Apenas el 1 de septiembre rindieron protesta, es decir, llevan poco más de dos meses en el cargo, pero al menos 12 diputados federales tienen en la mira hacerse de otro puesto: buscan chapulinear una de las seis gubernaturas que se disputarán en 2022, e incluso las que se juegan hasta 2024.
Este grupo de integrantes de la Cámara de Diputados ya manifestaron abiertamente su intención de competir. El viernes pasado, seis morenistas ofrecieron conferencias de prensa para destaparse como candidatos.
Irma Juan Carlos y Rosalinda Domínguez, además de Daniel Gutiérrez y Benjamín Robles, informaron que ya se apuntaron como precandidatos a la gubernatura de Oaxaca en el proceso que la dirigencia nacional del guinda lanzó el 8 de noviembre.
“Saben que hemos combatido a la corrupción y he recorrido los 570 municipios de Oaxaca. Unamos esfuerzos y logremos el cambio. Somos 100% obradoristas y queremos ese proyecto en Oaxaca”, dijo Robles Montoya.
“El próximo gobernador o gobernadora de Oaxaca tiene que ser un estadista que conozca y que ame a su tierra, es el tiempo de los jóvenes, tenemos que construir un estado de paz y tranquilidad, pero, sobre todo, con el compromiso de que llegue por fin la Cuarta Transformaciónde Benito Juárez y de Porfirio Díaz”, aseveró Daniel Gutiérrez.
“Estoy preocupada de ver cómo pasan administraciones que van y vienen, y todas tienen como elementos en común la permanencia de los mismos protagonistas, familias generalmente foráneas, ajenas a cualquier rasgo de identidad que nos caracteriza a las mujeres y a los hombres de Oaxaca, quienes repiten la lógica del saqueo y opresión a los más débiles. Es tiempo de la mujer indígena en Oaxaca”, subrayó en su destape Irma Juan Carlos, quien también es presidenta de la Comisión de Pueblos Indígenas.
Por su parte, Simey Olvera, también de Morena, se candidateó para gobernar el estado de Hidalgo. Lo hizo acompañada de un grupo de diputadas que la vitorearon al grito de “¡gobernadooora gobernadoooora!”.
En tanto, Salma Luévano hizo lo propio, al anunciar que busca la candidatura para gobernar Aguascalientes en 2022.
“Me he registrado para contender por la gubernatura de Aguascalientes como la primera mujer transgénero aspirante a este cargo en la historia de mi identidad, es tiempo de nosotres”, sostuvo en conferencia la diputada Luévano.
También el diputado Erasmo González, presidente de la Comisión de Presupuesto, va por la gubernatura de Tamaulipas, mientras que Cuauhtémoc Ochoa, quien dejó la bancada del PVEM y se pasó a Morena, busca gobernar a Hidalgo.
El registro para los aspirantes de Morena a las gubernaturas de Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas se abrió el pasado lunes y concluyó este viernes. Habrá un proceso de encuestas y serán cuatro los perfiles que pasarán a una segunda ronda.
De Morena incluso hay quienes ya se candidatearon para 2024, tal es el caso del diputado Antonio Pérez Garibay, padre del piloto de la Fórmula 1, Sergio Checo Pérez, quien va por la gubernatura de Jalisco.
“Antonio Pérez Garibay jamás ha pensado en un segundo lugar; el segundo lugar es el primer perdedor. Sé lo que estoy haciendo y sé lo que estoy trabajando. Yo te aseguro que voy a ser el próximo gobernador de Jalisco, grábalo bien”, enfatizó el legislador.
En el interior de la Cámara de Diputados destacan legisladores de otros partidos quienes también buscarán una gubernatura en 2022, de acuerdo con fuentes de EL UNIVERSAL.
La panista María Teresa Jiménez Esquivel buscará la gubernatura de Aguascalientes; Héctor Chávez, del PRD, es precandidato a la gubernatura de Hidalgo, y mientras que Martín Vivanco, diputado suplente de Jorge Álvarez Máynez, va por la gubernatura de Durango.
El voto veracruzano emitido en la elección legislativa de 2018 ha sido burlado. La senadora panista Indira Rosales San Román solicitó licencia este jueves 11 de noviembre, pero su suplente, Fabiola Vázquez Saut, se incorporó de inmediato a la bancada de Morena.
Rosales se separó del cargo para integrarse a la fórmula de Tito Delfín Cano, en la contienda interna por la dirigencia estatal del PAN en el estado de Veracruz; pero prometió volver a su cargo legislativo para diciembre, cuando concluya el proceso de renovación de dirigencia en aquella entidad.
No obstante, la maniobra agitó las aguas blanquiazules de inmediato. Hasta la diputada Margarita Zavala Gómez del Campo, esposa del expresidente Felipe Calderón, salió a condenar la solicitud de licencia de la senadora, y a pedir al Comité Nacional panista que exija a Rosales “cumplir con los electores”.
Pero los blanquiazules dirán cuanto quieran y gusten, pero el perfil de Fabiola Vázquez Saut casa a la perfección con la “república caciquil” que se ha ido confeccionando desde la madriguera del poder.
Fabiola Vázquez es hija del temido cacique regional Cirilo Vázquez Lagunes, un personaje implicado por versiones periodísticas de varias décadas con grupos criminales y homicidios, al igual que su tío, el exgobernador (1980-86) Agustín Acosta Lagunes.
Además, la currícula de Vázquez Saut lleva la impronta de haber servido con entrega al gobierno del priísta Javier Duarte de Ochoa en Veracruz (2010-16), donde fungió como subsecretaria de Desarrollo Rural y Agronegocios.
LA SAVIA DE LA RAÍZ
Cuando gobernaba su tío Agustín en el estado de Veracruz, Cirilo Vázquez Lagunes había reunido ya, a sus 34 años, una fortuna de 35 millones de pesos, según estimaciones de su abogado, Sergio Vaca Betancourt.
Era terrateniente y ganadero y se le conocía como “El cacique del Sur”. Había forjado su capital a partir de las relaciones de su tío. Mantenía control sobre los campesinos del sur veracruzano desde los ochenta en por lo menos 12 municipios, señaladamente en Acayucan, San Juan Evangelista, Las Choapas, Hidalgotitlán y Cosoleacaque, donde también tenía fama de auxiliar económicamente a campesinos pobres.
Decidía sobre candidatos priístas a alcaldes y diputados. Poseyó ranchos en Veracruz y Puebla.
Rafael Lagunes Fuentes, quien fue su pistolero, confesó al menos cinco asesinatos perpetrados en la década de los ochenta supuestamente por órdenes de Vázquez Lagunes, por lo que éste fue detenido y encarcelado en 2003. De hecho estuvo tres ocasiones en prisión por acusaciones de homicidio.
Desde prisión seguía tomando decisiones políticas en la región. A Vázquez Lagunes se le llegó a implicar, incluso, con la ejecución de Alejandro Ortiz Martínez, hermano de Guillermo Ortiz, gobernador del Banco de México, en 1997.
Cirilo Vázquez Lagunes fue asesinado al salir del estadio de Acayucan, en noviembre de 2006, al igual que el suegro de Fabiola, Armando Valencia. En mayo anterior había sido ejecutado Ponciano Vázquez Lagunes, ganadero, tío de Fabiola. La familia aseguró que había sido víctima de un secuestro.
Un comunicado del EPR, del 17 de abril de 1997, señalaba el asesinato del “Cacique del Sur” como un hecho vinculado al narcotráfico.
LA HERENCIA
Cirilo Vázquez Lagunes tuvo varios hijos. De ellos, sólo tres le salieron políticos: Regina y Fabiola Vázquez Saut, y el medio hermano de estas, Cirilo Vázquez Parissi.
Fueron los herederos del emporio ganadero y político de su padre. Regina Vázquez Saut fue diputada por el PAN (2003-06), donde se opuso al desafuero del jefe de gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, luego de que su padre anunciara que se proponía coordinar la campaña presidencial del tabasqueño en Veracruz.
Su otra hija, Fabiola, la actual senadora morenista, asumió la alcaldía de Acayucan por el PAN (2005-2007). En 2008, su hermana Regina heredó la presidencia municipal, aunque postulada de manera independiente.
Fabiola se fue entonces de diputada federal (2009), esta vez por el PRI. En 2010, regresó a Acayucan para gobernar una vez más el municipio y, en 2013, cuando terminó su periodo, se integró al gobierno del priísta Javier Duarte.
En 2017, el PRI la hizo diputada a la Legislatura veracruzana, en la que fue integrante de la Mesa Directiva de esa asamblea. En noviembre de ese año, su colaborador en el Congreso, Ángel Viveros López, fue asesinado a tiros en su auto, en las calles de Xalapa.
En 2018, Fabiola apareció como candidata suplente al Senado, por el PAN. Ahora es la nueva estrella morenista en la Cámara alta.
Con la ausencia de Martín Orozco, de Aguascalientes, este lunes se reunieron el dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, y los gobernadores blanquiazules de Yucatán, Guanajuato, Quintana Roo, Tamaulipas, Chihuahua, Durango y Querétaro.
Mauricio Vila, Mandatario de Yucatán, fue el anfitrión del evento privado que se realizó en la Hacienda de San Antonio Hool, en Mérida, con sus homólogos Diego Sinhue Rodríguez, de Guanajuato; Francisco García, de Tamaulipas; María Eugenia Campos, de Chihuahua; José Rosas, de Durango, y Mauricio Kuri, de Querétaro.
Asimismo, en una fotografía compartida por el líder nacional del PAN también apareció la diputada federal, Cecilia Patrón Laviada.
Cortés afirmó que se platicó sobre los retos que vienen, sin especificar si son electorales u de otra índole.
"Me reuní con la y los gobernadores panistas, platicamos sobre los retos que vienen y me da gusto saber que vamos #UnidosyFuertes a enfrentarlos", expuso en redes sociales.
"No hay duda, somos la verdadera opción para corregir el rumbo del País, porque los mejores Gobiernos son de @AcciónNacional".
La Asociación de Gobernadores de Acción Nacional (Goan) anunció que, como ésta, todas las próximas reuniones serán con la presencia de Cortés y de Patrón Laviada, ésta última en calidad de secretaria general partidista.
"El presidente y la secretaria general asistirán a todas las reuniones de @GOAN_MX para tener una plena coordinación y reiterar a la nación que juntos, #SíHayDeOtra", se afirmó.
Previo a la reunión nocturna, Cortés también se reunió con Alcaldesas y Alcaldes emanados del partido para enfocarse en las próximas elecciones.
"Queremos que siga gobernando el PAN en sus municipios y que lo hagan bien. Como equipo. Si algo nos ha funcionado y ha dado resultados es que se trabaje en equipo y que se haga de manera eficiente", aseguró.
Contrario a la unión con estos Mandatarios, Cortés ha mostrado sus diferencias públicas con el Mandatario Martín Orozco Sandoval, quien lo ha tachado de soberbio y provocar la división del partido.
Asimismo, el ex Gobernador de Querétaro Francisco Domínguez ha mostrado públicamente su rechazo a la forma en que la actual dirigencia ha conducido al partido.
Rosalinda González Valencia, esposa de Nemesio Oseguera, "El Mencho", líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue detenida ayer por militares en Zapopan, Jalisco, informó la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
La mujer cuenta con una orden de aprehensión y está señalada por diversos delitos y se le relaciona de manera directa con la operación financiera ilícita del CJNG.
"Mediante la planeación y puesta en marcha de manera coordinada de actividades de inteligencia en el Municipio de Zapopan, Jalisco, elementos del Ejército Mexicano lograron la ubicación, identificación y detención de Rosalinda 'N', lo que se considera un golpe significativo para la estructura financiera de la delincuencia organizada en el estado de Jalisco", presumió la Sedena en un comunicado.
La detenida fue puesta a disposición otra vez de las autoridades judiciales competentes en el Centro Federal de Readaptación Social No. 16 "CPS Femenil Morelos" en Coatlán del Río, Morelos.
La acción del Ejército se llevó a cabo en colaboración con la Fiscalía General de la República (FGR) y coordinación con el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), indicó.
En septiembre de 2018, Rosalinda González Valencia obtuvo su libertad del Penal Federal Femenil de Morelos donde se encontraba recluida tras cubrir una fianza que rondó los 1.5 millones de pesos.
La mujer fue detenida en Zapopan el 26 de mayo acusada de delincuencia organizada.
El pasado 3 de junio se publicó que un juez federal vinculó a proceso a la esposa de "El Mencho" por estar relacionada con una red de 73 empresas y personas físicas que habrían blanqueado mil 100 millones de pesos entre 2015 y 2016.
Sin embargo, el juzgador concluyó que no había datos de prueba suficiente para procesar a la imputada por el delito de delincuencia organizada y que sólo existían datos de prueba mínimos para procesarla por la acusación de lavado.
El senador de Morena, Julio Menchaca Salazar, reconoció que utilizó un avión privado para asistir a la toma de protesta de Rubén Rocha Moya, Gobernador de Sinaloa, el pasado 30 de octubre.
Contrario a la política de austeridad que pregona el Presidente Andrés Manuel López Obrador, el aspirante a la Gubernatura de Hidalgo aseguró que no es un pecado trasladarse en vuelos privados.
"No hay que satanizar porque hay taxis aéreos. Alguien podrá tener la disposición presupuestaria de comprarse una Suburban, a alguien le podrá alcanzar para un Volkswagen y es muy sus recursos, que los utilice en lo que crea conveniente. Hay servicio de taxis aéreos y no es un pecado", indicó.
En una reunión con morenistas, ante el cuestionamiento de uno de los asistentes, el senador reconoció que sí había viajado a Sinaloa en una aeronave privada.
"Son empresarios progresistas que apoyaron al Presidente Andrés Manuel López Obrador, son personas que tienen un patrimonio formado con su trabajo, con su esfuerzo.
"En el caso de la toma de protesta del Gobernador de Sinaloa, coincidió que un grupo de amigos, invitados por él a su toma de protesta, salieron de Pachuca, y efectivamente me dieron un ride, no hay que satanizar", dijo.
Malo, argumentó, es que se usen recursos públicos o se desvíe dinero para hacer cosas que no corresponden.
"Pero cuando corresponden al patrimonio personal, es muy respetable quien quiera hacer uso que disponga para su beneficio personal o familiar", insistió.
Desafortunadamente, argumentó, al ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, a quien calificó como un funcionario extraordinario, le tocó vivir un escándalo porque una persona que viajaba en un avión privado hizo algo inadecuado.
Menchaca, quien se inscribió en el proceso interno para contender por la candidatura a gubernatura de Hidalgo, aseguró que él ha tenido una trayectoria de 25 años como servidor público impecable.
Por ello, justificó, a veces se quiere criticar, pero él jamás ha tenido un señalamiento de corrupción.
El pasado 6 de noviembre, la secretaria de Turismo del Gobierno de la Ciudad de México, Paola Félix Díaz, renunció a su cargo tras darse a conocer que viajó en un avión privado a la boda de Santiago Nieto y Carla Humphrey en Guatemala.
Al respecto, el Presidente López Obrador y la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, aseguraron que en el Gobierno de la 4T ningún funcionario puede usar aviones privados.
"Eso se acabó en el Gobierno de la Ciudad, nada de usar aviones privados, aquí somos ciudadanos gobernando ciudadanos y nuestro objetivo, y por eso llegamos al Gobierno, es que como ciudadanos actuemos como tal", expresó Sheinbaum.
Desde que la Federación anunció la nueva estrategia de seguridad para Michoacán, el grado de violencia ha aumentado. Masacres, ataques a pobladores, a policías, a militares, a viviendas, a establecimientos y multihomicidios han sido la constante en los municipios de la entidad.
El 9 de octubre, el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó en Morelia el Plan de Apoyo para Michoacán, que considera la presencia de más de 17 mil efectivos, entre militares, Guardia Nacional y policía, precisó el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, a los que se sumarán 400 infantes de marina entre noviembre y febrero, según el secretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán.
“Vamos a garantizar la paz y la tranquilidad en Michoacán, sobre todo con los programas de Bienestar, porque la paz y la tranquilidad son frutos de la justicia”, prometió López Obrador al presentar la estrategia.
El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla informó que su plan de seguridad estaría alineado con el del gobierno federal.
La violencia no cede
Del 9 de octubre al 9 de noviembre de este año, 272 personas fueron asesinadas en Michoacán. En ese mismo periodo, pero de 2020, se registró un número similar de víctimas de homicidio: 271.
El mismo día en el que el gobierno federal presentó el programa Plan de Apoyo para Michoacán fueron hallados los cuerpos de tres hombres asesinados a tiros y abandonados en la colonia Lomas del Durazno. Prácticamente todos los días se registran homicidios dolosos o enfrentamientos en los que participan células del crimen organizado.
Dos días después se reportaron enfrentamientos entre grupos antagónicos del crimen organizado, en el municipio de Uruapan, con un saldo de un civil muerto y varios heridos.
El 12 de octubre, una serie de videos revelaron los momentos en los que dos grupos armados se enfrentaron a tiros en Tacátzcuaro, municipio de Tingüindín.
Otras grabaciones daban cuenta del ataque a civiles armados y policías municipales en Lombardía, cabecera municipal de Gabriel Zamora.
Un día después, en menos de 10 horas, la ola de violencia había sumado nueve asesinatos y cuatro personas lesionadas en distintos puntos de la entidad.
El 14 de octubre, una emboscada contra elementos de la policía de Zamora dejó un comandante y un elemento muertos, además de otro lesionado. Días después, dos oficiales más de la misma localidad fueron heridos en otro ataque.
El 16 de octubre, Mario Ángel Anaya, jefe de tenencia de la comunidad indígena de Capacuaro, municipio de Uruapan, fue asesinado a tiros.
La madrugada del 18 de octubre, un grupo armado perpetró un ataque en el bar Cantina 25, de Morelia, con un saldo de seis muertos y dos lesionados.
En lo que fue la matanza más sangrienta del mes, el 2 de noviembre, un grupo del crimen organizado torturó y asesinó a 11 habitantes de Tarecuato, municipio de Tangamandapio.
El 6 de noviembre, los cuerpos de siete personas fueron abandonados dentro de un taxi en el municipio de Ciudad Hidalgo.
Finalmente, el 8 y 9 de noviembre, grupos armados al servicio del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) atacaron con fusiles de asalto y drones cargados con explosivos la localidad de Villa Victoria, cabecera municipal de Chinicuila, así como Taixtán, municipio de Tepalcatepec, respectivamente.
El saldo fue de seis militares lesionados por el ataque directo en Taixtán, así como daños en viviendas, comercios y vehículos, en Villa Victoria.
Los cárteles pasan la factura
Para el especialista y consultor en seguridad nacional David Saucedo Torres, son varios los elementos que hoy tienen a Michoacán en esta situación.
Dijo que los distintos cárteles de la droga que se disputan el estado son los mismos que participaron activamente en el proceso electoral pasado y financiaron campañas de candidatos a alcaldes y la gubernatura, por lo que hoy cobran la factura.
“El cambio del partido en el poder también indujo un cambio del cártel dominante en varias alcaldías. Esto, a su vez, provocó ‘limpias’ y reemplazo de células de narcomenudeo, halcones y sicarios, etcétera”.
Saucedo Torres también consideró que hasta el momento la estrategia de contención de la violencia producida por los cárteles de la droga sigue en manos de la Guardia Nacional y la Sedena, mientras que las fuerzas estatales están en la retaguardia.
Criticó que no haya un planteamiento del gobierno estatal para mitigar la violencia.
Señaló que el actual gobierno estatal tiene un papel de subordinación frente a los contingentes federales y no está en la primera línea de combate.
El especialista expuso que el conflicto en Michoacán es de carácter regional. Explicó que el CJNG tiene sus líneas de abastecimiento (hombres, armas, vehículos) en Jalisco, mientras que Cárteles Unidos tienen un pie en municipios del sur de Guanajuato, donde cuentan con zonas de abastecimiento “y donde curan sus heridas”.
Reprochó que Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, y Diego Sinhue Rodríguez, de Guanajuato, tengan diferencias importantes en materia de seguridad con el gobierno federal, lo que refleja la falta de una estrategia regional y la nula cooperación de las corporaciones de seguridad.
“Se encuentran inmersos en problemas domésticos que le impiden enfrentar a los cárteles que operan en sus respectivos estados y que participan en la guerra de cárteles en Michoacán”, agregó Saucedo Torres.
Cooperación estatal
El recién llegado secretario de Seguridad Pública de Michoacán, José Alfredo Ortega Reyes, habló para EL UNIVERSAL sobre su estrategia de seguridad.
“Sin pretender establecer alguna responsabilidad, es un hecho que en otras administraciones hubo poca actuación que ha propiciado este crecimiento de los índices delictivos”, indicó.
Expuso que lo ocurrido en las últimas semanas son hechos relacionados directamente con la violencia entre cárteles, delitos directamente del orden federal.
“En ese contexto, estamos interactuando con las fuerzas federales, recorriendo todos los espacios que son los más sensibles en este tema y con ello tratamos de aminorar este delito”, señaló.
Explicó que de los 113 municipios del estado 45% colindan con los de otras entidades y eso hace que esas fronteras sean un punto actor de dinamización de la violencia.
Por ejemplo, mencionó: “Hoy lo tenemos en Zitácuaro, Zamora y Uruapan, [donde] creo que son los puntos más complicados en cuanto a la violencia”.
Consideró que uno de los retos de la presente administración es restablecer la paz en Michoacán. Reiteró la importancia de una estrategia que implica reforzar la presencia de los elementos de la policía estatal en las 10 regiones de la entidad para recuperar los espacios públicos y la confianza de la ciudadanía.
“Este despliegue nos permite tener una presencia continua. Obviamente tenemos que pensar en crecer más, en desarrollarnos más y tener mayor tecnología, no solamente armamento, para que nos permita ser más eficientes”, subrayó el funcionario.
“Yo quiero estar convencido de que tenemos los recursos materiales y humanos, así que va a ser nuestra capacidad y la voluntad —que las tengo—, de recuperar esta paz”, añadió.
Santiago Nieto Castillo, de 48 años de edad, fue destituido de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) luego de difundirse detalles de su boda en Antigua, Guatemala, calificados como "extravagancias" por quien ordenó su cese, el Presidente Andrés Manuel López Obrador.
En su lugar llegó Pablo Gómez Álvarez, de 75 años de edad, un dirigente político histórico de la izquierda partidista.
-Pablo Gómez: ¿tienes planes de boda?
El nuevo titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), responde con sorna: "de momento no, digamos. Puede ser que dentro de 25 años lo piense".
-¿Y no harías un festejo extravagante? --se le sigue el juego, pero Gómez Álvarez ahora sí habla en serio.
"Este País está cambiando. Pero unos se resisten, combaten el cambio, se entiende; otros, no quieren entender, porque no creen mucho en qué tanto está cambiando México. Entonces, parece que las dinámicas de antes han de ser las mismas. Creo que están equivocados".
Líder del movimiento estudiantil en 1968, dirigente de dos partidos de la izquierda (PSUM y PRD), tres veces diputado, una senador y otra asambleísta capitalino, Pablo Gómez Álvarez llega a la UIF tras el escándalo de la boda de Santiago Nieto y de los 35 mil dólares encontrados en el avión privado de uno de los invitados.
La boda fue el colofón. Santiago Nieto Castillo, un joven abogado queretano, que se ostentaba como el zar anticorrupción de la 4T, cayó en desgracia política en medio de turbulencias.
Estaba confrontado con el titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz, y llevó esa tensión al límite; quiso ser candidato a Gobernador por Morena en su natal Querétaro y, al final, desistió del intento. Sostenía frecuentes encuentros con actores políticos para hablar más allá del tema del lavado de dinero o delitos financieros. Y no ocultaba el incremento de su patrimonio.
Nieto habló, antes de casarse, de haber adquirido una casa de 24 millones de pesos, que no sé cuántos funcionarios del Gobierno actual pueden adquirir. ¿Se va a investigar a Santiago Nieto? ¿Se va a investigar su posible fortuna personal?
Si la Unidad de Inteligencia Financiera tiene conocimiento de movimientos irregulares fuera de lo normal, que inmediatamente en nuestro sistema los captura, los capta y los reporta, iniciaríamos un procedimiento. Para él y para cualquier otro. No sólo porque él es él, es una persona.
Ahora, si el Fiscal General de la República tiene elementos y le pide ayuda a la UIF, está obligada a concurrir para aportar los elementos que el Ministerio Público requiera y esa es su obligación, no porque se trate de ese o del otro, sino porque tenemos que hacerlo.
Si el Procurador Fiscal de la Federación, que pertenece a la misma estructura de la Secretaría de Hacienda, donde está inscrita la UIF, requiere colaboración para ver algún asunto relacionado con recursos no declarados al fisco, con muchísimo gusto en este caso y en cualquier otro, porque no hay patentes de impunidad. Ya no existe eso. No puede ser. Eso ya se tiene que acabar.
La existencia del Estado corrupto es la tesis de Gómez. Su fundamento para operar en la UIF.
¿Seguimos hoy, insertos en la Cuarta Transformación, en un Estado corrupto?
Aunque el Gobierno no sea corrupto, el Estado mexicano sigue siendo en gran medida corrupto, porque el Estado corrupto es una forma de gobernar que se ensancha a cada momento, porque necesita incorporar a más y más y más instituciones, personas, clases, medios de comunicación, etcétera. Todo el tiempo tiene que estar incorporándolo para poder funcionar como tal.
En el momento de la ruptura, en 2018, lo que nos encontramos como una gran madeja. El Estado corrupto es una gran madeja, no es un acontecimiento aquí y allá, como en cualquier otro país, que la corrupción es endémica, va y viene . No, no, aquí es un sistema.
Por primera vez en la historia, en una elección como la de este año, el Gobierno federal no compró votos o dio dinero para comprar votos. Nunca había ocurrido, nadie dio cuenta, nadie lo aplaudió, lo vieron como algo normal. Sin embargo, es un golpe fuerte al Estado corrupto, pero no es suficiente.
¿Qué otras cosas se han desmantelado?
Por ejemplo, el día que llegamos a la Cámara de Diputados, hace tres años y pico, se acabaron los moches. Llamamos a todos los partidos y le dijimos a sus coordinadores: 'el sistema de encapsulamiento de fondos, de etiquetamientos se acabó'. Iban y cobraban el moche o canalizaban al constructor, al contratista que iba a hacer la obra, así operaban los moches. Estamos hablando de 50 mil millones de pesos de un solo golpe.
Después vino el asunto de los sueldos. Cada servidor público se ponía, los jefes se ponían el sueldo que querían. Como lo sigue haciendo Lorenzo Córdova en el INE, se ponen el sueldo que quieren. Ganan más que el Presidente 300 personas y la Constitución dice que está prohibido.
También los Ministros de la Corte, los Magistrados del Tribunal Electoral...
Claro, por eso digo que no hemos resuelto el problema, todavía hay remanentes, no pocos. Pero ¿quién gana más que el Presidente en el Gobierno federal? ¿en los organismos directamente controlados? Nadie. Está vigente la Ley de Remuneraciones. ¿Cuántos años tenía congelada? Seis, siete. Fue la primera ley que votó el Congreso en la nueva Legislatura en 2018, y no querían que se aprobara.
Empezaron a utilizarse las instituciones, como la Procuraduría Fiscal, para perseguir a los evasores fiscales; prohibimos la condonación fiscal, se modificó la Constitución para eso. Tenemos que seguir y ya vamos a llegar a la Unidad de Inteligencia Financiera. ¿Se acuerdan de esa Unidad antes de este Gobierno?
Estuvo en ella Alberto Bazbaz, que fue el Procurador de Peña Nieto, en el Estado de México.
Pues sí, ya se acuerdan qué cosas hacía y qué dejaba de hacer. ¿Para qué servía eso? ¿Cuál era la función de esa Unidad en defensa de los intereses públicos? Se conocían cosas, tenía información privilegiada, pero también se extorsionaba a los transgresores para no actuar contra ellos, no era mal negocio.
En este momento, esa Unidad ya tiene otro perfil, ya tiene otras personas. Está en la línea de la lucha contra el Estado corrupto, no es producto del Estado corrupto. Está puesta al servicio de la lucha en contra de operaciones con recursos de procedencia ilícita y el terrorismo, y está puesta al servicio, más a fondo, de la lucha en México contra el Estado corrupto.
¿Qué se necesita ya en este momento?
Necesitamos una mejor articulación, porque tenemos el mismo objetivo, que es el objetivo del nuevo Gobierno, de lo que nosotros llamamos la 4T.
Pueden tener el mismo propósito, pero el anterior titular de la UIF estaba reñido con el Fiscal, eso era un hecho público. Quizá el mismo objetivo, pero estaban peleados los titulares.
Eso ya se acabó. No digo que sea cierto lo que acabas de decir, pero, bueno, por si acaso, eso ya no existe. Se acabó.
Pero el clamor tiene que ver con la impunidad; quien debe ejercer la autoridad y debe aplicar la ley no lo hace, es cómplice de actos corruptos ¿los mexicanos pueden confiar en ti, en la aplicación de la ley?
Quisiera que sí, pero no es problema de confiar antes de ver cómo actuar, vamos a ver, vamos a ver qué sale. Lo importante es que se entienda por todos, opositores y partidarios del Gobierno de Morena y de la Cuarta T, que tenemos un fenómeno que se llama un Estado corrupto, y que, al menos en eso, la mayoría debería unirse. No andar inventando fantasmas o descalificando la acción de los demás.
Estoy de acuerdo en que la impunidad forma parte del Estado corrupto. No solamente por complicidad, sino también por omisión. Y la omisión casi siempre fue política. Pero también hay incapacidad. Porque los instrumentos de lucha contra la corrupción nunca se desarrollaron. Es ahora cuando los estamos desarrollando.
¿Incluso para los políticos de la 4T?
Principalmente para ellos.
De su labor como responsable de la UIF, Gómez Álvarez la ubica como una fase más de su lucha política.
"Es como cualquier otra trinchera. Yo lucho por estas cosas desde 1973, no solamente en contra del Estado corrupto, ese es un tema, hay otros: lo que tiene que ver con el trabajo, con la concentración del ingreso. Así que voy a seguir en lo mismo, no tengo por qué cambiar mi dirección. Algunos me acusan de que voy a usar este puesto para venganzas. No tengo motivos para vengarme de nadie, nadie me ha hecho algo que requiera mi venganza.
"Andrés Manuel López Obrador pensó que yo podía tomar esa estafeta. Yo no pedí ese puesto, pero lo acepto. La idea es responder. Hemos luchado más de 50 años para llegar al poder, y el día que llegamos, pues no podemos escondernos en la casa, hay que gobernar, esa era la idea.
¿Generas temor a los políticos?
No veo yo porque me tengan miedo. Si yo nunca les he tenido miedo a ellos, por qué me van a tener miedo a mí.
Más de 3 millones de pesos en cocaína fueron asegurados por elementos del Ejército Mexicano en Tamaulipas.
Se trata de 13.9 kilos de cocaína fueron decomisados a una mujer en el Punto de Revisión militar Oyama, del municipio de Hidalgo, Tamaulipas, reveló la Octava Zona Militar.
ERRONEAMENTE LE SPONEN PRECIO Y SURGE MAS APRECIO:
El hecho cuando la mujer que tripulaba un vehículo compacto llegó al mencionado retén militar, y tras la revisión de rutina se detectó la droga, valuada en más de 3.4 millones de pesos.
Mediante un comunicado la Sedena, informó, que en el marco de la Estrategia Nacional de Prevención de Adicciones Juntos por la Paz, personal militar establecido en el Puesto Militar de Seguridad “Oyama”, al efectuar la revisión de un vehículo procedente de Tampico y que tenía por destino Monterrey, localizó droga oculta dentro de un doble fondo, bajo el asiento de la conductora, quien resultó detenida.
El resultado obtenido corresponde a 14 paquetes con una sustancia con características similares a las de la cocaína, con un peso total de 13.900 kilogramos.
La posible droga asegurada tendría un precio estimado en el mercado nacional de 3 millones 419 mil 400.00, pesos.
La Vocería de la Octava Zona destacó que la detenida, así como la droga y el automotor asegurados fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes, quedando pendiente el dictamen químico y peso oficial.
La visita a México del Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU (CED, por sus siglas en inglés) tiene dos objetivos principales: avanzar en la prevención y la lucha contra la impunidad de ese fenómeno, indicó la jefa de la delegación, Carmen Rosa Villa-Quintana.
Durante el acto de bienvenida a la delegación en la Secretaría de Gobernación, la especialista afirmó que también es importante la implementación de políticas públicas enfocadas al proceso de búsqueda y localización de personas desaparecidas.
"(Este) equipo tan importante (está) dispuesto a contribuir de la manera más constructiva; (tendremos) reuniones con funcionarios gubernamentales encargados de la búsqueda, la investigación, pero como un elemento muy importante que surge de nuestra convención: la prevención y la lucha contra la impunidad por las desapariciones forzadas", señaló.
"Es importante todo el proceso de búsqueda, de localización de las personas desaparecidas y todas aquellas entidades que son importantes para la implementación de las políticas públicas que a lo largo de estos años ha desarrollado el Gobierno de México y que resultan claves para poder avanzar en aquellos dos objetivos, prevención contra las desapariciones forzadas y lucha contra la impunidad".
Como se informó previamente, Villa-Quintana indicó que la delegación sostendrá encuentros con autoridades locales y federales, víctimas, organizaciones, organismos de derechos humanos y miembros de colectivos de familiares de personas desaparecidas de 12 estados.
La finalidad, sostuvo ante el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, es elaborar un informe que contribuya a superar las dificultades de México en materia de desaparición forzada.
"Un dato muy importante para nosotros, significativo, es el habernos abierto esas puertas, haber logrado tener esta extensa y rica interlocución que mantendremos en los próximos días", añadió la jefa de la delegación.
Informó que también participarán en exhumaciones, tanto las que llevan a cabo las autoridades, como las que realizan las familias de las víctimas, a fin de conocer los obstáculos y avances en esa materia.
"También visitaremos los centros de detención de personas, sean estos centros federales, centros estatales, por supuesto como un medio para prevenir las desapariciones forzadas; revisaremos (...) lo que tiene que ver con los registros de detención", añadió.
"Usted (Encinas) muy bien ha señalado en varias oportunidades que existen más de 94 mil desaparecidos, nuestra interlocución directa con las autoridades del Estado, con las organizaciones de la sociedad civil, las víctimas y las instituciones de derechos humanos nos van a permitir (...) identificar formas de contribuir a prevenir y erradicar la desaparición forzada".
No hemos podido superar crisis ligada a desaparición.- Segob
Al iniciar la visita del CED, Alejandro Encinas reconoció que no se ha podido superar la crisis humanitaria ligada a este fenómeno.
"Estamos construyendo un nuevo paradigma en materia de las políticas públicas y responsabilidades del Estado para enfrentar esta crisis, que no hemos podido superar, pero que estamos empeñados en que el Estado mexicano cumpla con su responsabilidad", externó.
Ante los integrantes del CED, el funcionario afirmó que este fenómeno es la herencia más dolorosa de los gobiernos anteriores, por lo que urgió a todas las instituciones públicas a sumar esfuerzos para superar esta "lamentable situación".
"Fue apenas al inicio de este gobierno que el Estado se abrió plenamente al escrutinio y a la fiscalización internacional y reconoció la crisis humanitaria y de derechos humanos en que se encontraba nuestro país, en particular la crisis de desaparición de personas", afirmó.
"Hoy registra más de 94 mil personas desaparecidas y no localizadas, esto, como lo ha señalado el Presidente de la República, es la herencia más dolorosa que está enfrentando el Gobierno de México y donde tenemos que hacer el mayor de los esfuerzos como prioridad del Estado".
Esta visita es la primera que realiza el CED a cualquier país del mundo y durará 13 días, durante los cuales se reunirá con autoridades y colectivos de familiares de personas desaparecidas en 12 estados como Guanajuato, Nuevo León, Tamaulipas, Morelos, Nayarit y la Ciudad de México.
"Deseamos que su visita sea provechosa, que tenga buenos resultados, que tenga éxito su misión, el éxito de su misión también implicará el éxito de las políticas que estamos nosotros implementando", expresó Encinas.
Reporta acciones y avances
El funcionario advirtió que este Gobierno además encontró ausencia de mecanismos y protocolos de búsqueda, deficientes registros, ausencia de coordinación institucional y una falta de implementación de la Ley General en materia de Desaparición Forzada.
Encinas aseveró que la presente Administración asumió la existencia de esta crisis, por lo que creó la comisión presidencial del Caso Ayotzinapa y asumió la responsabilidad en la desaparición de personas en Nuevo Laredo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
También destacó que se reinstaló el Sistema Nacional de Búsqueda, se estableció un Protocolo Homologado de Búsqueda, se creó el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y se han canalizado subsidios por más de mil 200 millones de pesos a los estados, entre otras acciones.
"Hemos dado pasos importantes. Por ello el impulso a la visita que ustedes realizan a nuestro País, que creemos va ser muy importante. Quiero subrayar que todas estas acciones han tenido en el centro siempre la participación y la colaboración de los familiares de las víctimas", añadió.
"Solamente entre marzo de 2019 y el día de hoy se han realizado por la Comisión nacional de Búsqueda, junto con los familiares, 2 mil 300 jornadas de búsqueda".
De frente con la estrategia de simulación que le dio la chamba en 2016 y que su vocación "delincuencial" terminara por quitarle muy pronto, el aun gobernador "perseguido federal" de Tamaulipas,el panista Francisco Javier Garcia Cabeza de Vaca,salio a sus redes a seguir "enredando" con afirmaciones "muy, pero muy lejos de la realidad cotidiana a la que sobreviven los Tamaulipecos",ahora para presumir que tiene 1,757 nuevos policias,precisamente en la entidad que acaba de ser distinguida y de acuerdo al CENSO NACIONAL de SEGURIDAD PUBLICA llevado a cabo por el INEGI como TERCER LUGAR NACIONAL en QUEJAS contra POLICIAS.
De acuerdo al informe,las instituciones de seguridad pública estatales recibieron 13 328 quejas ciudadanas a través de los mecanismos para la recepción de quejas, de las cuales la Ciudad de México concentró 40.9 por ciento representado por 5,452 queja, el Estado de Mexico 1,994 y Tamaulipas 1,094.
En septiembre del año pasado, un grupo de gobernadores instigados por el panista Francisco Javier Garcia Cabeza de Vaca y con una agenda personal mas que intitucional, soltó amarras con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. La ruptura de la mesa de negociación federal (Conago), tras casi dos décadas funcionando como bisagra entre el poder central y estatal, escenificó el nacimiento de un frente común de gobernadores opositores.
En medio del clima de aturdimiento entre la direcciones de los partidos y aprovechando la coyuntura de la pandemia y el viejo caballo de batalla de la financiación estatal,nacio la llamada alianza federalista -un ramillete de 10 gobernadores de todo el espectro ideológico- que empezó a combatir las decisiones presidenciales por sistema.
Pero llegada la embestida legal contra el hoy perseguido federal aun mandatario de Tamaulipas,su desafuero el 30 de abril y su posterior intento de captura y la Alianza dejo de convocarse ante la imposibilidad manifiesta de su "lider amoral" para reunirse.
Pero una vez que transcurrieron las pasadas elecciones de junio y con los nuevos mandatarios territoriales ya en el cargo, el escenario ha cambiado. No solo Morena se ha hecho con algunas plazas integrantes del pacto, Michoacán o Colima, como parte de su expansión territorial. Los recambios en puestos fuertes para la oposición han virado de estrategia, reduciendo la intensidad de la confrontación y prefiriendo la negociación individual al frente común diseñado por la Alianza Federalista (AF).
La tensión con el gobierno central alcanzó incluso a una materia tan sensible y, en principio de consenso, como la seguridad pública. Uno de los puntales de la AF, el gobernador de Chihuahua, el panista Javier Corral, llegó a retirarse de la mesa de coordinación estatal. La fractura entre la policía del Estado y la Guardia Nacional se dió en un momento de alta tensión por el conflicto del agua, que dejó al menos dos muertos y decenas de heridos entre productores locales que tomaron por la fuerza varias presas anta la falta de agua. La nueva gobernadora, la también panista Maru campos, firmó la paz el mes pasado con la secretaría de Gobernación. La nueva sintonía derivó también en otro acuerdo reciente por el que el Estado recibió ayudas directas al campo y a la educación.
El recambio en Chihuahua, una de las plazas tradicionales del PAN, estuvo rodeado de polémica por un duro enfrentamiento intestino que incluyó denuncias de corrupción del ya exgobernador contra su compañera. Ya en el poder, Campos ha marcado distancias con su antecesor, empezando por el frente común liderado por Corral. “Estamos encontrando fórmulas más cordiales en nuestra relación con el Gobierno federal. La AF tendría que buscar mecanismos de consenso para no convertir esa plataforma en una lucha personalista”, apunta César Gustavo Jáuregui, secretario general del Gobierno de Chihuahua.
Desde la plataforma hablan de una “pausa de reconfiguración”. Desde antes de las elecciones de junio, no han convocado ninguna reunión y afirman que están esperando “a que se asienten los nuevos gobernadores para definir la agenda y ver qué tienen en común y qué no”. Una las prioridades de la AF había sido la renegociación del pacto fiscal, una demanda histórica entre los gobernadores de los Estados norteños, con una mayor presencia en la plataforma. La zona más industrializada del país considera injusta la distribución de los ingresos fiscales que hace el Estado federal, basada en el principio de solidaridad y reparto entre los estados ricos y pobres.
En plena pandemia, los gobernadores intentaron colocar en la agenda el tema. La AF amenazó incluso con demandar al Estado central por los recortes a las transferencias y exigió una reunión con el secretario de Hacienda para proponerle un plan alternativo. Uno de los más activos en aquella campaña fue Jaime Rodríguez, el Bronco, entonces gobernador de Nuevo León. El relevo en el corazón industrial del país también enfrió los ánimos. El tono de confrontación con el Gobierno central, que marcó en ocasiones la campaña de Samuel García, el ganador por Movimiento Ciudadano, ha bajado considerablemente tras la toma de posesión.
“No se puede pelear con el presidente nada más porque sí.
Ahora tenemos una relación institucional”, apuntan fuentes de su equipo, que confirman también que no han recibido ninguna convocatoria o acercamiento por parte de la AF. Lejos del frente común, García y su equipo se han prodigado, en cambio, en “buscar reuniones de cabildeo directo”. Como la reciente visita a Palacio Nacional, rodeada de un tono conciliador y colaborativo, o pasarelas de cooperación individuales con la secretaría de Hacienda para negociar subidas en las participaciones y buscar vías de financiación para los proyectos de infraestructura del nuevo Gobierno de Nuevo León, una de sus medidas estrella.
El ocaso de la AF también supone el debilitamiento de sus principales valedores, sobre todo del gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, una vez que Corral ha caído no solo del cargo en Chihuahua sino que parece también desahuciado por su propio partido, el PAN. El académico e investigador del Colmex Sergio Aguayo, lo explica así: “Estamos en una etapa de transición hacia nuevos liderazgos. Hace dos años parecía que Corral y Alfaro podían ser una alternativa. Pero no ha funcionado”.
Aguayo subraya también la particularidad de los liderazgos territoriales. “No se deben tanto a las siglas que los postularon sino a sus propios intereses. El mapa del México del siglo XXI está caracterizada por la fragmentación. La oposición sigue buscando espacios ante un Morena cada vez más dividido en sus lealtades. Todos parecen estar acumulando fuerzas mientras observan como evoluciona el poder de López Obrador”.
Con informacion de:David Marcial Perez/Diario Español/
Momento muy emotivo el que se vivió al final de la pelea entre Saúl Álvarez y Caleb Plant, en donde el mexicano se convirtió en el primer campeón en la historia del boxeo mexicano en unificar los títulos súpermedianos.
Previo a la pelea, el ‘Canelo’ y Plant intercambiaron insultos. Incluso, ambos peleadores se lo tomaron muy personal y quisieron desquitarse en la pelea. La guerra de palabras comenzó a partir de la conferencia de prensa de la presentación de la pelea.
Pero al final todo se quedó en la lona. Ya que después de noquear al estadounidense en el MGM Grand Garden Arena, Álvarez se acercó a Plant para tener una emotiva conversación en la que limaron las asperezas y se reconocieron por el espectáculo que brindaron y que fue revelada una semana después de la función.
ESTAS FUERON LAS PALABRAS QUE INTERCAMBIARON LOS PUGILISTAS
Canelo Álvarez: Eres un buen peleador.
Caleb Plant: Estoy triste
Canelo: No debes avergonzarte, eres un gran peleador. Siento mucho todo, pero al final del día somos hombres, personas, lo siento mucho.
Plant: Cuando dije ‘Hijo de puta’ jamás hablaba de tu madre porque yo no tengo. Mi madre murió.
Canelo: Tienes una familia muy buena y bonita. Tú eres de mi familia.
Saúl ‘Canelo’ Álvarez derrotó a Caleb Planto por la vía del nocaut en el onceavo round para unificar los títulos súpermedianos del CMB, OMB, AMB y FIB. Se espera que el mexicano vuelva a subir al cuadrilátero en 2022 para tener cuatro peleas, ya sea en las 168 libras o subir de categoría a las 175 libras.
