La posibilidad de que en México se legalice el cultivo de amapola se reforzó con la apertura mostrada por el secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos; sin embargo, el periodista especializado francés J. F. Boyer advierte que existen otros dos factores decisivos para echar a andar una nueva política al respecto: la inflexibilidad del gobierno estadunidense –con Donald Trump en plena campaña de reelección– y los intereses de poderosos jefes locales del narco.
El saliente secretario de la Defensa Nacional, general Salvador Cienfuegos, le puso la vara alta al siguiente gobierno: que México se sume al pequeño club de países que producen legalmente heroína con fines medicinales.
La propuesta no es nueva. Pero es la primera vez que el Ejército Mexicano admite públicamente la medida como una solución a la violencia. En semanas recientes se han recrudecido las confrontaciones armadas en zonas productoras de amapola entre los grupos delictivos locales que se disputan el control.
Aunque el Ejército es la principal fuerza encargada de la erradicación de los campos de cultivo de la amapola y del aseguramiento de la goma de opio en el país, su presencia en la región de La Montaña guerrerense es casi testimonial, sin que hasta ahora se conozca que haya desmantelado algún laboratorio de heroína en el estado, el principal productor de amapola en México y uno de los más importantes en el mundo, de acuerdo con especialistas consultados e informes oficiales.
La Unión de Comisarios de la Sierra de Guerrero (UCSG) estima que al menos 50 mil campesinos del estado se dedican al cultivo de la amapola. De lo que sí tiene certeza es que no habrá legalización posible sin su participación. Pero también sin la de los grupos delictivos, quienes pueden boicotear cualquier intento de regular el mercado.
El periodista francés Jean Francois Boyer, radicado desde hace más de dos décadas en México y pionero en la investigación periodística sobre el narcotráfico en América Latina, señala en entrevista que, según datos de la UCSG , al principio una tercera parte de la producción podría ser dedicada a la fabricación legal de derivados de la amapola, mientras que el resto seguiría en el mercado ilegal.
En el sexenio de Enrique Peña Nieto, la producción del opiáceo se incrementó con todo y el combate frontal al narcotráfico, que continuó la estrategia del gobierno de Felipe Calderón. En esos 12 años se erradicaron 218 mil 660 hectáreas de cultivo de amapola. Casi toda esa tarea, 91%, estuvo a cargo del Ejército, que tiene en Guerrero dos zonas militares.
El gobierno que está por terminar erradicó 44 mil 520 hectáreas más que su antecesor, según el sexto informe de gobierno de Peña Nieto. Ya en producto para su comercialización en el mercado ilegal, el Ejército aseguró casi 10 mil kilos de goma de opio en ambos sexenios. Durante este año el precio del kilogramo se ha desplomado a entre 7 mil y 8 mil pesos, luego de cotizarse hasta en 18 mil pesos, según diversos testimonios periodísticos recogidos en la zona.
La caída del precio se debe a la competencia de otras drogas que han llegado al mercado estadunidense, como el fentanilo, una droga más potente y barata que la heroína, procedente de Asia y que es transportada por organizaciones delictivas mexicanas, según ha dicho el gobierno de Estados Unidos (Proceso 2142 y 2165).
El mencionado informe de gobierno evita detallar los lugares en que las Fuerzas Armadas han erradicado los plantíos y asegurado la goma de opio. El exgobernador y actual senador de la entidad por el PRI, Miguel Añorve, otro de los promotores de la legalización para fines medicinales, asegura que después de Guerrero, los principales productores de la goma de opio en el país son Sinaloa, Chihuahua y Durango, en el llamado Triángulo Dorado de las drogas, seguidos de Nayarit, Jalisco, Michoacán y Oaxaca.
Después de que el jefe del Ejército se pronunciara el 5 de octubre a favor de la legalización, el día 9 Añorve presentó en el Senado una iniciativa en ese sentido, cuestionando los resultados de la política prohibicionista. Antepuso que en algunos países se han creado empresas privadas o públicas dedicadas a elaborar medicamentos a partir de la siembra legal de la amapola, bajo la vigilancia de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), de las Naciones Unidas.
Países como España, Francia, Gran Bretaña, Hungría, Turquía, Australia e India cultivan legalmente la amapola, incluso para su comercialización internacional, mientras que otros lo hacen para su consumo interno con fines medicinales.
Refirió que India es el único país productor y exportador de látex de opio a partir de licencias que se les da a los campesinos para cultivar legalmente la amapola. En México, la siembra de esa planta sólo es un negocio rentable para los narcotraficantes, lo que genera un alto costo social, dijo.
Mediante reformas a la Ley General de Salud y al Código Penal Federal, propuso la legalización del cultivo, cosecha y producción de la amapola, así como la autorización para establecer empresas dedicadas a la elaboración de medicamentos derivados de la goma de opio.
Límites de la legalización
El general Cienfuegos lanzó la sugerencia de legalización precisamente desde Guerrero. El gobierno federal se sumó así a las propuestas formales hechas desde 2016 por el Ejecutivo y del Congreso de Guerrero, así como del entonces senador de ese estado Armando Ríos Piter, frustrado aspirante a candidato presidencial independiente.
El gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que asumirá el 1 de diciembre próximo, también ha favorecido la iniciativa. La secretaria de Gobernación nominada, la ministra en retiro Olga Sánchez Cordero, aplaudió las declaraciones del jefe del Ejército.
La tardía intervención del secretario de la Defensa Nacional evidenció que el gobierno de Peña Nieto no se atrevió a dar el giro en la estrategia antinarco y legalizar la amapola para fines médicos, a pesar de que, a finales de noviembre de 2015, circuló un documento oficial titulado Propuesta de legalización del cultivo de amapola. Fines científicos y médicos.
En el documento, que dio a conocer este semanario (Proceso 2056), se reconoce que la propuesta puede provocar molestias “en algunos países”. La alusión clara fue a Estados Unidos, promotor de la política prohibicionista. La intención del gobierno de Peña Nieto se quedó en eso.
Detrás de las propuestas de la legalización sólo con fines medicinales hay un reconocimiento implícito de que esa batalla en la guerra contra las drogas no se puede ganar, que el costo ha sido demasiado alto en vidas y para las instituciones. Pero aún está por verse la reacción de Estados Unidos, dice Jean Francois Boyer en entrevista telefónica desde Francia.
Periodista y escritor, es el autor del libro La guerra perdida contra las drogas, publicado en 2001 y en el que por primera vez el caso de México es considerado como el de un narcoestado.
“La propuesta de legalización de la amapola puede ser una buena idea si el Estado está en condiciones de controlar la producción y el tránsito de la amapola legal, la que siembren los campesinos para las empresas vigiladas y controladas por el sector salud”, dice el periodista, que fue corresponsal en América Latina y Medio Oriente para canales de televisión francesa y quien ha concentrado sus investigaciones en La Montaña de Guerrero.
El problema es que, en este momento, lo que caracteriza la situación en general es casi una total ausencia del Estado. No es que no exista. Pero en lugares como Tlacotepec o Filo de Caballos, que están entre las principales zonas productoras, se estima que hay más de 50 mil campesinos sembradores de amapola. El Ejército aparece ahí para erradicar el cultivo y luego se va.
El resultado es lo que hemos visto en las últimas semanas: una cruenta guerra, terrible e irreversible entre grupos pequeños de narcotraficantes, que son los hijos de lo que fue el Cártel de Sinaloa o los Beltrán Leyva en la entidad, dice quien fue también director de Le Monde Diplomatique para México y Centroamérica de 2008 a 2010.
Precisa que se trata de unos cuantos grupos que se autodesignan como Los Ardillos, Los Rojos y Los Guerreros Unidos, pero el hecho es que en las zonas de gran producción hay personas que tienen el control y no se sabe a quién responden.
En semanas recientes se han registrado ofensivas armadas intensas. Puede que haya sido con la participación de policías comunitarios o sin ellos, o que estén en paz con los grupos de narcos a partir de que éstos se dedican solamente a la producción y al tráfico y abandonan el secuestro y la extorsión.
Uno de los enfrentamientos ocurrió en el poblado de Xochipala, en el municipio Eduardo Neri, en la región centro del estado, gran productora de goma de opio. Fue un ataque contra un grupo procedente de Tlacotepec, del municipio vecino General Heliodoro Castillo.
“No sabemos si eran sólo sicarios o sicarios con comunitarios. Estamos ante un aparato armado que representa una potencia de fuego importante ante una casi total ausencia de la presencia de la fuerza federal”, dice Boyer, quien empezó a cubrir el narcotráfico en América Latina a partir del asesinato de Luis Carlos Galán, el candidato presidencial de Colombia, en 1989, a manos del Cártel de Medellín, de Pablo Escobar.
Refiere que la UCSG calcula que son unos 50 mil los campesinos dedicados a la producción de amapola, y que en un reciente encuentro que tuvieron en Filo de Caballos, los representantes de la organización estimaron que se puede legalizar 30% de la producción, “siempre y cuando el narco aceptara quedarse con 70%”.
Hay que ver si el narco acepta la legalización, si esos grupos tienen la capacidad de transformarse en empresa legal y si el precio le conviene. Si legalizar significa que bajará el precio de la goma de opio no le va a convenir a los narcotraficantes, asegura.
Añade: “Si al campesino se le compra la goma a un precio que no permite al narco tener márgenes de ganancia a los cuales están habituados, se tiene que considerar cómo van a reaccionar los grupos delictivos”.
Autor de la novela Lágrimas sobre el volcán, que trata de la involución de la guerrilla en narcoguerrilla, dice que un esquema de legalización implica garantizar la seguridad. “Tal vez la idea del general Cienfuegos es que no hay de otra y que el Ejército puede estar muy presente para proteger la producción y el tránsito de la goma de opio hacia las empresas productoras de los medicamentos”.
Abunda: “Si no le conviene al narco, puede intervenir en cada etapa del proceso y pedir a los sembradores que dejen de surtir al sistema legal o impedir el tránsito de la sustancia. Hay que tomar en cuenta que estamos ante un aparato militar que puede representar la mitad del poder de fuego del Ejército”.
No se puede pensar en la legalización como si el narco no existiera. Tampoco se puede soslayar. Donald Trump hizo su campaña basada en el argumento del envenenamiento de la juventud estadunidense por la heroína mexicana. Eso hace aún más complejo el problema, sostiene.
En lo que no tiene ninguna duda es que en cualquier proceso de legalización los campesinos no pueden estar excluidos: “Lo que hay que hacer es acercarse a los campesinos en las zonas de fuerte producción, a las autoridades locales –las que hay–, a las policías comunitarias y preguntarles cómo pueden imaginar la reacción del narco si se le empieza a quitar el mercado. No se podrá hacer nada sin apoyos locales”.
Como en Afganistán, el principal productor de amapola en el mundo, seguido de Myanmar, en Guerrero también hay lo que se podría considerar señores de la guerra, que controlan la producción, traslado y venta de la goma de opio. “Son jefes locales, que poco importa de dónde vienen, si han trabajado un día para un grupo y ahora para otra organización. Operan medianamente de forma independiente”, asegura Boyer.
Observa que nunca se ha informado que el Ejército haya incautado un laboratorio de heroína en Guerrero. Los jefes locales tratan de pasar a Michoacán, a Jalisco, donde tal vez estén los laboratorios. No son grandes organizaciones, pero los hechos recientes han demostrado que esa zona es tierra de nadie.
“No hay grandes narcos. No son Zambadas (en alusión a El Mayo Zambada, uno de los jefes del Cártel de Sinaloa) que planean a largo plazo. Controlan la producción y la venden a organizaciones más potentes”, asegura.
fuente.-
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