Al asumir su responsabilidad como nuevo titular del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), el primer nombramiento que hizo el general Audomaro Martínez Zapata fue el del secretario general del principal órgano de seguridad nacional y, en consecuencia, el segundo hombre al mando en la estructura operativa del CNI, el abogado José Ángel Ávila Pérez, un burócrata sin mayor mérito que haber sido secretario de gobierno del Distrito Federal en administraciones perredistas, cuando Marcelo Ebrard ocupó la jefatura de gobierno en la capital del país.
Sin embargo, desde los primeros días de su nombramiento, el perredista Ávila Pérez mostró inexperiencia y desconocimiento sobre asuntos de seguridad nacional del país y, lo peor de todo, para cubrir sus limitaciones buscó alianzas con el viejo equipo de coordinadores del desacreditado Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), el cual heredó al CNI una estructura de 3 mil 600 agentes y personal administrativo. Ello molestó al propio general Audomaro y a gente de Palacio Nacional, en donde aún se evalúa quién continuará en ese equipo. Pues no sólo se necesita experiencia, sino también honestidad y confianza, algo que se perdió en los 30 años de existencia de dicho Centro.
En la evaluación que se hizo sobre Ávila Pérez, se concluyó que para el cargo de secretario general del CNI se requiere a un experto en las áreas de inteligencia y seguridad nacional, para que ayude al general Audomaro a cambiar las viejas prácticas de espionaje y vulneración de los derechos humanos a las que estaba habituado el Cisen, y establecer acciones reales que resguarden la seguridad de 120 millones de mexicanos y se protejan territorio, mar y aire como parte de la soberanía e independencia de la nación.
Por eso sólo fueron 7 meses y 20 días los que el general Audomaro sostuvo a Ávila Pérez al frente de la Secretaría General del CNI y a partir de
este lunes 22 de julio ya no ocupará la oficina alterna a la Dirección General.
El mensaje del director general del Centro es claro: todos aquellos mandos superiores e intermedios que pretendieron aliarse con Avila Pérez como una medida de protección para seguir en sus cargos, serán revaluados y tendrán que pasar por las pruebas de control de confianza (polígrafo), pues es de todos conocido que desde allí salía información de inteligencia y espionaje para venderla al mejor postor. Lo cual ahora no sólo está prohibido, sino que a quien se descubra en estas prácticas perversas e ilegales será denunciado y procesado penalmente.
Un primer expediente que ya se investiga es el de exfuncionarios y algunos activos que andan vendiendo a empresarios y gobiernos estatales el sistema de espionaje Pegasus que había adquirido el Cisen. Todo hace parecer que de esto pronto habrá noticias.
Con la salida de Ávila Pérez se presenta el segundo cambio importante en ese cuerpo de seguridad nacional.
El primero, como se informó oportunamente en esta columna, fue el del longevo contralor Jesús Meza Zapata, como se informó en esta columna, quien se mantuvo en el cargo más de 21 años y vio pasar las administraciones de cuatro presidentes de la República y 10 directores generales del Cisen, hasta que él presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó su cese por ser uno de los encubridores de todas las prácticas sucias que se cometieron en los gobiernos del PRI y del PAN.
En las más de 2 décadas que Meza Zapata ocupó la Contraloría Interna, ese centro de investigación vivió sus peores años desde que fue fundado el 13 de febrero de 1989, tanto por los abusos cometidos desde sus oficinas como por las violaciones constantes a los derechos humanos (incluido aquí el espionaje político), sin descontar el despilfarro de recursos públicos, los elevados salarios de hasta 250 mil pesos mensuales para el grupo directivo de 40 funcionarios, la opacidad en el gasto, el tráfico y venta de expedientes, la venta de equipos de espionaje a gobiernos estatales y empresas privadas, así como la persecución y acoso a luchadores sociales, periodistas, empresarios, líderes sindicales y políticos de todas las corrientes.
La renuncia se Ávila Pérez es importante porque en gobiernos panistas y priistas se mantuvo al frente de este órgano de seguridad nacional a políticos y burócratas incapaces y corruptos, lo que trajo consecuencias graves que hasta ahora sigue enfrentando la sociedad por la inseguridad y la violencia generalizada ante el crecimiento desbordado del crimen organizado y la corrupción.
Sabemos que Ávila ha sido removido hacia áreas de reclusorios, algo en lo que ya había estado involucrado cuando fue secretario general de gobierno en la capital.
Más renuncias intempestivas
Las recientes renuncias de miembros del primer equipo se gobierno de Andrés Manuel López Obrador por lo menos han sido atropelladas e intempestivas, pero sobre todo con un propósito golpista y de buscar desprestigiar al jefe del Ejecutivo.
Entre ellas se debe contar la del secretario de Hacienda, Carlos Urzúa y el director general del IMSS, Germán Martínez, quienes prematuramente renunciaron a sus tareas porque no soportaron la presión o porque tenían planeado hacerlo al servir a otros intereses diversos.
Para los que ya habían trabajado con López Obrador era conocido que hablaba en serio cuando prometió romper las viejas estructuras de gobernar y crear una nueva conciencia en el servicio público en beneficio de la población.
“Es un gabinete que se propone tareas titánicas en todos los ámbitos nacionales”, por lo que las cartas de renuncia que presentaron por lo menos los dos ex funcionarios fueron inusuales por su crítica, como si hablar de un jefe que nunca conocieron y que nunca los escucho. Acaso no habían anticipado las presiones y problemáticas que debían enfrentar ante tales responsabilidades para las que recibieron invitación presidencial, entre otras razones porque su experiencia al frente de una secretaría de Estado, como es el caso de Germán Martínez, se reduce a menos de un año en la Secretaría de la Función Pública durante el gobierno del panista Felipe Calderón. En el caso de Urzúa, el presidente le había confiado La finanzas públicas del país, pero él prefirió renunciar por incapacidad para enfrentar los retos.
Todo esos elementos confirman la incapacidad de ambos funcionarios que nunca tuvieron claro que estaban en un gabinete presidencial distinto, que entran a negociaciones, convencimientos y operación a partir de equipos afines; no basta con ser elegidos, pues eso solo es el comienzo del rocoso escalamiento a las oficinas de decisiones nacionales.
Las quejas de Urzúa y Martínez no caben en personas con experiencia y trayectoria en el servicio público, porque dejan las instituciones en medio de procesos de planeación y puesta en marcha de programas tan importantes como son los de salud y las finanzas públicas, por ello no caben esas actitudes sabiendo las fragilidades iniciales a las que se enfrenta cualquier gobierno que empieza.
Las dos renuncias parten además de una ingratitud no solo hacia el presidente, sino con la sociedad toda que puso en ellos su confianza en ellos.
Pero en este contexto no todo es negativo, estas renuncias dieron espacio para que entraran dos lanzadores de buen brazo a la contienda, como diría López Obrador: Arturo Herrera a Hacienda y Zoe Robledo al IMSS, funcionarios que deben mostrar carácter, conocimiento técnico y sensibilidad social y política para sus nuevos encargos en bien del país.
Otra incorporación es el arribo de Juan Pablo Newman como director general de la Afore Siglo XXI (IMSS-Banorte), que cuenta con experiencia y reconocimiento de los mercados financieros locales e internacionales. A parte de tratarse de nombramientos en momentos difíciles para el país, los tres tienen perfiles adecuados: Arturo es economista, Zoe es politólogo y Juan Pablo es matemático, esperemos que ellos den buenos resultados.
fuente.-Miguel Badillo
