En México, la justicia es ciega… pero al parecer tambié n bastante selectiva con el tacto. Porque sí: todos somos iguales ante la ley, pero no todos somos igual de “interpretables” por quienes la aplican.
El exgobernador priista de Quintana Roo, Roberto Borge, acaba de salir bien librado del cargo de delincuencia organizada. ¿La razón? La Fiscalía General de la República no logró probar que encabezara una red criminal para vender —a precio de ganga— 18 predios públicos que terminaron costándole al estado unos modestos 850 millones de pesos.
Nada grave, al parecer.
Tampoco pudo la FGR demostrar que sus presuntos cómplices estuvieran realmente conectados entre sí, ni que las empresas involucradas fueran fachadas. Es decir, todo apunta a que fue una coincidencia inmobiliaria de proporciones épicas: terrenos públicos valuados en más de mil millones vendidos en apenas 236 millones… y uno de ellos, casualmente, terminó en manos de la madre del propio gobernador.
Pero no saquemos conclusiones apresuradas. El juez federal Gustavo Eduardo Alonso Ortiz fue claro: sí hubo irregularidades administrativas. Pero de ahí a hablar de delincuencia organizada… hay un trecho. Uno bastante cómodo, por cierto.
La sentencia absolutoria, fechada el 4 de junio, nos recuerda que en México puedes tener operaciones cuestionables, precios ridículamente bajos y beneficiarios familiares, pero mientras no se logre “acreditar” la coreografía criminal completa, todo queda en un desliz burocrático.
Eso sí, Borge no está exactamente libre: sigue en prisión domiciliaria en el Estado de México, enfrentando otro proceso por lavado de dinero. Porque en este país, cuando una puerta se cierra, otra carpeta de investigación se abre.
Moraleja no oficial: la justicia no solo depende de los hechos, sino de qué tan bien logren probarlos… o de qué tan bien logren no hacerlo.
Con informacion: ELNORTE/
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Tu Comentario es VALIOSO: