A la periodista Roxana Guzmán se la llevaron como se llevan a cualquiera en un territorio donde la autoridad es decorado. A plena luz del día, frente a sus padres, sus hijos, su hermano y sus sobrinos, un comando armado entró a su casa en Nanchital y ejecutó lo que en cualquier país con gobierno sería impensable: un levantón doméstico, metódico y sin prisa.
La tiraron al suelo, la esposaron, la golpearon, la exhibieron y finalmente la arrastraron hasta desaparecerla “rumbo a lo desconocido” en la version 2.0 del segundo piso en México 2026.
Dos semanas después, no hay rastro. Sí hay, en cambio, la escena completa del crimen, el video, los testimonios, los golpes, el terror infantil, la humillación familiar. Hay todo… menos Estado.
Los agresores iban vestidos como policías. Y eso ya ni sorprende: en amplias zonas del país, la diferencia entre autoridad y delincuencia es un asunto estético. Uniforme oscuro, armas largas, pasamontañas. La madre pensó que era la policía. Error comprensible en un lugar donde la ley y su parodia se parecen demasiado.
Doce personas sometidas en su propio patio. Un padre enfermo pateado en las piernas. Una adolescente encañonada en su habitación. Un niño de siete años despertando con un arma en la cara. Disparos, amenazas, caos. Y luego, la frase que resume el colapso institucional: “Vaya a la comandancia”.
Claro. ¿A cuál? ¿A la real o a la que acaban de montar en su patio?
Mientras tanto, el Estado hace lo que mejor sabe hacer cuando ya falló: llegar tarde y administrar la narrativa. La Fiscalía “atrae” el caso —como si atraer expedientes fuera equivalente a encontrar personas—, los operativos van y vienen, la presencia oficial aparece unos días y luego se evapora. La familia, en cambio, no se mueve: sigue ahí, rota, insomne, esperando.
La madre, Rubicelia Ramírez, lo dice sin eufemismos: esto es un infierno. Y en México, el infierno ya tiene estructura administrativa. Se denuncia, se integra carpeta, se promete, se archiva. Y, con suerte, se olvida.
Veracruz reincide como epicentro de la violencia contra periodistas. No es novedad, es consistencia. Desde el año 2000, es el lugar donde más comunicadores han sido asesinados en el país. Cambian los gobiernos, cambian los discursos, pero el patrón permanece. La actual gobernadora asegura que las agresiones “no son por su trabajo periodístico” y presume “absoluta libertad de expresión”. Libertad, sí: para desaparecer, para matar, para callar.
El mismo día del secuestro de Roxana, mientras el país miraba la inauguración del Mundial, a 300 kilómetros asesinaban a otro periodista. Dos realidades simultáneas: el espectáculo y la fosa.
La escena es brutal pero precisa: una periodista local, con una página de Facebook, cubriendo lo que nadie más cubre —desaparecidos, accidentes, lo cotidiano—, arrancada de su casa por hombres armados que operan con la tranquilidad de quien sabe que nadie los va a detener. Ese es el verdadero mensaje, no el secuestro en sí, sino su impunidad.
Porque aquí el problema ya no es solo la violencia. Es su normalización burocrática.
La familia buscó ayuda donde se supone que vive el poder. La madre le pidió a la presidenta apoyo, no como mandataria, sino como madre. El gesto fue empático. El resultado, hasta ahora, inexistente. Hubo vigilancia unos días. Luego, nada. El Estado aparece, se toma la foto emocional y se retira.
Hoy, la seguridad de la familia depende más de asociaciones civiles que de las instituciones. Duermen una o dos horas. El niño no duerme. El padre llora. Y Roxana sigue desaparecida.
Así funciona el país: el ciudadano resiste, el crimen opera y el gobierno administra expectativas.
El Estado de derecho no fue secuestrado ese 2 de junio. Lleva años levantado. Lo de Roxana fue solo otro recordatorio —documentado, viral, innegable— de que en ciertas regiones de México la ley no desapareció: fue reemplazada.
Y nadie parece tener prisa por recuperarla.
Con informacion: DIARIO ESPAÑOL/ELPAIS/BEATRIZ GUILLEN
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