Camino por el centro de Culiacán. Hace casi 40 grados. Se nubla pero no llueve. El río es apenas un hilo de agua. Los locales vacíos abundan. En los cristales, los letreros de “se renta” ya se ven viejos. Otros, más osados, atreven una jugada agresiva: “En renta o venta”... O lo que sea, pienso. Pero a ninguno le funciona, llevo meses viendo cómo esos carteles amarillentos acumulan polvo.
Los militares están por todas partes. Los culichis caminamos entre ellos sin notarlos. Guardias Nacionales recorren el Parque Las Riberas, algunos se instalan en los puentes peatonales mientras miran sus teléfonos. Elementos de tropa instalan miniretenes por los malecones viejo y nuevo del Río Humaya; unidades especiales de murciélagos patrullan en convoyes de dos a tres vehículos por colonias populares y sectores residenciales sin distinción. Los helicópteros artillados surcan el cielo con un zumbido que ya es habitual. Es “preventivo” dice el boletín.
La capital está militarizada, no hay duda de eso. Son 14.000 “verdes” los que han tenido que venir a hacer lo que el Gobierno del Estado no puede, pero aún así, ni todo ese ejército presente ha sido suficiente para detener la guerra entre Los Chapitos y La Mayiza.
Una disputa que cumple 21 meses y que ha sumido a Sinaloa en una profunda pérdida humana y en un deterioro material sin fondo. Sinaloa no vive una crisis, sufre, padece varias: de violencia, humanitaria, económica, incluso ética.
La pérdida humana
Desde que la explosión de violencias comenzó, Sinaloa ha perdido 3.409 personas de manera violenta, según la base de datos que tenemos en Noroeste y cuyos resultados superan las cifras oficiales. Parece solo una estadística, pero hablamos de personas con nombre y apellido, de familias que viven en duelo, de vidas que ya no serán.
Las muertes violentas que contamos en nuestra redacción consideran asesinatos que la Fiscalía estatal no suma a la estadística oficial de homicidios dolosos y que se usa para presentar progresos en la mañanera presidencial. Eso incluye víctimas colaterales, agentes del Estado asesinados, muertos en enfrentamientos, heridos de bala que mueren en hospitales, abatidos, hallazgos de cuerpos y restos óseos en fosas clandestinas. Omisiones y reclasificaciones que se usan para matizar la muerte en toda su extensión.
En la etapa inicial de la disputa criminal actual, de septiembre a diciembre de 2024, Sinaloa promedió 167,5 muertes violentas mensuales, esto es 5,6 diarias. Luego, durante todo 2025, el promedio fue de 5,3 diarias y en lo que va de 2026 es de 4,8 diarias. Es decir, la guerra sigue tan vigente como al principio y los homicidios que genera no han bajado ni 44%, como ha dicho García Harfuch, ni 63%, como “replicó” Luisa María Alcalde.
La reducción real es de apenas 14% en lo que va de este año y no hay una tendencia sostenida a la baja. De hecho, tanto en abril como en mayo registramos crecimientos de 13% y 20%, respectivamente. Junio pinta muy similar. El reconocimiento tácito de que las cosas no van bien es la llegada reciente de otros 1.000 militares de tropa, además de casi una centena de elementos de Fuerzas Especiales.
Más grave aún es que los asesinatos son apenas la mitad de la violencia letal en Sinaloa. La otra mitad no existe en el discurso oficial y es la principal violencia de la guerra actual: la desaparición de personas. Según datos del Consejo Estatal de Seguridad Pública (CESP), 3.980 han sido denunciadas como privadas ilegalmente de la libertad; de septiembre de 2024 a la fecha, son 6,1 diarios.
De acuerdo con otra base de datos que tenemos en Noroeste con todas las fichas de búsqueda publicadas por la Comisión Estatal y colectivos de buscadoras como Sabuesos Guerreras y Por las Voces Sin Justicia, al menos el 73% de las personas privadas de la libertad en este contexto permanecen desaparecidas.
También sabemos, por solicitud de acceso a la información, que de enero de 2024 a abril de 2026, la Fiscalía estatal solo ha logrado cinco -¡cinco!- sentencias por los delitos de privación ilegal de la libertad de las personas. Es decir, desaparecer personas en Sinaloa es la otra manera de matar que tienen las facciones en guerra y su violencia tiene una sola garantía: la impunidad.
El deterioro material
En lo económico, el deterioro es evidente. Desde que Rubén Rocha Moya asumió la gubernatura, el PIB de Sinaloa no hizo más que decrecer: 4,8% en 2021, 1,8% en 2022, 0,2% en 2023 y -0,5% en 2024. No hay dato oficial aún para 2025, pero tampoco elementos para pensar que sea un año mejor.
Desde que la disputa criminal detonó, el Estado ha perdido más de 25.000 empleos formales, si somos serios y comparamos los datos de mayo de 2024, antes del conflicto, con los datos de mayo de 2026, en medio del mismo. Si se considera la estacionalidad del empleo formal en Sinaloa, este verano el Estado podría registrar niveles de 2021: son cinco años perdidos.
En materia de empresas, de 2024 al cierre del primer trimestre de 2026, Sinaloa ha perdido 4.527 registros patronales, son casi ocho empresarios/empresas menos por día.
El turismo también ha pagado la factura. En 2025, Mazatlán perdió 132.609 pasajeros y Culiacán otros 77.672, según datos del Grupo Aeroportuario OMA. De enero a mayo de 2026, Mazatlán ha perdido 13.295 pasajeros por mes y Culiacán 10.419, lo que anticipa un año peor al anterior.
Otras violencias patrimoniales son igual de abrumadoras: 11.570 personas han sido víctimas de robo o despojo de sus vehículos. Prácticamente, la mitad de esos asaltos han ocurrido en Culiacán y la zona centro del Estado y, según una solicitud de información a la FGE, solo el 0,33% de esos delitos se castiga. Los vehículos robados en esta guerra equivalen a más de un año entero de ventas de autos nuevos en Culiacán.
Es justo reconocer que una parte de la economía que perdimos estaba profundamente ligada al crimen organizado. Nadie ha podido medirla, pero su ausencia se aprecia en los lotes de autos seminuevos vacíos, en los negocios baleados, en la mesa ostentosa que ya no llega a los restaurantes. La economía del narco era el paliativo que los criminales entregaban a cambio de ejercer su poder mafioso y espero que no vuelva nunca más a los niveles que todos toleramos.
El desamparo
Sinaloa vive la crisis de violencia más grande de su historia como consecuencia de la fractura definitiva del Cartel de Sinaloa, una cofradía de clanes que se conformó hace décadas y que se consolidó y diversificó con gobiernos del PRI, el PAN, el PAS y Morena, en ese orden.
A pesar de múltiples advertencias como los culiacanazos, Sinaloa dejó de construir las instituciones de seguridad y justicia necesarias para hacerle frente a una violencia crónica como esta: tenemos apenas 1.000 policías estatales y una Fiscalía que entrega cuentas de un 94% de impunidad. A la ineficacia, se suma el desprestigio de una fiscal que renunció, una policía municipal como la de Culiacán desarmada y de tres exdirectores de policía y un vicefiscal en funciones acusados por Estados Unidos de estar coludidos con Los Chapitos, la facción criminal que provocó la escalada violenta.
El gran narco sinaloense viene de antes y no es, pues, una hechura nueva de Morena o Rocha Moya, el gobernador que ya no es; pero la pérdida humana y el deterioro material que su guerra intestina nos endosa marcarán su legado.
Negar los efectos de la emergencia que vivimos, matizarla o esconderla, es un acto de deshonestidad intelectual que desprecia a las víctimas y una ofensa para todos los sinaloenses que la sufrimos a diario. Reconocerla en su justa dimensión es lo menos, lo menos, que los que vivimos acá esperamos de un Gobierno que fracasa todos los días en detenerla.
Por eso, que desde Palacio Nacional se nos diga que la crisis es falsa y que la seguridad está bajo control, nos recuerda que para los sinaloenses podrá haber mucho ejército, pero no hay, hasta ahora y como han prometido, ni verdad, ni justicia ni respeto a nuestra soberanía.
Con información: DIARIO ESPAÑOL/ELPAIS/ADRIAN LOPEZ
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