Dos juicios contra abogados revelan una maquinación que sirvió para extorsionar a empresarios y lavar dinero producto de estafas a través de empresas fachada. Los juristas embaucaban a sus víctimas falsificando acusaciones penales y prometiéndoles que, con supuestas influencias dentro del gobierno federal y la FGR, podrían evadir la acción de la justicia. La investigación ministerial inició cuando el chofer de uno de ellos fue detenido con 3.9 millones de pesos en efectivo. El abogado y jefe de este último se decía titular de la Unidad de Análisis de Delitos Fiscales y Financieros. Los casos podrían alcanzar al exconsejero jurídico de la Presidencia.
Las causas penales 380/2020 y 64/2020 en contra de un grupo de abogados revelan una maquinación orquestada para extorsionar a empresarios y lavar dinero (producto de estafas) a través de empresas fachadas o fantasmas. Los juristas –algunos de ellos doctorados en derecho– embaucaban a sus víctimas falsificando acusaciones penales y prometiéndoles que, con supuestas influencias en la Consejería Jurídica de la Presidencia y en la Fiscalía General de la República, los podrían evadir de la acción de la justicia.
El hilo que condujo a las autoridades federales a descubrir esta confabulación fue la detención fortuita del chofer de uno de los abogados mientras circulaba por una carretera en el Estado de México, el 2 de octubre de 2019. Se trata de José Antonio Ramírez Beltrán, quien fue aprehendido en las inmediaciones del kilómetro 41+157 de la carretera 1740 México-Toluca, mientras conducía un automóvil en el que transportaba 3 millones 950 mil pesos en efectivo que, horas antes, le había entregado su jefe: el abogado José Óscar Valdez Ramírez.
El chofer declaró ante las autoridades que ese dinero no era suyo, sino propiedad de su jefe. Este último le había ordenado que lo llevara a su casa ubicada en la ciudad de Toluca. Tanto los casi 4 millones de pesos como el vehículo –ambos propiedad del abogado Valdez Ramírez– fueron asegurados, y el señor Ramírez Beltrán fue detenido y, con posterioridad, vinculado a proceso. En la causa penal 64/2020 también se incluyó a su jefe, quien ha sido pieza clave para revelar la maquinación de las presuntas extorsiones.
El doctor en derecho José Óscar Valdez Ramírez fue detenido el 1 de diciembre de 2020 por integrantes de la Policía Federal Ministerial, quien se decía titular de la Unidad de Análisis de Delitos Fiscales y Financieros de la Fiscalía General de la República (FGR) (la institución desmintió que esa persona fuera parte de su personal). Desde entonces, Valdez Ramírez se encuentra recluido en el penal de máxima seguridad del Altiplano.
La primera orden de aprehensión en su contra se había girado el 3 de marzo de ese mismo año, por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, en su modalidad de transporte de recursos dentro del territorio nacional, con conocimiento de que proceden o representan el producto de una actividad ilícita. La segunda, se libró el 30 de octubre de 2020 por los delitos de extorsión, usurpación de funciones, operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada. Su detención ocurrió el 1 de diciembre de ese año y cinco días después, el 6 de diciembre, se le vinculó a proceso por esos últimos cargos.
Adicionalmente, el 25 de enero de 2021, el juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio –en funciones de administrador del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, con residencia en Almoloya de Juárez, Altiplano– lo vinculó a proceso por transportar recursos de procedencia ilícita.
La historia del abogado José Óscar Valdez Ramírez no sólo es clave para conocer las entrañas de una organización formada por abogados para delinquir al presuntamente extorsionar a empresarios y lavar el dinero obtenido de esa forma; sino también para revelar posiblemente una alianza entre éstos y algunos servidores públicos que en ese momento estaban en activo tanto en el gobierno federal como en la FGR.
Y es que de acuerdo con la prensa nacional, el 5 de marzo de 2019, el doctor en derecho Valdez Ramírez fue contratado como asesor de la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República, entonces a cargo del abogado Julio Scherer Ibarra [Mundo Ejecutivo; Fernanda Familiar Soy]. Esto fue 7 meses antes de que su chofer fuera detenido en flagrancia portando casi 4 millones de pesos en efectivo.
La investigación de la FGR –que arrancó a raíz de la detención del chofer– reveló que este abogado constitucionalista se hacía pasar por funcionario de esa institución para, presuntamente, cometer los atracos. En sus redes sociales se autonombró de esa manera desde el 15 de septiembre de 2019, además de que ahí se promocionaba como colaborador de medios de comunicación, como Imagen Radio (en el espacio radiofónico de Fernanda Familiar) y articulista de El Heraldo.
Origen del dinero, una facturera
El pasado 5 de abril feneció el plazo de 30 días que dictó el juez de control para la ampliación de investigación complementaria contra el abogado y su chofer. Hasta entonces, José Óscar Valdez Ramírez no había ofrecido pruebas de descargo.
De acuerdo con el expediente judicial, el abogado sólo argumentó que el dinero era producto de unos cursos que su socio Omar Ulises Salgado Castro había impartido sobre el tema de combate al lavado de dinero y compliance. Según sus dichos, los pagos salieron de la empresa Contable y Legal Guzmán, SA de CV.
Al respecto, las investigaciones ministeriales que también obran en el expediente indican que se acreditó que dicha empresa no tiene domicilio y nunca ha operado fiscalmente. Por tanto, se le identifica como EFOS, empresa facturera de operaciones simuladas, también conocidas como empresas fachadas o fantasmas.
De acuerdo con el expediente, tanto el chofer como al abogado Valdez Ramírez, apodado el Sultán, están acusados del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita en su modalidad de transporte de recursos (moneda nacional) dentro del territorio nacional (artículo 400 párrafo primero, fracción uno, del Código Penal Federal).
Y se espera que sea el próximo 27 de abril cuando se presente la acusación formal en contra del doctor en derecho y se solicite la pena de 15 años de prisión.
La segunda causa penal
En la segunda causa penal (380/2020) ya se revela la trama de las extorsiones orquestada y operada por el grupo de abogados que encabezaría José Óscar Valdez Ramírez. Según las investigaciones de la FGR, la presunta organización criminal se divide en tres grupos con funciones específicas para operar distintas fases de los hechos delictivos de los que se les acusa.
Estas indagatorias ministeriales se derivan de las denuncias penales interpuestas por los empresarios Pedro Luis Morlet Sánchez y Jesús Hermess Ángel Bohórquez, y es por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, delincuencia organizada y usurpación de funciones.
De acuerdo con el expediente, el 5 de marzo de 2020 se inició la carpeta de investigación con motivo de la denuncia de Morlet Sánchez, por hechos constitutivos del delito de extorsión y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Según la denuncia, el abogado José Óscar Valdez Ramírez se escudaba en una supuesta amistad con el entonces consejero jurídico de la Presidencia de la República, Julio Scherer Ibarra, para extorsionar. Además, el doctor en derecho se presentó ante la víctima como titular de la Unidad de Análisis de Delitos Fiscales y Financieros de la FGR, lo que era falso.
En su narración de hechos, el denunciante aseguró que el abogado Valdez Ramírez le indicó que, por sus influencias, tenía la capacidad para resolver una carpeta de investigación en su contra, misma que a la postre resultó ser apócrifa. Para ello le exigió el pago de 15 millones de pesos.
La investigación de la FGR advirtió la existencia de una organización criminal operada por el doctor en derecho Valdez Ramírez, alias el Sultán, quien tendría funciones de director por lo menos a partir del 1 de octubre de 2019 al 4 de marzo de 2020 (periodo en el que se cometió la extorsión).
De acuerdo con el expediente, esta persona posee conocimientos especiales debido a que cuenta con maestría y doctorado en derecho; además, se atribuye ser experto fiscal en compliance (cumplimiento normativo) y en temas de prevención de lavado de dinero.
Acerca de la usurpación de funciones, se apunta que por medio de publicaciones y redes sociales, el abogado anunció su nombramiento como titular de la Unidad de Delitos Fiscales y Financieros de la Fiscalía General de la República, lo que era falso.
La autoridad ministerial acusa en sus alegatos que este abogado en realidad se dedica a extorsionar y defraudar a empresarios, y con ello obtiene recursos que por su naturaleza se vuelven ilícitos. Además de sus funciones directivas en la presunta organización criminal, a Valdez Ramírez se le atribuye que fue él quien diseñó –junto con las personas que integran su organización– una ruta para planificar, ordenar y supervisar los hechos cuya finalidad es la de operar con recursos de procedencia ilícita, provenientes de los delitos de extorsión y fraude.
Los tres grupos de la organización
La investigación de la FGR, cuyos argumentos obran en expedientes de los cuales Contralínea pudo obtener algunos datos, apunta a que esta presunta organización criminal de abogados se dividía en tres grupos que operaban diferentes hechos delictivos. El primero se encargaba de contactar a los empresarios que extorsionarían; el segundo, de dar apariencia lícita –con el uso de empresas fachada– a los recursos que obtenía; y el último grupo, de dar protección a la organización para poder cometer sus actividades ilícitas.
Del primer grupo se establece que está integrado por Miguel Ángel Pino Sánchez, Óscar Matus Meléndez y José y/o Josué Matus Meléndez, con funciones también de dirección. Estas personas, se señala en los argumentos de la Fiscalía, serían responsables de organizar y planificar la ejecución de uno o varios delitos, tales como la extorsión y el fraude.
Además se identifica a otro supuesto participante en esas mismas conductas: Mario Ochoa, quien es la persona encargada de contactar a los empresarios. Una vez contactadas las víctimas, éstas eran conducidas de manera directa por Miguel Ángel Pino Sánchez, Óscar Matus Meléndez y José y/o Josué Matus Meléndez, quienes estructuraban o aparentaban la existencia de una investigación por el delito de lavado de dinero en la Fiscalía General de la República. Éstas, se apunta, eran ficticias.
A las víctimas de la extorsión se les señalaba que si querían arreglar sus problemas legales, los abogados conocían a personas dentro de la Fiscalía que los podían ayudar, lo cual también resultaba falso, porque a la persona que se identificaba como quien les ayudaría era el abogado José Óscar Valdez Ramírez, quien se auto-atribuyó el cargo de titular de la Unidad de Delitos Fiscales y Financieros, sin serlo.
El expediente narra que una vez que enganchaban o se aprovechaban del error en el que se encontraban las víctimas, éstas se reunían con José Óscar Valdez Ramírez, Miguel Ángel Pino Sánchez, Óscar Matus Meléndez, y José o Josué Matus Meléndez. Entonces los empresarios eran extorsionados o defraudados.
Una vez cometidas las finalidades de sus actos delictivos, los abogados obtenían recursos que por su naturaleza son de procedencia ilícita, ya que provienen de los delitos de extorsión y fraude.
Respecto del segundo grupo, se indica que está integrado por Omar Ulises Salgado Castro, con funciones de supervisión. De esta persona se señala que, de sus propios dichos, se sabe que posee conocimientos especiales porque cuenta con licenciatura y maestría en derecho, además se auto reconoce como experto en materia fiscal, en compliance y en temas de prevención al delito de lavado de dinero. Además se establece que es el socio del abogado José Óscar Valdez Ramírez.
Derivado de su experticia, el maestro Salgado Castro se encargaría de dotar con una apariencia lícita a los recursos que la empresa criminal obtiene –y de la cual formaría parte–, para lo cual utilizaría a la persona moral Contable y Legal Guzmán, Sociedad Anónima de Capital Variable, empresa que por sus características es conocida como fachada o pantalla.
De acuerdo con la autoridad ministerial, para la realización de esa conducta operaría con Marco Antonio Segura Rodríguez, quien figura como apoderado legal de la empresa fachada; estas personas asumirían funciones distintas a la dirección de administración y supervisión dentro de la organización criminal. Y se apoyarían en José Antonio Ramírez Beltrán, quien tiene una estrecha relación laboral con Omar Ulises Salgado Castro y José Óscar Valdez Ramírez, pues es su chofer y se encargaba de transportar los recursos ilícitos, como quedó demostrado a partir de su arresto en flagrancia en la carretera México-Toluca.
Del tercer grupo, la autoridad ministerial señala que lo integrarían Roberto de Jesús Medina Cano, exservidor público de alto rango dentro de la entonces Procuraduría General de la República y con antecedentes en el servicio publico de la Procuración de Justicia en Tamaulipas,donde se habria desempeñado como Director de Averiguaciones Previas en 2007 y delegado de la PGJE en Matamoros en 2005.
Miguel Sánchez Cortez fue director de área en la Unidad Especializada de Investigación de Delitos contra el Ambiente y Previstos en las Leyes Especiales, y el segundo, como director de área de la Unidad Especializada de Delitos de Comercio de Narcóticos al Consumo Final, ambos de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales.
De éstos se apunta que dentro de la empresa criminal tendrían funciones de supervisión. Además se añade que poseen conocimiento especializado en áreas de la lucha contra la delincuencia y persecución de delitos del orden federal; sin embargo, asumirían la función de garantizar la protección de la organización criminal, para impedir que las autoridades encargadas de la seguridad pública no actuaran con la prevención de delitos y la procuración de justicia, y no intervinieran en la investigación y persecución de los delitos.
Liderazgo y puestos clave en la organización
Al investigar esta maquinación, las autoridades ministeriales encontraron que al frente de la empresa criminal estaría el excolaborador de la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República, José Óscar Valdez Ramírez. A éste se le ubica como quien tenía la función de director máximo dentro de la organización y quien se encargó de dirigir a los tres grupos.
Según las indagatorias, el doctor en derecho se presentaba como titular de la Unidad de Fiscales y Financieros de la FGR, y les hacía saber a sus víctimas que tenían diversas investigaciones por el delito de lavado de dinero y que podría ayudarlos a que se resolviera el no ejercicio de la acción penal, a cambio de una suma alta de dinero.
En el caso de José Óscar Valdez Ramírez, el 30 de octubre de 2020 se libró la segunda orden de aprehensión en su contra, esa vez por esta relación delictual, y por los delitos de extorsión, usurpación de funciones, operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada.
Ese mismo día se emitieron órdenes de aprehensión también contra sus coacusados:
-Miguel Ángel Pino Sánchez: delitos de extorsión, operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada. Fue detenido el 1 de diciembre de 2020 y vinculado a proceso.
-Óscar Matus Meléndez: extorsión, operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada.
José y/o Josué Matus Meléndez: extorsión, operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada.
-Omar Ulises Salgado Castro, Miguel Sánchez Cortez, Roberto de Jesús Medina Cano, José Antonio Ramírez Beltrán y Marco Antonio Segura Rodríguez: delincuencia organizada.
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