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domingo, 14 de octubre de 2018

LA VOCACION "FORENSE" en el PAIS de los 3.7 HOMICIDIOS por HORA...desbordados por la violencia.

Ana Karen Martínez descubrió su vocación después de ser víctima de un asalto. A los 15 años, unos hombres se subieron al coche en el que viajaba y empezaron a golpearla y a amenazarla para que vaciara sus bolsillos. Al ver que no tenía nada, acabaron por dejarla ir. Tras el incidente, su familia decidió no denunciar por no confiar en el Ministerio Público. Cuando acabó el bachillerato, impulsada por ese episodio, decidió matricularse en la licenciatura de ciencias forenses, de la que se acaba de graduar. “Quería contribuir a mejorar el sistema judicial de mi país”, explica.
Como Martínez, cada vez más jóvenes mexicanos deciden formarse en este campo profesional, desbordado por la escalada de violencia en el país, con más de 22.000 homicidios en lo que va de año, el récord desde que se mantienen registros. El nuevo sistema de justicia, implantado en 2016, exige que los agentes que participan en un proceso forense tengan un título en un área del conocimiento relacionada. Sin embargo, la formación no está siempre a la altura del nuevo sistema y, tras graduarse, los profesionales se enfrentan a menudo a una falta de oportunidades laborales y a ambientes de trabajo saturados.
“¿Quién está aquí porque pensó que era C.S.I?”, bromea la Dra. Jennifer Hincapié ante un grupo de interesados en cursar la carrera de ciencias forenses en la Universidad Autónoma Nacional de México (UNAM). Nadie levanta la mano, pero la popularidad de las series de crimen es clave para explicar el auge de la demanda por este tipo de estudios. Sin embargo, de la serie a la realidad hay un trecho.
El interés de los jóvenes y la demanda de profesionales cualificados por parte de las instituciones han ido acompañados de un incremento de la oferta. En la actualidad, México tiene alrededor de 300 instituciones de enseñanza en estudios relacionados con las ciencias forenses, según Eliseo Lázaro, investigador del Instituto Nacional de Ciencias Penales. No obstante, la diversidad de centros es amplia y va de un puñado de universidades públicas de prestigio a cientos de pequeños institutos privados.
Encajada entre una panadería y una cafetería, la Institución Interdisciplinaria Jurídica, Fiscal y Forense tiene un aspecto humilde. En la recepción, dos profesores de balística comparten consejos para la próxima clase de tiro, mientras manosean un rifle deportivo Black Hawk y una réplica de revólver.
La historia de este instituto es un buen ejemplo del boom forense. Al principio, fue difícil arrancar: “No teníamos conocimiento previo y pensábamos que con dar publicidad en los tribunales íbamos a conseguir estudiantes”, explica la directora, Gilda Nava. En ocho años, la situación ha dado un vuelco; de tener 6 alumnos y dificultades para pagar el alquiler, han pasado a impartir cursos a unos 150 estudiantes en tres centros distintos por unos 100 dólares al mes.
Gilda Nava, directora de Interjurídica, en su despacho (Ciudad de México).
Gilda Nava, directora de Interjurídica, en su despacho (Ciudad de México).J.M.C.
La inversión en este tipo de formación no siempre da los retornos esperados. “Hay muchas entidades que forman a profesionales por cantidad, no calidad”, asegura Juan Martín Hernández, director de la Red Nacional de Expertos Forenses. “La falta de cualificaciones apropiadas hace que no puedan competir en el mercado laboral”, explica. Y en el sector público hay poca capacidad de absorción. Por ejemplo, la Fiscalía de la República (PGR) y las de los 32 estados no suelen abrir más de una decena de plazas por año debido a restricciones presupuestarias, y los criterios para acceder son exigentes.
Si no consiguen colocarse en las instituciones públicas, los recién graduados acaban en la docencia, la Policía, el paro o en consultoras privadas, donde los salarios tienden a ser más elevados - se gana, de promedio y según fuentes conocedoras del sector, entre 250 y 1.500 dólares por informe pericial (el precio varía según la dificultad del caso y el prestigio del perito), frente a salarios que están en torno a los 600 dólares brutos mensuales, en el caso de las fiscalías estatales, o 2.000, para la PGR.

Poco forense y mucho cadáver

Paradójicamente, nunca antes se habían necesitado tantos profesionales. Como consecuencia de un índice de homicidios que se ha disparado en 2018, las fiscalías, sobre todo las estatales, están desbordadas. Aunque no hay cifras oficiales, los expertos consultados estiman que hay alrededor de 7.000 peritos forenses en el sector público. De éstos, unos 1.700 trabajan para la PGR, y el resto, para las estatales, las que cargan con la gran mayoría de delitos. “Harían falta 4.000 más para aligerar la carga de trabajo”, asegura Hernández. Los informes periciales se acumulan y los escasos efectivos encadenan jornadas maratonianas. El reciente descubrimiento de un camión con 273 cadáveres en el Estado de Jalisco (centro del país), hacinados allí ante la saturación de la morgue, es una muestra de la presión a la que está sometido el sistema forense.
La cantidad de casos repercute, a su vez, en la calidad del trabajo de los peritos, que tampoco tienen tiempo para recibir cursos de actualización sobre las últimas innovaciones en el campo. Recién graduada, Ana Karen Martínez trabaja en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de Ciudad de México, encargada de apoyar a las víctimas durante investigaciones que a menudo están plagadas de fallos en la recolección de indicios - la probabilidad de que un delito sea resuelto es tan solo de 0.9%, según la ONG Impunidad Cero. “Hay una falta de debida diligencia cuando se investiga un crimen y también falta capacitación para tratar a las víctimas”, asegura Martínez. “Pero comprendo que el personal no da abasto”.
Ante la necesidad de profesionales cualificados, varias universidades públicas han irrumpido recientemente en el mercado con una doble intención: por un lado, proponer alternativas más económicas que la oferta privada y, por el otro, brindar una formación más completa. La UNAM fue la primera en crear en 2013 una licenciatura de ciencias forenses que combina asignaturas de varias ramas del conocimiento, desde la química y la medicina hasta el derecho y las humanidades. “Antes solo existían grados de criminalística o de criminología, con un perfil más limitado”, explica la coordinadora de la carrera, la Dra. Zoraida García.
Otras universidades públicas se han apuntado a la senda abierta por la UNAM. La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) estrenó licenciatura en 2016; la de Morelos, en 2017; y la de Guadalajara, en 2018. Las cifras son alentadoras. En la BUAP, por ejemplo, las solicitudes se han multiplicado por cuatro en tan solo tres años; de 89 en 2016 a 400 para el presente curso académico. “Y se va a incrementar”, predice Jaime Tepoz, coordinador de la licenciatura.
Pero este nuevo abanico de posibilidades educativas también adolece de uno de los principales talones de Aquiles de la formación en ciencias forenses: la falta de especialización. Esto puede perjudicar la credibilidad de las declaraciones de los peritos en un juicio. De las 26 especialidades periciales reconocidas por la PGR, en México solo hay cédula oficial de especialista en cuatro de ellas, según Eliseo Lázaro. “Si el abogado defensor desacredita el perito por no tener una especialidad reconocida, desacreditan el peritaje y el caso se puede perder”, explica el experto.
No obstante, la tendencia hacia una mayor especialización y mejores estándares de formación empieza a abrirse camino. La UNAM, por ejemplo, ya se está planteando abrir maestrías y cursos de formación continua y organizaciones como la Red Nacional de Expertos Forenses están desarrollando, junto con las universidades, estándares para elevar la calidad de la oferta educativa.
Hace unas semanas, Ana Karen Martínez viajó al Estado de Veracruz (este del país) porque se acababa de descubrir una fosa con 174 cuerpos dentro. Acompañó a un hombre a que se hiciera pruebas de saliva y sangre con la esperanza de identificar, entre los cadáveres, a un hijo desaparecido desde hace un año. Ella quiere especializarse en genética forense para ayudar a padres como él. Pese a los desafíos de la profesión elegida, Martínez tiene clara su vocación: “Ser útil a otras personas”.
fuente.-Diario Español/

CONDENAN a 2 AÑOS de CARCEL a MODERNO "ROBIN HOOD" ITALIANO,TRANSFERIA DINERO de "RICOS a POBRES"...y lo descubrieron.

Lejos del bosque de Sherwood y de la ciudad británica de Nottingham, un verdadero Robin Hood se escondía en Forni di Sopra, un pequeño pueblo entre los Alpes italianos.
Gilberto Baschiera, exdirector de la oficina local del banco italiano Banca di Carnia e Gemonese Credito Cooperativo, ha sido condenado a dos años de cárcel por realizar pequeñas transacciones desde las cuentas de sus clientes más adinerados a las de los que tenían más problemas económicos.
Baschiera, de acuerdo con el diario italiano Il Corriere della Sera, empezó a operar en 2009, en plena crisis económica.
Su modus operandi era realizar esos pequeños ingresos en las cuentas de los clientes que tenían vetado el acceso al crédito, de acuerdo a los estándares del banco, para que así pudiesen acceder a la financiación que necesitaban.
Roberto Mete, abogado de Baschiera explicó a la BBC, la idea del exbanquero era que estos clientes, cuya precariedad financiera era más acentuada, fuesen reponiendo ese dinero progresivamente, sin embargo, algunos de ellos finalmente no lo hicieron.
Lo que terminó por condenar a Baschiera, fue que uno de sus empleados descubrió el agujero en las cuentas de algunos de sus clientes ricos. Y, acto seguido, el propio Robin Hood italiano llamó por teléfono a cada uno de sus clientes robados para explicarles personalmente la situación.
Creó una especie de sistema financiero en la sombra durante años. Confiaba en que la gente a la que ayudaba fuera capaz de reponer el dinero. Pero no fue así”, asegura Mete.
Este exempleado de banca logro mantener oculto su peculiar sistema financiero durante varios años y llegó a robar hasta un millón de euros.
Sin embargo, y según se desprende de la investigación, ni un solo céntimo fue a parar a su bolsillo. Un argumento del que se ha valido la justicia para que Baschiera finalmente pueda evitar verse entre rejas, pese a que ha sido condenado a pasar dos años en prisión.
La ley italiana permite evitar la cárcel en penas de esa duración bajo determinadas condiciones, como carecer de antecedentes penales.
El precio que he pagado es muy alto y no lo volvería a hacer”, ha asegurado el propio Baschiera al diario La Republica.
El exempleado ha criticado que el sistema bancario abandone a los pensionistas y a los jóvenes y ha señalado cómo la crisis económica transformó los criterios para acceder a un préstamo. Ya no dependían de “una evalución general del cliente”, sino de la opinión de una computadora.

LAS "MOVILIZACIONES SOCIALES" de la DELINCUENCIA ORGANIZADA...mezcla de corrupción,desorden e impunidad.

La delincuencia organizada está siendo muy hábil para tripular movimientos sociales y manipular a la población a su favor, en contra de las autoridades.
Es tan corrupto el sistema de movilizaciones en México, que a muy pocas podemos darle la categoría de una auténtica manifestación ciudadana, libre y espontánea, al margen de intereses políticos y de grupo.
Hay una gran industria de las movilizaciones, tolerada por las autoridades, donde igual que si fuese un banquete, el interesado, grupo, institución o persona, si tiene recursos económicos para pagar el servicio, puede contratarlo con el perfil y características de su preferencia o de acuerdo con sus posibilidades financieras.
La corrupción política que hasta hoy vive el país, no nos hemos dado cuenta que genera un amplio margen de maniobra para la delincuencia organizada, que lo mismo puede manipular movilizaciones sociales aparentemente ciudadanas, en contra de las autoridades, que en el ámbito de las redes sociales.
Sin embargo, este peligroso contexto parte de dos circunstancias: primeramente, la poca autoridad moral que la sociedad le reconoce a las instituciones de gobierno, lo cual genera desde desconfianza y ausencia de credibilidad, hasta animadversión.
La segunda, es que la corrupción genera un caos donde gente con experiencia en movilizaciones, puede operar impunemente a su conveniencia.
Estas dos circunstancias generan vulnerabilidad institucional a las autoridades legítimas, desde el punto de vista jurídico, e incapacidad de imponer orden, como lo han demostrado los linchamientos, que nacen del hartazgo ciudadano por la impunidad y la desconfianza en el aparato de justicia.
Esto, sin embargo, abre una puerta de oportunidad a la delincuencia, que hábilmente puede darle camuflaje a movilizaciones que pueden parecer sociales y con ello ganarse el apoyo ciudadano de buena fe, capitalizando los resentimientos y animadversión contra las autoridades gubernamentales y ocultar sus verdaderas intenciones de neutralizar cualquier intento de aplicar la ley.
La toma de la autopista México Veracruz por pobladores de la zona, después de un operativo de la policía federal en contra de huachicoleros de la zona del denominado “triángulo rojo”, nos debe poner en alerta.

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Igual sucedió en Michoacán cuando el gobierno federal intervino en el estado para pacificarlo y se crearon las autodefensas, algunas auténticamente ciudadanas, pero seguramente otras infiltradas y manipuladas desde los cárteles regionales.
Los delincuentes tienen gran capacidad de movilización social a su favor, ya sea generando miedo en la población, o por agradecimiento a algunas obras de filantropía que a veces hacen en algunas comunidades.
El peligro es real, pues tendemos a minimizar la capacidad estratégica de la delincuencia, a la que se le considera violenta y burda y poco se sabe de su poder de convencimiento para atraer gente talentosa y preparada, pero sin escrúpulos, al anteponer su beneficio personal sobre criterios morales, capitalizando esta crisis de valores que hoy vive el país.
La capacidad de la delincuencia para acaparar espacios políticos y sociales es muy alta, pues no solamente lo hace en el mundo real, en calles, autopistas y donde se pueda, sino en las redes sociales.
Héctor Mauleón publicó “Guerreros Unidos en la noche de Iguala”, donde describe que al día siguiente de la noche en la que desaparecieron los 43 normalistas de Ayotzinapa, se comunicaron, entre ellos, los hermanos Adán y Ángel Casarrubias Salgado, líderes del cártel Guerreros Unidos, para acordar la estrategia para enfrentar el escándalo.
Así, El Cabo se comprometió a “poner unos chavos a manejar redes sociales para que abrieran páginas de Internet y culparan de la desaparición al procurador del Estado de Guerrero”. Así circuló por Whatsapp la noticia que vinculaba al Procurador Iñaqui Blanco con el líder de la banda enemiga, El Carrete.
La mezcla de corrupción, desorden e impunidad, con una impartición de justicia muy desaseada, es el coctel molotov que en el futuro puede poner en riesgo el estado de derecho y darle el control del poder político a los criminales.
Es urgente que el próximo gobierno tome como prioridad consolidar el estado de derecho y rescatar la seguridad. El combate a la corrupción es el punto de partida.
¿Usted cómo lo ve?

Autor.-Presidente de la Academia Mexicana de la Comunicación AC

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Linkedin: Ricardo Homs

LA "NARCOCULTURA" HASTA en las "QUINCEAÑERAS" con COREOGRAFIA de "LEVANTON"...ya nos perdimos.

Las fiestas de 15 años son parte de la cultura popular en México, por lo que algunos de los elementos se han ido modificando con el paso de los años; de un solemne vals, ahora tiene una canción moderna de la predilección de la cumpleañera.
Los montajes de baile para las jóvenes han ido cambiando. Actualmente la tendencia en algunas regiones del país se ha empezado ha adoptar montajes de coreografía que emulan un 'levantón', es decir, un secuestro realizado por parte de grupos narcotraficantes.

En redes sociales circulan videos en los que se ve a una joven en una escena en la que aparece hablando por celular, cuando aparece un encapuchado la toma en brazos y luego llegan otros jóvenes para tratar de rescatarla y ella huye.
Al terminar la escena de 'acción', se aproxima un joven vestido como policía y comienza a bailar con ella.
A través de Facebook los comentarios en torno a las publicaciones de estas jóvenes han generado reacciones por parte de usuarios que han sufrido secuestros o ataques por parte del crimen organizado.
Fuente.-

ROBANDO NARANJAS y FALSIFICANDO "DIPLOMAS ESCOLARES",ASI EMPEZO la VIDA CRIMINAL del CAPO ESCOBAR...antes de apostar su futuro al trafico de cocaina.



Desde la humildad de su infancia en el campo, Pablo Escobar tuvo acceso a la educación, pero las precarias condiciones en las que vivía lo hicieron buscar desde niño una forma de obtener dinero. Así, lo que comenzó con inocentes travesuras de infancia de las que cualquiera reiría terminaron forjando su interés innato por la plata fácil de la ilegalidad. De trabajos de mandadero pasó a robos menores, hasta llegar al contrabando y, finalmente, al tráfico de cocaína.

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El origen del capo del Cartel de Medellín lo describió su propio hijo Juan Pablo, en el libro que tituló 'Pablo Escobar, mi padre'. Comienza el 1° de diciembre de 1949, cuando el campesino Abel de Jesús Escobar Echeverry y la maestra de escuela Hermilda Gaviria Berrío tuvieron a su segundo hijo (luego llegarían cinco más), a quien bautizaron como su abuelo paterno, que a su vez hace referencia a uno de los apóstoles de Jesús: Pablo Emilio. Para entonces vivían en una pequeña casa en Rionegro, Antioquia.

Pero las malas cosechas los obligaron a buscar mejor destino en la hacienda El Tesoro, del reconocido político e intelectual Joaquín Vallejo Arbeláez, donde el señor Abel sería mayordomo. Fue él quien terminó siendo el padrino de Pablo. Los tiempos cambiaron sin ser los mejores. Cuando crecieron, a los niños les tocaba caminar dos horas en carreteras de tierra para llegar al colegio en el casco urbano del municipio, muchas veces hasta sin zapatos.

Pablo nació en el campo, en una formación religiosa y 
con oportunidad de educación por su madre, quien era maestra.

Los padres lograron reunir dinero para comprar una bicicleta. Loma arriba subía Roberto, el mayor de los Escobar Gaviria, con Pablo en la parrilla. Más tarde pudieron comprar otra que aliviara más la travesía diaria. Para entonces, el menor ya alquilaba cómics viejos que había heredado de sus abuelos, los más leídos en los años sesenta: El Llanero Solitario, El Zorro, El Santo. Y pronto empezó a prestar su bicicleta para recorridos pequeños a cambio de unas cuentas monedas.

Después, Pablo siguió en cualquier trabajo para conseguir su propio dinero. Lavaba coches, hacía mandados, y se ingeniaba otras estrategias inocentes, pero ya poco honestas. Robaba naranjas de una finca vecina y las vendía en el mercado, luego pasaba por el lugar y tropezaba el puesto, recogía las naranjas y nuevamente las vendía a su mismo dueño. O pedía prestado revistas a otros niños que las cogían de su casa, para luego alquilarlas a adultos los fines de semana.

"Pablo heredó la inteligencia de mí y la honradez de su padre", dijo Hermilda al periodista y ex alcalde de Medellín, Alonso Salazar, según lo escribió en su libro La Parábola de Pablo. Pero el giro en la infancia del capo surge cuando su madre, en contra de su padre Abel que nunca quiso abandonar el campo, es trasladada a un colegio en Medellín. Ella quería que sus siete hijos estudiaran en la capital y movió sus influencias.

Roberto Escobar, alias ‘El Osito’, hermano mayor de Pablo Escobar, en la actualidad.

A mediados de los años sesenta se mudaron a una casa de tres habitaciones en el barrio La Paz. En una de ellas, la que daba a la calle, Abel organizó una tienda que duró poco por falta de clientes. Como el más avispado de los hermanos, Pablo tomó el espacio como suyo, los pintó de azul claro y lo convirtió en su cuarto. Allí armó una biblioteca con una colección de revistas Selecciones del Readers Digest y algunos libros de política, entre ellos de líderes comunistas como Lenin y Mao Tse-tung. Exhibía en un rincón una calavera de verdad. "Un día decidí poner a prueba mis miedos y lo mejor era meterme a la medianoche al cementerio a sacar una calavera de una tumba. Nadie me espantó ni me pasó nada. Después de limpiarla, la pinté y la dejé arriba de mi escritorio como pisapapel", contó una vez Escobar a su hijo. Fue en aquella época, cuando tenía 15 años, el momento en el que demostró su mayor perspicacia.

Ingresó a la jornada de la tarde del colegio Liceo de Antioquia, junto a su inseparable primo Gustavo Gaviria. Juntos hacían pequeños negocios: rifas, préstamo de dinero a bajo interés, vendían exámenes."Aun cuando mi padre evitaba hablar del tema, al cabo de varias y accidentadas charlas en las caletas donde nos escondíamos, pude concluir que su carrera criminal empezó el día en que descubrió la manera de falsificar los diplomas de bachiller que otorgaba el Liceo y con los cuales se graduaban los estudiantes", afirmó Juan Pablo Escobar.

Ya dedicado a negocios ilegales conoció a quien sería su esposa, Maria Victoria Henao, 14 años menor.

Al término de una jornada, Pablo y Gustavo tomaron las llaves de la sala de profesores y sacaron una copia a escondidas con un molde de plastilina. Con ella ingresaron una noche para robar un diploma expedido en papel sellado. Mandaron a hacer los sellos del colegio, calcaban las letras de los profesores para firmas y notas finales. Y así decenas de estudiantes se graduaron sin ni siquiera haber pasado por los salones de clases.

Al cumplir la mayoría de edad, los dos chicos entraron a trabajar a una fábrica de lápidas, pueblo en pueblo viajaban a ofrecer su producto entre los parientes de los recién fallecidos. Pero el esfuerzo era mayor que la recompensa, e idearon una forma de expandir las ganancias. Decidieron robar las lápidas de mármol de lujosos panteones de familias ricas para venderlas a recicladores, contó Salazar en su libro.

Para entonces ya se habían graduado de secundaria. Y para familiarizarse con la universidad pública asistían a las protestas en las calles, tenían la referencia del proceso revolucionario de Fidel Castro en Cuba. Pablo, en especial, seguía al congolés Patrice Lumumba en su rebeldía anticolonialista, recordaba Hermilda. "Muy pronto voy a hacer una revolución, pero para mí", dijo entre risas Pablo a sus amigos, relata su hijo.

Los padres de Pablo Escobar, Abel Escobar y Hermilda Gaviria, en su finca ubicada en La Ceja, departamento de Antioquia.

A diferencia de otros narcotraficantes del mundo, Pablo Escobar tuvo la oportunidad de realizar estudios superiores. Incluso, alcanzó a inscribirse en la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma Latinoamericana de Medellín, donde asistían varios de sus primos, entre ellos José Obdulio Gaviria, actual senador de la República por el partido Centro Democrático. Pero un incidente lo llevó pronto a graduarse en la ilegalidad.

Una noche de fiesta de barrio, un joven adinerado, y alcoholizado, agredió a una chica por negarse a bailar con él. Pablo, selió en su defensa y se le enfrentó. Terminó disparándole en el pie con un pequeño revólver que había comprado para robar las taquillas de los teatros del centro de Medellín. Lo capturaron, pero a los pocos días quedó en libertad porque retiraron los cargos en su contra.

Esos días en la cárcel bastaron para iniciarse en el negocio final. Allí conoció a un contrabandista que había hecho una fortuna trayendo ilegalmente cigarrillos, licor y electrodomésticos y le pasó contactos a Pablo para seguir el tráfico. Ya nunca ingresaría en la universidad.

Griselda Blanco, quien inició a Escobar en el tráfico de cocaína hacia Estados Unidos.

Comenzó a pensar en grande. Junto a su primo Gustavo, creó una banda de maleantes para desvalijar autos y vender las partes de contrabando. Tenían varias modalidades, compraban carros estrellados y les quitaban las placas de identificación para ponerlas a los vehículos nuevos que hurtaban, y así venderlos por grandes sumas.

"También utilizaban formas muy simples para robar carros, que, si no es porque eran un delito, cualquiera se moriría de la risa. Una vez mi padre vio a un señor varado en una vía, le preguntó en qué consistía el daño y se ofreció a arreglarlo. Luego, le dijo que él se haría al volante para prenderlo y le pidió al inocente dueño que empujara. En ese momento arrancó y se fue", contó Juan Pablo Escobar.

La criminalidad se convirtió en el diario de Pablo Escobar, quien ya se había hecho una promesa con sus amigos de testigos: "Si a los 30 años no tengo un millón de pesos me suicido". Pronto ya tenía un Studebaker y dos motos Lambretta. Era la época de las guerras mafiosas en Estados Unidos por el envío de cocaína desde Colombia.

Escobar supo que sería el negocio del futuro y le apostó al narcotráfico. No se equivocó. Comenzó como empleado de Griselda Blanco y su astucia lo llevó a crear su propio cartel, y a apoderarse del reinado del 'oro blanco' en el país.

fuente.-

MORENA y PRESIDENTE "VERBODIARREICO"" se RESISTEN ACTUAR CONTRA DIPUTADO ASESINO...no sujetan la palabra a la accion.

El nombre de Cipriano Charrez, diputado de Morena, ha cobrado relevancia nacional, tras protagonizar en la madrugada del sábado un accidente de tráfico en el que murió una persona. Varios legisladores han pedido que se le retire el fuero parlamentario, pero el partido del presidente electo Andrés Manuel López Obrador se resiste, por ahora, a dar ese paso. El caso ha colocado al partido, defensor de la lucha contra la impunidad de la clase política, en una situación incómoda.

al liderazgo del partido. En un primer momento, hubo contundencia. El presidente de la Cámara de diputados, Porfirio Muñoz Ledo, recordó el mismo día del siniestro que “el fuero constitucional no significa impunidad”. Mario Delgado, coordinador de Morena en la Cámara, se expresó en una línea similar en su cuenta de Twitter: “Si (...) Charrez resultara involucrado, deberá asumir su responsabilidad. No habrá impunidad”.
Pero esa contundencia se ha ido desinflando con el paso de los días. Tras declarar Charrez que no se “escudará” en el fuero parlamentario, Mario Delgado aseguró el martes que el diputado tiene el respaldo de la bancada de Morena y que este ya está colaborando con la justicia. Además, valoró el que el diputado se haya “acercado”, según él, a la familia del fallecido, que el propio Charrez ya conocía de antes.
Algunos diputados de la oposición y de partidos aliados de Morena han reclamado que se tomen acciones contra Charrez. Antonio Ortega, miembro del Partido de la Revolución Democrática (PRD), ha señalado este miércoles que el caso podría ser analizado por el Comité de Ética de la Cámara de diputados. Gerardo Fernández Noroña, del Partido del Trabajo (PT), ha ido más allá y ha pedido que se le retire la protección parlamentaria si la fiscalía lo pide. “Debe ser desaforado, una vez que la procuraduría nos lo solicite”, ha expresado este miércoles en Twitter. 
Por ahora, la Fiscalía del Estado de Hidalgo (centro del país) ha señalado que se han presentado tres querellas contra Charrez por homicidio y daños a la propiedad y que existen pruebas de que el diputado era quien conducía la camioneta que chocó contra los otros dos vehículos. Sin embargo, Charrez ha rechazado esa versión y ha descargado la culpa sobre su chófer. “Es falso (...). Quien conducía el vehículo involucrado era uno de mis colaboradores”, declaró este lunes en rueda de prensa.
A la gravedad del accidente se añaden las declaraciones de varios testigos que aseguran que Charrez se encontraba ebrio en el momento del accidente y que huyó del lugar, sin prestar ayuda a los heridos. Un vídeo, difundido por un medio local, muestra al diputado saliendo de su coche acompañado del chófer, quien parece taparle la cara. El diputado también niega ambas acusaciones: ni estaba ebrio, ni huyó. De hecho, tras el accidente, él asegura haber acudido en auxilio de los heridos.
En las últimas semanas, se ha cuestionado el comportamiento de varios líderes de Morena por falta de congruencia con las promesas de cambio que vende el partido. Ahora, el caso de Cipriano Charrez amenaza con restar credibilidad al compromiso del nuevo gobierno de luchar contra la impunidad de la clase política.
Fuente.-Diario Español/
(imagenes/twitter)

LA LEGALIZACION de la AMAPOLA hasta DONDE el NARCO y WASHINGTON DIGAN...ahora con la suma y el aval del ejercito.

La posibilidad de que en México se legalice el cultivo de amapola se reforzó con la apertura mostrada por el secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos; sin embargo, el periodista especializado francés J. F. Boyer advierte que existen otros dos factores decisivos para echar a andar una nueva política al respecto: la inflexibilidad del gobierno estadunidense –con Donald Trump en plena campaña de reelección– y los intereses de poderosos jefes locales del narco.
El saliente secretario de la Defensa Nacional, general Salvador Cienfuegos, le puso la vara alta al siguiente gobierno: que México se sume al pequeño club de países que producen legalmente heroína con fines medicinales.
La propuesta no es nueva. Pero es la primera vez que el Ejército Mexicano admite públicamente la medida como una solución a la violencia. En semanas recientes se han recrudecido las confrontaciones armadas en zonas productoras de amapola entre los grupos delictivos locales que se disputan el control.
Aunque el Ejército es la principal fuerza encargada de la erradicación de los campos de cultivo de la amapola y del aseguramiento de la goma de opio en el país, su presencia en la región de La Montaña guerrerense es casi testimonial, sin que hasta ahora se conozca que haya desmantelado algún laboratorio de heroína en el estado, el principal productor de amapola en México y uno de los más importantes en el mundo, de acuerdo con especialistas consultados e informes oficiales.
La Unión de Comisarios de la Sierra de Guerrero (UCSG) estima que al menos 50 mil campesinos del estado se dedican al cultivo de la amapola. De lo que sí tiene certeza es que no habrá legalización posible sin su participación. Pero también sin la de los grupos delictivos, quienes pueden boicotear cualquier intento de regular el mercado.
El periodista francés Jean Francois Boyer, radicado desde hace más de dos décadas en México y pionero en la investigación periodística sobre el narcotráfico en América Latina, señala en entrevista que, según datos de la UCSG , al principio una tercera parte de la producción podría ser dedicada a la fabricación legal de derivados de la amapola, mientras que el resto seguiría en el mercado ilegal.
En el sexenio de Enrique Peña Nieto, la producción del opiáceo se incrementó con todo y el combate frontal al narcotráfico, que continuó la estrategia del gobierno de Felipe Calderón. En esos 12 años se erradicaron 218 mil 660 hectáreas de cultivo de amapola. Casi toda esa tarea, 91%, estuvo a cargo del Ejército, que tiene en Guerrero dos zonas militares. 
El gobierno que está por terminar erradicó 44 mil 520 hectáreas más que su antecesor, según el sexto informe de gobierno de Peña Nieto. Ya en producto para su comercialización en el mercado ilegal, el Ejército aseguró casi 10 mil kilos de goma de opio en ambos sexenios. Durante este año el precio del kilogramo se ha desplomado a entre 7 mil y 8 mil pesos, luego de cotizarse hasta en 18 mil pesos, según diversos testimonios periodísticos recogidos en la zona. 
La caída del precio se debe a la competencia de otras drogas que han llegado al mercado estadunidense, como el fentanilo, una droga más potente y barata que la heroína, procedente de Asia y que es transportada por organizaciones delictivas mexicanas, según ha dicho el gobierno de Estados Unidos (Proceso 2142 y 2165).
El mencionado informe de gobierno evita detallar los lugares en que las Fuerzas Armadas han erradicado los plantíos y asegurado la goma de opio. El exgobernador y actual senador de la entidad por el PRI, Miguel Añorve, otro de los promotores de la legalización para fines medicinales, asegura que después de Guerrero, los principales productores de la goma de opio en el país son Sinaloa, Chihuahua y Durango, en el llamado Triángulo Dorado de las drogas, seguidos de Nayarit, Jalisco, Michoacán y Oaxaca.
Después de que el jefe del Ejército se pronunciara el 5 de octubre a favor de la legalización, el día 9 Añorve presentó en el Senado una iniciativa en ese sentido, cuestionando los resultados de la política prohibicionista. Antepuso que en algunos países se han creado empresas privadas o públicas dedicadas a elaborar medicamentos a partir de la siembra legal de la amapola, bajo la vigilancia de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), de las Naciones Unidas.
Países como España, Francia, Gran Bretaña, Hungría, Turquía, Australia e India cultivan legalmente la amapola, incluso para su comercialización internacional, mientras que otros lo hacen para su consumo interno con fines medicinales.
Refirió que India es el único país productor y exportador de látex de opio a partir de licencias que se les da a los campesinos para cultivar legalmente la amapola. En México, la siembra de esa planta sólo es un negocio rentable para los narcotraficantes, lo que genera un alto costo social, dijo.
Mediante reformas a la Ley General de Salud y al Código Penal Federal, propuso la legalización del cultivo, cosecha y producción de la amapola, así como la autorización para establecer empresas dedicadas a la elaboración de medicamentos derivados de la goma de opio.
Límites de la legalización
El general Cienfuegos lanzó la sugerencia de legalización precisamente desde Guerrero. El gobierno federal se sumó así a las propuestas formales hechas desde 2016 por el Ejecutivo y del Congreso de Guerrero, así como del entonces senador de ese estado Armando Ríos Piter, frustrado aspirante a candidato presidencial independiente.
El gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que asumirá el 1 de diciembre próximo, también ha favorecido la iniciativa. La secretaria de Gobernación nominada, la ministra en retiro Olga Sánchez Cordero, aplaudió las declaraciones del jefe del Ejército.
La tardía intervención del secretario de la Defensa Nacional evidenció que el gobierno de Peña Nieto no se atrevió a dar el giro en la estrategia antinarco y legalizar la amapola para fines médicos, a pesar de que, a finales de noviembre de 2015, circuló un documento oficial titulado Propuesta de legalización del cultivo de amapola. Fines científicos y médicos.
En el documento, que dio a conocer este semanario (Proceso 2056), se reconoce que la propuesta puede provocar molestias “en algunos países”. La alusión clara fue a Estados Unidos, promotor de la política prohibicionista. La intención del gobierno de Peña Nieto se quedó en eso.
Detrás de las propuestas de la legalización sólo con fines medicinales hay un reconocimiento implícito de que esa batalla en la guerra contra las drogas no se puede ganar, que el costo ha sido demasiado alto en vidas y para las instituciones. Pero aún está por verse la reacción de Estados Unidos, dice Jean Francois Boyer en entrevista telefónica desde Francia.
Periodista y escritor, es el autor del libro La guerra perdida contra las drogas, publicado en 2001 y en el que por primera vez el caso de México es considerado como el de un narcoestado.
“La propuesta de legalización de la amapola puede ser una buena idea si el Estado está en condiciones de controlar la producción y el tránsito de la amapola legal, la que siembren los campesinos para las empresas vigiladas y controladas por el sector salud”, dice el periodista, que fue corresponsal en América Latina y Medio Oriente para canales de televisión francesa y quien ha concentrado sus investigaciones en La Montaña de Guerrero.
El problema es que, en este momento, lo que caracteriza la situación en general es casi una total ausencia del Estado. No es que no exista. Pero en lugares como Tlacotepec o Filo de Caballos, que están entre las principales zonas productoras, se estima que hay más de 50 mil campesinos sembradores de amapola. El Ejército aparece ahí para erradicar el cultivo y luego se va.
El resultado es lo que hemos visto en las últimas semanas: una cruenta guerra, terrible e irreversible entre grupos pequeños de narcotraficantes, que son los hijos de lo que fue el Cártel de Sinaloa o los Beltrán Leyva en la entidad, dice quien fue también director de Le Monde Diplomatique para México y Centroamérica de 2008 a 2010.
Precisa que se trata de unos cuantos grupos que se autodesignan como Los Ardillos, Los Rojos y Los Guerreros Unidos, pero el hecho es que en las zonas de gran producción hay personas que tienen el control y no se sabe a quién responden.
En semanas recientes se han registrado ofensivas armadas intensas. Puede que haya sido con la participación de policías comunitarios o sin ellos, o que estén en paz con los grupos de narcos a partir de que éstos se dedican solamente a la producción y al tráfico y abandonan el secuestro y la extorsión.
Uno de los enfrentamientos ocurrió en el poblado de Xochipala, en el municipio Eduardo Neri, en la región centro del estado, gran productora de goma de opio. Fue un ataque contra un grupo procedente de Tlacotepec, del municipio vecino General Heliodoro Castillo. 
“No sabemos si eran sólo sicarios o sicarios con comunitarios. Estamos ante un aparato armado que representa una potencia de fuego importante ante una casi total ausencia de la presencia de la fuerza federal”, dice Boyer, quien empezó a cubrir el narcotráfico en América Latina a partir del asesinato de Luis Carlos Galán, el candidato presidencial de Colombia, en 1989, a manos del Cártel de Medellín, de Pablo Escobar.
Refiere que la UCSG calcula que son unos 50 mil los campesinos dedicados a la producción de amapola, y que en un reciente encuentro que tuvieron en Filo de Caballos, los representantes de la organización estimaron que se puede legalizar 30% de la producción, “siempre y cuando el narco aceptara quedarse con 70%”.
Hay que ver si el narco acepta la legalización, si esos grupos tienen la capacidad de transformarse en empresa legal y si el precio le conviene. Si legalizar significa que bajará el precio de la goma de opio no le va a convenir a los narcotraficantes, asegura.
Añade: “Si al campesino se le compra la goma a un precio que no permite al narco tener márgenes de ganancia a los cuales están habituados, se tiene que considerar cómo van a reaccionar los grupos delictivos”.
Autor de la novela Lágrimas sobre el volcán, que trata de la involución de la guerrilla en narcoguerrilla, dice que un esquema de legalización implica garantizar la seguridad. “Tal vez la idea del general Cienfuegos es que no hay de otra y que el Ejército puede estar muy presente para proteger la producción y el tránsito de la goma de opio hacia las empresas productoras de los medicamentos”.
Abunda: “Si no le conviene al narco, puede intervenir en cada etapa del proceso y pedir a los sembradores que dejen de surtir al sistema legal o impedir el tránsito de la sustancia. Hay que tomar en cuenta que estamos ante un aparato militar que puede representar la mitad del poder de fuego del Ejército”. 
No se puede pensar en la legalización como si el narco no existiera. Tampoco se puede soslayar. Donald Trump hizo su campaña basada en el argumento del envenenamiento de la juventud estadunidense por la heroína mexicana. Eso hace aún más complejo el problema, sostiene.
En lo que no tiene ninguna duda es que en cualquier proceso de legalización los campesinos no pueden estar excluidos: “Lo que hay que hacer es acercarse a los campesinos en las zonas de fuerte producción, a las autoridades locales –las que hay–, a las policías comunitarias y preguntarles cómo pueden imaginar la reacción del narco si se le empieza a quitar el mercado. No se podrá hacer nada sin apoyos locales”.
Como en Afganistán, el principal productor de amapola en el mundo, seguido de Myanmar, en Guerrero también hay lo que se podría considerar señores de la guerra, que controlan la producción, traslado y venta de la goma de opio. “Son jefes locales, que poco importa de dónde vienen, si han trabajado un día para un grupo y ahora para otra organización. Operan medianamente de forma independiente”, asegura Boyer.
Observa que nunca se ha informado que el Ejército haya incautado un laboratorio de heroína en Guerrero. Los jefes locales tratan de pasar a Michoacán, a Jalisco, donde tal vez estén los laboratorios. No son grandes organizaciones, pero los hechos recientes han demostrado que esa zona es tierra de nadie.
“No hay grandes narcos. No son Zambadas (en alusión a El Mayo Zambada, uno de los jefes del Cártel de Sinaloa) que planean a largo plazo. Controlan la producción y la venden a organizaciones más potentes”, asegura.
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