Primero le arrancaron a Idaly, la hija, y la obligaron a hacerse activista para suplir a una Fiscalía que sólo aparece para la foto y la estadística. Dieciséis años después, el sistema le contesta con la misma fórmula: ahora desaparecen a Edgar, el nieto, y le piden, otra vez, que lleve ella la investigación que ellos deberían encabezar.
“Es muy duro tener que volver a vivir otra vez lo mismo”, expresa Norma Laguna, quien a 16 años de haber emprendido la búsqueda de su hija, ahora la retoma por su nieto Edgar Ruiz Hernández, quien desde hace dos años no ha regresado a casa.
Norma es madre de Idaly Jauche Laguna, una joven que fue desaparecida en febrero de 2010 en esta frontera y meses después fue encontrada sin vida en el Arroyo del Navajo en el Valle de Juárez.
Ciudad Juárez, laboratorio del fracaso
El nieto desaparece saliendo con amigos, en unas canchas perfectamente ubicables en Ciudad Juárez, no en una selva perdida ni en la frontera de Ucrania. Aun así, dos años después, el expediente está tan vacío que el nuevo agente del Ministerio Público está “apenas viendo qué hacer”, como si se tratara de un trámite de licencia de manejo y no de un ser humano tragado por la impunidad.
En esa misma ciudad donde el Arroyo del Navajo se llenó de cuerpos de mujeres, las autoridades siguen actuando como si cada caso fuera el primero y como si no existieran protocolos, peritos ni memoria institucional.
Activismo como castigo
Norma convirtió su vida en acompañar a otras madres de mujeres desaparecidas y víctimas de feminicidio, porque entendió que la única institución que sí trabaja son los colectivos. El Estado la mira, la escucha en entrevistas, la deja hablar… y luego la regresa al Ministerio Público donde le repiten el mismo guion de hace 16 años: “¿qué trae usted de información?”.
En México, la ley no persigue a los criminales, persigue a las familias para que documenten, investiguen, insistan, corran riesgos y, de paso, posen para la foto del funcionario sensible en fechas conmemorativas.
Fichas de búsqueda y marketing político
En la ficha de Edgar aparece el inventario del horror normalizado: tatuajes, ropa, gorra, cadena de la Santa Muerte, hasta el diseño del bóxer, como si describir al detalle a la víctima sustituyera la obligación de encontrarla. De un lado, la abuela que pide a cualquier ciudadano que haya visto algo que hable; del otro, una maquinaria institucional que sí sabe organizar partidos de la selección, campañas, licencias de alcaldes aspirantes y cadenas de WhatsApp para autopromoción.
El contraste es pornográfico: mientras Norma mide el tiempo en años de ausencia, la clase política lo mide en ciclos electorales y en spots sobre “resultados históricos en seguridad”.
Un país secuestrado por la desaparición
Norma espera que con Edgar sea diferente, que esta vez sí hagan su trabajo. El detalle incómodo es que, para que eso ocurra, el Estado tendría que admitir que lleva décadas mintiendo: que lo de Idaly no fue un “caso aislado”, que Juárez nunca dejó de ser cementerio y que México se gobierna sobre una fosa común abierta.
A Norma le desaparecieron a la hija y al nieto; al resto del país le desaparecieron el pudor, la capacidad de indignarse y, en muchos medios, la costumbre de llamar a las cosas por su nombre.
Con informacion: ELUNIVERSAL/
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