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lunes, 15 de marzo de 2021

LA PANDEMIA MOSTRO a la DEA que CARTELES PUEDEN MANIPULAR PRECIOS de DROGAS a su "RECHINGADO ANTOJO"...la ley de la oferta y...ni pa'que demandes.


¿Es posible que los cárteles mexicanos manipularan el precio de las drogas para capitalizar la pandemia de COVID-19? La DEA dice que sí. ¿Es probable que haya sucedido? Exagentes antidrogas y especialistas dicen que no, porque el aumento de precios, más que una estrategia de capitalización, fue una reacción de supervivencia de los cárteles, para evitar pérdidas por problemas de producción y distribución de estupefacientes.

El precio de algunas drogas ilícitas —sobre todo sintéticas— repuntó en Estados Unidos después de que explotara la pandemia de coronavirus a nivel internacional, de acuerdo con el último reporte de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés).

Estados Unidos es el principal mercado de drogas en el mundo y un ejemplo de lo que pudo haber sucedido a nivel internacional; y la variación de precios dice mucho de la realidad del mercado negro de las drogas. Por un lado, hay factores externos a grupos criminales, que afectan el negocio del narcotráfico sin que estos puedan hacer mucho para evitarlo; y por el otro, aún cuando los precios del mercado de las drogas dependen de la oferta y la demanda, en ocasiones, los cárteles intentan manipularlos para obtener mayores ingresos.

La DEA sostiene, por ejemplo, que las “organizaciones criminales transnacionales mexicanas” son los actores dominantes del mercado ilícito de las drogas en Estados Unidos, y como tal, una de las mayores amenazas para la salud pública y el bienestar social de su población.

Entre los grupos criminales más poderosos, la DEA destaca a los cárteles de Sinaloa y de Jalisco Nueva Generación (CJNG). Organizaciones que —antes y durante la pandemia de COVID-19— pudieron haber retenido envíos regulares de drogas a Estados Unidos, con la finalidad de aumentar precios al mayoreo y capitalizar la demanda en tiempos de crisis, se lee en la “Evaluación Nacional de Amenazas de Drogas 2020”.

CJNG-EEUU

Mapa de decomisos de dinero y drogas del CJNG en Estados Unidos en 2020. Foto: DEA (@DEAHQ).

La DEA hipotetiza la intención de inflar artificialmente los precios de las drogas, ya que los informes de inteligencia no arrojan pruebas de que el cierre de fronteras internacionales, o la agudización de restricciones de movilidad hayan limitado significativamente sus cadenas de producción y distribución. Un ejemplo de ello es lo que la DEA refiere acerca del precio de las metanfetaminas, que es una de las drogas más producidas en México y consumidas en Estados Unidos.

“Si bien la pandemia de COVID-19 puede haber afectado la capacidad a corto plazo de las organizaciones criminales transnacionales para obtener precursores químicos, los impactos duraderos a largo plazo en la cadena de suministro y la producción de metanfetaminas parecen ser menores o insignificantes, lo que permite que las organizaciones criminales transnacionales tengan flexibilidad para determinar los precios”.

Pese a que la hipótesis de la DEA puede ser cierta en algunos casos y bajo ciertas circunstancias, eso no implica que los cárteles tengan la capacidad o la intención de manipular el mercado de las drogas para obtener beneficios económicos, sino más bien que, como toda empresa, responden a las fluctuaciones del mercado para evitar pérdidas en la mayor medida posible.

De acuerdo con Mike Vigil, la hipótesis de la DEA no es del todo verosímil. El otrora jefe de Operaciones Internacionales de la DEA dijo a SinEmbargo que en efecto, el cierre de fronteras en China durante la primera gran ola de contagios de coronavirus “causó que los cárteles mexicanos no pudieran conseguir los precursores para producir metanfetaminas, como lo son la efedrina y la pseudoefedrina”.

Sin embargo, Vigil refirió que no hay elementos para decir que los grupos criminales planearon un aumento de precios para capitalizar la pandemia, sino que más bien, la crisis en las cadenas de suministros los obligó a subir los precios de algunas drogas —como las metanfetaminas— por varias razones.

En primer lugar, los cárteles aumentaron los precios “para sobrevivir”, ya que tienen la necesidad de mantener su nivel de ingresos “porque tienen que pagarle a sus miembros y a los oficiales corruptos” que les facilitan el tráfico de estupefacientes. De lo contrario, explicó Vigil, las “organizaciones criminales corren el riesgo de que sus miembros se vayan con otro cártel o que los oficiales dejen de ofrecerles protección, lo que puede dañar toda su operación”.

En segundo lugar está la flexibilidad de la demanda. En ese sentido, el exagente de la DEA mencionó que los grupos delictivos tienen un margen limitado de aumento de precios, porque “saben que la demanda en Estados Unidos todavía es muy fuerte y que incluso, podría ir en aumento por la pandemia”.

La doctora Guadalupe Correa-Cabrera coincidió con el punto de vista de Mike Vigil. Para ella, los cárteles de la droga son “oligopolios derivados de la prohibición de las drogas”, lo que implica que hay “pocas organizaciones que tienen un cierto poder de mercado” y que pueden “tener algún control” sobre los precios de los estupefacientes, por la relativa falta de competidores. Sin embargo y de acuerdo con la profesora de la Universidad de George Mason, Estados Unidos, el mercado de la droga funciona con la misma lógica de los mercados legales: a partir de la oferta y la demanda.

“En tiempos de crisis —abundó— los riesgos para los cárteles de la droga son mayores” porque enfrentan problemas para conseguir materias primas, o incluso, para distribuir drogas por cuestiones como el cierre de fronteras. Esto causa que sus costos de operación —e incluso de pérdida— vayan en aumento, “lo que se traduce en un incremento de precios”.

El aumento de precios —que es una forma de trasladar costos al consumidor final sin sacrificar utilidades— aunque tiene beneficios para los cárteles, también conlleva consecuencias negativas para ellos, ya que al aumentar el costo de mercado de los estupefacientes, sobre todo en tiempos de crisis, la amortización de gastos productivos y el aumento de la demanda —porque la gente está encerrada y recurre a medios de distracción como las drogas— entra en tensión con el poder adquisitivo del comprador —que está minado por la recesión económica y la pérdida de empleos— de modo que este último puede adquirir menos producto y por ende, la demanda potencial del mercado se contrae.

DINERO-DROGAS-DEA

Así se ven 27 millones de dólares de ganancias por venta de drogas que fueron incautados en Puerto Rico en 2020. Foto: DEA (@DEAHQ).

“Siempre que hay crisis hay escasez, claro. Entonces deberían subir los precios, claro. Pero entonces la demanda también baja” y por tanto el precio no es un factor para aumentar ingresos, sino para amortiguar pérdidas. En ese sentido, la politóloga especializada en crimen organizado explicó que los cárteles “no tienen mucho margen” para manipular los precios de las drogas, sino que más bien reaccionan —como todo negocio— a los cambios de mercado, en la medida en que afectan su capacidad para producir y distribuir estupefacientes.

“No puedes subir los precios como quieras porque entonces la gente no los va a poder pagar. Ese es el argumento contrario al reporte de la DEA, en este sentido: ¿qué tanto pueden subir los precios y qué tanto poder de mercado tienen [los cárteles] cuando la demanda está muy golpeada?”, cuestionó la también investigadora afiliada al Woodrow Wilson Center de Estados Unidos.

LAS CRISIS SUBEN LOS PRECIOS

Pese a la relativa estabilidad del precio de las drogas, su comportamiento en los últimos 36 años en el mercado de consumo más grande del mundo, que es Estados Unidos, indica que así como hubo una desaceleración general de precios, incluso con la mariguana, cuya tendencia a la alza fue cada vez menor (-121 por ciento anual, en promedio) durante el periodo, también hubo momentos en que los precios de algunas drogas —como la cocaína, la heroína, la mariguana y las metanfetaminas— aumentaron de manera atípica, según el comportamiento histórico de los mismos.

De acuerdo con Mike Vigil, “en tiempos de crisis suben los precios”. Como ejemplo, mencionó que en la década de los ochenta el valor de varios estupefacientes escaló, ya que fue una época en que “la DEA tenía bastantes recursos en El Caribe”, siendo que “antes de que Colombia comenzara a mover toda la cocaína por México, los cárteles colombianos usaban El Caribe para distribuir droga”.

Dado que la DEA interceptaba “muchos de los cargamentos” colombianos, los precios aumentaron antes de volver a su comportamiento regular con el cambio de rutas y de logística de producción y distribución, explicó el también autor del libro Afgan Warlord, que aborda estrategias del crimen organizado, sus alianzas transnacionales y acuerdos políticos.

La información disponible indica que a pesar de los problemas políticos y sociales, los picos de precios más agudos ocurren en tiempos de crisis que incentivan la demanda, o bien, en tiempos en que las acciones de Estado afectan las operaciones regulares de los grupos criminales. Un ejemplo de ello es la dinámica de los precios en Estados Unidos y su aparente correlación con sucesos históricos de combate al crimen organizado en el Continente Americano.

De acuerdo con Ricardo Ravelo Galó, periodista especializado en temas relacionados con crimen organizado y seguridad nacional, en los últimos 20 años han habido al menos tres episodios que han incidido en la variación de precios de la droga, pero sobre todo en los precios de las drogas de mayor demanda como la cocaína, la heroína, la mariguana y las metanfetaminas: el cierre de fronteras y el aumento de controles de ingresos y egresos a Estados Unidos por la caída de las Torres Gemelas en 2001, la llamada “guerra contra el narcotráfico” que inició en México durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, y ahora la pandemia que podría estar afectando la cadena de suministros del crimen organizado.

“Lo que queda en evidencia es que […] los cárteles no se detienen y que finalmente se adaptan a las circunstancias para mantener aceitadas sus líneas de distribución y la atención a su público”, dijo Ravelo Galó a la par que hizo hincapié en que el crimen organizado puede ajustar precios ya que aunque no controla el mercado de la droga, “tiene el monopolio” de la producción y puede balancear sus costos al producir más volumen con menor calidad.

“Por ejemplo, un kilo de cocaína, en lugar de hacerlo en tres cortes, que sería más o menos lo razonable para que no pierda calidad, le hacen cuatro o cinco [cortes o mezclas con aditivos] y entonces obviamente tienen más volumen y producen más cantidad con menores recursos, aunque la calidad pueda ser menor por los grados de pureza que tienen”, explicó el especialista.

“En lo que respecta a los mercados de drogas, se desconoce cuál ha sido el impacto de la pandemia y es difícil predecirlo, pero podría ser de gran alcance. A la larga, la recesión económica y las medidas de confinamiento podrían perturbar los mercados de drogas”, se lee en el “Informe Mundial Sobre las Drogas 2020” de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en ingles).

Para la UNODC, entre las consecuencias de la actual recesión económica están la posibilidad de “un aumento general del consumo de drogas”, así como “reducciones de los presupuestos relacionados con las drogas” y fluctuaciones de precios.

Aunque los precios de las drogas tienen una tendencia definida, no dejan de ser susceptibles a crisis económicas, sociales, culturales y políticas, por mencionar algunos ejemplos, así como a factores de mercado como el acceso a sustancias, riesgos de producción y distribución, capitalización de productos y apertura de nuevos mercados, entre otros.

Empero, en los últimos 40 años a nivel mundial, el costo de los estupefacientes ha ido a la baja, mientras que su calidad ha ido aumentando, de acuerdo con datos de la UNODC.

La tendencia a la baja de los precios de la droga tiene que ver con un mayor aumento de la oferta en comparación con el aumento de la demanda, considerando que hoy en día hay más capacidad de distribución y de producción por la tecnología y los transportes. “Y cuando hay más oferta, los precios tienden a bajar en una lógica de mercado”, explicó a SinEmbargo la doctora Guadalupe Correa-Cabrera.

Un ejemplo de la tendencia descrita es observable en el caso de Estados Unidos. Las cifras oficiales recabadas por este medio —que son aproximaciones y no reflejan necesariamente la realidad en las calles— indican que entre 1981 y 2017, los precios de la cocaína, heroína y metanfetaminas fueron a la baja en 134, 96 y 89 por ciento, respectivamente. En ese mismo periodo, la pureza de la heroína, metanfetaminas y cocaína aumentó 182, 106 y 59 por ciento, respectivamente.

En el caso de la mariguana, en el periodo y el país referidos, los datos indican que su precio aumentó 85 por ciento y que su potencia —que es un indicador de su calidad— se multiplicó, sobre todo por el contenido de THC que pasó de cuatro a 20 por ciento.

ELLOS SABEN SU NEGOCIO

La UNODC asegura que “las medidas aplicadas para impedir la propagación de la COVID-19 han afectado todos los aspectos de los mercados de drogas ilícitas, desde la producción y el tráfico hasta el consumo”. Por ello prevé que, aunque la escasez de la oferta de drogas pueda estar acompañada de una disminución general del consumo, también puede “dar lugar al consumo de sustancias aún más nocivas, así como a modelos de consumo más perjudiciales por parte de personas con trastornos de consumo de drogas”.

En ese sentido, el organismo internacional refiere que nadie está a salvo a nivel mundial. En primer lugar, porque la población económicamente más favorecida tiende al uso de estupefacientes, ya que “el aumento de la riqueza está vinculado al del consumo de drogas”. Y en segundo lugar, porque la población con más carencias es la más afectada por trastornos ligados al consumo, entre otras cosas por la falta de acceso a servicios de salud.

“Con el aumento del desempleo y la falta de oportunidades será más probable que las personas pobres y desfavorecidas caigan en hábitos nocivos de consumo de drogas, sufran trastornos por consumo de drogas y recurran a actividades ilegales —bien de producción, bien de transporte— vinculadas a las drogas”, se lee en uno de los últimos informes de UNODC.

Al respecto, el exagente de la DEA Mike Vigil dijo que “los narcotraficantes son hombres de negocio” porque manejan su empresa de la misma forma en que operan las corporaciones legítimas: con un nivel de conocimiento que les permite saber “perfectamente bien cómo subir los precios y si van a pagar o no los drogadictos”.

De acuerdo con la UNODC, entre 2009 y 2018 el número de personas consumidoras de estupefacientes aumentó a nivel internacional en un 30 por ciento, de modo que hay cerca de 269 millones de consumidores activos en el mundo. Además, refiere que “todos los años se encuentran aproximadamente 500 nuevas sustancias psicoactivas” en los mercados internacionales.

Un ejemplo de nueva sustancia es el fentanilo. Hace poco menos de una década comenzó a aparecer en el mercado ilegal y hoy tiene el potencial de sustituir a la heroína.

En la opinión de la DEA y de Mike Vigil, “el fentanilo podría remplazar a la heroína porque es 50 veces más potente que la heroína y 100 veces más potente que la morfina”.

Para el exjefe de Operaciones Internacionales de la DEA, este tipo de cambios en el mercado de las drogas es explicable por varios factores: porque es una droga cuya producción implica menos riesgos y costos, porque su margen de utilidad es mucho mayor que el de otras drogas sintéticas, y porque hay un amplio acceso a dicho compuesto.

“Yo busqué en Internet y localicé una compañía en China a la que yo le podía comprar un kilo de fentanilo por poquito más de 9 mil dólares. Si yo importara ese kilo de fentanilo ya procesado, yo tendría una ganancia de más de 2 millones de dólares en Estados Unidos”, comentó Vigil.

En ese sentido, el exagente de la DEA reiteró que los cárteles tienen la capacidad para transformar el mercado de las drogas ilícitas, pero que es una capacidad que está sujeta a condiciones de oportunidad, competencia, capital, demanda, e incluso, facilitadores de negocios como la corrupción.


Fuente.-


"QUIEN EXTRAÑA al CARTEL de la PGR": LA TRANSICION a FGR y el DESAFIO INSTITUCIONAL "AUN SIN EXITO"...ahi siguen enquistados con otro nombre.



Si pienso en personajes siniestros de nuestro pasado autoritario me vienen a la mente los judiciales. Elementos adscritos a las procuradurías que actuaban con total arbitrariedad. Eran agentes que ejecutaban órdenes de sus superiores pero también actuaban por cuenta propia y para sus propios fines. No tenían límites. Su función esencial era amedrentar a los disidentes del régimen para que se mantuvieran a raya. Los judiciales fueron el símbolo del abuso de poder de toda una época. Personajes que parecen de ficción, pero que fueron muy reales.

NINGUN CAMBIO A LA VISTA:

Los traigo a colación porque veo a nuestro fiscal general con muchos ánimos de restauración. No de esos extremos, ciertamente, pero sí de la Procuraduría del pasado, la que todavía es, pero que quisimos transformar. Su propuesta de modificación de la Ley Orgánica de la Fiscalía nos pone de regreso en ese pasado que quisimos (queremos) superar.

El planteamiento de transformación de la Procuraduría fue parte de un ramillete de iniciativas que se plantearon en el marco del Pacto por México. Si no me equivoco, la propuesta salió del PAN. El objetivo era dotar a la instancia federal de persecución criminal con autonomía política, entre otros cambios sustantivos. Correctamente se identificó que si este aparato se somete al poder, se convierte en un arma poderosísima de intimidación y control. Como lo fue en nuestro país durante tanto tiempo. Un instrumento de persecución política cuyos extremos los personificaban estos judiciales, cuyo recuerdo me pone la piel chinita.

Así se planteó la reforma constitucional que creaba a la Fiscalía, y que más tarde retomara el colectivo #FiscalíaQueSirva, iniciativa que hizo aportaciones muy sustantivas a lo que hoy es la Ley Orgánica de la Fiscalía. La misma que el fiscal Gertz Manero quiere echar para atrás.

#FiscalíaQueSirva fue una iniciativa ejemplar. Participaron en ella personas y agrupaciones de lo más diverso y plural. Todas ellas preocupadas por la enorme impunidad que prevalece en el país. En esta gran coalición coincidieron organizaciones en favor de la rendición de cuentas y el combate a la corrupción; colectivos de víctimas; defensores de derechos humanos y todos aquéllos que buscan un cambio en el sistema de justicia penal mexicano para hacerlo más justo y menos arbitrario.

Considero que los componentes más importantes de su propuesta giraban en cuatro ejes: por supuesto, la autonomía política del fiscal, para que no se sometiera más al Ejecutivo. Autonomía que se acompaña de contrapesos, para que el fiscal no se convierta en un tirano. Quien controla el aparato de persecución criminal debe estar institucionalmente acotado y rendir cuentas.

Un segundo eje es la investigación criminal, lo más sustantivo del trabajo de cualquier Fiscalía. Se plantearon modelos de investigación más flexibles, descentralizados, con equipos multidisciplinarios dispuestos para entender fenómenos criminales complejos y no sólo casos aislados. Estos modelos de investigación permitirían la consulta y trabajo con expertos, así como el intercambio con víctimas.

La transición de la PGR a FGR es el desafío de cambio institucional más grande de nuestros tiempos. El fiscal Gertz no puede con este proceso, porque en principio no cree en él.

El tercer eje consiste en el plan de persecución penal. Las fiscalías deben trabajar estratégicamente. Centrar su atención en lo que más valor genera para los ciudadanos, en lo complejo pero también en lo de más impacto. Este plan de persecución penal debiera verse reflejado en prioridades en asignación de recursos humanos y financieros y el fortalecimiento de mecanismos alternativos de solución de controversias, para dar cauce y atención a los casos que están fuera de las prioridades.

Un último eje sería el de la innovación en la gobernanza de la institución, con la figura de un Consejo Ciudadano. Éste fungiría como un actor que acompaña la transición y las prioridades de la Fiscalía, pero también como una entidad que pide cuentas a los fiscales del funcionamiento de la institución y sus resultados.

Pienso que la transformación de la justicia en el país es de los procesos más complejos por los que hemos transitado, todavía sin éxito. Y la transición de la PGR a FGR es el desafío de cambio institucional más grande de nuestros tiempos. El fiscal Gertz no puede con este proceso, porque en principio no cree en él. Su visión de la justicia está chapada a la antigua, a lo que teníamos, a lo que le da certezas. Él quiere el control del aparato (no especulo sobre sus intenciones). Al parecer, ningún componente de la Ley Orgánica vigente le acomoda. El extremo de su visión vertical lo ejemplifica el hecho de que quiere ser el dueño del nombramiento de los fiscales especiales. Quiere subordinados, no colegas que trabajan tras un objetivo común. Lo de él no es la innovación. Mucho menos tener sentados a ciudadanos en SU institución.

El fiscal Gertz está a punto de salirse con la suya. Y el país de perder la oportunidad de la transformación de la justicia. Si en los próximos días o semanas su proyecto se aprueba, la nueva construcción en materia de justicia se debilitaría. Un actor importantísimo estaría en disonancia. Una institución inquisitorial inserta en un nuevo modelo de justicia. No checa. Iríamos para atrás.

¿Qué tan atrás? Espero que no tanto como para ver las peores expresiones del abuso de poder en la persecución criminal. Las nuevas versiones de los judiciales, amedrentándonos. Poco a poquito los resortes que nos salvaguardaban del abuso se están debilitando. Y nosotros sólo miramos.

fuente.-Edna Jaime/




ACUSAN en CHICAGO con "NOMBRE y APELLIDO" 5 SOCIOS del CARTEL de SINALOA por TRAFICANTES de COCAINA...y negociaron con gente que "jalaba" con la policia.



Un gran jurado federal en Chicago acusó a cinco presuntos socios del Cártel de Sinaloa por cargos de tráfico de drogas por presuntamente conspirar para distribuir cocaína en el área del estado.

Los acusados ​​de conspiración para poseer una sustancia controlada con la intención de distribuir son Roberto Velázquez Martínez, de 36 años, Camilo Álvarez, de 44 años e Inés Chávez Rodríguez, de 36, los tres de Durango, además de José Hernández Ramírez, de 36 años, de Tamaulipas y Louis Reyes Vélez, de 44, de Stickney, Illinois.

Según una denuncia penal y las acusaciones presentadas en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos en Chicago, los acusados ​​trabajaron juntos para intentar importar y distribuir cocaína a los Estados Unidos en nombre del Cártel de Sinaloa.


La investigación señala que Velázquez Martínez viajó a Chicago en 2018 para intentar arreglar un cargamento de cocaína de varios kilogramos con co-conspiradores y otras dos personas que, sin que Velázquez Martínez lo supiera, trabajaban de manera confidencial con la policía estadounidense.

Reyes Vélez fue arrestado el martes en Cicero, Illinois. Se declaró inocente en su lectura de cargos el martes ante el juez federal Young B. Kim. Velázquez Martínez fue arrestado en octubre de 2019 en Lima, Perú, y extraditado en diciembre de 2020 a Estados Unidos. Él se ha declarado no culpable. Su caso está programado para una audiencia de estado el 31 de marzo de 2021, ante el juez federal de distrito Joan H. Lefkow.

Se cree que Álvarez, Hernández Ramírez y Chávez Rodríguez residen en México. Se han emitido órdenes de arresto de Estados Unidos.

“Los cargos fueron anunciados por John R. Lausch, Jr., Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Norte de Illinois; y Robert J. Bell, agente especial a cargo de la División de Campo de Chicago de la Administración de Control de Drogas de EU, la Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los EU., El Servicio de Alguaciles de EU e Interpol brindaron una valiosa ayuda. El gobierno está representado por los fiscales federales adjuntos Aaron R. Bond y Matthew J. Hernandez, señala el comunicado.

La investigación se realizó con el apoyo de Chicago HIDTA y las Fuerzas de Trabajo de la OCDETF , que están compuestas por agencias de aplicación de la ley federales, estatales y locales que trabajan juntas para identificar, interrumpir y desmantelar las organizaciones de tráfico de drogas más serias.


Fuente.-

"SAN PEDRO NO SE COMPONE": HALLAN 2 CUERPOS en un JETTA en TERRITORIO DELICTIVO del GATO VILLARREAL CAPO del MILLON de DOLARES de RECOMPENSA...hay mucho rico y mucho narco rico.


Un vehículo con los cuerpos de dos hombres fue abandonado en el Parque Rufino Tamayo, en San Pedro.

El hallazgo ocasionó una intensa movilización de la Policía municipal, que mantiene cercada la zona, en Valle Oriente.

DE GATO DE LOS BELTRAN A JEFE:


De acuerdo con una fuente, un auto Jetta rojo estaba estacionado, sin placas, en el acceso del Parque Rufino y en la cajuela se apreciaban los cuerpos.

Fuentes policiacas señalaron que las víctimas son dos hombres.

Ambos tenían cubierto el rostro y parte del cuerpo con plástico transparente.

El reporte fue realizado a las 16:13 horas en la Avenida Fundadores y Rufino Tamayo, frente la Colonia La Muralla.

Fuente.-

"VENCIDOS y FABRICADOS en los 90": EL GOBIERNO 4T de la CDMX ENFRENTO a FEMINISTAS con GASES LACRIMOGENOS y BOMBAS de HUMO CADUCAS...y decían que no.



Gases lacrimógenos vencidos, dispositivos de estruendo, bengalas y bombas de gas irritante caseras fueron utilizados en la marcha del 8 de marzo en Ciudad de México. 

Las postales de la manifestación mostraban una atmósfera cargada de diferentes tipos de humo y mucha gente afectada. Algunos gritaban de dolor y se refregaban los ojos, otros no podían contener las náuseas. La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, negó al día siguiente que la policía de la capital haya usado estos artefactos, dijo que solo había usado extintores. Pero algunos de los dispositivos son únicamente de acceso para las fuerzas de seguridad. La Comisión de Derechos Humanos de la ciudad y la Brigada Marabunta, una organización civil que hace de mediadora en las protestas, investigan la evidencia que recopilaron ese día para determinar qué fue lo que se usó y quiénes lo hicieron.

LA BRIGADA MARABUNTA:


El 8-M en México dejó aires del pasado. Un vídeo que recorrió las redes sociales ese día mostraba a miembros de la Brigada Marabunta enseñando las pruebas que insinuaban que algo se había salido de control en la marcha más violenta durante el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador. “Esto es una cápsula de gas, la lanzaron y no está permitido. No estaba en su protocolo utilizar esto, se les fue de las manos este operativo”, se escuchaba decir a uno de los activistas que compara lo sucedido con anteriores sexenios. Lo que tenía en las manos era una granada de gas lacrimógeno ya vacía. El artefacto fue fabricado por Federal Laboratories, una compañía estadounidense especializada en equipamiento policial para protestas que cerró en 1994.

Daniel Gómez-Tagle, especialista en uso de la fuerza, explica que se trata de una cápsula 519 CS. Las letras hacen referencia al producto químico que produce el efecto lacrimógeno. Estos dispositivos, asegura Gómez-Tagle, estaban caducos. “Mi apuesta es que tenían más de 20 años”, dice. La fábrica dejó de producir este modelo cuando cerró y terminó por comprarla otra compañía de seguridad que ahora produce una versión modernizada de esa granada de gas. El especialista comenta que estos artefactos tienen cinco años de caducidad, después de eso ya no se puede utilizar. El gas no caduca, pero el mecanismo de funcionamiento sí y provoca que las partículas que se liberan sean más dañinas. “Lesiones en la piel, eritemas, lo que se vio no son síntomas normales del CS. Pueden pasar, pero no son normales. Eso refuerza la idea de que no estaba en condiciones de ser utilizados”.


Granada de gas lacrimógeno CS No.519 y ficha técnica.LEXPEV.NL

La ficha técnica del producto alerta de que puede causar “heridas graves o la muerte cuando es arrojado sobre otras personas”. Además advierte que es “solo para agentes de seguridad y personal militar”. Carla Ríos, subdirectora de Marabunta, explica que solo las fuerzas de seguridad pueden comprar este tipo de elementos en México. “Esos gases fueron usados en el país entre 2012 y 2015, según documentó la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Sabemos que son de uso exclusivo de las secretarías de seguridad. No las venden en las tiendas, la gente no las puede comprar“, dice. Gómez-Tagle agrega: “Si lo tiró un civil, tiene que haber salido de una armería y eso significaría que hay un mercado negro”.

Otro de los elementos que se arrojaron ese día fueron bengalas, unos tubos de 15 centímetros con un mango que volaban por el aire prendidas fuego. Los vídeos que registraron la Brigada Marabunta y varios manifestantes muestran cómo son tiradas desde detrás de la valla que resguardaba al Palacio Nacional, sede del Ejecutivo mexicano, donde estaban los agentes policiales. También se ve a algunas manifestantes que las toman en sus manos y las devuelven al otro lado del vallado. Gómez-Tagle explica que ese dispositivo no está diseñado para usar en manifestaciones, y resulta más peligroso que el gas lacrimógeno porque “representan un alto riesgo de quemaduras”. Algunas de las manifestantes que tomaron las bengalas encendidas mostraban días posteriores en redes sociales las quemaduras en sus manos.

Ríos, de la Brigada Marabunta, cuenta que también registraron el uso de unos dispositivos caseros que eran arrojados. Se trata de una pequeña bolsa que tiene una mecha y un polvo amarillo dentro. Una vez encendida la mecha el paquete se quemaba emitiendo un gas que generaba un ardor intenso en los ojos, la nariz y la boca. Además recogieron evidencia de la utilización de unos tubos negros que al explotar generaban un estruendo y de balas de gotcha, luego de que uno de los miembros de la organización fuera agredido con una.



Ante la utilización de estos artefactos, las organizaciones han pedido al Gobierno de la capital que investigue lo que sucedió ese día en el Zócalo. El secretario de Gobierno de la ciudad, José Alfonso Suárez del Real, dijo que las lacrimógenas no estaban permitidas por el protocolo de seguridad, y que había que analizar qué había sucedido. Sin embargo, Sheinbaum rechazó tajantemente que se haya reprimido con ese tipo de gas. “Lo que sucedió en terreno fue diferente a lo que dicen. Habría que investigar dónde estuvo el quiebre entre quienes daban las órdenes y quienes las cumplían”, reclama Ríos.

La Comisión de Derechos Humanos de la ciudad ha abierto una investigación propia sobre lo sucedido y ha solicitado a la Secretaría de Seguridad Ciudadana que entregue las grabaciones que tienen de ese día y el plan que había diseñado para atender la marcha. “Sabemos que hubo algo, que no eran nada más extintores”, dice Nashieli Ramírez Hernández, presidenta de la Comisión. El organismo ha resguardado todo lo que juntaron en la marcha y ha solicitado a expertos que ayuden a analizar de qué se trata. “Había mucha gente ahí y mucha sintió los efectos ligados a algo que estaba pasando. Después de ver qué se usó, tenemos que determinar qué pasó, cómo juega la línea de mando en una acción así”, agrega. Hay que saber qué sucedió, asegura, para que no vuelva a pasar.

fuente.-Diario Español/Georgina Zerega/

"ESCUCHA al FARSANTE,CUAL RESPALDO ?": CABEZA de VACA "BALBUCEANTE se ESCUDA en RESPALDO INEXISTENTE" para VOCIFERAR contra la FEDERACION en SESION SOLEMNE del QUINTO INFORME.


Luego de que ayer lunes INDEMERC hiciera publico un sondeo a nivel de encuesta,que puso a relieve la "bajísima aprobación de los ciudadanos Tamaulipecos a su gobernador Francisco Javier Garcia Cabeza de Vaca que cayo 33% y ahora se sitúa en el 20.3%, de los cuales solo 13% lo apoya decididamente,valdria la pena preguntarse de que "respaldo de la gente" hablaba esta mañana el 
mandatario que aprovecho la coyuntura de la sesión solemne del "QUINTO INFORME de GOBIERNO" en el Congreso Estatal para "engallarse" escudándose en los ciudadanos ajenos a las acusaciones por delincuencia organizada   y volvio retar a la Federación con palabras llenas de soberbia, en tono altanero,con poses y gritos de guerra entre palabras balbuceantes y repetitivamente mal pronunciadas.

De acuerdo a la informacion difundida este dia por ADN40,l
a popularidad del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca cayó al 33.3% según arrojó una encuesta telefónica realizada del 11 al 13 de marzo, esto luego de que en encuestas anteriores lo colocaban con un índice de aprobación del 65%, lo que representa una caída de alrededor de 33 puntos. 

Según la encuesta Indemerc dada a conocer ayer lunes, lo desaprueban mucho 32.8% de los tamaulipecos y lo desaprueba algo 9.6 % de la ciudadanía, es decir, un 43% de la población, lo que significa una caída notable en la simpatía de sus gobernados.

Indemerc

La popularidad de Francisco Javier García Cabeza de Vaca cayó alrededor de 30 puntos tras los señalamientos de la FGR.


El pasado 23 de febrero la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó a la Cámara de Diputados la solicitud de desafuero para el gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca, al estar señalado de operaciones con recursos de procedencia ilícita y lavado de dinero.


Tras estas acusaciones, García Cabeza de Vaca mantiene la aprobación de un 20.3% de la población y tan sólo lo aprueba mucho un 13% de la ciudadanía. 


Por su parte, la misma encuesta señala que el presidente de la república Andrés Manuel López Obrador (AMLO) mantiene una aprobación total de 58.3% contra un casi 20% de desaprobación.


Con informacion:Qunto Informe/Tamaulipas/Facebook