SE "PAGA SUELDAZOS" la CUPULA PANISTA del PAIS con CARGO al ERARIO PUBLICO...ya costaron mucho y siguen costando mas.

Con el triunfo de Vicente Fox en las elecciones presidenciales del año 2000, el PAN se hizo acreedor a los mayores recursos públicos de su historia y se mostró pródigo con sus dirigentes. Ahora, la popularidad panista va en picada, pero las remuneraciones de sus cuadros políticos se mantienen en muy altos niveles, al grado de que los integrantes de la cúpula blanquiazul ganan mucho más que el presidente de la República.

Pese a su imparable desplome electoral y su pérdida de influencia política, en el PAN prevalece la voracidad en los sueldos de la cúpula, los que se pagan con recursos públicos. No sólo son superiores a los 108 mil pesos al mes que recibe el presidente Andrés Manuel López Obrador, sino que en algunos casos son mayores a los 209 mil que obtenía Enrique Peña Nieto.

Aunque el actual presidente del PAN, Marko Cortés Mendoza, tiene un sueldo mensual de 171 mil pesos –63 mil más que López Obrador–, Damián Zepeda cobró 240 mil al mes cuando encabezaba al panismo, pese a entregar los peores resultados de su partido en tres décadas, con Ricardo Anaya como candidato presidencial.

Y Cecilia Romero, la presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones –la que organizó el proceso interno que llevó a Cortés a la presidencia del PAN el año pasado–, recibió 213 mil pesos mensuales, casi el doble de lo que gana al mes López Obrador.

Según información oficial del PAN –obtenida vía solicitud de información con base en la ley respectiva y por consulta en su página en internet–, la onerosa nómina del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) está integrada por más de 260 personas, 40 de las cuales cobran más de 100 mil pesos al mes y otras 40 que tienen ingresos que van de 80 mil a 100 mil pesos mensuales.

Con base en la información salarial de 2018 –el PAN no ha actualizado la correspondiente a 2019–, el secretario general del CEN, Héctor Larios Córdova, percibe 161 mil pesos mensuales y los secretarios, 152 mil al mes; y aunque otros ganan menos, son sueldos superiores a los 108 mil de López Obrador.

Por ejemplo, la secretaria de Asuntos Internacionales, Mariana Gómez del Campo, cobra 131 mil pesos al mes, lo mismo que Juan Manuel Oliva, secretario de Elecciones; el secretario de Comunicación, Felipe González Castañeda, y el vocero del PAN, Fernando Herrera.

Sin embargo hay funcionarios del CEN que tienen mayores ingresos que todos los secretarios y que el secretario general: el director general jurídico, Eduardo Aguilar Sierra, gana 169 mil pesos; el tesorero, Omar Gudiño Magaña, 161 mil –igual que Larios–, y el contralor nacional, José Luis Puente, con percepciones mensuales de 155 mil 115 pesos.

En la nómina del CEN del PAN hay casos peculiares: uno es el del presidente de la Comisión de Orden, el diputado federal Carlos Castaño Valenzuela, quien cobra casi 200 mil pesos mensuales –199 mil 943.57 pesos–, quizá porque es amigo de Anaya, cuya campaña coordinó en la primera circunscripción.

Y otro es el secretario particular de Anaya, Osiris Hernández Peña, quien percibió por ese cargo 138 mil 727 pesos mensuales hasta el fin de la campaña presidencial de 2018. 

En cambio, el secretario particular de Cortés, Carlos Alberto Cárdenas Alamilla, cobra 92 mil 538 pesos mensuales, aunque la jefa de su oficina, Laura Esquivel Torres, tiene un sueldo mensual de 118 mil 638 pesos.

Dos amigos de Anaya también obtuvieron jugosos ingresos durante la campaña: el tesorero, Édgar Mohar Kuri, cobraba 186 mil pesos al mes, la misma cantidad que percibía Fernando Rodríguez Doval como secretario general.

La nómina del PAN es usada también por familias, como los Adame: el padre, actual diputado federal y exgobernador morelense Marco Antonio Adame, fue hasta el año pasado secretario de Asuntos Internacionales y ganaba 153 mil pesos al mes; y su hijo era coordinador nacional de ayuntamientos, con un salario de 144 mil pesos.

Hay un solo secretario del CEN con un sueldo menor a todos los miembros de ese órgano: el dirigente juvenil, Alan Ávila Magos, que cobra 80 mil 741 pesos al mes.

Mucho sueldo, pocos votos

El PAN ha sido un partido pródigo con sus dirigentes a raíz de que aceptó, en los noventa, recibir las prerrogativas oficiales. Cuando Felipe Calderón llegó a la presidencia partidista, en 1996, lo primero que hizo fue aumentarse el sueldo, como aseguró Julio Castillo López, hijo mayor de Carlos Castillo Peraza.

El triunfo del PAN en la Presidencia de la República, en el año 2000, le permitió recibir los mayores recursos públicos de su historia, pero que desde entonces han disminuido conforme a su paulatina decadencia electoral.

Luis Felipe Bravo Mena, quien presidía el PAN cuando ganó la Presidencia de la República, tenía un sueldo de 105 mil 318 pesos, 52 mil menos de lo que percibía Fox; Manuel Espino, quien lo sucedió, en 2005, tuvo un aumento marginal.

En 2008, con Calderón en la Presidencia de la República, el sueldo de Germán Martínez como presidente del PAN subió a 130 mil 352 pesos, cantidad que prácticamente conservó César Nava; Gustavo Madero elevó sus ingresos mensuales hasta 228 mil pesos mensuales. 

Cuando Anaya le ganó a Javier Corral la presidencia del PAN, en 2015, prometió bajarse el sueldo: Como el tabulador establecía que era de 124 mil 624 pesos con 70 centavos, decidió cobrar, “por renuncia voluntaria”, sólo 48 mil pesos con tres centavos, una reducción de 76 mil pesos.

Según ese mismo tabulador, los secretarios del CEN siguieron percibiendo entre 75 mil 700 y 83 mil 600 pesos netos cada mes, y un director de área percibía hasta 87 mil 266 pesos con 45 centavos, casi el doble de lo que ganaba Anaya Cortés.

Sin embargo, al final de la gestión de Anaya los salarios crecieron de tal manera que Damián Zepeda, secretario general en funciones de presidente, cobraba hasta 240 mil pesos al mes.

El ascenso en los sueldos de la cúpula del PAN se produjo mientras iba disminuyendo el apoyo de la sociedad: pasó de 42% de Fox a 35% de Calderón, y de 25% de Josefina Vázquez Mota a 17% de Anaya.

Para los amigos

Los sueldos del PAN contrastan con los de Morena, el partido gobernante, cuya presidenta, Yeidckol Polevnsky, asegura que no recibe ningún emolumento, en tanto que la dirigente del PRI, Claudia Ruiz Massieu, sólo cobra poco más de 100 mil pesos mensuales como senadora.

Pero además de ser elevados, los salarios en el PAN benefician al grupo que lo controla y que integra a los órganos de dirección, como el Consejo Nacional y los que de él derivan.

Por ejemplo, la Comisión Organizadora Electoral, presidida por Gildardo López Hernández, cuyos tres integrantes –allegados a Anaya y Cortés– perciben 92 mil 299 pesos mensuales.

También la Comisión de Justicia, que encabeza Leonardo Guillén Medina –amigo de Zepeda–, y la Comisión de Orden, encabezada por Castaños Valenzuela, cuyos integrantes cobran 92 mil pesos.

Aunque el presidente de la Comisión Anticorrupción, Luis Felipe Bravo Mena, no aparece en la nómina del CEN del PAN, el secretario técnico, Alberto Mesta Solule, y el asesor jurídico, Eduardo Martínez Noriega, cobran 65 mil pesos mensuales.

En el área de Comunicación Social del PAN también tienen salarios que jamás percibirían en los medios de comunicación, en particular los amigos de Anaya y Cortés: el “director de síntesis”, Ángel Johtzan Quiñónez Alarcón, cobra 109 mil 639 pesos; Roberto Tavares Bautista, denominado “redactor”, percibe la misma cantidad, y César Adrián Gutiérrez Cantú, “asistente”, tiene un sueldo de 104 mil 994 pesos al mes… 

Fuente.-

LA RUTA de la IMPUNIDAD y 3 PRETEXTOS para "NO RESOLVER DELITOS"...la mediocridad viste muchos uniformes.

Lo que pasó ese día, hacía mucho se volvió rutina: a media tarde, nuestro sujeto rondaba los parabuses de la misma avenida, esperando una nueva víctima. La encontró. Al principio, parecía como si se acercara a preguntarle a ella la hora o la ruta del camión que ahí esperaba. Eran solo ellos dos. Segundos después, el sujeto ya forzaba una navaja contra su cintura hasta que logró arrancarle el bolso. De la frustración y el miedo, la señora se quedó en el piso llorando varios minutos después del incidente. A muchas y muchos nos ha pasado. A veces es el pago de la semana, el celular por el que aún debemos 10 mensualidades, el reloj que era de la tía Marta. Sobre la víctima no sabemos mucho más. Como la mayoría,1 calculó que invertir tres horas o más en levantar una denuncia en el Ministerio Público —como le ocurrió a 51% de las personas que sí lo hicieron—2 no resultaría en justicia. Revisó sus bolsillos, sacó un par de monedas y se subió al siguiente camión.

Un peatón que observó el robo a pocos metros de distancia hizo una llamada de emergencia  y reportó los hechos a la policía. Tras la llamada, los tres agentes encargados de la vigilancia del sector accedieron al sistema de video-vigilancia que recibe el C4 del municipio. Identificaron al sujeto en minutos. Ya lo habían detenido y puesto a disposición del Ministerio Público varias veces por hechos similares antes pero, cada vez, los fiscales encontraron subterfugios distintos para no abrir una investigación (más trabajo para ellos o cifras crecientes de denuncias, ambas indeseables). El caso, a fin de cuentas, es que los agentes saben incluso dónde vive el perpetrador, pero no tienen facultades para arrestarlo.

El camino que toma nuestro análisis se bifurca en este punto. Tenemos, por un lado, una ruta en la que la investigación del delito se desarrolla en un escenario más o menos ideal con la participación de la policía y otra —por la que hemos decidido transitar como país— plagada de obstáculos para que esto ocurra. Es, en pocas palabras, el camino a la impunidad. Abordaremos ambas, en ese orden, para mostrar que éste mal tiene explicaciones que no se limitan, como suele pensarse, a la falta de voluntad de la policía para controlar el delito y la violencia. Tenemos un problema de diseño institucional que puede y debe resolverse.

Escenario ideal

Con nuestro presunto responsable identificado, la policía puede —y en algunas ciudades, lo hace— realizar actos de investigación para obtener la evidencia que se requiere para acreditar su responsabilidad en un juicio. Además de aportar la videograbación descrita, las unidades de investigación de las corporaciones también pueden acceder a los registros de sus detenciones previas por robos idénticos registradas en su Informe Policial Homologado, por ejemplo. Pueden inspeccionar el lugar donde sucedió el delito y recuperar objetos que pudieran estar relacionados con los hechos, o entrevistar a víctimas y testigos de los casos anteriores. Así, con estas tareas, la policía puede construir una primera crónica de los hechos.

A estas alturas, es evidente, el proceso de investigación del delito ya inició y la policía es el actor natural para dar estos primeros pasos antes de acudir al Ministerio Público. Pero ya una vez ahí, el MP recibe el reporte policial, abre una carpeta de investigación y determina la estrategia a seguir. En este universo paralelo, la evidencia se resguardó, víctimas y testigos están identificados y localizables, los testimonios se recabaron y se recuperó información crucial para resolver el caso.

El camino a la impunidad

Tanto se ha desacreditado a las policías locales en los últimos años, a veces con sustento y muchas otras sin él, que olvidamos que son la red más amplia de vigilancia con la que cuenta el Estado. En sentido similar, pocos servidores públicos deben estar más en contacto con la población y sus problemas como la policía municipal.3 La mejor prueba de ello es que el delito más frecuente en México de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2018 es también el más atendido por agentes de la policía municipal en sus labores cotidianas: el robo a transeúnte.4 Precisamente, el delito que captó la cámara de vigilancia del C4.

¿Qué pasa entonces? ¿Dónde se pierde la información e inteligencia que se recopila en la calle y en las unidades de análisis de la policía, de manera que no llega al sistema de justicia? ¿Es un problema de diseño institucional, de interpretación del marco legal, o quizá una combinación de ambas?

Para ilustrar la respuesta a estas preguntas, tomaremos ahora el camino que, en la bifurcación, lleva a la impunidad en nuestro caso de robo a transeúnte que quedó registrado en video; el que está plagado de obstáculos para la investigación. Aunque no son las únicas, es muy probable que las siguientes sean las trabas más frecuentes que escucha un policía que quiere investigar delitos.

1. “La policía no recibe denuncias”

La ley5 en este país dice con mucha claridad que el Ministerio Público y la policía están obligados a proceder sin mayores requisitos a la investigación de los hechos presuntamente delictivos de los que tengan noticia y que, para el inicio de la investigación, basta la comunicación (escrita o verbal) de cualquier persona (víctima o testigo) para hacer del conocimiento de la autoridad investigadora tales hechos.6 Dicho de otra forma, las policías están facultadas y obligadas a recibir denuncias y, a partir de ese momento, empezar una investigación. Justo aquella que describimos en nuestro escenario ideal. El problema, como casi siempre, es que nos empeñamos en quedarnos lejos de practicar lo que dice el papel.

En México, con contadas excepciones,7 las policías no reciben denuncias. Si roban tu casa, te roban el reloj, la bici o lo que sea y acudes con el agente más cercano a reportar los hechos, se te pedirá de la manera más atenta (eso sí) que te presentes ante una agencia del Ministerio Público a levantar la denuncia. Ante la impotencia, pocas veces nos preguntamos por qué. Asumimos que así son las cosas y que no existe otra forma de hacerlas. La explicación es que el Ministerio Público y los fiscales se hicieron a la idea de que, para evitar abusos de los agentes policiales o incluso persecuciones políticas, sólo en sede ministerial se puede presentar una denuncia, abrir su correspondiente carpeta de investigación y ya después de todo eso, la policía —bajo su “conducción y mando”—8 puede empezar a hacer su trabajo. También, hay que decirlo, es una forma de concentrar poder.

Consideremos además que cada caso al que el Ministerio Público le da entrada le implica más trabajo y casos pendientes. También, que le suma dígitos a la incidencia delictiva, lo que irritará a su autoridad superior (“¿cómo que subieron los robos?”, será el reclamo). Así, la contribución de la policía mexicana en el combate al delito se parece menos a lo que hace un policía con tareas de investigación (un detective de policía) en cualquier parte del mundo,9 y es más un mero observador y mal gestor de la frustración de millones de víctimas del delito. Debe ser tremendamente frustrante enterarse a diario que, aquello que es tu responsabilidad cuidar, es vulnerado sin poder hacer nada —o casi nada— al respecto.

En lugar de acudir para ello al agente de policía más cercano para denunciar el delito y que la investigación inicie, las víctimas o testigos de un delito tienen que desplazarse a la agencia de Ministerio Público. Por si esto no fuera suficientemente problemático, en algunos casos a las víctimas se les pide —sin sustento legal alguno— que presenten su denuncia no en la agencia que les quede más próxima, sino en la agencia “especializada” para recibir o atender el tipo de delito del que fue blanco. Muy probablemente, mientras más distancia geográfica exista entre la víctima o testigo del delito y la sede ministerial, menos delitos se denunciarán.

2. La policía no puede investigar si no es bajo el mandato expreso del Ministerio Público

Si no los ordena el Ministerio Público de forma expresa, los actos de investigación que realizan las policías pocas veces les son reconocidos como válidos. En nuestro ejemplo, si la policía hubiese llegado al lugar de los hechos para entrevistar a la persona que realizó la llamada de emergencia y a otras que hubiesen atestiguado los hechos, a vecinos, etc., no serían recibidas por el MP simplemente porque, en ausencia de una denuncia presentada ante esa autoridad, no existe una carpeta de investigación al cual anexar el reporte policial. El Ministerio Público exigirá que la víctima acuda ante él a denunciar. Así, en realidad, en México prácticamente no se investigan delitos de oficio; atienden sólo aquellos en los que la víctima lo exigió.

Entonces, ¿en qué casos el MP sí recibe un caso presentado por la policía? Cuando se trata de una detención en flagrancia. Cuando la autoridad sorprendió a una persona en el momento en el que se cometía el delito, o bien, en posesión de un objeto reportado como robado, entonces el caso está prácticamente resuelto. En ese escenario el Ministerio Público recibirá la denuncia con los brazos abiertos porque el trabajo ya está hecho y las probabilidades de que la consignación sea exitosa son mucho mayores. Las flagrancias son, en términos prácticos, una garantía de triunfo con el menor esfuerzo posible.

A nivel nacional, sólo una de cada 10 personas privadas de la libertad en centros penitenciarios de todo el país —con y sin sentencia— fueron arrestadas como resultado de una orden de aprehensión.10 ¿Qué nos dice este dato? Como para obtener una orden judicial en este sentido es necesario presentar al juez datos de prueba que acrediten que se cometió un hecho delictivo, y de que probablemente la persona imputada lo cometió o participó en su comisión, esta cifra es una buena aproximación a la (in)capacidad de las fiscalías de identificar a un probable responsable cuando éste no se les es entregado "en bandeja de plata”. Y ello, sin siquiera considerar que esa pequeña primera victoria -la de conseguir una orden de aprehensión- puede ser más bien el resultado del papel activo de las víctimas en la investigación.

3. La policía sólo puede hacer “investigación para la prevención del delito”, o investigar delitos que no han ocurrido.

Es cierto que se puede disuadir la comisión de delitos por medio de la presencia estratégica11 de la policía. También, que por medio del análisis de datos de la georreferenciación del fenómeno se puede efectuar patrullaje estratégico que lleve a la policía a sorprender a perpetradores de delitos en flagrancia. Sin embargo, pretender que esta sea la única vía para que la policía combata al delito implica un desperdicio imperdonable de inteligencia y recursos humanos en uno de los peores momentos para la seguridad en México. La policía debe contribuir a sostener acusaciones penales y a resolver casos. Sancionar la comisión del delito es, también, una forma de prevenir que se cometan más en el futuro.12

El obtuso concepto de “investigación para la prevención del delito” se originó por ahí de 2009, en la Ley de la Policía Federal para, muy probablemente, no importunar al Ministerio Público —como ya vimos, el gran monopolizador de la investigación— con la creación de las divisiones de investigación de la corporación: La investigación para la prevención de los delitos, en términos de los artículos 16 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es el conjunto sistematizado de acciones y procedimientos encaminados a la planeación, obtención, procesamiento y aprovechamiento de la información, con el propósito exclusivo13 de evitar la comisión de delitos (…).

Por medio de dicho concepto, se reforzó la inoperante noción de que sólo las policías adscritas al Ministerio Público pueden investigar con el objetivo de identificar a quienes perpetraron un delito, ubicarlos y arrestarlos para que sean sancionados por un juez. Se trata, en parte, de una vieja disputa entre el Ministerio Público y su jefe, el Procurador o Fiscal —por parte del “bando” del sector justicia— y la policía, y el titular del sector seguridad. En el forcejeo político, el Ministerio Público ha resultado el claro vencedor; irónicamente, no así la justicia.

* * *

Nos hubiera gustado contar que después de que nuestros tres agentes acudieron nuevamente al Ministerio Público para aportar el video que capturó el desarrollo del delito y su a perpetrador, el MP finalmente abrió una carpeta de investigación y se dio a la tarea de solicitar al juez una orden de aprehensión. Pero eso no ocurrió. El asaltante, al día de hoy, recorre las rutas y hace lo suyo con la misma impunidad de siempre. Mientras tanto, los agentes patrullan sus colonias asignadas con la esperanza de, ahora sí, encontrarlo en el momento justo del acto, en posesión de los objetos robados y, con suerte, alguna de sus víctimas esté dispuesta a pausar su día para levantar la denuncia y rendir su testimonio.

A contra corriente y desarmadas —figurativa pero también literalmente—, algunas policías locales de este país están reclamando una posición útil en la resolución de los delitos que ocurren en México por medio de unidades de investigación en sus corporaciones. Sin embargo, en algún momento sus esfuerzos topan con pared.

No sostenemos que fiscalía alguna haya reaccionado positivamente ante la actitud proactiva de la policía, sin embargo, sí afirmamos que se trata de excepciones. La regla es que las fiscalías tienen monopolizada la (poquísima) labor investigativa y, sobresaturados de trabajo, se han profesionalizado también en la obstaculización de la denuncia. Ni hacen, ni dejan hacer. Del bajísimo porcentaje de delitos por los que el Ministerio Público inició una carpeta de investigación —6.8% del total—,14 solamente en 4.2% de los casos se puso a disposición del juez al presunto responsable, también de acuerdo con las estimaciones de ENVIPE 2018.

La modificación del artículo 21 constitucional que otorga al Ministerio Público la conducción y mando de la investigación del delito —o, en su defecto, su regulación— es hoy un asunto de seguridad pública.

¿Quién calcula conveniente detener la investigación de los delitos en México?

Lilian Chapa Koloffon

Analista de políticas de seguridad

Marien Rivera

Maestra en Derecho por la Universidad de Harvard. 

Investigadoras del World Justice Project.

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DE 2006 a FEBRERO de 2019: 119 MARINOS y 547 MILITARES MUERTOS en GUERRA ANTI-NARCO...tambien victimas de la fallida estrategia.

Al menos 119 elementos de la Secretaría de Marina (Semar) han fallecido del 2006 a la fecha en enfrentamientos o emboscadas de la delincuencia organizada. En el mismo periodo, 41 marinos han desaparecido en misiones contra el crimen, principalmente en Veracruz y Tamaulipas.

El último fallecimiento de un marino ocurrió la madrugada del domingo pasado, cuando presuntos delincuentes dedicados al robo de combustible se enfrentaron a elementos de la Marina en Xicotepec, Puebla, a la altura del poliducto Tuxpan-Azcapotzalco.

El episodio más cruento ocurrió el 1 de mayo del 2015 en Villa Purificación, Jalisco, cuando un comando del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) usó un lanzacohetes para derribar un helicóptero de la Marina, por lo que seis efectivos murieron a causa del desplome. La acción de la delincuencia tuvo el propósito de evitar que los elementos de la Marina capturaran a Nemesio Oseguera, el Mencho, líder del CJNG, actualmente prófugo.

Datos obtenidos por El Economista —vía transparencia— muestran que 118 elementos de la Marina han fallecido del 2006 al 2018. Con el elemento que murió el domingo pasado, suman 119 que han perdido la vida en acciones contra la delincuencia organizada en nuestro país.

Asimismo, de acuerdo con la Semar, 117 elementos de la Marina han resultado heridos en dicho periodo, también como parte de las misiones de combate al crimen que llevan a cabo.

En el 2006, cuando inició la guerra contra la delincuencia que emprendió el gobierno de Felipe Calderón, murió un elemento de la Semar; un año después fueron tres. En el 2008, no falleció ningún elemento. En el 2009, tres elementos perdieron la vida, y un año después la cifra aumentó a 18. Luego en el 2011 el número de fallecidos fue de 24, y en el 2012 se presentaron 16 casos.

Para el 2013, ya en el primer año de gobierno del entonces presidente Enrique Peña Nieto, nueve marinos perdieron la vida; en el 2014 fueron ocho; 16 en el 2015; seis en el 2016; 11 en el 2017, y tres en el 2018.

Marinos desaparecidos

La información de la Semar revela que las desapariciones de los 41 elementos ocurrieron de la siguiente manera: del 2006 al año 2009 no se registró ningún episodio, pero en el 2010 se presentaron siete casos.

En el 2011, 17 elementos desaparecieron, entre ellos un teniente de fragata y un primer maestre, en la Ciudad de México. En el 2012, se presentaron cinco casos en Colima, Campeche, Ciudad de México, Quintana Roo, y Baja California. En el 2013, dos casos, en Tamaulipas y Baja California. En el 2014, no ocurrió ningún suceso, mientras que en el 2015 acontecieron tres casos, en Veracruz, Ciudad de México y Tamaulipas. En el 2016, la Marina tuvo reporte de un solo elemento desaparecido.

Un año después fueron cinco y en el 2018 un caso más.

Asimismo, la Secretaría de Marina reportó 33 casos de elementos que presentaron estrés postraumático, trastorno psicótico agudo o trastornos mentales orgánicos, productos de sus actividades de trabajo.

El despliegue de la Semar

Los datos recabados por este diario revelan el despliegue de elementos de la Marina en el país desde el 2016, año en el que fueron desplegados 15,656 elementos en 19 entidades, principalmente Veracruz, Tamaulipas y Sinaloa. Un año después fueron desplegados 12,626 elementos, mientras que el año pasado fueron enviados 16,897 elementos a misiones de combate a la delincuencia organizada y apoyo a los gobiernos de los estados en materia de seguridad pública.

La anterior información fue recaba con base en las respuestas de información con números de folios: 0001300065918, 0001300065418, 0001300059618 y 0001300065718.

Caídos en Sedena

Por otra parte, información de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), hecha pública en su sitio electrónico, refiere que de diciembre del 2006 al 24 de febrero del 2019, han fallecido 547 elementos como parte de la campaña permanente contra el narcotráfico y la Ley Federal de Armas.

El pasado 8 de abril, El Economista publicó que en la administración de Andrés Manuel López Obrador se ha alcanzado un récord en el número de elementos del Ejército que se mantienen en las calles del país, en comparación con los últimos 12 años.

Entre enero y finales de marzo pasados, el Ejército tenía desplegados en promedio 62,954 elementos en las 32 entidades.

Esta cifra equivale a un aumento de aproximadamente 69% en comparación con el último año del sexenio de Vicente Fox Quesada y el inicio del sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, en el 2006, cuando se desplegaron 37,253 elementos.

En el último año de gestión de Felipe Calderón y el principio del sexenio de Enrique Peña Nieto, en el 2012, se desplegaron en promedio 49,650 elementos militares. El aumento de militares es, entonces, de 26.7 por ciento.

Por secuestro, siete presos

Siete elementos de la Marina, detenidos en el 2017 por participar en el secuestro de un empresario y político de Veracruz, siguen presos en el Reclusorio Sur de la capital del país.

En julio del 2017 se difundió un video de las cámaras de seguridad de la Ciudad de México, en el que observó a personal de la Marina, a bordo de la camioneta 4267, perseguir a un empresario que viajaba en un vehículo por calles de la capital.

Los marinos —integrantes del 29 Batallón de Infantería— detuvieron al empresario, lo bajaron del auto, lo subieron a la unidad militar y le notificaron que se trataba de un secuestro.

Por estos hechos, elementos policiacos de la Ciudad de México detuvieron al cabo Federico “R”, y a los marinos Raúl Alejandro “M”, Fernando “J”, Francisco Javier “A”, Daniel “S” y Reynaldo Pedro “T”.

De acuerdo con la Secretaría de Marina, esos seis elementos fueron procesados en el fuero civil debido a que eran personal de milicia auxiliar, mientras que un elemento más fue procesado en el fuero militar.

En el caso de los seis elementos, se les inició la causa penal 118/17, y se pusieron a disposición del agente del Ministerio Público de la Federación, titular del Núcleo de Investigación, de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos en Materia de Secuestro; y vinculados a proceso por el juez de Distrito especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México.

“Se informa que un elemento de la milicia permanente causó baja del Cuartel General del Alto Mando y alta en el grupo de militares procesados”, informó la Marina mediante el oficio 1814 de la Unidad de Transparencia.

fuente.-

"FUE el ESTADO": UN DOMINGO CUALQUIERA en la VIDA "DELICTIVA" de un EX-GOBERNADOR...la justicia tardía los busca después de dejar el cargo.

Un funcionario solo puede cometer tres clases de delitos, si hacemos caso a uno de los pecios del ensayista Rafael Sánchez Ferlosio.

El primero de estos delitos sería el delito común, es decir, aquel que lo iguala con el resto de los ciudadanos de su país y que es llevado a cabo más allá de los límites del puesto que ocupa.

Pongamos un ejemplo sencillo: un domingo, un gobernador cualquiera, revisando los periódicos, se encuentra con la noticia de la publicación de un libro que lo acusa de beneficiarse de una red de prostitución. Furioso, va a una librería y se roba un ejemplar del libro en cuestión.

El segundo de los delitos que un funcionario está en capacidad de cometer es el delito que Ferlosio denomina como paraprofesional, es decir, aquel que distingue al funcionario mencionado del resto de los ciudadanos. En este caso, el asunto se centra en la utilización de las atribuciones conferidas por su puesto para conseguir un beneficio privado.

Pongamos otro ejemplo, tan sencillo como el anterior: una tarde cualquiera, el mismo gobernador de Puebla que imaginamos hace un instante, cansado de ver su nombre asociado a la red de prostitución infantil que denunciara la periodista, llama por teléfono a la casa editorial que publicara el libro, solicita que lo comuniquen con el director general y una vez que este le toma la llamada, amenaza con utilizar todo su poder si no retiran el libro de las librerías.

El tercero y último de los delitos que un funcionario puede cometer, otra vez, en palabras de Ferlosio, es el profesional, es decir, aquel que lo enfrenta y que lo coloca en oposición directa al resto de ciudadanos de su país pero que también corrompe el quehacer del Gobierno y las estructuras del Estado. En este caso, el funcionario utiliza todos los medios que encuentra para conseguir un beneficio que ya no es tan sólo para sí, sino que se extiende a sus cómplices y, peor aún, es cometido en nombre de la figura del funcionariado.

Pongamos un tercer y último ejemplo: una tarde cualquiera, Mario Marín llama a un juez y exige una orden de aprehensión contra la periodista que lo ha denunciado, la cual es detenida ilegalmente en Quinta Roo, por 10 sujetos que aseguran ser policías. Tras la detención, comienza un secuestro de casi 20 horas, durante las cuales Lydia Cacho es víctima de tortura, abusos sexuales y amenazas de muerte, que suceden al mismo tiempo que el gobernador celebra el escarmiento que la periodista está recibiendo y el servicio que les han prestado, a él y a sus cómplices, el poder, el Gobierno y el Estado.

Lo más grave de esta situación, por paradójico que parezca, no es la detención ilegal de Lydia Cacho, o no lo es únicamente, como ella misma ha dicho en diversos foros. Y es que la maquinaria del delito profesional nunca termina en un evento particular, como sí sucede con el delito común y el delito paraprofesional. Al haber utilizado al sistema, es decir, al haber puesto al servicio de su crimen a los diferentes músculos del Gobierno y a las estructuras mismas del Estado, Mario Marín también puso en marcha los mecanismos que arrastra tras de sí el delito profesional y que garantizan la supervivencia del propio sistema, una vez que este se ha corrompido.

Es lo mismo que sucedió en Aguas Blancas, con los 43 de Ayotzinapa, en la plaza de Tlatelolco, con tantos otros periodistas y con los cientos de líderes territoriales asesinados o desaparecidos: tras el crimen, es decir, tras el delito profesional, sobreviene la catarata de delitos del sistema. Ahora bien, ¿cuáles son estos delitos? Aquellos que se cometen para encubrir, garantizar la impunidad, asegurar la discrecionalidad, perpetuar el abuso de poder, las solidaridades criminales, la defensa del buen nombre de los cuerpos de seguridad y de justicia, la pureza de los Gobiernos y la idea de que el Estado es intocable.

Por esto, aseverar: fue el Estado, en nuestra realidad no es ni será nunca una frase pronunciada al vuelo. Por el contrario, se trata de la sentencia misma de nuestra época. Y es que los engranes fundamentales del mecanismo que perpetúa el delito profesional, la piedra de toque que convierte en horror la normalidad y que transforma en moneda de cambio lo que debiera ser mero accidente, permitiendo el castigo sin legitimidad ni legalidad, es la falta de penas para los culpables, para los culpables de delinquir pero también de corromper el sistema.

De ahí que no baste, por ejemplo, con que el Estado le pida disculpas a Lydia Cacho y a todos aquellos que hayan sufrido tanto y como ella. La obligación del Estado y de los Gobiernos es romper la maquinaria que los ha desfigurado. Y deben empezar por castigar a los culpables de los crímenes profesionales que, en su actuar, atentaron contra todo y contra todos. Los dinamitadores del contrato social deben ser juzgados, desde Mario Marín hasta Emilio Lozoya. Y es que en tanto los delincuentes profesionales permanezcan libres, el otro fin de sus delitos: la vacuidad del ciudadano, la nulidad de la persona, la desaparición del individuo seguirá rigiendo la política y la vida diaria en México. Y el sufrimiento concreto de una periodista, de la madre de un estudiante o del esposo de una ambientalista seguirá siendo la mayor de nuestras tragedias.

Lo que le sucedió a Lydia Cacho también les sucedió a miles de mexicanos durante los últimos años. ¿Por qué? Porque permitimos que los delincuentes profesionales impusieran un Estado bandido y porque dejamos que las víctimas fueran despersonalizadas.

Es un asunto traslúcido: en México, la despersonalización de algo tan concreto como el dolor de uno y la instauración de un Estado al servicio de los criminales, convirtió al delito profesional en la manifestación del mal objetivo.

Por eso, para salir del círculo vicioso en el que hemos entrado hace tanto, hay que repetirlo: fue el Estado. En los casos de Lydia Cacho, Ayotzinapa, Aguas Blancas, Acteal, el Gato Félix, Noé Jiménez.

Fue el Estado. Y si queremos que las cosas cambien, si queremos dejar de vivir al interior de una maquinaria al servicio del delito profesional, hay que exigir mucho más que disculpas.

fuente.-Emiliano Monge/

QUE le PASA al "GOBIERNO FEDERAL MEDIOCRE" TRAS SEXTA FUGA de INMIGRANTES...medio cree que por decreto y buena voluntad se corregirá todo

Una nueva fuga, la sexta de este año, se registró este domingo en la Estación Siglo 21 del Instituto Nacional de Migración (INM) en esta ciudad.

Migrantes cubanos protestaban junto a las rejas principales, a un paso del exterior.

Decenas de policías federales arribaron al inmueble, ante la inconformidad de los extranjeros.

Sin embargo, los migrantes notaron que las rejas no tenían candado, comenzaron a jalar la puerta y la abrieron.

Salieron unos cuantos y un agente del INM intentó cerrar el portón, pero el resto lo empujó y salieron corriendo.

Una valla de policías federales apostados frente a las rejas se hicieron a un lado, en tanto que los que estaban en el interior de la estación tampoco hicieron nada por detenerlos.

Los cubanos demandaban no ser deportados y que se les dé acceso a trámites de regulación.

De acuerdo con los migrantes, el Instituto no les está dando la opción de iniciar ningún procedimiento con la intención de agotar los tiempos y devolverlos a Cuba.

"Nos quieren deportar y nosotros no queremos ser deportados, queremos que nos den un papel para seguir o que nos digan 'tienen 72 horas para abandonar el País', (para aprovechar y llegar a la frontera norte)", dijo uno de los manifestantes antes de la fuga.

Durante las revueltas que se han registrado en el interior, denunciaron que mujeres y niños han sido golpeados por los agentes migratorios.

Los cubanos insistieron en que las condiciones en el interior de la estación son inhumanas.

Se quejaron de que duermen en el suelo, en espacios humedecidos por las lluvias, y que la comida es escasa y de mala calidad.

Provocan migrantes incendio en Oaxaca

Un grupo de migrantes provocó un incendio en el interior de la Estación Migratoria de Tapanatepec, ubicada en el municipio del mismo nombre, en Oaxaca.

De acuerdo con un reporte del Instituto Nacional de Migración (INM), el incendio se registró alrededor de las 00:10 horas de este domingo.

Ninguna persona resultó lesionada, aunque el INM indicó que los daños ocasionados a la instalación son significativos.

"El Instituto está investigando los detalles de este incendio que fue provocado por personas que se encontraban dentro de las instalaciones, a fin de deslindar responsabilidades", indicó.

"Se están cuantificado los daños materiales, que en principio son significativos".

Al momento del incidente, en la Estación Migratoria se encontraban 117 migrantes albergados, además del personal del INM, que tampoco resultó afectado.

A este incidente se suman otros registrados en las últimas semanas en la Estación Migratoria Siglo 21 de Tapachula, Chiapas; desde riñas y motines hasta fugas masivas.

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"APROBAMLOMETRO": LOPEZ OBRADOR SIGUE CAYENDO en INDICE de APROBACION CIUDADANA...se agota de gota en gota el capital politico,aunque el tenga otras cifras.

La tracking poll #aprobAMLOmetro es un ejercicio estadístico diario sobre la aprobación o desaprobación de la gestión del presidente Andrés Manuel López Obrador, realizado por Consulta Mitofsky de Roy Campos para El Economista. De acuerdo con Campos, se trata de una medición digital de la función pública.

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"HUACHICULEROS" VAN ARDER en el INFIERNO,PROFANARON PANTEON con TOMA CLANDESTINA ...la unica religion es la del dinero.

Los huachicoleros ya no respetan ni el descanso eterno, pues en medio de un panteón ubicado en la capital mexicana, autoridades hallaron una toma clandestina de combustible robado, conocido como huachicol. No sería de extrañarse que sea una de las tantas medidas de José Antonio Yépez Ortiz alias “El Marro“, líder del Cártel Santa Rosa de Lima para robar a como dé lugar hidrocarburos.

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ALTOS MANDOS MILITARES "HAMPONE$ y HUACHICULEROS" del EJERCITO MEXICANO le ORDENABAN COLOCAR TOMAS CLANDESTINAS...ni honor,ni lealtad,ni sacrificio.

Se dio a conocer que elementos de la Policía Federallocalizaron una toma clandestina de combustible dentro de un túnel al interior de un panteón en la Alcaldía Azcapotzalco.

En un comunicado, la Secretaria de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPC) detalló que el hallazgo se realizó en el cementerio de San Isidro, en las inmediaciones de la colonia Santa Lucía.

Resultado de los trabajos de inspección, seguridad y vigilancia, indicó, los agentes de la División de Fuerzas Federales localizaron la entrada de un túnel que albergaba la toma clandestina.

El túnel, explicó tenía un gran tamaño y se conectaba a un poliducto de la paraestatal Petróleos Mexicanos (Pemex) del que se realizaba la extracción ilegal de hidrocarburo conocido como huachicol.

La SSPC indicó que el túnel fue resguardado por personal de la corporación y se dio parte al Agente del Ministerio Público de la Federación a fin realizar las acciones jurídicas competentes.
En tanto, personal de Pemex acudió al lugar a fin de cancelar el poliducto.

No se dio a conocer a qué grupo delictivo de huachicoleros pertenecía esta toma clandestina, pero no sería ninguna novedad que pertenezca a José Antonio Yépez Ortiz alias “El Marro“, líder del Cártel Santa Rosa de Lima.

Apenas el 7 de febrero pasado cuatro presuntos huachicoleros fueron detenidos por sustraer combustible dentro de un mercado ubicado en la avenida Gran Canal, sin número, en la colonia El Coyol, en el perímetro de la alcaldía Gustavo A. Madero, Ciudad de México.

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