Ana Karen Martínez descubrió su vocación después de ser víctima de un asalto. A los 15 años, unos hombres se subieron al coche en el que viajaba y empezaron a golpearla y a amenazarla para que vaciara sus bolsillos. Al ver que no tenía nada, acabaron por dejarla ir. Tras el incidente, su familia decidió no denunciar por no confiar en el Ministerio Público. Cuando acabó el bachillerato, impulsada por ese episodio, decidió matricularse en la licenciatura de ciencias forenses, de la que se acaba de graduar. “Quería contribuir a mejorar el sistema judicial de mi país”, explica.
Como Martínez, cada vez más jóvenes mexicanos deciden formarse en este campo profesional, desbordado por la escalada de violencia en el país, con más de 22.000 homicidios en lo que va de año, el récord desde que se mantienen registros. El nuevo sistema de justicia, implantado en 2016, exige que los agentes que participan en un proceso forense tengan un título en un área del conocimiento relacionada. Sin embargo, la formación no está siempre a la altura del nuevo sistema y, tras graduarse, los profesionales se enfrentan a menudo a una falta de oportunidades laborales y a ambientes de trabajo saturados.
“¿Quién está aquí porque pensó que era C.S.I?”, bromea la Dra. Jennifer Hincapié ante un grupo de interesados en cursar la carrera de ciencias forenses en la Universidad Autónoma Nacional de México (UNAM). Nadie levanta la mano, pero la popularidad de las series de crimen es clave para explicar el auge de la demanda por este tipo de estudios. Sin embargo, de la serie a la realidad hay un trecho.
El interés de los jóvenes y la demanda de profesionales cualificados por parte de las instituciones han ido acompañados de un incremento de la oferta. En la actualidad, México tiene alrededor de 300 instituciones de enseñanza en estudios relacionados con las ciencias forenses, según Eliseo Lázaro, investigador del Instituto Nacional de Ciencias Penales. No obstante, la diversidad de centros es amplia y va de un puñado de universidades públicas de prestigio a cientos de pequeños institutos privados.
Encajada entre una panadería y una cafetería, la Institución Interdisciplinaria Jurídica, Fiscal y Forense tiene un aspecto humilde. En la recepción, dos profesores de balística comparten consejos para la próxima clase de tiro, mientras manosean un rifle deportivo Black Hawk y una réplica de revólver.
La historia de este instituto es un buen ejemplo del boom forense. Al principio, fue difícil arrancar: “No teníamos conocimiento previo y pensábamos que con dar publicidad en los tribunales íbamos a conseguir estudiantes”, explica la directora, Gilda Nava. En ocho años, la situación ha dado un vuelco; de tener 6 alumnos y dificultades para pagar el alquiler, han pasado a impartir cursos a unos 150 estudiantes en tres centros distintos por unos 100 dólares al mes.
La inversión en este tipo de formación no siempre da los retornos esperados. “Hay muchas entidades que forman a profesionales por cantidad, no calidad”, asegura Juan Martín Hernández, director de la Red Nacional de Expertos Forenses. “La falta de cualificaciones apropiadas hace que no puedan competir en el mercado laboral”, explica. Y en el sector público hay poca capacidad de absorción. Por ejemplo, la Fiscalía de la República (PGR) y las de los 32 estados no suelen abrir más de una decena de plazas por año debido a restricciones presupuestarias, y los criterios para acceder son exigentes.
Si no consiguen colocarse en las instituciones públicas, los recién graduados acaban en la docencia, la Policía, el paro o en consultoras privadas, donde los salarios tienden a ser más elevados - se gana, de promedio y según fuentes conocedoras del sector, entre 250 y 1.500 dólares por informe pericial (el precio varía según la dificultad del caso y el prestigio del perito), frente a salarios que están en torno a los 600 dólares brutos mensuales, en el caso de las fiscalías estatales, o 2.000, para la PGR.
Poco forense y mucho cadáver
Paradójicamente, nunca antes se habían necesitado tantos profesionales. Como consecuencia de un índice de homicidios que se ha disparado en 2018, las fiscalías, sobre todo las estatales, están desbordadas. Aunque no hay cifras oficiales, los expertos consultados estiman que hay alrededor de 7.000 peritos forenses en el sector público. De éstos, unos 1.700 trabajan para la PGR, y el resto, para las estatales, las que cargan con la gran mayoría de delitos. “Harían falta 4.000 más para aligerar la carga de trabajo”, asegura Hernández. Los informes periciales se acumulan y los escasos efectivos encadenan jornadas maratonianas. El reciente descubrimiento de un camión con 273 cadáveres en el Estado de Jalisco (centro del país), hacinados allí ante la saturación de la morgue, es una muestra de la presión a la que está sometido el sistema forense.
La cantidad de casos repercute, a su vez, en la calidad del trabajo de los peritos, que tampoco tienen tiempo para recibir cursos de actualización sobre las últimas innovaciones en el campo. Recién graduada, Ana Karen Martínez trabaja en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de Ciudad de México, encargada de apoyar a las víctimas durante investigaciones que a menudo están plagadas de fallos en la recolección de indicios - la probabilidad de que un delito sea resuelto es tan solo de 0.9%, según la ONG Impunidad Cero. “Hay una falta de debida diligencia cuando se investiga un crimen y también falta capacitación para tratar a las víctimas”, asegura Martínez. “Pero comprendo que el personal no da abasto”.
Ante la necesidad de profesionales cualificados, varias universidades públicas han irrumpido recientemente en el mercado con una doble intención: por un lado, proponer alternativas más económicas que la oferta privada y, por el otro, brindar una formación más completa. La UNAM fue la primera en crear en 2013 una licenciatura de ciencias forenses que combina asignaturas de varias ramas del conocimiento, desde la química y la medicina hasta el derecho y las humanidades. “Antes solo existían grados de criminalística o de criminología, con un perfil más limitado”, explica la coordinadora de la carrera, la Dra. Zoraida García.
Otras universidades públicas se han apuntado a la senda abierta por la UNAM. La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) estrenó licenciatura en 2016; la de Morelos, en 2017; y la de Guadalajara, en 2018. Las cifras son alentadoras. En la BUAP, por ejemplo, las solicitudes se han multiplicado por cuatro en tan solo tres años; de 89 en 2016 a 400 para el presente curso académico. “Y se va a incrementar”, predice Jaime Tepoz, coordinador de la licenciatura.
Pero este nuevo abanico de posibilidades educativas también adolece de uno de los principales talones de Aquiles de la formación en ciencias forenses: la falta de especialización. Esto puede perjudicar la credibilidad de las declaraciones de los peritos en un juicio. De las 26 especialidades periciales reconocidas por la PGR, en México solo hay cédula oficial de especialista en cuatro de ellas, según Eliseo Lázaro. “Si el abogado defensor desacredita el perito por no tener una especialidad reconocida, desacreditan el peritaje y el caso se puede perder”, explica el experto.
No obstante, la tendencia hacia una mayor especialización y mejores estándares de formación empieza a abrirse camino. La UNAM, por ejemplo, ya se está planteando abrir maestrías y cursos de formación continua y organizaciones como la Red Nacional de Expertos Forenses están desarrollando, junto con las universidades, estándares para elevar la calidad de la oferta educativa.
Hace unas semanas, Ana Karen Martínez viajó al Estado de Veracruz (este del país) porque se acababa de descubrir una fosa con 174 cuerpos dentro. Acompañó a un hombre a que se hiciera pruebas de saliva y sangre con la esperanza de identificar, entre los cadáveres, a un hijo desaparecido desde hace un año. Ella quiere especializarse en genética forense para ayudar a padres como él. Pese a los desafíos de la profesión elegida, Martínez tiene clara su vocación: “Ser útil a otras personas”.
fuente.-Diario Español/
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