Desde que la Federación anunció la nueva estrategia de seguridad para Michoacán, el grado de violencia ha aumentado. Masacres, ataques a pobladores, a policías, a militares, a viviendas, a establecimientos y multihomicidios han sido la constante en los municipios de la entidad.
El 9 de octubre, el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó en Morelia el Plan de Apoyo para Michoacán, que considera la presencia de más de 17 mil efectivos, entre militares, Guardia Nacional y policía, precisó el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, a los que se sumarán 400 infantes de marina entre noviembre y febrero, según el secretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán.
“Vamos a garantizar la paz y la tranquilidad en Michoacán, sobre todo con los programas de Bienestar, porque la paz y la tranquilidad son frutos de la justicia”, prometió López Obrador al presentar la estrategia.
El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla informó que su plan de seguridad estaría alineado con el del gobierno federal.
La violencia no cede
Del 9 de octubre al 9 de noviembre de este año, 272 personas fueron asesinadas en Michoacán. En ese mismo periodo, pero de 2020, se registró un número similar de víctimas de homicidio: 271.
El mismo día en el que el gobierno federal presentó el programa Plan de Apoyo para Michoacán fueron hallados los cuerpos de tres hombres asesinados a tiros y abandonados en la colonia Lomas del Durazno. Prácticamente todos los días se registran homicidios dolosos o enfrentamientos en los que participan células del crimen organizado.
Dos días después se reportaron enfrentamientos entre grupos antagónicos del crimen organizado, en el municipio de Uruapan, con un saldo de un civil muerto y varios heridos.
El 12 de octubre, una serie de videos revelaron los momentos en los que dos grupos armados se enfrentaron a tiros en Tacátzcuaro, municipio de Tingüindín.
Otras grabaciones daban cuenta del ataque a civiles armados y policías municipales en Lombardía, cabecera municipal de Gabriel Zamora.
Un día después, en menos de 10 horas, la ola de violencia había sumado nueve asesinatos y cuatro personas lesionadas en distintos puntos de la entidad.
El 14 de octubre, una emboscada contra elementos de la policía de Zamora dejó un comandante y un elemento muertos, además de otro lesionado. Días después, dos oficiales más de la misma localidad fueron heridos en otro ataque.
El 16 de octubre, Mario Ángel Anaya, jefe de tenencia de la comunidad indígena de Capacuaro, municipio de Uruapan, fue asesinado a tiros.
La madrugada del 18 de octubre, un grupo armado perpetró un ataque en el bar Cantina 25, de Morelia, con un saldo de seis muertos y dos lesionados.
En lo que fue la matanza más sangrienta del mes, el 2 de noviembre, un grupo del crimen organizado torturó y asesinó a 11 habitantes de Tarecuato, municipio de Tangamandapio.
El 6 de noviembre, los cuerpos de siete personas fueron abandonados dentro de un taxi en el municipio de Ciudad Hidalgo.
Finalmente, el 8 y 9 de noviembre, grupos armados al servicio del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) atacaron con fusiles de asalto y drones cargados con explosivos la localidad de Villa Victoria, cabecera municipal de Chinicuila, así como Taixtán, municipio de Tepalcatepec, respectivamente.
El saldo fue de seis militares lesionados por el ataque directo en Taixtán, así como daños en viviendas, comercios y vehículos, en Villa Victoria.
Los cárteles pasan la factura
Para el especialista y consultor en seguridad nacional David Saucedo Torres, son varios los elementos que hoy tienen a Michoacán en esta situación.
Dijo que los distintos cárteles de la droga que se disputan el estado son los mismos que participaron activamente en el proceso electoral pasado y financiaron campañas de candidatos a alcaldes y la gubernatura, por lo que hoy cobran la factura.
“El cambio del partido en el poder también indujo un cambio del cártel dominante en varias alcaldías. Esto, a su vez, provocó ‘limpias’ y reemplazo de células de narcomenudeo, halcones y sicarios, etcétera”.
Saucedo Torres también consideró que hasta el momento la estrategia de contención de la violencia producida por los cárteles de la droga sigue en manos de la Guardia Nacional y la Sedena, mientras que las fuerzas estatales están en la retaguardia.
Criticó que no haya un planteamiento del gobierno estatal para mitigar la violencia.
Señaló que el actual gobierno estatal tiene un papel de subordinación frente a los contingentes federales y no está en la primera línea de combate.
El especialista expuso que el conflicto en Michoacán es de carácter regional. Explicó que el CJNG tiene sus líneas de abastecimiento (hombres, armas, vehículos) en Jalisco, mientras que Cárteles Unidos tienen un pie en municipios del sur de Guanajuato, donde cuentan con zonas de abastecimiento “y donde curan sus heridas”.
Reprochó que Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, y Diego Sinhue Rodríguez, de Guanajuato, tengan diferencias importantes en materia de seguridad con el gobierno federal, lo que refleja la falta de una estrategia regional y la nula cooperación de las corporaciones de seguridad.
“Se encuentran inmersos en problemas domésticos que le impiden enfrentar a los cárteles que operan en sus respectivos estados y que participan en la guerra de cárteles en Michoacán”, agregó Saucedo Torres.
Cooperación estatal
El recién llegado secretario de Seguridad Pública de Michoacán, José Alfredo Ortega Reyes, habló para EL UNIVERSAL sobre su estrategia de seguridad.
“Sin pretender establecer alguna responsabilidad, es un hecho que en otras administraciones hubo poca actuación que ha propiciado este crecimiento de los índices delictivos”, indicó.
Expuso que lo ocurrido en las últimas semanas son hechos relacionados directamente con la violencia entre cárteles, delitos directamente del orden federal.
“En ese contexto, estamos interactuando con las fuerzas federales, recorriendo todos los espacios que son los más sensibles en este tema y con ello tratamos de aminorar este delito”, señaló.
Explicó que de los 113 municipios del estado 45% colindan con los de otras entidades y eso hace que esas fronteras sean un punto actor de dinamización de la violencia.
Por ejemplo, mencionó: “Hoy lo tenemos en Zitácuaro, Zamora y Uruapan, [donde] creo que son los puntos más complicados en cuanto a la violencia”.
Consideró que uno de los retos de la presente administración es restablecer la paz en Michoacán. Reiteró la importancia de una estrategia que implica reforzar la presencia de los elementos de la policía estatal en las 10 regiones de la entidad para recuperar los espacios públicos y la confianza de la ciudadanía.
“Este despliegue nos permite tener una presencia continua. Obviamente tenemos que pensar en crecer más, en desarrollarnos más y tener mayor tecnología, no solamente armamento, para que nos permita ser más eficientes”, subrayó el funcionario.
“Yo quiero estar convencido de que tenemos los recursos materiales y humanos, así que va a ser nuestra capacidad y la voluntad —que las tengo—, de recuperar esta paz”, añadió.
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