Por considerar que la sentencia de 50 años de prisión a Los Zetas es muy baja, impugnó la Fiscalía General de la República (FGR), a Faustino Gutiérrez Pérez, Juez Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en Tamaulipas, con sede en Matamoros, por el homicidio calificado de 122 migrantes en San Fernando, de los cuales, 72 ocurrieron en 2010 y en 2011 registraron 193.
Pero esa misma Fiscalía que «re’depente» le salio lo «justiciera» es la misma que le dio impunidad al hoy Sub-Secretario General del Gobierno,TOMAS GLORIA REQUENA,que de acuerdo a testimoniales ante la entonces PGR,les ayudaba a ZETAS prestándoles la retroexcavadora del municipio,cuando este era el alcalde priista en 2010.
El argumento prinicipal fue que Faustino, juez de la causa penal según la FGR, perdonó el secuestro, la desaparición forzada, entre otros delitos, por tanto rechazó el monto de la pena de 50 años, que debe modificar a 100 mil, 100 años de prisión para Los Zetas.
Aunque en las investigaciones por otros expedientes, luego de 14 años de los asesinatos, cuyos cuerpos incluidos varios niños —que todavía están en las fosas, porque ya no abrieron más—, fueron enterrados, a Los Zetas, la FGR ha acreditado 265 asesinatos en San Fernando.
De acuerdo con la causa penal 18/2013, a la Fiscalía Federal le resultó irrisorio la pena de 50 años de cárcel para Los Zetas que sembraron el terror entre los tamaulipecos, en los gobiernos priístas de Eugenio Hernández Flores 2005-2010 (actual candidato perdedor a senador por el Verde Ecologista en las pasadas elecciones) y Egidio Torre Cantú 2011-2016, residente en San Pedro Garza García, Nuevo León.
Luego Los Zetas, se vieron favorecidos con Francisco Javier García Cabeza de Vaca del PAN 2016-2022, donde presuntamente se llevó a sus bolsillos 18 millones de pesos junto con el actual Fiscal de Justicia, Irving Barrios Mojica para que en 2020, construyeran los panteones forenses en El Mante y San Fernando.
Las edificaciones fueron concluidas en áreas inundables, pero la Secretaría de Finanzas en el gobierno de Cabeza de Vaca, se abstuvo de asignar una partida para el trabajo forense con los cuerpos, así todo quedó paralizado y de nueva cuenta Los Zetas fueron ayudados por esa “negligencia”.
El Artículo 128 del Código Penal Federal en nuestro país expone que, a quien cometa el delito de homicidio calificado se le impondrá de 20 a 50 años de prisión, es la máxima pena, nada de 100, 500, mil, eso es como el vicio de aquellos años “solo para demostrar trabajo”.
El mundo fue testigo al descubrirse la masacre de 72 migrantes —58 hombres y 14 mujeres—, en su mayoría centroamericanos y sudamericanos, hallados entre el 22 y el 23 de agosto de 2010 en San Fernando, Tamaulipas.
Para que se entienda mejor, las investigaciones se hicieron “al ahí se va”, puesto que los forenses del fuero común y luego sus colegas del federal, llegaron dos días después del llamado y luego se abrieron varias carpetas de investigación para presentar trabajo, por eso hay mínimo 20 expedientes del caso y se anexaron otros tantos a la segunda matanza ocurrida en 2011.
Para la FGR, Los Zetas (no todos porque algunos, prófugos, eran sus amigos), “122 personas personas fueron bajadas en San Fernando, Tamaulipas de los autobuses en los que viajaban y posteriormente, encontradas en 47 fosas clandestinas, unos hasta momificados (dicho con todo respeto).”
En febrero de 2015, elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM), cumplieron orden de aprehensión contra varios Zetas, luego otras en 2017, pero la mayoría de los sicarios andan sueltos y ni hay una sola foto de ellos.
“Posteriormente y tras diversos procedimientos solventados por el Ministerio Público Federal (MPF), se obtuvo sentencia condenatoria de 50 años de prisión para cada uno de Los Zetas”, finalizó la institución de procuración de justicia en un comunicado, pero del que acaba de apelar, considerándolo inaceptable.
Uno de los condenados a 50 años de prisión fue Salvador Alfonso Martínez Escobedo, La Ardilla, líder de Los Zetas y autor intelectual de la matanza de San Fernando, así como por el asesinato de 122 personas.
Originario de Nuevo Laredo, Tamaulipas, La Ardilla, inició su vida criminal como halcón para el Cártel del Golfo y Los Zetas. En 2007 fue capturado y encarcelado en Coatzacoalcos, Veracruz, pero en 2008 un grupo armado lo liberó junto con otros cinco reos.
Durante 2010, después de la ruptura de Los Zetas y el Cártel del Golfo, La Ardilla fue enviado a Tamaulipas como jefe regional del estado con 20 estacas para disputar la región de Ciudad Victoria a sus antiguos aliados. Toda la policía sabía, pero nadie actuó.
En declaraciones de su cómplice, Edgar Huerta Montiel, El Wache, jefe de plaza de Los Zetas en San Fernando, detenido en junio de 2011. Expone que La Ardilla, dio la orden para terminar con la vida de 72 personas migrantes en una bodega abandonada en el rancho El Huizachal.
La Ardilla, supuestamente se responsabilizó por el secuestro y asesinato de 196 personas halladas en fosas clandestinas de San Fernando en abril de 2011, donde algunos de los cuerpos identificados, pertenecían también a personas migrantes mexicanas, centroamericanas y sudamericanas.
Con respecto a los 72 migrantes asesinados y enterrados clandestinamente, La Ardilla ni siquiera fue consignado por su participación en estos hechos, ni por la totalidad de las muertes de las 196 personas halladas en fosas clandestinas de San Fernando, Tamaulipas, porque ahora resultó que hay otras 122 que el juez Faustino Gutiérrez nunca pudo explicarlo pero dijo:
“Tal vez sean de esos pobres, 193 migrantes asesinados”.
Era La Ardilla sumamente peligroso, había una recompensa de 15 millones de pesos, por el Gobierno Federal, pero nadie dijo nada, los delitos por los que se le acusa en otros expedientes son:
Delincuencia organizada; Privación ilegal de la libertad en modalidad de secuestro; Violación a la Ley General de Armas de Fuego y Explosivos; Autoría intelectual de la muerte de 72 indocumentados localizados en San Fernando, Tamaulipas en agosto de 2010.
Homicidio de 320 personas (se supone que son de las víctimas de 2010 y 2011); Homicidios del estadounidense David Michael Hartley, cometido el 30 de septiembre de 2010 en la presa Falcón, en Nuevo Laredo y del comandante de la policía ministerial de Ciudad Mier, Rolando Flores Villegas, que investigaba esa ejecución, Autoría intelectual de la fuga de 282 reos de los penales de Reynosa, Nuevo Laredo y Matamoros.
Se le impusieron 50 años de prisión solo por homicidio calificado (que sería un expediente más), porque según el juez Faustino Gutiérrez, faltan las sentencias de los otras carpetas, que todavía están pendientes de resolver y son más de 15.
Actualmente La Ardilla, entró al centro Federal de Readaptación Social número 1 “Altiplano”, en Almoloya de Juárez, Estado de México.
Édgar Huerta Montiel, El Wache, tenía 22 años cuando fue detenido junto a su pareja, Brenda Infante Acevedo, por la entonces Policía Federal en Fresnillo, Zacatecas, el 16 de junio de 2011.
El Wache, era el brazo derecho de La Ardilla, el jefe de plaza de San Fernando, Tamaulipas y otro jefe era, Martín Omar Estrada Luna, El Kilo.
Fue el coordinador del secuestro y asesinato de 72 migrantes, pero a sangre fría mató personalmente a 10 centroamericanos (dice la sentencia), además de haber ordenado el secuestro de al menos 6 autobuses de pasajeros y la tortura, asesinato e inhumación de las víctimas en fosas clandestinas.
Por eso se dice en todo Tamaulipas que desde aquel entonces El Wache aseguró al que lo escuchó (porque no obra en el expediente), que son más de 600 migrantes de diferentes nacionalidades, enterrados clandestinamente entre matorrales de San Fernando, ciudad más grande en extensión de todo el Estado.
Después de la detención de El Wache, la Secretaría de Seguridad Pública, distribuyó un video a los medios de comunicación en la que expone, que es originario de la Huacana, Michoacán, y que formó parte del Ejército, pero desertó para integrarse a Los Zetas.
La averiguación previa (hoy carpeta de investigación), abierta para dar seguimiento a su investigación es la: PGR/SIEDO/UEIDICS/197/2011.
A El Wache, se le acusa de ser el coordinador del múltiple homicidio de migrantes en San Fernando; Delincuencia organizada; Portación de arma de fuego y posesión de cartuchos, ambos de uso exclusivo del Ejército, Armada o Fuerza Aérea y Delitos contra la salud, por la posesión de marihuana con fines de comercialización.
Está preso, pero actualmente se desconoce en qué parte del país.
Martín Omar Estrada Luna, El Kilo, fue detenido por la Secretaría de Marina el 16 de abril de 2011 en Ciudad Victoria, Tamaulipas, tras el hallazgo de fosas clandestinas en San Fernando. Vivió en Estados Unidos, donde supuestamente cometió diversos delitos, pues es muy violento.
Según el comunicado 130/2011 de la Secretaría de Marina, El Kilo, era el presunto jefe de Los Zetas en San Fernando, Tamaulipas y se le responsabilizó del asesinato de cientos de personas halladas en 47 fosas clandestinas.
Se le acusó del asesinato del fiscal del fuero común en San Fernando, Roberto Jaime Suárez Vázquez y de Juan Carlos Sánchez Suárez, Secretario de Seguridad, en ese municipio y la masacre de los 72 migrantes, pero sus colegas nunca pudieron probarlo en el juzgado.
También ofrecía el Gobierno Federal una recompensa de 15 millones de pesos por su captura, pero en Tamaulipas, junto con La Ardilla y El Wache, paseaban tranquilamente de día y de noche, cerraban bares, cantinas, centros nocturnos y los policías nunca aparecieron, ni el Ejército, ni la Marina.
La averiguación previa que se integró por su detención fue la AP/PGR/SIEDO/UEIS/234/2011, de la que es ajena a la sentencia que emitió el juez Faustino.
Así, solamente se le acusa de Homicidio y Privación ilegal de la libertad, actualmente se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social N. 5 en Villa Aldama, Veracruz.
Juvenal Bulciaga Venegas, es controvertida su historia. En 2012, en algún portal equis de internet, se publicó que lo mataron en San Fernando los integrantes del Cártel del Golfo, pero todo quedó en un rumor.
El 31 de enero de 2015 la Fiscalía General de la República ofreció una recompensa de hasta 8 millones de pesos por su captura y sigue vigente, pero según DOF: 31/01/2011. Está preso; sin embargo ¡nadie sabe dónde!, o tal vez ya se fugó y nadie se ha dado cuenta.
Para que se den cuenta de la protección de las autoridades federales y del fuero común, ni siquiera hay fotografías, solo ¡un retrato hablado! y ni imagen hay de los restantes 30 Zetas, actualmente prófugos.
A Juvenal se le acusa de Delincuencia organizada; Privación ilegal de la libertad en su modalidad de causar daño en agravio de 72 personas de origen centroamericano; Violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, por la portación de armas de fuego y posesión de cartucho, ambos de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea.
También se le acusa de Corrupción de personas menores de 18 años, Tentativa de homicidio con agravante de ventaja de Luis Fredi Lala Pomavilla (El acuatoriano) y homicidio calificado por 72 personas de origen centroamericano.
En el informe, se desconoce si está en prisión, pero ningún policía ni del fuero común, ni del federal, se ha dado a la tarea de investigar ese caso, mucho menos de reorganizar la historia de Los Zetas y mínimo conocer quiénes están en prisión del expediente.
En esa sentencia de 50 años de prisión van los llamados “perras flacas”, es decir acompañante, que también mataron a los migrantes o participaron directamente, escarbaron los pozos para sepultarlos siendo estos:
Luis Manuel Salazar Sánchez, El Gordo Flow; Sergio Córdova Martínez, El Diablo; a Samuel Moreno Saavedra, El Chiquilín; a Erick Rubén Zetina Hernández, El Guacho y a José Mauro Oñate Rodríguez, El Vegueta.
La misma pena la recibieron Johnny Torres Andrade, El Sombra; amigo del entonces alcalde Tomás Gloria, que le prestaba la maquinaria pesada que rentaba el Ayuntamiento de San Fernando, para trabajos de obra pública, pero que prestaron para hacer los pozos y enterrar a los migrantes.
Juan Pablo Cabrera Escalante, El Cacharpas; Víctor Cuitláhuac Montoya Torres, El Comandante Degollado y Élfego Cruz Martínez.
Debido a lo voluminoso del expediente, porque apilado mediría algunos 15 metros de altura, todavía sin contar con las demás carpetas, porque abrieron uno por cada delito y luego se arrepintió la Fiscalía, se anexaron a los ya existentes y se reabrieron otros.
Solo para darnos una idea, la Policía de San Fernando,entonces a cargo de TOMAS GLORIA REQUENA,toda colaboró con Los Zetas, es decir los 18 policías municipales y así la entonces PGR, tuvo que desclasificar el expediente, porque por años, estuvo cerrado para el público —lo escondían jurídicamente—.
Allí en el expediente se asienta oficialmente, que participaron en el secuestro de los 72 migrantes en 2010 y las desapariciones de decenas de personas cuyos cadáveres fueron encontrados en fosas clandestinas donde se encontraron hasta 193 cuerpos en 2011.
De acuerdo con la investigación de la PGR, los policías hicieron para Los Zetas labores de halconeo, intercepción de personas secuestradas y se los entregaron de la patrulla oficial de San Fernando a vehículos particulares.
Los elementos de la Policía Federal detuvieron y entregaron a la FGR a los policías preventivos: Oscar Jaramillo Sosa, Álvaro Alba Terrazas, Lázaro Flores Peñaloza, Martín García Badillo, Eleodoro Sánchez Robles, Rogelio de la Portilla Heredia.
Hasta la policía femenina, María Guadalupe Galván Hernández; Remigio Mireles Camarillo; Guadalupe Hernández Ibarra; Manuel Ávila Lugo; Elpidio Reyes Sáenz; José Luis Aguilar Vélez; Julio Guadalupe Jaramillo Vela; Mario Alberto Romero Hernández.
En la bola se fueron, Santos Maldonado Reyes, Gilberto Rivera Hernández, Beto, Jesús Ramos López y Joel Reséndiz Moreno que andaba prófugo.
La PGR por 12 años, reservó la información para mantenerla oculta; sin embargo, la organización estadounidense National Security Archive, se inconformó ante el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) que, tras una evaluación del caso, ordenó a la Procuraduría a hacer públicos los documentos, por eso se descubrió todo.
El documento entregado el 10 de diciembre de 2014 es una tarjeta informativa elaborada al interior de la entonces Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), sin fecha, que contiene un resumen de las primeras declaraciones de estos detenidos:
“Sé, que los policías y tránsitos de San Fernando ayudan a la organización de Los Zetas, porque en lugar de que cuando detienen a la gente, se la lleven al pentágono, es decir a la cárcel municipal, se los entregan a Los Zetas. El mero bueno es un policía viejito y otro que se llama Oscar Jaramillo, quienes reciben dinero de la organización para colaborar”, declaró el policía detenido en su momento, Álvaro Alba Terrazas, El Junior.
Hasta agosto de 2015, cinco años después de la masacre, el papel de Álvaro Alba, nunca ha sido aclarado ya que la PGR en un principio, se refería a él como integrante de Los Zetas y posteriormente como elemento de policía municipal.
En la tarjeta informativa no se les acusa a todos los policías municipales del homicidio de los 72 migrantes, sólo por los delitos de secuestro y delincuencia organizada en tanto, son señalados como culpables de homicidio de 193 migrantes encontrados en las fosas de 2011, pero ya todos están libres.
Los presidentes municipales de esos años, nunca asumieron ninguna responsabilidad, ni la FGR se las fincó, gobernaba el PRI, les permitió seguir una vida política activa y allí cavó su tumba el partido político.
Alejandro René Franklin Galindo fue alcalde de San Fernando por el PRI, hasta diciembre de 2010. Le tocó la masacre de los 72 migrantes y días después el asesinato de su jefe de la Policía, pero nada hizo.
Franklin Galindo hoy está dedicado a su actividad empresarial como propietario de Agrícola Fraga S.A. de C.V. y Granero Fraga de San Fernando SPR de RI, dedicados a la comercialización y traslado de granos, navega como un honorable empresario.
En 2016, formó parte del equipo de campaña del candidato del PRI a la gubernatura. Su hijo, Alejandro Franklin Melhem, fue nombrado representante del PRI en San Fernando por Édgar Melhem Salinas, actual presidente estatal del tricolor, diputado federal del distrito de San Fernando en los años de las masacres (2009-2012).
Tomás Gloria Requena fue presidente municipal de San Fernando de 2011 a 2013,fue diputado federal de mayoría relativa por el Partido Verde, al que se afilió en el 2020,ganando el distrito que abarca los municipios de Burgos, Cruillas, Gustavo Díaz Ordáz, Matamoros, Méndez, Reynosa, Río Bravo, San Fernando y Valle Hermoso,actualmente es Sub-Secretario General del Gobierno de MORENA de AMERICO VILLARREAL ANAYA.
En la investigación por las ejecuciones de San Fernando, Los Zetas lo señalaron de prestar los trascabos con que se escarbaron las fosas clandestinas y a los conductores de los autobuses foráneos que vivieron los secuestros de los migrantes en marzo de 2011.
Declararon los mafiosos ante la autoridad que los policías de San Fernando y Los Zetas trabajaban coordinados y en las patrullas municipales.
En su declaración ante la PGR, Tomás Gloria negó los secuestros, diciendo que el municipio no contaba con ese tipo de maquinaria, que él recién llegaba al cargo y heredó esos policías.
Tomás Goria, cínicamente confesó:
“Los policías municipales nada tuvierton que ver, ya que al ser liberados por el juez federal, quedaron exentos de todo cargo. Estos, fueron liberados y migraron a Estados Unidos”.
En la causa penal 18/2013, el Juez Faustino Gutiérrez que emitió la sentencia de 50 años y que fue apelada por la Fiscalía General de la República, porque considera que 100 mil, 100 años, es el escarmiento que necesitan los narcotráficantes, aunque hay un pero…
El Juez expone:
“Si en este momento hubiese un nuevo juez, sin experiencia, de acuerdo con la Nueva Reforma al Poder Judicial de la Federación, cambiaría como lo pide el Fiscal a 100 mil, 100 años de pena, entonces se caería todo el proceso, porque por lo inverosímil, por sí misma la sentencia se anularía y así Los Zetas saldrían en libertad”.
Mientras tanto allá en Ecuador, Fredi Lala Pomavilla, el sobreviviente de la segunda masacre, la ocurrida en abril de 2011 en San fernando dijo:
“El Gobierno me ha fallado, me ha engañado”.
Y es que los padres de Fredi vivían en Nueva Jersey, Estados Unidos de Norteamérica, a donde se dirigía cuando se topó con Los Zetas allá en San Fernando, Tamaulipas.
El gobierno ecuatoriano le ofreció a la familia Fredi gestionar el regreso a su país, bajo la custodia del programa para víctimas y testigos, incluyendo hacerse cargo de los gastos familiares, una vivienda, tratamiento psicológico y protección policíaca las 24 horas. Ellos aceptaron.
Funcionarios de la Fiscalía General de la República (FGR), argumentaron que Fredi y su familia, habían perdido los beneficios de la protección, por haber cometido delitos como escándalo público e ingesta de bebidas alcohólicas por parte del padre del sobreviviente, así, toda la familia fue excluida del programa de protección con lo que les fue retirada la custodia y los apoyos médico, psicológico y económico.
Su petición de asilo político a Estados Unidos o cualquier otro país, sigue sin prosperar, hasta el momento.
En 2010 quedó marcado como uno de los más violentos en la historia de nuestro país, especialmente en Tamaulipas: la separación de Los Zetas con el Cártel del Golfo y ambos grupos, necesitaban gente, por eso, supuestamente comenzaron a secuestrar a los migrantes, antes pedían rescate a Estados Unidos a sus familiares, pero ahora los reclutaban.
Un chofer, entre sollozos narró que en la terminal de San Fernando, había hombres armados con ametralladoras.
La relación entre el cuerpo de seguridad y vialidad del ayuntamiento de San Fernando y Los Zetas quedó al descubierto por las declaraciones de los conductores de autobuses foráneos que denunciaron el secuestro de los pasajeros:
“Al temer por mi vida obedezco… este sujeto (narco) ve el número económico del autobús 3550 y me dice: a ti te estábamos esperando, preguntándo que de dónde venía y le dije que de Uruapan, Michoacán, por lo que me pidió la lista de los pasajeros, la cual le entregué; en eso me pregunta que cuántos pasajeros traía y le dije que casi venía completa y me dijo que me fuera señalándome a la oficina o taquilla”.
El chofer narró el secuestro:
“Al voltear a ver el autobús, veo que están bajando al pasaje que traía, puras personas del sexo masculino, todos entre las edades de 25 a 35 años de edad y vi que en ese momento, bajaron alrededor de algunas 10 personas aproximadamente, por lo que abro la cajuela y nadie se regresó por su maleta.
El mismo chofer dijo sorprendido:
“Veo que un sujeto empieza hablar por radio de frecuencia, en eso salen dos camionetas de la calle que está en contra esquina del Oxxo, siendo dos camionetas Pick-up, como tipo RAM de color blancas, con logos de la policía municipal de Tamaulipas”.
Edgar Huerta Montiel, El Wache, fue presuntamente coordinador del secuestro y asesinato de 72 migrantes y de haber ultimado supuestamente a 10 centroamericanos, además de haber ordenado otro secuestro de al menos seis autobuses de pasajeros, la tortura, asesinato e inhumación de las víctimas en 47 fosas clandestinas.
Funcionarios de la Seguridad pública declararon de manera anónima que El Wache mencionó antes de declarar, que es posible que se hayan cometido al menos otros 600 crímenes, en los cuales las víctimas fueron sepultadas de manera clandestina.
Éste líder Zeta señaló, que usaban camionetas y una patrulla Pick Up de la policía de San Fernando, para llevarse a la gente que bajaban de los autobuses, que llegaban a la terminal:
“Se les formaba a un lado del autobús, se les ataba las manos con candados, que son unas tiras de plástico con sierra, luego se les subía a los vehículos mencionados y se les llevaba al monte”.
Si les parecían sospechosos los migrantes, por tener números celulares de Matamoros y Reynosa, donde estaba el grupo enemigo o sea el Cártel del Golfo, los asesinaban:
“Se mataron como de 20 a 30 pasajeros por viaje por lo que fueron como 180 muertos, los hacíamos pelear uno contra uno y el que ganaba se quedaba con nosotros, el que perdía lo matábamos. Si no querían pelear los matábamos”.
Como si contara una película, el Zeta continuó:
“Una vez muertos, se hacía un hoyo con una maquinaria de trascabo y enseguida se les enterraba, por lo cual, se les echaba cal para que no oliera, luego la tierra encima, el trascabo lo manejaba un ayudante de La Sombra, el trascabo se obtuvo en préstamo por parte de Tomás Gloria, el presidente municipal de San Fernando, este presidente prestaba el trascabo del Ayuntamiento, supongo que no sabía para qué era pero se lo prestaba a El Sombra (Johnny Torres):
“El presidente es muy amigo de Román Ricardo Palomo Rincones, El Coyote, el presidente Tomás, está puesto con nosotros y al decir puesto, quiero decir que no hace nada para impedir lo que hacemos (secuestrar y matar), que yo sepa no recibe dinero por parte de la organización, pero se hace de la vista gorda y nos dejaba operar”.
Doña Bertila Parada, sabe muy bien lo que es la tortura que sufrió Carlos Alberto Osorio en San Fernando, fue a partir de marzo de 2011, cuando habló con su hijo por última vez y así le dio su bendición: “Dios te ayude”.
Está destrozada doña Bertila sabiendo que Carlos, estuvo a muy cerca de su destino, la frontera con Estados Unidos de Norteamérica, pero el autobús en el que viajaba, fue interceptado por Los Zetas armados con ametralladoras, acompañados por policías de San Fernando fue obligado a bajar, como a otras personas.
A doña Bertila las lágrimas le resbalan por sus mejillas, sabe que a Carlos lo torturaron antes de asesinarlo, de lo golpes le tumbaron nueve dientes del frente y a tubazos le abrieron la cabeza, supo que su cuerpo delgado estaba amordazado, que fue enterrado en la tierra árida de San Fernando, donde estuvo por más de dos semanas.
Las autoridades de Tamaulipas, lo llevaron a la morgue de Matamoros, donde ni cabía y por falta de espacio fue apilado con otros cuerpos sin vida, al fin nadie del público vio, unos hasta estaban momificados, otros despedazados, atados de manos, de pies, sin ojos, con una mueca en su boca, una pesadilla viviente, que después de 14 años a ninguna autoridad le interesa, ni le importa.
Con información de: REVISTA VERTICAL/Oscar Treviño J.R
