Entre el centenar de personajes que recibieron subvenciones ilegales de la administración Duarte, se encuentra la actual candidata del PAN al gobierno de Chihuahua y exalcaldesa de la capital del estado, María Eugenia Campos Galván, quien habría recibido más de 9 millones de pesos entre 2014 y 2015, cuando era diputada local.
Mientras que cuando fue presidenta municipal habría recibido sobornos por 1.3 millones de pesos, lo que da un total de 10.3 millones de pesos.
También destacan en la relación de supuestos receptores de recursos ilícitos dos morenistas: el senador Cruz Pérez Cuéllar, en contra de quien hay solicitud de juicio de procedencia desde el 7 de diciembre, y Héctor Armando Cabada Alvídrez, alcalde Ciudad Juárez.
De acuerdo con los legajos de las indagatorias de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua (FGJCH), a los que tuvo acceso EMEEQUIS, en la nómina secreta de César Duarte se encontraban, además:
Pedro Mauli, extesorero del comité estatal del PRI; Cristopher James Barousse, exdirigente nacional juvenil del tricolor; Teokali Hidalgo, exdirigente municipal del PRI en la capital chihuahuense; los exdiputados locales Rodrigo de la Rosa (PRI), María Ávila Ávila Serna (PVEM), César Jáuregui Moreno (PAN), Fernando Reyes Ramírez (MC) y Hortensia Aragón Castillo (PRD).
MIL MILLONES PARA CONTROL POLÍTICO
A su arribo como gobernador del estado de Chihuahua, César Duarte puso en marcha una operación de control político a partir de la creación de una nómina alterna que suministró más de mil millones de pesos, tan sólo entre 2010 y 2016, a personajes de la vida pública chihuahuense, quienes recibían el dinero mensualmente.
La nómina fue creada por instrucciones de Duarte Jáquez a varios funcionarios de la Secretaría de Hacienda del gobierno de Chihuahua. La dependencia emitía mensualmente cheques de 5 a 20 millones de pesos, los cuales eran depositados a una empresa de traslado de valores, que hacía llegar el dinero de forma líquida a las oficinas de la Tesorería Estatal.
El efectivo se resguardaba en la bóveda de esta instancia, de donde salía para efectuar las entregas a funcionarios públicos, diputados locales y federales de distintos partidos políticos, candidatos, dirigentes y operadores políticos, locales y nacionales, medios de comunicación, periodistas, líderes sindicales, al igual que a parientes y amigos del mismo exgobernador.
El dinero se entregaba en efectivo dentro de sobres o paquetes, en las oficinas de la Tesorería en el Edificio de la Secretaría de Hacienda, o bien, de forma clandestina en el estacionamiento subterráneo de la misma dependencia.
Tan sólo de los ejercicios 2014 y 2015, obran en el expediente 470 recibos firmados por 34 personas por 172 millones 633 mil pesos, provenientes de la “nómina secreta” del exgobernador César Duarte.
La Secretaría de la Función Pública (SFP) de Chihuahua inició indagatorias en abril de 2017. Hasta ahora ha emprendido procedimientos administrativos en contra de 14 exfuncionarios que figuran como receptores o emisores de pagos por 45 millones de pesos cada cual. Los procedimientos de 20 de los casos restantes están en manos de otras instancias, como corresponde a su competencia administrativa.
La investigación que halló la nómina secreta fue desarrollada por la administración del gobernador Javier Corral Jurado, mediante diversas auditorías y revisiones a la contabilidad gubernamental.
MARU CAMPOS Y SU SECRETARIO, ENTRE LOS “MAICEADOS” POR DUARTE
Uno de los objetivos principales de la nómina secreta del exgobernador César Duarte era el control del Congreso de Chihuahua. En ese periodo, una de las protagonistas de la legislatura local era la actual candidata albiazul al gobierno de Chihuahua, María Eugenia Campos.
En ese entonces, Maru Campos era diputada y vicecoordinadora del grupo parlamentario de Acción Nacional en el Congreso de Chihuahua.
Las indagatorias acreditaron más de 30 entregas de dinero en efectivo por cerca de 14 millones de pesos a la diputada Campos y al diputado César Jáuregui Moreno, durante los años 2014 y 2015, “con el fin de respaldar la aprobación de temas hacendarios y cuentas públicas del exgobernador”.
Destaca, además, el pago de la tarjeta de crédito de María Eugenia Campos Galván, mediante depósito bancario de la Tesorería del Estado, en el mismo periodo; “7 millones recibidos mes con mes”, es decir, en parcialidades mensuales; el pago de un millón de pesos para remodelar su vivienda; y el pago de más de un millón de pesos a uno de sus hermanos.
Cabe recordar que, en calidad de secretaria de la Comisión de Fiscalización del Congreso del Estado, Maru Campos aprobó en el 2015 la Cuenta Pública del 2014 de la administración de César Duarte, dictaminando que no existían irregularidades en el manejo del dinero público.
En el caso del exdiputado César Jáuregui Moreno, este habría recibido 2 millones de pesos en efectivo en el Hangar de Gobierno, como apoyo en la contienda interna para la dirigencia estatal del PAN en el 2014; y 1.4 millones en 2015, “por el respaldo a la Fibra E de infraestructura carretera”, dentro de la reestructuración de la deuda pública del gobierno duartista.
LOS “MOCHES” DE MARU
La panista Maru Campos enfrenta además cargos por cohecho y uso indebido de atribuciones en su desempeño como presidenta municipal de Chihuahua.
La Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua emprendió el procedimiento judicial contra Campos Galván como presunta responsable.
La dependencia presume que durante su gestión como presidenta municipal, Campos habría recibido sobornos por 1.3 millones de pesos para manipular licitaciones de obras públicas y favorecer a determinados empresarios.
La formulación de imputaciones estaba programada para realizarse el 16 de febrero, pero, pero el juzgado difirió la audiencia para el 5 de marzo, a petición de la defensa.
CRUZ PÉREZ CUÉLLAR, EN JUICIO DE PROCEDENCIA
El senador morenista Cruz Pérez Cuéllar habría recibido pagos de la nómina secreta de César Duarte por 2.5 millones de pesos, según los legajos.
La FGJCH emprendió un procedimiento penal contra Pérez Cuéllar bajo la imputación de los delitos de “encubrimiento por receptación” y “promoción de conductas ilícitas”, ambos previstos en el Código Penal del Estado de Chihuahua.
Para presentarlo ante la justicia, la Fiscalía General del Estado solicitó a la Cámara de Diputados el desafuero del senador, mediante una solicitud de declaración de procedencia.
Esta solicitud aún no ha sido publicitada en Twitter por Ignacio Mier Velazco, presidente de la Junta de Coordinación Política de San Lázaro.
No obstante, el 7 de diciembre de 2020, la Comisión Instructora de la Cámara de Diputados aceptó abrir el expediente para el proceso de desafuero, mediante un Acuerdo de Radicación de la Solicitud de Declaración de Procedencia, en contra del senador Cruz Pérez Cuéllar.
LOS PROCEDIMIENTOS
La Fiscalía Estatal emprendió procedimientos en contra de los legisladores, incluidos los líderes panistas y otros exdiputados de distintos partidos, ante el juez de Control del Distrito Judicial Morelos en fecha de 24 de noviembre del 2020, por el delito de Cohecho regulado en el Código Penal del Estado de Chihuahua, que se radicó en el Tribunal bajo el número de Causa Penal 2821/2020.
A inicios del mes de enero, un juez de Control del Tribunal Superior de Justicia del Estado, citó a los exlegisladores para la formulación de cargos. Sin embargo, la defensa de María Eugenia Campos logró un par de diferimientos a partir de amparos.
Hoy se efectuó un tercer diferimiento por parte del juez de Control.
La exdiputada es representada por los exfuncionarios de la extinta PGR, Francisco Molina Ruiz y Francisco Chávez Chávez, y por el exprocurador federal Antonio Lozano Gracia.
En el mismo caso se encuentra el exdiputado local César Jáuregui Moreno, cuyo procedimiento penal estaba suspendido por resolución del juez Cuarto de Distrito en Ciudad Juárez, lo que motivó una queja disciplinaria ante el Consejo de la Judicatura Federal, por conceder una suspensión prohibida por la jurisprudencia de la SCJN.
CONFESOS
Respecto de otros funcionarios mencionados, el extesorero del comité estatal del PRI, Pedro Mauli, recibió sentencia condenatoria y Cristopher James Barousse, líder juvenil tricolor, fue vinculado a proceso.
Algunos de los beneficiarios de la nómina secreta de César Duarte se acogieron al criterio de oportunidad, confesaron, y reintegraron dinero a las arcas del estado.
El morenista Armando Cabada, alcalde de Ciudad Juárez, regresó 4.3 millones de pesos; Fernando Reyes Ramírez, exdiputado local por Movimiento Ciudadano, 2.4 millones de pesos; Hortensia Aragón Castillo, exdiputada local y expresidenta estatal del PRD, reintegró 2 millones de pesos.
Teokali Hidalgo, expresidenta municipal del PRI de Chihuahua Capital, devolvió 500 mil pesos.
En la lista se hallaba incluso Javier Contreras Orozco, exdirector del periódico El Heraldo de Chihuahua (Organización Editorial Mexicana), quien devolvió 10 millones de pesos.
El caso se conforma hasta ahora por 16 tomos, 16 mil cuartillas aproximadamente y seis discos compactos, entre denuncias y pruebas testimoniales, documentales, bancarias, financieras, patrimoniales, gubernamentales, auditorías, peritajes, análisis criminales, reportes policiales e informes de dependencias públicas.
Fuente.-@emeequis/
