El periodista de El Universal,Hector de Mauleon,hizo un pormenorizado de la reciente resolucion electoral en su contra, como saldo de andar “ventilando las miserias morales y delictivas” de la mujer mas poderosa del gobierno gobernado por narcos,el de Americo Villarreal Anaya:
“…..A través de un notificador, la nueva resolución del Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas llegó a las puertas de mi domicilio.
Todo esto en razón de una columna publicada en este espacio el 1º de mayo pasado bajo el título de “Huachicol y poder judicial en Tamaulipas”, la cual abordó las redes de tráfico de combustible en las aduanas de Tamaulipas, a partir de un oficio en el que el ex secretario de la Defensa, Luis Cresencio Sandoval, denunció al administrador de Operación Aduanera, Juan Carlos Madero Larios, de extorsionar agentes aduanales, recibir sobornos y estar vinculado con una red de tráfico de huachicol.
En la columna en cuestión señalé básicamente que Madero Larios seguía impune a pesar de la denuncia del exsecretario, y anoté el hecho preocupante de que el líder de esa red de tráfico fuera cuñado de Tania Contreras, exconsejera jurídica del gobierno deAmérico Villarreal, considerada entonces “la carta más fuerte de Morena para quedarse con la presidencia del Supremo Tribunal de Justicia del Estado” (cosa que, tras la elección judicial, obtuvo Contreras).
Ese era el tema de la columna: las redes impunes y su conexión con el Poder Judicial.
Todo esto sucedió, por cierto, en los días en que acababa de llevarse a cabo en Altamira, Tamaulipas, un decomiso histórico de 10 millones de litros de huachicol.
Contreras nos denunció, a EL UNIVERSAL y al autor de esta columna, por violencia política en razón de género. El Tribunal Electoral del estado, integrado por una prima hermana suya y por un magistrado que fue subordinado directo de su esposo en la subsecretaría general de gobierno, atendió la denuncia y nos dictó una serie de medidas cautelares.
Se nos ordenó eliminar de inmediato la publicación de la página web de EL UNIVERSAL y no volver a emitir expresiones que vincularan a Contreras “con personas o actos delincuenciales”.
El periódico tomó la decisión de resistir el inadmisible intento de censura, condenó el amago de llevar a cabo procedimientos sancionatorios por la publicación de un tema de interés público relacionado con la corrupción y preguntó si este era el futuro para el Poder Judicial.
Comenzó la incierta batalla legal.
Según la resolución enviada nuevamente a mi domicilio, y no al del periódico donde la columna se publicó, el Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas ha declarado existente la infracción de “violencia política en contra de las mujeres en razón de género” debido a la publicación de esa columna.
Después de infinitas páginas de jerga legal, la resolución ordena que se me inscriba durante cuatro años en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género.
Me ordena ofrecer durante 16 días naturales una disculpa pública en la misma columna, “y dejar el mensaje anclado de fijo”.
Me ordena publicar la síntesis de la resolución, absteniéndome “de incluir comentarios o expresiones ajenas al fin y a los alcances definidos en la presente sentencia”.
Me ordena “reconocer los hechos”. “Aceptar mi responsabilidad”. “Dignificar a mi víctima”, sin que la disculpa “reviva las situaciones que provocaron la sanción”.
Me obliga a hacer pública mi “aceptación expresa de la necesidad de reparar el daño”.
Y “como medida idónea para inhibir conductas futuras como la acreditada en el caso concreto”, me impone una multa que debo pagar ante la Dirección de Administración del Instituto, so pena de que se dé vista a las autoridades hacendarias para que sean estas quienes procedan al cobro.
Para que tenga acceso a un “mayor grado de sensibilización”, me mandan a leer, además, guías y manuales para el uso no sexista del lenguaje y para el uso del lenguaje inclusivo desde un enfoque de perspectiva de género.
No es todo. La resolución sostiene que también EL UNIVERSAL incurrió en violencia política de género al no eliminar la publicación, y a fin de que “el infractor” pueda “hacer conciencia” de que “su conducta fue ilícita”, se la ha impuesto también el pago de una multa. Se le obliga, además, a reconocer “su responsabilidad”, a ofrecer una disculpa pública, a aceptar “la necesidad de reparar el daño”, a publicar un extracto de la sentencia durante cinco días naturales… y a permanecer, a lo largo de cuatro años, en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política Contra las Mujeres en Razón de Género.
Las faltas leves, por cierto, son sancionadas con una permanencia en el registro de hasta por tres años.
La batalla legal sigue su curso. El hecho referido arriba se enmarca, sin embargo, en el patrón de censura, en la embestida imparable contra medios, periodistas y ciudadanos que osan ejercer la crítica frente a un régimen que se dice democrático y que solo da muestras de practicar la intolerancia. aquí tienes un análisis puntilloso y entre líneas de la información proporcionada, con especial énfasis en lo que revela sobre la conducta del gobierno y los riesgos para la libertad de prensa en Tamaulipas….Hector de Mauleon/EL UNIVERSAL
¿Qué nos dice entre líneas esta conducta del gobierno vs De Mauleon ?
1. Uso instrumental de la perspectiva de género como herramienta de censura
Aunque la violencia política de género es un problema real y grave, en este caso la narrativa revela que la figura legal se utiliza para inhibir la crítica periodística sobre actos de corrupción y redes de impunidad. Se recurre a un mecanismo legítimo —la protección de los derechos de las mujeres— para blindar a una funcionaria de señalamientos públicos sobre corrupción y ligada al Cartel del Golfo como autora de una resolución que saco de la carcel aun criminal y que distorsiona el sentido original de la ley y la convierte en un instrumento de censura.
Entre líneas:
El gobierno, o al menos ciertos actores dentro del aparato estatal, están dispuestos a manipular causas nobles (como la igualdad de género) para proteger intereses particulares y evitar el escrutinio público.
2. Captura y cooptación de órganos autónomos
El Tribunal Electoral local, ceñido al interés del gobernador, fue encargado de resolver la denuncia y está integrado por personas con vínculos familiares y de subordinación directa con la funcionaria señalada. Esto sugiere una captura de las instituciones que deberían ser árbitros imparciales, convirtiéndolas en herramientas de protección para la élite política y judicial local.
Entre líneas:
La independencia judicial y la autonomía de los órganos electorales están severamente comprometidas, lo que erosiona el Estado de Derecho y facilita la persecución selectiva de críticos.
3. Represalia personalizada y amedrentamiento
La notificación y las sanciones se dirigen personalmente al periodista en su domicilio, no solo al medio. Esto tiene un claro efecto intimidatorio y busca generar miedo entre quienes se atreven a investigar y publicar sobre temas sensibles.
Entre líneas:
El mensaje para otros periodistas es claro: quien cuestione a los poderosos puede ser perseguido y sancionado en lo personal, con consecuencias legales, económicas y de reputación.
4. Sanciones desproporcionadas y humillantes
Las medidas impuestas —disculpa pública, reconocimiento de responsabilidad, reparación del daño, inscripción en un registro nacional de sancionados, multas— no solo buscan castigar, sino también humillar y disciplinar al periodista y al medio. La obligación de “dignificar a la víctima” y de leer manuales de lenguaje inclusivo añade un componente de reeducación forzada.
Entre líneas:
No se trata solo de sancionar una supuesta falta, sino de escarmentar públicamente al infractor y enviar una señal de disciplinamiento a la prensa.
5. Ataque a la libertad de prensa y al derecho a la información
El fondo del asunto es la publicación de información de interés público sobre corrupción y redes criminales. El intento de eliminar la columna y prohibir futuras menciones constituye un acto de censura directa, contrario a estándares internacionales de libertad de expresión.
Entre líneas:
El gobierno local (o actores con poder dentro de él) muestra intolerancia a la crítica y una tendencia autoritaria, disfrazada de legalidad, para acallar voces incómodas.
6. Normalización de la impunidad
El caso original —la impunidad de una red de tráfico de combustible con presuntos nexos familiares y políticos— no es investigado ni sancionado. En cambio, se persigue a quien lo denuncia.
Entre líneas:
El aparato estatal a cargo de Americo Villarreal, gobernador acusado de ligas con el narco, prioriza la protección de sus propios intereses y de sus integrantes sobre el combate real a la corrupción, perpetuando la impunidad.
Conclusión: ¿Qué revela la conducta del gobierno?
Esta conducta revela un patrón preocupante de autoritarismo, captura institucional, manipulación de causas progresistas para fines regresivos y una embestida contra la libertad de prensa. Se utiliza la ley no para proteger derechos, sino para blindar a los poderosos y castigar la crítica. El mensaje es claro: en Tamaulipas, quien se atreva a investigar y denunciar las redes de corrupción puede ser perseguido y sancionado, mientras los verdaderos responsables permanecen impunes.
Para el periodismo de investigación, esto implica un entorno de alto riesgo, donde la censura y la intimidación se disfrazan de legalidad y defensa de derechos, pero en realidad buscan perpetuar la opacidad y la impunidad.
Con informacion: ELUNIVERSAL/MEDIOS/REDES
