Inyecta Soluciones; A&R Soluciones Estadísticas y Chocosa Ranch. Se presume que ese entramado era la gran “lavandería” de los desvíos de los fondos públicos y las presuntas aportaciones del crimen organizado al círculo cercano a Rocha Moya. De hecho, se presume que el nombre del propio Secretario de Finanzas aparecería en algunas de esas empresas junto a los hijos del cuestionado gobernador. 

El otro que buscó la protección norteamericana es el general en retiro Gerardo Mérida Sánchez, quien fuera Secretario de Seguridad del gobierno de Sinaloa, entre 2023 y 2024. Fue recomendado del general Secretario Luis Cresencio Sandoval -a quien también se le vincula como protector de “Los Chapitos”- para apoyarlos en controlar a las policías estatal y municipales. A Gerardo Mérida Sánchez se le fue el control del Estado en 2024, cuando Ismael “El Mayo” Zambada se entregó a los norteamericanos y con su ausencia se vino la disputa -con carácter de guerra civil- entre “Los Mayitos” y “Los Chapitos”.

Con estas dos entregas en calidad de  “testigos protegidos” de dos de los hombres más cercanos al ex gobernador Rocha Moya, está claro que, pruebas, van a sobrar. Las autoridades de los centros de inteligencia de los Estados Unidos ya evaluaron la calidad de lo que esos personajes pueden aportar y, sin duda, serán factor clave para acabar de inculpar al mandatario sinaloense. La presidenta Claudia Sheinbaum se quedará sin su mantra que repite una y otra vez: “pruebas, que presenten las pruebas”.

Y el ambiente político en Morena se enrarecerá todavía más, en los próximos días, cuando se dé a conocer que otro gobernador morenista seguirá los mismos pasos del ex mandatario de Sinaloa. En cualquier momento se le anunciará que correrá la misma suerte que Rubén Rocha Moya.

A las denuncias contra los gobernadores podría sumarse -en un par de semanas- las vinculaciones criminales de uno de los más cercanos al círculo íntimo del ex presidente Andrés Manuel López Obrador, un personaje que ya estaría sentado en la mesa negociando su estatus de “testigo protegido”.

Por eso, la presidenta Claudia Sheinbaum está obligada a revisar su estrategia para desmarcarse de Rubén Rocha Moya. Sobre todo, cuando desde la Unidad de Inteligencia Financiera ya se rastrean todos los activos de esa familia política sinaloense y los reportes preliminares acusan un enorme enriquecimiento inexplicable.

Por lo pronto, si la presidenta Claudia Sheinbaum quiere meter el termómetro para verificar la caída de su partido que revise el abucheo a Andy López Beltrán a su llegada a la fallida concentración de morenistas, en Chihuahua, para ir a reclamar el desafuero de la gobernadora panista Maru Campos.

Por donde se le vea, está claro que el hartazgo está alcanzando ya niveles de elevado repudio popular. Más aún frente al drama y al dolor que se muestran en los videos que desde Guerrero invaden las redes sociales y en los que se exhibe el desplazamiento de miles de humildes moradores que lo dejaron todo, incluso su hogar y su patrimonio, para salvar sus vidas de los ataques del cártel de “Los Ardillos” y la exhibición de una evidente falta de la autoridad para someter a los delincuentes que ya se adueñaron de aquel estado. ¿Dónde ha quedado aquel lema morenista de “Primero los pobres”?

Por eso, insistimos en que si la inquilina de Palacio Nacional se empeña esta semana en continuar con su discurso de “¡Pruebas, pruebas, pruebas!” va a terminar acorralada por las denuncias en Washington, corriendo la suerte que está en gestación para Morena. Será -como dicen ya algunos analistas norteamericanos- “una presidenta muy efímera”.

Con informacion: CODIGO MAGENTA/

"OPERATIVO QUIRUGICO ?: la MARINA REINTERPRETÓ SEGURIDAD HEMISFERICA de TRUMP y le DISPARÓ a LANCHA y PESCADORES"...fue una intercepción con balas,no misiles Hellfire.


Porque claramente en México el enemigo estratégico no son los cárteles con drones explosivos, sino el señor que madruga a sacar ostión, un elemento de la Secretaría de Marina decidió reinterpretar la doctrina de seguridad hemisférica versión Huatulco: si se mueve… dispárale. Aunque sea una lancha con hielera y redes legales.

El resultado: una denuncia ante la Fiscalía General de la República contra un marino que abrió fuego contra una embarcación de pescadores que, según los afectados, no representaban amenaza alguna más allá de su peligrosa actividad de bucear pulpo, recolectar ostión y levantar moluscos… esos que, por cierto, todavía no están en veda y que —detalle incómodo— cumplen con la norma.

Camilo Mendoza, representante de los pescadores, lo explicó sin rodeos: no hubo agresión, no hubo ataque, no hubo nada que justificara una escena digna de operativo antiterrorista. Lo que sí hubo, según su versión, fue una intercepción con balas incluida para detener a un trabajador que literalmente iba a ganarse el día en el mar.

Pero del otro lado del parte oficial, la Secretaría de Marina ofrece su propia narrativa, que ya conocemos bien: detección de “posibles irregularidades”, sospecha de artes de pesca prohibidas y, cómo no, el comodín institucional por excelencia —los tripulantes “adoptaron una actitud agresiva”. Traducción no oficial: aceleraron.

Y así, con la elasticidad interpretativa que caracteriza a los reportes oficiales, una revisión de rutina escaló a persecución marítima, que a su vez derivó en disparos dirigidos al motor de la lancha. Porque en México, al parecer, la proporcionalidad del uso de la fuerza también se pesca… pero con red de arrastre.

Mientras tanto, los pescadores hacen un recordatorio básico que parece extraviado en la cadena de mando: son un sector productivo, aportan a la economía, llevan alimento a las casas y —dato que debería ser obvio— no son delincuentes.

“Un pescadito se lo hacemos llegar a la casa, no se vale que nos anden pistoleando”, dijo Mendoza, resumiendo en una frase lo que cientos de páginas de doctrina de seguridad no han logrado: distinguir entre un civil trabajando y una amenaza real.

Porque si el estándar operativo ya es disparar primero y justificar después, la pregunta no es qué pasó en Huatulco, sino cuántas veces más se está aplicando esta versión tropicalizada del “shoot first, ask later”… pero sin misiles Hellfire, eso sí, porque aquí el presupuesto no da para tanto, aunque la lógica de guerra parezca importada.

Con informacion: ELNORTE/