Ayer viernes fueron asesinadas 6 personas en Sinaloa, entre ellas un policía estatal que falleció en el hospital tras resultar herido en un ataque por la Calzada Aeropuerto que dejó otros cuatro compañeros heridos; además, otra persona fue asesinada al sur de Culiacán, una pareja de adultos mayores fue hallada asesinada en Chinitos, Angostura y una persona más murió al llegar al hospital tras ser atacada a balazos en Mazatlán.
Desde que la disputa entre los Guzmán y los Zambada comenzó y que las autoridades no han podido contener, Sinaloa acumula 529 asesinatos y 618 personas privadas de la libertad.
Los saldos de la Ola
El balance desde el 9 de septiembre hasta el día 6 de diciembre es de :
◉ 529 homicidios dolosos (5.9 diarios)
◉ 618 personas privadas de la libertad (6.9 diarios)
Hasta ahora, las tres violencias más relevantes para Sinaloa son los homicidios, las privaciones de la libertad y el robo de vehículos.
COMPARATIVO DE LOS TRES DELITOS MÁS RELEVANTES
Acá puedes ver un comparativo de cómo va el mes de diciembre con respecto a noviembre pasado, así como respecto del promedio enero-agosto de 2024 (previo a la ola de violencia) y de su máximo histórico.
Noroeste calcula un promedio móvil diario de 7 días para medir con mayor sensibilidad la evolución del homicidio en Sinaloa. Al día de hoy, el promedio se ubica en 6.8 asesinatos diarios.
También Noroeste lleva un conteo mensual de acuerdo a lo registrado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), durante diciembre se han registrado 41 homicidios en Sinaloa.
Privaciones de la libertad
Las privaciones de la libertad siguen superando a los homicidios en Sinaloa. Del 9 de septiembre al 6 de diciembre se han abierto 618 fichas para personas víctimas de esta violencia, pero se han presentado solo 381 denuncias ante la FGE, lo que equivale a un 62 por ciento de los casos.
En robo de vehículo, en lo que va de diciembre se han registrado 62 delitos de este tipo según datos de la Fiscalía de Sinaloa, para un promedio de 12.4 diarios.
Una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) va a cambiar el escenario migratorio en México.
El máximo tribunal ha concedido un amparo, presentado por el Servicio Jesuita a Refugiados y la Clínica Jurídica Alaíde Foppa, que obliga a reformar la ley de migración para crear un registro de migrantes detenidos.
Esta plataforma deberá ser de acceso público y funcionar como lo hace ahora el Registro Nacional de Detenciones, es decir, informar de la hora, día, lugar, y autoridad que lleva a cabo el arresto de cada persona, también a qué estación migratoria es trasladado. Solo este año han sido detenidos 925.000 migrantes que cruzaban México, que se enfrentan al aislamiento y a la falta de defensa jurídica.
México se ha convertido en un territorio peligroso para aquellos que llegan huyendo de la violencia, la persecución o el hambre. En una travesía, que para muchos migrantes involucra una decena de países y el cruce de la temida selva del Darién, México es definido como “la peor parte”. Aquí los migrantes se han convertido en una presa fácil para el crimen organizado y también para la corrupción de las autoridades.
Secuestrados y encerrados en celdas para gallos en la frontera sur, extorsionados y asesinados por la Guardia Nacional, o abrasados en centros migratorios en la frontera norte. En un panorama cada vez más riesgoso, esta sentencia se ha convertido en una victoria.
Hace ya tres años que el entonces llamado Servicio Jesuita de Ayuda al Migrante publicó un informe en el que documentaba que durante 14 años (de 2007 a 2021) habían investigado 1.280 desapariciones de migrantes. El 75% de ellos estaba en una estación migratoria. Estos centros gestionados por el Instituto Nacional de Migración operan en la práctica como cárceles para migrantes, aunque las autoridades utilizan eufemismos como “aseguramiento” o “encuentro”, la ONU ya estableció que todo lugar en el que las personas no pueden salir aunque lo deseen se considera un lugar de detención.
Hasta ahora, la arbitrariedad ha reinado en estos centros de reclusión. Las organizaciones de derechos humanos han recogido que de forma aleatoria los migrantes reciben o no la posibilidad de una llamada para avisar a sus familias, a otros les pueden llegar a cobrar 100 pesos (unos cinco dólares) por tres minutos. Esto hace que pasen días o semanas incomunicados y, por tanto, desaparecidos para sus familias.
Esta situación, explica el abogado Luis Xavier Carrancá, de la Clínica Jurídica Alaíde Foppa, abre la puerta a que sufran tratos inhumanos, tortura o desapariciones forzadas. “La ausencia de un registro dificulta además que las personas migrantes pudiera acceder a una representación jurídica”, señala Carrancá, “también facilita que sus detenciones se extienda de forma ilimitada, porque al no registrar cuando entran inicialmente, Migración encontró la fórmula perfecta para saltarse los plazos legales en los que tendrían que liberarlos”.
En 2019 en México se reformó el artículo 16 de la Constitución para crear el actual Registro Nacional de Detenciones. Entre los argumentos esgrimidos se señalaba que un registro actualizado y completo es fundamental para “prevenir la violación de los derechos humanos de la persona detenida, actos de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, o la desaparición forzado”. Sin embargo, “de forma expresa”, explica Luis Xavier Carrancá, se omitió incluir también las detenciones de migrantes.
En la Ley Nacional del Registro de Detenciones se incorporó el artículo octavo transitorio, en el que se daba un plazo de 180 días al Congreso para que modificara la actual Ley de Migración y creara “un registro de personas migrantes detenidas que cuente con las mismas garantías procesales, de protección y de seguridad que las previstas en la presente ley”. Han pasado cinco años y todavía no se ha hecho. “Era la primera ausencia que permitía la desprotección de las personas migrantes en detención, se quedaban fuera de toda protección constitucional y jurídica, porque se permitía su ocultamiento”, dice el abogado.
Ante esa situación, el Servicio Jesuita, acompañado por la Clínica Jurídica Alaíde Foppa, que pertenece a la Universidad Iberoamericana, iniciaron una estrategia legal. En octubre de 2022, presentaron un amparo para solicitar la reforma de la ley de migración y la creación de este registro. Un par de meses después ganaron en primera instancia, ante un juez de distrito de Ciudad de México (del decimoquinto en materia administrativa), que consideró válidos los argumentos de que se estaba quebrantando el derecho de defensa de los migrantes.
Sin embargo, la consejería jurídica del Senado y de la Cámara de Diputados apelaron la decisión, que llegó a un tribunal colegiado. Ahí se quedó 15 meses. Finalmente, el decimonoveno en materia administrativa del primer circuito decidió mandar en junio de 2024 el caso a la Suprema Corte. Esta semana la segunda sala de la SCJN ha votado el proyecto preparado por Alberto Pérez Dayán, que apoyaba la decisión del juez de distrito y consideraba que sí se estaba produciendo una “omisión legislativa” por parte del Congreso al no cumplir lo que había mandado la Ley Nacional del Registro de Detenciones.
Con los votos a favor de los ministros Luis María Aguilar, Javier Laynez y Dayán (y los dos en contra de Lenia Batres y Yasmín Esquivel, las ministras más cercanas al oficialismo), se ha aprobado la obligación legislativa del Congreso de modificar la ley y crear el registro. Sin embargo, el proceso que queda es largo: primero se tiene que hacer el engrose del proyecto (que recupera las aportaciones de los ministros), después este llegará al juzgado de distrito, que será el que se encargue del cumplimiento y deberá ordenar al Congreso las reformas. Carrancá calcula que puede tardar hasta un año en hacerse realidad.
La inseguridad en México, especialmente en Sinaloa, el cobro de piso por parte del crimen organizado, las deportaciones masivas de migrantes de Estados Unidos, la continuidad del T-MEC y los retos de crecimiento en materia económica, fueron las preocupaciones que expresaron ayer integrantes del Consejo Mexicano de Negocios a la Presidenta Claudia Sheinbaum.
Fue una reunión de casi tres horas, a la cual acudieron 54 de 60 integrantes del organismo que agrupa a los inversionistas más ricos del País, entre ellos el presidente del Consejo de Administración de Femsa, José Antonio Fernández, y Agustín Coppel, director de Coppel, quienes habían mantenido su distancia del Gobierno federal en la gestión del ex Presidente Andrés Manuel López Obrador.
“Mucha inquietud sobre los derechos de piso. Las gentes están cobrando derechos de piso, eso es algo que tiene que eliminarse porque es un impuesto. La Presidenta dijo que están actuando, (pero) va a tardar tiempo”, contó Claudio X. González Laporte, de Kimberly Clark.
Agustín Coppel, director de Coppel, aseguró que en Sinaloa los empresarios están muy preocupados por la violencia. “Están muy preocupados y tratando de que las cosas mejoren”, consideró el directivo.
Pablo Azcárraga, de Grupo Posadas, admitió que se siente muy mal por la inseguridad en el País. “Yo me siento mal. Yo creo que hay mucho que hacer“, afirmó el empresario.
El encargado de la Fiscalía estatal, Pedro Arce, rechazó ayer que, como dijo el Alcalde de San Pedro el jueves, el organismo tenga ya a disposición a los dos policías del municipio que supuestamente podrían haber participado indirectamente en la ejecución de un hombre el lunes pasado.
Aunque Mauricio Fernández informó el jueves que dos agentes fueron dados de baja y puestos a disposición de la Fiscalía por haber salido de su zona de vigilancia cuando ocurrió el ataque en el sector de Los Callejones, Arce afirmó ayer que sólo recibieron un informe.
“Hasta el momento no ha sido puesto a disposición nadie hacia el Ministerio Público derivado de este evento”, dijo durante una conferencia de prensa en el Palacio de Gobierno.
“Lo que se tiene en la carpeta de investigación es un informe por parte de la autoridad municipal mediante el cual establecen que dentro de la indagatoria interna que ellos realizan se nos informa que la unidad (a la) que le correspondía la vigilancia en la hora y en el cuadrante correspondiente no se encontraba dentro de la misma”, añadió.
Respecto al homicidio del lunes, el primero en lo que va de la actual Administración de Fernández, Arce mencionó que tienen identificada la participación de al menos dos personas en un sedán gris.
Según la versión municipal, los policías Rogelio Augusto Remix y Rodolfo Valdez Salas abandonaron su zona de vigilancia al momento del ataque, lo que consideraron sospechoso.
“Le turnamos a la Fiscalía”, dijo el jueves el Alcalde, “tanto los elementos que hoy en la mañana se detuvieron y hoy mismo se despiden”.
Sin embargo, tras la declaración de Arce de ayer, el el Secretario de Seguridad municipal, José Luis David Kuri, precisó la versión inicial, reconociendo que los elementos no fueron entregados a la Fiscalía, como se dijo, y que se encuentran en libertad.
“Ellos están 24 horas o 24/7 para que la Fiscalía haga lo (conducente) a una investigación más profunda y determine si son culpables o no son culpables”, dijo.
El incidente ocurrido en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) entre el senador Panista-Moreno Miguel Ángel Yunes Márquez y una ciudadana identificada como Paulina Amozurrutia nos deja varias reflexiones importantes:
Tensión política y descontento ciudadano
El diálogo refleja la intensa polarización política que vive México actualmente. La ciudadana expresa abiertamente su frustración y enojo hacia Yunes Márquez por su voto a favor de la reforma judicial, considerándolo una “traición” al pueblo y a los partidos de oposición.
Cuestionamiento sobre la integridad política
La acusación de la ciudadana sobre la cancelación de carpetas de investigación contra Yunes Márquez y su padre sugiere un posible quid pro quo ,otro “toma y daca” de la política que plantea serias dudas sobre la integridad del proceso legislativo y la independencia del sistema judicial.
Percepción de impunidad
El reclamo sobre la cancelación de investigaciones refleja una preocupación generalizada sobre la impunidad en México. La ciudadana insinúa que el voto favorable de Yunes Márquez pudo haber sido “recompensado” con la eliminación de cargos legales en su contra.
Reacción del político ante la crítica
La respuesta de Yunes Márquez, pidiendo “chance” y tratando de alejarse, muestra una falta de disposición para enfrentar directamente las críticas y rendir cuentas ante los ciudadanos.
Papel de la sociedad civil
Este encuentro demuestra cómo los ciudadanos están tomando un papel más activo en exigir responsabilidad a sus representantes, incluso en espacios públicos como un aeropuerto.
Consecuencias de decisiones políticas controvertidas
El incidente ilustra las consecuencias personales que pueden enfrentar los políticos al tomar decisiones controvertidas, como el voto de Yunes Márquez a favor de la reforma judicial.
Que dice que dijo y como le dijeron:
“…Hola, bueno, quisiera hablar de su declaración relacionada ayer, que iba…es que traicionó al pueblo, traicionó a los partidos.
Yunes.- “,Por favor no, denme chance,
¿No cree eso específicamente?
“No, denme chance a los mexicanos que hizo la reforma judicial. Soy una mujer, ¿también me va a empujar?,prque además de pederastas… No, no me vea así,porque usted es el típo que hace daño y ahora parece ser que los que lo dañamos somos nosotros, ¿no le parece? Lo que nos tendria que explicar es por qué cancelaron todas sus carpetas de investigación, incluida la de su padre. No es caballero, no es mexicano,¡Hasta luego!
Quien es el Senador Yunes acusado de traidor
Miguel Ángel Yunes Márquez, es un senador del Partido Acción Nacional (PAN) por Veracruz,que enfrenta una expulsión del partido, tras convirtirse en una figura clave en la aprobación de la polémica reforma judicial impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador y antes de su controvertido voto a favor de la reforma, considerado un acto de traicon,Yunes Márquez era conocido por los siguientes aspectos:
Trayectoria política
Político de 48 años, militante del PAN desde la década de 2000.
Hijo del ex gobernador panista de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares.
Parte de una familia política conocida por su flexibilidad ideológicas moralidad laxa, con rapacidad y capacidad de acomodo en diversos partidos,segun convenga a la economía personal.
Relación con AMLO y Morena
Históricamente, la familia Yunes había sido considerada como opositora y crítica de López Obrador.
El PAN, partido al que pertenecía Yunes Márquez, se oponía firmemente a la reforma judicial propuesta por AMLO.
Contexto previo a la votación
Yunes Márquez quien era un perseguido judicial con orden de captura, aunque con fuero legislativosolicitó una licencia por motivos de salud horas antes de la sesión para votar la reforma.
Su padre, Miguel Ángel Yunes Linares, ocupó temporalmente su escaño durante su ausencia.
Existía incertidumbre sobre cómo el oficialismo obtendría el voto faltante para alcanzar la mayoría calificada necesaria y despejo las dudas al votar a favor de la Reforma Judicial,casulmente un dia antes de haber sido cancelada la orden de captura.
on heridas de bala en las manos terminó ayer el conductor de una camioneta, luego de que sicarios en moto le cerraron el paso y le dispararon, en Apodaca.
La agresión fue reportada a las 18:45 horas, en el cruce de las calles Río Colorado y Río Danubio, en el sector de Pueblo Nuevo.
Nelson Andrés Sánchez, de 34 años, fue auxiliado por paramédicos y rescatistas en el cruce de las calles Río Nazas y Río Amozac.
Hasta ese lugar condujo en su camioneta GMC Sierra gris para ponerse a salvo de la agresión.
Luego fue trasladado hasta un hospital para su atención médica especializada.
Policías municipales resguardaron la escena en espera de detectives y peritos de la Fiscalía General de Justicia.
Según las primeras indagatorias del caso, el conductor de la camioneta al circular en su unidad y lo interceptaron por dos hombres armados que viajaban en motocicleta.
Luego le empezaron a disparar y el conductor de la pick up aceleró para huir de los agresores hasta el lugar donde recibió los primeros auxilios.
En la escena del ataque las autoridades localizaron 13 casquillos calibre 9 milímetros.
Las autoridades y el gobierno de todos los niveles con “muy poco nivel”, estan perdiendo de vista que su principal obligacion constitucional es dar seguridad a los ciudadanos,en su persona y bienes ,en ese orden, pero estan fallando garrafalmente y no solo en Culiacán donde la violencia ha provocado el encierro de la población que tiene miedo a salir al cine, el café o al centro comercial, pues en esta ciudad el dia se acaba a la 5pm y todo,absolutamente todo,se oscurece.
Mientras esto ocurre,en el gobierno hay un plan en marcha,totalmente mediático que utiliza en los hechos, arrestos poco significativos, porque no significan nada para “paliar la violencia” , muy al estilo de los “golpes” de Felipe Calderón y García Luna,lo que no es casualidad, pues el responsable directo de combatir la inseguridad, es precisamente uno de los que antes la consecuentaba como miembro distinguido de la cofradía de criminales que ya nos distraian con arrestos y decomisos que nunca la frenaron, es mas ,ahora resulta que en vez de contenerla esta se incrementa,dizque por el efecto de combatirla.
“Los asaltos se dan a cualquier hora” o “te muestran las armas desde otro vehículo”, son algunas de las experiencias que ciudadanos y empresarios relataron a Grupo REFORMA.
SON VÍCTIMAS O TESTIGOS
Aún con los miles de militares que patrullan Culiacán, los ciudadanos temen ser blanco de un atraco, un levantón o presenciar una ejecución.
“No sentimos que exista seguridad”, señaló una madre de familia.
“Al salir de tu casa sientes ese temor de que te puedan quitar tu vehículo, que te puedan secuestrar o que te pueda tocar un evento de alto impacto como es ver que levanten a alguien o le disparen frente a ti, porque esto ocurre hoy”, agregó.
“Cada familia hemos tomado diferentes medidas de seguridad para sentirnos menos expuestos”.
La residente contó que sólo sale para llevar a sus tres pequeñas a la escuela cuando es posible, incluso en el colegio ya se valora si las clases van a cambiar a la modalidad en línea.
Los fines de semana su familia mantiene el encierro y sólo sale al súper en su auto más modesto.
“Todos conocemos a alguien a quien ya le han quitado un vehículo. Por mi trabajo me ha tocado enterarme de clientes a los que les han quitado hasta dos carros. El dato que se tiene es que a esta fecha se han quitado mil 300 unidades en 90 días, que es demasiado”.
‘EL DÍA SE ACABA A LAS 5’
Al amanecer, lo primero que hace el empresario ‘Juan José’ –nombre ficticio–, es revisar en su celular los grupos de mensajería que alertan sobre la violencia del día en Culiacán.
“Reportan balaceras o ponchallantas en algún sitio, robo de vehículos en algunas zonas, esto con la idea de no movernos ahí. Revisamos continuamente, para ver si ya se puede circular por la ciudad”.
Explicó que el transporte es un factor de preocupación. Las corridas y los taxistas disminuyeron su flota, y los ruleteros de aplicación aumentaron sus tarifas.
“Hace poquito amenazaron a los Uber y ahorita circulan nada más durante el día y son muy caros. Oscurece a las 5 de la tarde y se acaba, agarrar un Uber a esa hora ya empieza a complicarse; en la noche, de plano, no hay nadie circulando en Uber.
“Ya sabes cuáles colonias o zonas son las conflictivas y tratas de no acercarte ni de día”, añadió.
‘Juan José’ explicó que en Culiacán no es posible traer carros de alta gama ni de media porque los están robando.
“Roban muchas pick-ups, yo creo que por el tipo de uso que le dan. Y bueno, trata uno de viajar con lo indispensable.
“Tratamos de no mostrar cosas en las redes ni llevamos en el teléfono algo que ellos puedan usar; extorsionan y utilizan información que traen los celulares. Ha sido una psicosis aquí, desde agarrar camino todos los días, porque en cualquier momento empiezan los whatsapps avisando que hay balacera en tal lado o muertos allá, que amanecieron en este lado embolsados, en cajas, que las avionetas que pasaron tiraron no sé qué…
“Todos los días hay algo. Ahora que los mentados punteros, que son los que se ponen en las motos, hace poco estaban flasheando a los autos en la noche y no sabemos para qué, pero como para cegarlos pues, con lámparas y no sé, no sabemos para qué era, pero empezó ese tipo de acción ayer (miércoles) en la noche”, expuso.
‘SAQUÉ A MI FAMILIA DE AQUÍ’
“Yo no tengo aquí (en Culiacán) a mi familia”, relató un empresario.
“La saqué del estado, pero en las (pasadas) vacaciones les dije que vinieran y ya se querían ir porque no salieron para nada”.
Señaló que la mayoría de las colonias donde hay reportes de violencia son las que están en las entradas de la ciudad, al sur, hacia Mazatlán, en la periferia y cerca de las carreteras.
– ¿Pero sí se puede salir en taxis, en transporte?
“En el día sí. A lo mejor puedes sentir menos flujo de vehículos, pero si hubo un evento fuerte, los niños no van a la escuela.
“Y eso repercute en la movilidad. Hay menos camiones y taxis y los Uber están amenazados. Como si hubiera un toque de queda por parte de ellos (los delincuentes), y nadie quiere vivir fuera de sus casas a partir de, máximo, las 8 de la noche.
“A las 5 o 6 de la tarde empieza que la balacera, y luego ves los convoyes militares (…) pero la verdad, como que no hay intención de buscar a alguien, están como que en el plan de no de actuar”, consideró.
Refiere que en algunos comercios ya es visible el desabasto de ciertos artículos y cierran después de las cinco o seis de la tarde.
“¿Imagina una panadería cerrada a esa hora? ¡No es normal! Muchos negocios, restaurantes y cafeterías han cambiado sus horarios.
“Si te metes a la última función del cine, a las 6 de la tarde, sales a las 8:00 pm y en la plaza ya no hay nadie”, alertó.
– ¿Si alguien llega al centro de Culiacán con qué se encuentra?
“Con negocios cerrados. Muchos negocios que eran zapaterías de puro cristal, ahora están con malla ciclónica, en las noches los rompían o con las balaceras se rompían, y la gente rapiñaba.
“Los restaurantes, pobrecitos, han sido los más afectados. Mucha gente está quedándose sin trabajo”.
Indicó que las agencias de seguros aumentaron costos hasta en un 40 por ciento.
“Nos dicen las aseguradoras que en Culiacán estamos en zona de guerra, por eso es más caro”, advirtió.
‘EN CULIACÁN VIVES EN PSICOSIS’
Los cientos de tropas militares en las calles de Culiacán agregan zozobra a la ciudadanía que atestigua cómo las actividades públicas acaban a las seis de la tarde.
“En Culiacán, las sirenas de las ambulancias o patrullas no dejan de sonar en las noches, todo eso causa psicosis, así vives, nos hemos dedicado al encierro, a quedarnos en la casa el mayor tiempo posible, y salir sólo para lo necesario. No estar más allá de 20 minutos en un centro comercial para comprar la despensa, cuando antes esto llevaba hasta dos horas, para comprar el helado o mirar cosas en la plaza”, narró un habitante de la capital de Sinaloa.
“Los comercios están cerrados, por ejemplo, en el centro, junto a la Catedral, los que tenían vidrios amplios les pusieron barrotes, porque la delincuencia los rompía para meterse; aun así, terminan cerrando a las seis de la tarde y a los que están abiertos les pegan. Apenas un Oxxo fue víctima de tres asaltos en un día, bajan los criminales de sus vehículos, con el arma al hombro, toman lo que quieren y se van, con eso el negocio terminó por cerrar”, advirtió otro testigo de la violencia.
Los habitantes de Culiacán, que prefieren el anonimato, narran la zozobra que padecen desde que comenzó la guerra entre dos facciones del Cártel de Sinaloa, situación que las autoridades no han logrado resolver.
“¿Las tropas? Se ven cuando pasan muy rápido, manejan igual que los ciudadanos: rápido para que no les pase nada, y la otra, siempre llegan a los eventos de violencia cuando ya pasó todo ¿Es esa la seguridad?”, planteó uno de los ciudadanos.
NI VIDA NOCTURNA NI ECONOMÍA
En Culiacán, la vida nocturna está acabada, la economía estancada y el ánimo por los suelos, refiere un habitante de esta capital.
“Es vivir con angustia absoluta”, resumió.
Hasta para ir a misa, contó, hay que ir a un horario “prudente”, es decir, a las 12:00 o 13:30 horas.
“El problema es que los enfrentamientos o la inseguridad pueden ser a cualquier hora del día”, lamentó.
“Se acabaron las salidas de distracción o la vida nocturna; la gente ya no tiene la confianza de acudir después de las cinco o seis de la tarde a un restaurante, a cenar con la familia o algún tema distracción como ir al cine, etcétera; la economía sí ha sido muy, muy, afectada”, lamentó.
“Hablando del tema económico, adquirir una casa, un auto o solicitar un crédito personal ya pasó a segundo término”.
– ¿Cambió la vida común? ¿Las tropas no la garantizan?
“Las tropas que mencionan en las noticias no se ven a esa magnitud en la ciudad, quisiera pensar que a lo mejor están cuidando las orillas, etcétera, pero dentro de la ciudad no ves tropas de Gobierno tomando un control o dando una seguridad.
“Las cadenas extranjeras limitaron su horario, cierran a las 6 de la tarde, máximo a las 7. Por ejemplo, Walmart, Sam’s, Costco, etcétera, están limitando su horario cuando antes estaban abiertos a las 10 u 11 de la noche, los bancos están cerrando entre dos de la tarde y tres y media”, reprochó.
– ¿Viajar en auto, caminar, cómo es?
“Si te paras en un semáforo estás revisando tu retrovisor y tus lados, no sabes si puede llegarte un robo a mano armada, un secuestro exprés, que también hay mucho, o alguna balacera; es vivir con angustia todo el día que estás en la calle.
“¿Cómo le explicas a tus hijos la situación que estamos viviendo, si venimos saliendo de una pandemia de Covid, de un par de años, y ahora viene esta otra especie de pandemia?”, lamentó el entrevistado.
