El secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres, transmitió a la Asamblea General una carta enviada por la Presidencia del Comité contra la Desaparición Forzada (CED), encabezada por Juan Pablo Albán Alencastro, en la que se expone la situación de México, lo que representa un paso previo para que el máximo organismo internacional analice la problemática.
Esta solicitud se realizó de conformidad con el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, el cual se invoca por primera vez y está diseñado para activarse cuando el Comité recibe indicios bien fundados de que la desaparición forzada se practica de forma generalizada o sistemática en el territorio de un Estado Parte.
El mensaje implícito es brutal: el sistema internacional percibe que el Estado mexicano no solo ha sido incapaz de detener las desapariciones, sino que tolera, encubre o participa en ellas hasta un punto que amerita la intervención política del máximo órgano de la ONU.
El artículo 34 es la “alarma máxima” de la Convención de la ONU contra las desapariciones forzadas: se activa cuando hay indicios bien fundados de que un país practica desapariciones de forma generalizada o sistemática, y permite que el Comité remita urgentemente el caso a la Asamblea General de la ONU.
En el caso de México, su activación significa que el sistema universal ya trata la crisis de más de 135 mil desaparecidos como posible crimen de lesa humanidad, no como un problema interno más.
El texto del ART.-34 establece que, si el Comité contra la Desaparición Forzada recibe información con “indicios bien fundados” de desapariciones forzadas generalizadas o sistemáticas en un Estado, puede llevar el asunto, con carácter urgente, a la Asamblea General a través del Secretario General.
Es un mecanismo excepcional: no es monitoreo rutinario, sino la vía para decirle a todos los Estados del mundo que en ese país se está cometiendo, o podría estarse cometiendo, un crimen de lesa humanidad.
Implica que el Comité ya agotó pasos previos: pidió información al Estado, evaluó informes de víctimas y organismos, y aun así concluyó que hay un patrón masivo y persistente de desapariciones forzadas.
Al remitir el caso a la Asamblea General, abre la puerta a debates, resoluciones, exigencias de cooperación internacional, presión diplomática y posibles mandatos especiales dirigidos específicamente al Estado señalado.
México es el primer país en la historia en el que se activa el artículo 34, lo que ya lo coloca como caso paradigmático de barbarie en materia de desaparición forzada.
Con más de 135 mil personas desaparecidas, más de 75 mil cuerpos sin identificar y niveles de impunidad cercanos al 99.6%, la narrativa oficial de “problema heredado” o “casos aislados” queda demolida frente a la evidencia acumulada ante la ONU.
El gobierno actual queda desnudo ante las familias de víctimas: mientras polariza el pais con discursos y niega la magnitud de la crisis, un órgano de tratados de la ONU le pone el sello de “posible crimen de lesa humanidad” a su manejo de la seguridad y la justicia.
Con informacion»: ARISTEGUI/
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