El hackeo de los servidores de la Secretaría de la Defensa (Sedena) ha dejado al descubierto la estructura del aparato de inteligencia mexicano. Miles de correos electrónicos filtrados hace dos semanas por el grupo de piratas informáticos Guacamaya dibujan el funcionamiento de los seis centros de fusión de inteligencia del país, los cinco regionales y el central. Los cerfis y el cenfi, como se conocen en el medio, surten de información a las dependencias de seguridad en sus operaciones contra el crimen. La información divulgada permite entender su estructura, capacidades y el intercambio entre ellos.
En los correos, miles de oficios, tarjetas informativas, presentaciones de diapositivas y hojas de cálculo muestran el monitoreo de los cerfis a las comunicaciones de criminales y autoridades corruptas, además de situaciones de militares desaparecidos o casos de delitos perpetrados contra elementos de la dependencia. Integrados por agentes de todos los cuerpos de seguridad federales, caso del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) o la Fiscalía General de la República (FGR), además del Ejército y la Armada, los centros regionales de fusión de inteligencia comparten documentación entre ellos y alimentan con sus informes al centro nacional, con sede en Ciudad de México.
Muchos de los reportes señalan la posible colusión de grupos criminales con autoridades. De los más recientes, enviados en agosto de este año, al menos tres señalan a la Guardia Nacional, uno en San Luis Potosí, otro en Tamaulipas y uno más en Tabasco. En este último caso, por ejemplo, el reporte, elaborado por el cerfi sureste, retrata las andanzas de un grupo de ladrones de combustible. Y dice: “Cuenta con el apoyo de elementos de la Guardia Nacional, quienes posiblemente se ubican a inmediaciones de la caseta de cobro de Acayucan, Veracruz, donde les permiten el paso con las pipas”. Por dejarles pasar, los criminales les pagan 200.000 pesos, unos 10.000 dólares.
A cada centro regional le corresponde monitorear al crimen en un puñado de Estados. Así, por ejemplo, el cerfi centro, con sede en Iguala, Guerrero, se encarga, además de ese Estado, de Morelos, Querétaro, Puebla, Tlaxcala, Hidalgo y el Estado de México. En el conglomerado de correos filtrados son constantes las comunicaciones del cerfi centro sobre presuntos integrantes de grupos delictivos de la zona, principalmente La Familia Michoacana. Estos días, ese grupo criminal ha sido el centro de atención en el país porque uno de sus líderes, Jose Alfredo Hurtado, alias La Fresa, publicó un vídeo señalando que un grupo contrario, que mató a 20 personas en San Miguel Totolapan, Guerrero, en realidad lo estaba buscando a él.
El cerfi noreste, con sede en Apodaca, Nuevo León, monitorea ese Estado, además de Tamaulipas, Coahuila, San Luis Potosí y Durango. El cerfi noroeste, con sede en Mazatlán, Sinaloa, controla ese Estado, además de Chihuahua, Sonora y las dos Baja Californias. El cerfi occidente, con sede en Manzanillo, Colima, se encarga de Jalisco y Michoacán. Y el cerfi Sureste, con sede en Coatzacoalcos, Veracruz, controla Oaxaca y la península de Yucatán. En total, la Secretaría de la Defensa mantiene a 164 militares en estos centros, entre jefes, oficiales y elementos de tropa. En varios casos, son militares quienes dirigen los cerfis. El militar de mayor grado adscrito a los centros de fusión es un general, que labora en el cenfi de Ciudad de México.
Pese a su relevancia en el combate contra el crimen en México, hasta ahora se sabia poco de los centros de fusión de inteligencia. En una entrevista con EL PAÍS hace unos años, Guillermo Valdés, responsable del viejo CNI en el sexenio de Felipe Calderón (2006-2012), fechaba su nacimiento a finales de 2010, en plena guerra contra el narcotráfico. Valdés contaba que el Gobierno de Calderón decidió centrar sus esfuerzos en Los Zetas, grupo criminal que, a diferencia de la mayoría de sus competidores, basaba su economía en la extorsión, además del narcotráfico. El primer cerfi nació así en un punto clave en la geografía zeta, Nuevo León.
Imagen filtrada de los Centros Regionales de Fusión de Inteligencia.
“Por ejemplo, teníamos un mapa del organigrama de Los Zetas”, explicaba Valdés, “entonces decías, ‘sabemos quién es el comandante de la región de San Luis Potosí, pero nos faltan los jefes de plaza de estas cinco ciudades, pues hay que ir a averiguar, ¿no?’. Entonces, teníamos detenidos a estos tres fulanos que operaban ahí, los interrogabas y hacías una operación, digamos, en Fresnillo, Zacatecas. Llegabas a una casa, la tomabas, el ministerio público tenía que dar fe de todo lo que se hacía ahí. Se encontraba equipo de cómputo, se reproducían los discos duros para llevarse la información al centro de inteligencia, se procesaba y generabas una nueva operación para generar más información”.
Valdés insistía en que ese modelo de fusión de inteligencia, donde todas las dependencias volcaban sus datos en el centro, información que se cruzaba con el monitoreo de comunicaciones y datos que surgían de nuevos operativos, les permitió descabezar a Los Zetas en San Fernando, Tamaulipas. Un nombre maldito, San Fernando. En los años de Calderón, el municipio tamaulipeco quedó ligado para siempre a la brutalidad del narco y sus cómplices estatales. Los Zetas mataron allí a decenas de migrantes ante los ojos de la autoridad.
“Con toda la inteligencia que se tenía de Los Zetas de San Fernando, en tres semanas se detuvo al 99% de los operadores de ese crimen, a los que realizaron esa matanza”, decía, en referencia al asesinato de casi 200 migrantes en 2011 en el municipio, conocida como segunda matanza de San Fernando. “¿Por qué? Porque ya lo tenías mapeado perfectamente. Sabíamos que eran 11 estacas las que controlaban San Fernando”, añadía, en referencia a la unidad operativa del grupo criminal.
Los Zetas cayeron en San Fernando y en otras zonas del noreste, el centro y el sur de México, pero la violencia ha continuado. Los cerfis manejan esquemas, estructuras y monitorean comunicaciones. La cuestión es si sirve y cómo. No en vano, la desaparición de Los Zetas no ha mejorado la situación de inseguridad en el país.
El caso hidrocálido
Una investigación del cerfi occidente sobre una de las patas del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el caso hidrocálido, apunta precisamente a la utilidad de la información que generan, acumulan y comparten estos centros sobre los grupos criminales. El caso hidrocálido parte del seguimiento de un operador de tercer nivel de la organización y desemboca en uno de los mayores fiascos del Ejército este año, el intento fallido de detener al líder del Grupo Élite del CJNG, Ricardo Ramsés Ruiz, El Doble R, que acabó con Jalisco y Guanajuato incendiados por el crimen.
En enero de este año, el cerfi occidente empezó a indagar sobre un operador del grupo criminal en Aguascalientes, alias Chiquis. El centro de fusión dio con él cuando detuvo a su jefe, capturado entonces en un domicilio propiedad de Chiquis. Intervinieron el teléfono de Chiquis y poco después se dieron cuenta de que había empezado a trabajar con otro operador del CJNG, alias Locochón, tercero al mando del Grupo Élite. Chiquis, según el cerfi, era parte del círculo de confianza de Locochón.
Según el cerfi, que elaboró tres documentos de powerpoint sobre el caso, Locochón es, o era hasta hace un par de meses, el encargado del traslado de combustible robado del grupo en Guanajuato, Michoacán, Chiapas, Tabasco, Veracruz y Jalisco. Él y su jefe, El Chanwis, número dos del Grupo Élite “tienen al menos a 20 personas armadas en Ixtlahuacán, donde pasan la mayor parte del tiempo”, dicen los documentos, en referencia a un municipio del área metropolitana de Guadalajara. Fue allí, en Ixtlahuacán, donde el Ejército trató de detener infructuosamente a El Doble R el 9 de agosto.
Imagen filtrada por el grupo de piratas informáticos Guacamaya.
Los documentos recogen cantidad de mensajes intercambiados entre Chiquis y personajes del mundo del hampa, la mayoría de mayo y junio de 2022. Hay referencias al líder del CJNG, Nemesio Oceguera, alias Mencho, y sobre todo al Doble R. Hay varias conversaciones de Locochón con Chiquis, algunas interceptadas días antes del intento fallido de detener al Doble R. En los documentos aparecen identificadas viviendas y ranchos de Chiquis, Locochón y otros personajes de su círculo.
En un mensaje interceptado el mismo 9 de agosto, “Chiquis pregunta al Locochón que si sabe a qué hora se van a reunir los muchachos”. Ese día también, Chiquis le dice a otra persona del círculo del Locochón, que “el señor”, supuestamente El Doble R, le ha pedido que le lleve a dos cabecillas criminales de la región para hablar con ellos. No está claro a qué lugar se refieren, pero ese martes, 9 de agosto, el Ejército irrumpe en un rancho en Ixtlahuacán. El Gobierno explica al día siguiente que los militares sorprendieron a los narcos en una reunión en los límites de Ixtlahuacán y Cuquío. El presidente, Andrés Manuel López Obrador, dice que los militares llegaron porque había una reunión de dos bandas criminales.
Ese día también, el 10 de agosto, mensajes interceptados a otros personajes de los círculos de Chiquis y Locochón señalan “que el señor Doble R” ya se encontraba “lejos de la zona de peligro”. Uno de los personajes monitoreados dice que “quizás se resguardaron en El Pitayo, en la casa de Toño”, otro integrante del círculo de confianza de Locochón. Para entonces, criminales habían sembrado el caso en municipios de Jalisco y Guanajuato, quemando comercios y bloqueando carreteras.
Los powerpoints se intercambiaron por correo electrónico entre dos cerfi el 13 de agosto. No está claro si la información que contenían fue puesta en manos del grupo operativo que irrumpió en el rancho de Ixtlahuacan días antes. La duda apunta así a la utilidad de la información que recopilan los cerfi. El centro de fusión de inteligencia de Occidente tenía las coordenadas de varios ranchos de uno de los principales subordinados del Doble R, incluyendo el lugar donde presuntamente se escondió tras el intento de detención. Pero pasaron los días y el Doble R continuó su vida en libertad.
Más documentos
De cualquier manera, la generación de información de los cerfis es constante, también desde el punto de vista administrativo. Todos los días, los centros mandan al cenfi un parte de novedades en que indican las entradas y salidas de personal, las faltas, los correctivos disciplinarios o las bajas por enfermedad. Hay mucho intercambio de información sobre asuntos vacacionales y registros de vacunación contra la covid-19.
Otra parte importante de la información generada refiere a las líneas telefónicas intervenidas, hojas de cálculo con decenas de entradas sobre llamadas o mensajes enviados por un mismo número o numeros distintos. Sobre el mismo tema, otra tanda de correos refiere los “desistimientos”, es decir, las líneas telefónicas que ya no se siguen monitoreando.
También se generan cantidad de minutas sobre todo tipo de reuniones, muchas sobre juntas de directivos del mismo centro regional, otras con mandos de los batallones, zonas o regiones militares del lugar. Cada poco tiempo, los cerfis elaboran además documentos bajo el nombre “diagnóstico”, “blancos” y “propuestas de blancos”, “resultados” o “resúmenes” sobre la situación del crimen en una zona concreta.
Así, por ejemplo, está el “diagnóstico del Estado de Jalisco”, a julio de 2022, en que el cerfi Occidente señala la estructura del CJNG en el Estado, los “blancos de atención” y un listado de células vinculadas al grupo. O el “informe de juntas de coordinación efectuadas en 2020” en el ámbito del cerfi Centro. Ahí, el centro incorpora resúmenes de todas las reuniones de la dirección del cerfi con mandos de otras guarniciones militares, caso de la 24 Zona Militar, con sede en Cuernavaca, la 25, con sede en Puebla, la 35, de Chilpancingo, o el Mando Especial de Iguala, una especia de base de operaciones conjunta con otras corporaciones.
Cédulas operando para el Cártel Jalisco Nueva Generación.
Por último, los correos de los cerfis integran decenas de informes sobre casos o grupos concretos, como el caso hidrocálido. Algunos tienen que ver con redes de robo de combustible, como el caso Olmeca, en Tabasco, otros con personas, caso de un policia estatal de Jalisco, a quien le acusan de vender armas de uso exclusivo del Ejército.
Fuente.-
Pablo Ferri/Diario Español/
