Dos camiones que transportaban migrantes aceleraban por las carreteras polvorientas a unos cuantos kilómetros al sur de la frontera con Estados Unidos mientras cuatro vehículos blindados de la policía los perseguían. Un hombre llamó a su esposa desde uno de los camiones: la policía nos está disparando, le dijo.
Cuando terminó la cacería, los oficiales mexicanos habían disparado más de 100 veces contra los camiones y les habían prendido fuego, dejando a 16 guatemaltecos, dos mexicanos y un salvadoreño calcinados hasta quedar irreconocibles, según los fiscales mexicanos.
Siete meses después, la masacre del 22 de enero sigue siendo un misterio. VICE World News obtuvo imágenes exclusivas de las audiencias previas al juicio contra los 12 oficiales acusados de los asesinatos, que un juez ordenó mantener en secreto debido a la naturaleza delicada del caso. La evidencia presentada por los fiscales pinta un panorama escalofriante: migrantes intentando escapar desesperadamente de un convoy de la policía que los persiguió, les disparó una lluvia de balas y luego les prendió fuego.
VICE también reveló nuevos detalles sobre el grado de capacitación estadounidense que recibieron varios de los oficiales acusados, lo que pone en duda los esfuerzos de miles de millones de dólares emprendidos por el país norteamericano para limpiar las agencias de seguridad mexicanas con un largo historial de corrupción.
Los fiscales han acusado a los 12 agentes de homicidio agravado, abuso de poder y obstrucción de la justicia. Los oficiales aún no se han declarado inocentes o culpables y en un inicio afirmaron haber llegado a la escena del crimen después de la masacre.
Según los fiscales, una serie de pruebas demostró que los agentes estaban mintiendo. Las herramientas de geolocalización ubicaron a uno de los vehículos policiales en el lugar de la masacre mientras estaba sucediendo, alegaron. Asimismo, los datos del teléfono celular demostraron que los oficiales se encontraban físicamente en el lugar. También presentaron declaraciones de testigos presenciales y pruebas balísticas que demostraron que las armas de los policías habían sido disparadas.
UNO DE LOS MIGRANTES GUATEMALTECOS ASESINADOS EN LA MASACRE DEL 22 DE ENERO FUE ENTERRADO EN COMITANCILLO, GUATEMALA, EL 13 DE MARZO. CRÉDITO: JIKA GONZÁLEZ PARA VICE WORLD NEWS
“Los testigos vieron policías persiguiendo civiles”, le dijo al juez un fiscal del estado de Tamaulipas. “También vieron a los oficiales, en carros blindados, disparar sus armas. Más tarde divisaron las dos camionetas en llamas, escucharon dos explosiones y vieron humo entre los arbustos. Y no solo un testigo lo presenció, no solo dos, sino tres”.
Uno de los testigos declaró que en el transcurso de 20 minutos vio disparos desde “cuatro camiones monstruo azules” —vehículos policiales blindados—, “todos con una persona arriba, encapuchada y vestida de negro” mientras perseguían a los vehículos que transportaban a los migrantes.
Otro testigo dijo que después de ver las explosiones, una mujer rechoncha de baja estatura y vestida con ropa oscura tocó a su puerta y preguntó si alguien había intentado esconderse dentro. El testigo le contestó a la mujer que no y luego se escondió en su hogar. Los fiscales sugirieron que la mujer es la acusada Mayra Elizabeth Vásquez Santillana, la comandante de la policía regional que se ajusta a la descripción del testigo.
De acuerdo con los fiscales, un coyote mexicano contratado por los guatemaltecos para pasarlos de contrabando a través de la frontera se comunicó con su familia la mañana de la masacre. Llamó a su primo a las 8 AM y le dijo que el grupo estaba cerca de la frontera con Estados Unidos y que la situación “estaba empeorando y poniéndose muy intensa porque había muchos policías”.
El relato de los hechos coincide con lo que una de las víctimas, una mujer guatemalteca, le envió por mensaje de texto a su padre la mañana de la masacre. Le dijo que el grupo se había salido de la carretera porque había muchos policías y estaban esperando que el camino se despejara.
El coyote mexicano hizo otra llamada, esta vez a su esposa, entre las 10 y las 11 AM, dijeron los fiscales. “Le dijo que la policía los estaba acribillando a tiros”. Fue la última vez que hablaron y la última llamada registrada desde el teléfono del coyote.
Ninguno de los testigos declaró personalmente en la corte y VICE World News no pudo comunicarse con ellos para confirmar su versión de los hechos.
Según los reportes de la autopsia presentados por la fiscalía, las 19 víctimas sufrieron extensas quemaduras de cuarto grado, algunas en el 100 por ciento de su cuerpo. Los informes dejaron abierta la posibilidad de que varias de las víctimas murieron como consecuencia de sus quemaduras, no de las heridas de bala.La mayoría de las víctimas eran adolescentes y veinteañeros, procedentes de pueblos indígenas del altiplano occidental de Guatemala. Uno de ellos, Edgar López, había vivido la mayor parte de su vida en Estados Unidos hasta su arresto y deportación luego de una redada masiva en 2019 en las plantas de procesamiento de pollos de Mississippi. Estaba tratando de regresar con su familia.
Los familiares de los migrantes que habían estado viajando con ellos un día antes apenas escaparon del ataque. Cinco personas, incluidos menores, ingresaron a Estados Unidos en los días posteriores a la masacre, según dos fuentes del gobierno estadounidense. Habían estado viajando juntos desde Guatemala, pero la mañana del ataque, los migrantes sobrevivientes salieron de la casa de seguridad en un vehículo diferente al de las víctimas. No parecen haber estado en la escena del tiroteo y Estados Unidos no les ha otorgado protección como testigos.
La masacre ha preocupado a los miembros del Congreso en Washington debido a su conexión con Estados Unidos. La mayoría de los oficiales involucrados en la masacre pertenecían a una unidad de las fuerzas especiales de Tamaulipas, cuyos miembros han recibido entrenamiento por parte del país norteamericano. En años recientes, la unidad ha sido acusada de cometer abusos contra los derechos humanos, incluidos secuestros, desapariciones forzadas y tortura.
El Departamento de Estado de Estados Unidos capacitó a tres de los 12 policías acusados de perpetrar la masacre a través de un programa destinado a fortalecer y modernizar la fuerza policial y el sistema judicial de México.
Vásquez, la coordinadora regional de la policía estatal que supuestamente fue de puerta en puerta tratando de encontrar a los sobrevivientes, tomó clases de varias semanas sobre derechos humanos y ética policial en 2016 y 2017. El Departamento de Estado diseñó los cursos para compensar la falta de entrenamiento en las academias de policía mexicanas.
Otro acusado tomó clases destinadas a brindar habilidades de liderazgo a la policía de México.
En una investigación separada relacionada con la masacre, nueve agentes federales de inmigración y policías locales fueron arrestados por alterar evidencia.
En julio, el Comité de Asignaciones de la Cámara de Representantes redactó un informe en el que señalaba su preocupación por la “participación de agentes de la policía mexicana entrenados en Estados Unidos” en los asesinatos y solicitó al Departamento de Estado una evaluación detallada de su programa de capacitación al norte de México.
El informe agregó que el “Comité está preocupado por el deterioro de las condiciones de derechos humanos en la frontera de Estados Unidos y México debido a los flujos migratorios y está preocupado por los reportes que señalan que agentes del Instituto Nacional de Migración de México han cometido violaciones de derechos humanos y no han sido considerados responsables”.
La rendición de cuentas ha sido un objetivo difícil de alcanzar en México, donde hay una larga historia de investigaciones criminales mal realizadas y declaraciones oficiales falsas. Como ejemplo está la “verdad histórica” del gobierno con respecto a la desaparición en 2014 de 43 estudiantes en el estado de Guerrero, que resultó ser falsa.
Los abogados de los 12 agentes acusados de la masacre de los migrantes guatemaltecos en enero sugirieron que sus clientes eran víctimas de una carrera nefasta por hacer justicia y habían sido incriminados.
En la corte, el abogado defensor Eduardo Govea afirmó que los testigos eran analfabetos y cuestionó lo que él consideró un cambio inusualmente rápido de opinión en las autopsias. También alegó que los fiscales obtuvieron algunas de las pruebas, como los datos del teléfono celular de los oficiales, sin órdenes judiciales, un reclamo que el juez desestimó. Incluso si se hubieran utilizado las armas de los oficiales, agregó Govea, los investigadores no habían probado quién las disparó.
“Aún no sabemos quién disparó las armas, quién condujo los vehículos o quiénes fueron los testigos”, argumentó Govea.
Algunos de los agentes acusados subieron al estrado para señalar a los investigadores. Vásquez, la comandante regional de la policía estatal, testificó entre lágrimas que los investigadores la acosaron y nunca le informaron que era sospechosa.
Cuando los relatos de los oficiales no coincidían, “el investigador cambiaba mi testimonio para que coincidiera con los de mis otros colegas”, dijo Vásquez.
Pero el juez dictaminó que había suficiente evidencia para acusar a los oficiales y le dio a la fiscalía y la defensa hasta el 8 de agosto para completar su investigación.
Quedan grandes interrogantes sin resolver. Los fiscales dijeron en la corte que al menos 20 oficiales habían perseguido a los migrantes, pero solo arrestaron a 12. La fiscalía de Tamaulipas se negó a comentar si los otros policías son sospechosos o enfrentan órdenes de aprehensión.
Además, los fiscales aún tienen que explicar el motivo del crimen. La única referencia provino del principal fiscal del estado pocos días después de la masacre. Sugirió que la policía estaba trabajando para un cártel que estaba enfrascado en una batalla contra otro grupo criminal rival por el control de las rutas de contrabando en la región.
En los meses transcurridos desde la masacre, se ordenó la detención del gobernador del estado de Tamaulipas por presuntos vínculos con el crimen organizado, acusaciones que él niega.
Las autoridades mexicanas no han proporcionado información a las familias de las víctimas, dijo Ángel Escalante, el abogado que representa a los familiares de las víctimas guatemaltecas.
“Cuando preguntamos al respecto, todo lo que dicen es, ‘Tenemos 12 oficiales bajo custodia’”, dijo Escalante. “Se hará justicia cuando revelen cómo las autoridades son cómplices de las redes de contrabando, cómo se benefician de los migrantes y quién ordenó la masacre, no solo procesando y sentenciando a los 12 oficiales”.
Fuente.-Emily Green/David Mora/
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