En Coquimatlán,estado de Colima, no necesitaron manuales sofisticados para demostrar hasta dónde llega la inteligencia bruta: bastó una jícara, un trapo y tres personajes con placa. Dos policías municipales sometieron a un detenido —semidesnudo, esposado y atado a una silla— y le aplicaron la versión mas sofisticada de la «inteligencia+coordinacion» del estratega Harfuch, mientras un tercero hacía lo que mejor sabe hacer esta era: grabar.
El video, que empezó a circular el 23 de junio, no deja mucho espacio a la interpretación elegante. Hay rejas al fondo —comandancia o área de retención—, hay un hombre que intenta respirar y hay uniformados que deciden que la ley es un accesorio opcional.
Le cubren el rostro con un trapo negro y le vierten agua de forma continua sobre nariz y boca. No es “uso excesivo de la fuerza”. Es tortura, punto. De esa que organismos internacionales llevan décadas describiendo y que aquí se ejecuta con la naturalidad de quien sirve agua de la llave.
El cuerpo del detenido reacciona como reaccionaría cualquiera: se retuerce, pierde el equilibrio, intenta zafarse. Su abdomen se llena de líquido, su respiración se rompe. Del otro lado, los agentes insisten. No hay protocolo, no hay límite, no hay duda. Hay una coreografía de abuso y una cámara que documenta la escena como si fuera contenido cualquiera.
Y entonces entra el lenguaje oficial, esa zona donde todo se vuelve “procedimientos administrativos internos”. El Ayuntamiento —encabezado por Luis Gerardo García Olivares (PAN-PRI)— promete que “no será omiso”, que actuará con “responsabilidad” y “apego al marco legal”. Traducción habitual: primero el comunicado, luego veremos. Hablan de investigar, de determinar responsabilidades, de sancionar “en su caso”. El guion de siempre.
Lo que no dicen es igual de revelador: no hay identidad de la víctima, no hay fecha precisa de los hechos, no hay estado de salud confirmado, no hay claridad sobre si los policías siguen en funciones ni si la Fiscalía ya abrió carpeta penal. Todo lo sustancial queda en penumbra, mientras lo evidente ya circula en alta definición.
La Comisión de Derechos Humanos de Colima tuvo que salir a recordar lo obvio: esto no es un exceso aislado ni un mal día en la oficina, es una práctica “repugnante” que constituye delito. Dio 24 horas al Ayuntamiento para explicar lo inexplicable.
Al final, la escena es menos sobre tres individuos y más sobre un ecosistema: uno donde la violencia se ejecuta, se graba y, por un momento, se celebra; y donde la respuesta institucional intenta llegar después, con palabras pulidas, a un lugar donde los hechos ya hablaron demasiado claro.
Con información: ELNORTE/
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