En septiembre del año pasado, un grupo de gobernadores instigados por el panista Francisco Javier Garcia Cabeza de Vaca y con una agenda personal mas que intitucional, soltó amarras con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. La ruptura de la mesa de negociación federal (Conago), tras casi dos décadas funcionando como bisagra entre el poder central y estatal, escenificó el nacimiento de un frente común de gobernadores opositores.
En medio del clima de aturdimiento entre la direcciones de los partidos y aprovechando la coyuntura de la pandemia y el viejo caballo de batalla de la financiación estatal,nacio la llamada alianza federalista -un ramillete de 10 gobernadores de todo el espectro ideológico- que empezó a combatir las decisiones presidenciales por sistema.
Pero llegada la embestida legal contra el hoy perseguido federal aun mandatario de Tamaulipas,su desafuero el 30 de abril y su posterior intento de captura y la Alianza dejo de convocarse ante la imposibilidad manifiesta de su "lider amoral" para reunirse.
Pero una vez que transcurrieron las pasadas elecciones de junio y con los nuevos mandatarios territoriales ya en el cargo, el escenario ha cambiado. No solo Morena se ha hecho con algunas plazas integrantes del pacto, Michoacán o Colima, como parte de su expansión territorial. Los recambios en puestos fuertes para la oposición han virado de estrategia, reduciendo la intensidad de la confrontación y prefiriendo la negociación individual al frente común diseñado por la Alianza Federalista (AF).
La tensión con el gobierno central alcanzó incluso a una materia tan sensible y, en principio de consenso, como la seguridad pública. Uno de los puntales de la AF, el gobernador de Chihuahua, el panista Javier Corral, llegó a retirarse de la mesa de coordinación estatal. La fractura entre la policía del Estado y la Guardia Nacional se dió en un momento de alta tensión por el conflicto del agua, que dejó al menos dos muertos y decenas de heridos entre productores locales que tomaron por la fuerza varias presas anta la falta de agua. La nueva gobernadora, la también panista Maru campos, firmó la paz el mes pasado con la secretaría de Gobernación. La nueva sintonía derivó también en otro acuerdo reciente por el que el Estado recibió ayudas directas al campo y a la educación.
El recambio en Chihuahua, una de las plazas tradicionales del PAN, estuvo rodeado de polémica por un duro enfrentamiento intestino que incluyó denuncias de corrupción del ya exgobernador contra su compañera. Ya en el poder, Campos ha marcado distancias con su antecesor, empezando por el frente común liderado por Corral. “Estamos encontrando fórmulas más cordiales en nuestra relación con el Gobierno federal. La AF tendría que buscar mecanismos de consenso para no convertir esa plataforma en una lucha personalista”, apunta César Gustavo Jáuregui, secretario general del Gobierno de Chihuahua.
Desde la plataforma hablan de una “pausa de reconfiguración”. Desde antes de las elecciones de junio, no han convocado ninguna reunión y afirman que están esperando “a que se asienten los nuevos gobernadores para definir la agenda y ver qué tienen en común y qué no”. Una las prioridades de la AF había sido la renegociación del pacto fiscal, una demanda histórica entre los gobernadores de los Estados norteños, con una mayor presencia en la plataforma. La zona más industrializada del país considera injusta la distribución de los ingresos fiscales que hace el Estado federal, basada en el principio de solidaridad y reparto entre los estados ricos y pobres.
En plena pandemia, los gobernadores intentaron colocar en la agenda el tema. La AF amenazó incluso con demandar al Estado central por los recortes a las transferencias y exigió una reunión con el secretario de Hacienda para proponerle un plan alternativo. Uno de los más activos en aquella campaña fue Jaime Rodríguez, el Bronco, entonces gobernador de Nuevo León. El relevo en el corazón industrial del país también enfrió los ánimos. El tono de confrontación con el Gobierno central, que marcó en ocasiones la campaña de Samuel García, el ganador por Movimiento Ciudadano, ha bajado considerablemente tras la toma de posesión.
“No se puede pelear con el presidente nada más porque sí.
Ahora tenemos una relación institucional”, apuntan fuentes de su equipo, que confirman también que no han recibido ninguna convocatoria o acercamiento por parte de la AF. Lejos del frente común, García y su equipo se han prodigado, en cambio, en “buscar reuniones de cabildeo directo”. Como la reciente visita a Palacio Nacional, rodeada de un tono conciliador y colaborativo, o pasarelas de cooperación individuales con la secretaría de Hacienda para negociar subidas en las participaciones y buscar vías de financiación para los proyectos de infraestructura del nuevo Gobierno de Nuevo León, una de sus medidas estrella.
El ocaso de la AF también supone el debilitamiento de sus principales valedores, sobre todo del gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, una vez que Corral ha caído no solo del cargo en Chihuahua sino que parece también desahuciado por su propio partido, el PAN. El académico e investigador del Colmex Sergio Aguayo, lo explica así: “Estamos en una etapa de transición hacia nuevos liderazgos. Hace dos años parecía que Corral y Alfaro podían ser una alternativa. Pero no ha funcionado”.
Aguayo subraya también la particularidad de los liderazgos territoriales. “No se deben tanto a las siglas que los postularon sino a sus propios intereses. El mapa del México del siglo XXI está caracterizada por la fragmentación. La oposición sigue buscando espacios ante un Morena cada vez más dividido en sus lealtades. Todos parecen estar acumulando fuerzas mientras observan como evoluciona el poder de López Obrador”.
Con informacion de:David Marcial Perez/Diario Español/
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