Hace falta un estómago duro —o una vocación cínica— para leer esta historia sin sentir que algo se pudre más allá de lo tolerable. Porque no es solo negligencia: es una forma de violencia institucional que se disfraza de trámite.
Durante cuatro años, el Estado de Guerrero a cargo de Morena,esa organización criminal con nombre de partido politico, tuvo un cuerpo. Cuatro años. No en la clandestinidad, no en manos del crimen organizado, sino dentro de una fiscalía. Bajo resguardo oficial. En teoría, bajo protocolos. En la práctica, bajo el abandono más obsceno. El hijo de Socorro Gil no estaba desaparecido: estaba archivado.
Socorro Gil supo que su hijo estaba muerto desde que vio la foto de ese cráneo en las carpetas del Servicio Médico Forense (Semefo) de Acapulco. Ella repasaba minuciosamente esas páginas repletas de imágenes de restos humanos desde que el 5 de diciembre de 2018 una patrulla de la policía municipal detuvo a Jhonatan Romero y ya no lo devolvió.
En ese cráneo faltaban los mismos centímetros que faltaban en el de Jhonatan. Una fractura grave que el chico se hizo en un accidente de coche cuando tenía 11 años y que le llevó a perder un trozo de hueso frontal, justo encima de la ceja. “No le pudieron poner una placa porque tenía que venir de Alemania y tardaba un mes en llegar”, explica la mujer y después salta en el tiempo: “Nadie puede tener la misma fractura en el mismo lugar. No me quedó duda de que era él”. Ella encontró esa imagen a final del año pasado, pero los restos estaban bajo resguardo de las autoridades de Guerrero desde septiembre de 2022. “¿Cómo es posible que encuentren un cráneo y lo guarden sin hacerle pruebas, sin compararlo con las mamás que estamos activas buscando y que se nos va la vida?”, pregunta. ¿Cómo es posible?
Y ahí es donde el discurso oficial se rompe como yeso viejo. Porque el gobierno insiste en narrarse como solución, como muro de contención frente al horror. Pero casos como este revelan algo más incómodo: que la maquinaria pública no solo falla, sino que prolonga el sufrimiento, lo administra, lo burocratiza. Lo convierte en expediente.
¿Qué nombre tiene retener un cuerpo sin hacer las pruebas necesarias durante años? ¿Ineficiencia? ¿Descuido? ¿O una forma de violencia que no necesita balas porque se ejerce desde el escritorio? Aquí no hay error administrativo inocente. Hay una cadena de omisiones que, sumadas, producen el mismo efecto que aquello que el Estado dice combatir: la desaparición.
Porque desaparecer no es solo que alguien se esfume en manos del crimen. También es que el Estado, teniéndote, decida no nombrarte, no identificarte, no devolverte. Es dejar a una madre en pausa indefinida, condenada a buscar a alguien que ya estaba, literalmente, en custodia oficial.
La tragedia aquí no es solo personal. Es estructural. Es la evidencia de un aparato que opera con la parsimonia de quien no tiene consecuencias. Que puede permitirse cuatro años de inacción sin que nadie pierda el cargo, sin que nadie rinda cuentas, sin que nadie siquiera se sonroje.
Y mientras tanto, el lenguaje oficial seguirá hablando de avances, de protocolos, de compromiso con las víctimas. Palabras limpias para encubrir prácticas sucias. Porque cuando el Estado administra cadáveres con esta indiferencia, deja de ser parte de la solución y se vuelve —aunque incomode decirlo— parte del mismo ecosistema de violencia que dice combatir.
No es solo incompetencia. Es algo más corrosivo: la normalización del abandono.
Con información: DIARIO ESPAÑOL/ELPAIS/BEATRIZ GUILLEN/
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