En México, la Comisión Federal de Electricidad insiste en autodenominarse “empresa de clase mundial”, pero la realidad cotidiana la delata como una burocracia energética de tercera: tarifas que aprietan, apagones que se normalizan y una infraestructura que parece administrada con la lógica del parche y la improvisación.
Lo “mundial” se queda en el discurso; en la práctica, el usuario recibe un servicio intermitente, opaco y sin consecuencias para quien lo presta y que la presidenta negacionista Claudia Sheinbaum niega, como niega todo.
La iniciativa presentada por la diputada local de Movimiento ciudadano en N.L , Marisol González ,no es una ocurrencia, es un intento tardío —pero necesario— de introducir algo que en cualquier mercado funcional sería básico: responsabilidad.
Porque hoy la CFE opera bajo un esquema perverso donde el costo de su ineficiencia se socializa, pero sus fallas no se sancionan. Si hay apagones, el usuario paga; si hay variaciones de voltaje, el usuario pierde; si hay negligencia, el usuario se resigna. Y la empresa, intacta.
El problema no es coyuntural, es estructural. La falta de inversión sostenida en infraestructura y en energías limpias no solo compromete la estabilidad del sistema, sino que revela una visión anclada en el control político más que en la eficiencia técnica. El resultado: redes saturadas, mantenimiento diferido y un servicio que empieza a parecerse peligrosamente a modelos colapsados donde la electricidad deja de ser un derecho garantizado y se convierte en un privilegio intermitente.
Por eso, el planteamiento de compensaciones automáticas no solo es justo, es indispensable. Obligar a la CFE a pagar —sin trámites, sin súplicas— cuando incumple los estándares de continuidad es introducir un incentivo elemental: que la ineficiencia tenga costo. Y más aún, exigir informes técnicos, metas claras de inversión y transparencia por entidad federativa rompe con la opacidad cómoda en la que la empresa ha operado durante años.
Aquí no se trata de debilitar a una empresa pública, sino de sacarla de la impunidad operativa. Porque una empresa del Estado que no rinde cuentas ni responde por sus fallas no es soberanía energética: es negligencia institucionalizada. Si la CFE quiere sostener el título de “clase mundial”, tendrá que empezar por cumplir con lo mínimo exigible en cualquier parte del mundo: servicio continuo, tarifas justificables y responsabilidad frente al ciudadano.
Con informacion: ELNORTE/
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Tu Comentario es VALIOSO: