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domingo, 3 de junio de 2018

REFORMA LEGAL "PERMITIRA" REINCORPORAR POLICIAS y MINISTERIOS PUBLICOS DESPEDIDOS...un problema de ley y de aplicacion de la ley.

Desde hace varios años, diversas voces han expresado su desacuerdo con el trato diferenciado que la Constitución da a los policías, agentes del Ministerio Público y peritos con respecto de cualquier trabajador del país. 
Nuestra constitución (artículo 123, Apartado B, fracción XIII) señala que estos, podrán ser separados de sus cargos si no cumplen con los requisitos legales vigentes o removidos por incurrir en responsabilidad en el desempeño de sus funciones. 

SÁBADO, 12 DE MAYO DE 2018

Por requisitos legales vigentes entendemos, por ejemplo, la aplicación de los exámenes de control de confianza,1 por los que, teóricamente, todos los policías y personal de las dependencias de seguridad y justicia del país tienen que pasar, mínimo, cada tres años. Hasta ahí, digamos, bien: si no incumples con los requisitos de ley, te separan del cargo.
Sin embargo, la polémica ha residido en que la Constitución también señala que las autoridades sólo están obligadas a pagar una indemnización y demás prestaciones a que tengan derecho, si la autoridad jurisdiccional resolviera que la separación, remoción, baja, cese o cualquier otra forma de terminación del servicio fuese injustificada, sin que proceda su reincorporación al servicio, y sin importar el resultado del juicio o medio de defensa que se hubiera promovido.
Es decir, cuando un policía reprueba el examen de control de confianza, no tiene derecho a ningún tipo de indemnización o liquidación y tampoco puede volver a trabajar en una corporación de policía, de ningún nivel, en ninguna parte del país. Es más, aun cuando, después de un juicio se resolviera que la separación del cargo fue injustificada, la institución no está obligada a reincorporar al elemento, únicamente a indemnizarlo.
Si bien estos lineamientos que datan de la reforma constitucional de 2008 respondieron a la apremiante necesidad de depurar a los cuerpos policiacos del país, una de las consecuencias es que los coloca en una situación de vulnerabilidad e inestabilidad laboral constante que para muchos de ellos se traduce en ser un “trabajador de segunda”.
Además, por diversas razones, la realidad es que prácticamente todas las corporaciones, al menos de policía del país, mantienen en activo a elementos que no tienen vigente o reprobaron los exámenes de control de confianza, por lo que este recurso se ha vuelto insuficiente como mecanismo de depuración de elementos que no cumplen con la normativa o que se presume podrían tener nexos con la delincuencia. 
Como respuesta a la exigencia de eliminar lo que para algunos era una injusticia e incluso una violación a los derechos laborales de los trabajadores de las instituciones de seguridad y justicia, el pasado 26 de abril, la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de decreto de reforma constitucional, para permitir la reincorporación de los agentes del Ministerio Público, peritos y policías que acrediten ser despedidos de forma injustificada.
La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados manifestó en su exposición de motivos, que esta reforma tiene por fin: (i) garantizar el derecho humano al trabajo, (ii) observar el principio de presunción de inocencia, (iii) garantizar el derecho de un recurso efectivo, (iv) garantizar el principio de igualdad y (v) eliminar una norma contraria a los estándares internacionales en materia de Derechos Humanos.
La propuesta de la Cámara de Diputados aprobada hace unos días y remitida al Senado estableció que:
“[…], el Estado sólo estará obligado a pagar la indemnización y demás prestaciones a que tenga derecho o reincorporar al servicio público, a elección de este último. La reincorporación no procederá cuando el servidor público hay sido condenado por sentencia irrevocable por delito doloso”. (Énfasis nuestro.)
Es decir, si la reforma es aprobada por el Senado y posteriormente por la mitad más uno de los congresos locales, tendremos una nueva reforma constitucional que permitirá a los elementos que así lo quieran, reincorporarse a su cargo, cuando un tribunal dictamine que fueron separados de este de forma injustificada.

Los nuevos (y viejos) problemas

Pero, ¿esto resuelve el problema de fondo? A diferencia de las reformas de 1999 y 2008 que perseguían un mecanismo ágil de depuración de las policías y Ministerios Públicos,2 la postura de la reforma de 2018 tiene, por objetivo primordial, garantizar el derecho humano al trabajo.
Sin embargo, la propuesta de reforma de 2018 no resuelve los problemas identificados que sustentaron las reformas de 1999 y 2008. Hay que recordar que, como resultado de la reforma constitucional de 2008, se publicó la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública (LGSNSP), que, desde enero de 2009, instrumenta la expectativa de profesionalización y crecimiento de policías y Ministerios Públicos de todo el país, junto con mecanismos ágiles de depuración. A pesar de la importancia de esta ley para la reforma constitucional planteada, los diputados la mencionaron de manera muy genérica:
“Tal inestabilidad en la carrera policial y el fracaso de los métodos de depuración y selección de los elementos, lejos de fortalecer a las corporaciones, ha conllevado –en perjuicio de los habitantes de este país-, a la desarticulación de las policías y la consecuente militarización de la seguridad pública, lo que ha desencadenado una multiplicidad de violaciones a derechos humanos de los habitantes”.  
Dicha aseveración no distingue si el problema es la LGSNSP en sí o la aplicación de la misma. Causa en Común publicó en noviembre de 2017 el Índice de Desarrollo Policialque tuvo como finalidad verificar si las policías estatales y la federal tenían las normas para cumplir con los ejes del Desarrollo Policial (Servicio Profesional de Carrera, Profesionalización, Régimen Disciplinario, Seguridad Social y Certificación), que es el mecanismo de profesionalización y crecimiento de las policías contenidos en la LGSNSP. Dicho trabajo confirmó que todas las policías estatales del país incumplen con dicha ley.
Por ejemplo, respecto al Régimen Disciplinario, 30 corporaciones suspenden el sueldo a sus elementos cuando son sujetos a una investigación, sin que se haya determinado su culpabilidad, o 20 corporaciones no tienen un catálogo de faltas y sanciones. En materia de Certificación, 31 corporaciones estatales tienen mandos y personal operativo sin examen de control de confianza vigente.
Si estas conclusiones para las policías estatales deberían ser un escándalo nacional, las condiciones laborales de las policías municipales en la mayoría del país son peores, incluyendo contrataciones sin ningún tipo de filtro y despidos masivos al cambiar el presidente municipal.
Con lo anterior se demuestra que los objetivos de la LGSNSP, emanada de la reforma constitucional de 2008, no se han cumplido, por omisiones del Gobierno Federal, los gobiernos estatales y municipales. Si se cumpliera con lo que se señala en la LGSNPS, por ejemplo, con la existencia de mecanismos internos en las instituciones policiales y de procuración de justicia, que garantizaran un debido proceso para cualquier policía o Ministerio Público que fuera cesado, la reforma constitucional propuesta sería innecesaria.
Tampoco debemos olvidar que los policías y Ministerios Públicos son trabajadores sujetos a una mayor vulnerabilidad por la naturaleza de su encargo, por lo que deben gozar de beneficios adicionales. Sin embargo, esto tampoco se cumple: sólo Michoacán y Morelos han desarrollado en ley un régimen complementario de seguridad social (al menos normativamente hablando), y en 13 estados no se establecen las prestaciones mínimas de ley para sus policías.
Toda reforma en materia de Seguridad Pública debe partir de un diagnóstico integral, con objetivos medibles y alcanzables. La reforma constitucional propuesta es sólo una pieza de un amplio rompecabezas respecto a las condiciones laborales de policías y Ministerios Públicos en el país. Por ello, es importante que cualquier reforma que se proponga debe identificar primero si el problema es la aplicación de la ley o la ley en sí. Y sólo después de estar convencidos de la necesidad de la reforma constitucional, proponer su modificación. 
De lo contrario, seguiremos reformando la Carta Magna sin vigilar la aplicación de la ley y seguiremos con policías, Ministerios Públicos y peritos maltratados por sus corporaciones y menospreciados por la sociedad. 
AUTORA.-Marcela Figueroa Franco y Clemente Romero Olmedo son investigadores de Causa en Común. 
Referencias
Cuaderno de apoyo, Reforma constitucional en materia de seguridad y justicia penal y seguridad pública. Proceso legislativo, junio 2008, pp. 47 y 48.
Gaceta Parlamentaria, año I, número 149, de fecha 3 de noviembre de 1998.

1 La LGSNPS establece que todos los integrantes de las Instituciones Policiales deben someterse a evaluaciones periódicas por el Centro de Control de Confianza correspondiente, (comúnmente denominado C3) para comprobar el perfil de personalidad, ético, socioeconómico y médicos, en los procedimientos de ingresos, promoción y permanencia de los policías.  Para cumplir lo anterior, el Centro Nacional de Certificación y Acreditación, que depende del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, quien a su vez depende de la Secretaría de Gobernación, establece los lineamientos para la aplicación de los exámenes médicos, toxicológicos, psicológicos, poligráficos, socioeconómicos y demás que se consideren necesarios para los policías.
2 Argumentos de la reforma de 1999 
1. Que el juicio de amparo había sido un mecanismo aprovechado por malos elementos para mantenerse en el cargo, a pesar de no satisfacer las aptitudes mínimas para el desempeño de sus funciones. 
2. Por lo delicado de las funciones policiales, era necesario regular la libre remoción de quienes incumplieran los requisitos esenciales de legalidad, eficiencia y profesionalismo.


Argumentos de la reforma de 2008
1. Que, a pesar de la reforma de 1999, el Poder Judicial Federal otorgó amparos que permitieron a malos policías y Ministerios Públicos ser reinstalados en sus puestos. 
2. Se buscaba un equilibrio, entre la necesidad de tener un servicio de carrera que motivara al personal con una expectativa de profesionalización y crecimiento, y el imperativo de contar con mecanismos ágiles para depurar a los malos elementos.
Fuente.-

VIDEO: AGENTE del F.B.I HACIA "PANCHOS BAILANDO" en BAR,se DISPARA PISTOLA y HIERE de PLOMAZO a PARROQUIANO...andaba pedorecontento.



Un agente del FBI hirió accidentalmente a un hombre este domingo por la madrugada cuando disparó su arma reglamentaria al realizar una pirueta en pleno baile en un bar de Denver (Estados Unidos), informaron medios locales. 

El video, grabado por uno de los testigos, muestra al agente bailando en el centro de la pista con un círculo de gente a su alrededor.


En un momento, el hombre, fuera de servicio, hace un salto mortal hacia atrás y se aprecia cómo su arma reglamentaria cae al suelo.

Al darse cuenta, el agente corre a recoger la pistola, que se dispara accidentalmente, y abandona la pista de baile.


La Policía de Denver informó que como resultado del disparo resultó herido en la pierna un hombre, que fue trasladado a un hospital en buen estado.


El caso está en manos de la unidad de homicidios de la Policía de Denver y el agente podría enfrentar cargos penales, además de sanciones internas en el FBI.

Con información de: EFE/

ANALISTAS "DESNUDAN" las PROPUESTAS de los PRESIDENCIABLES 2018...que solo sirven para el "spot publicitario".



Este 1° de junio empieza a correr la cuenta regresiva para la elección mexicana más de grande de la historia.


En un mes los electores irán a las urnas para votar por más de 3.400 puestos, entre ellos el de Presidente de la república, senadores y diputados federales.

Un grupo de académicos de distintas instituciones mexicanas realizó para Infobae una revisión de las propuestas de campañade los tres principales candidatos a la Presidencia en materia de economía, sociedad, y seguridad pública.

Todos ellos han ofrecido becas o pensiones para los jóvenes y adultos mayores, pero no especifican de dónde saldrán los recursos a repartir, ni los procedimientos para recaudarlos. Algunos presentan como propuesta cosas que ya se hacen desde el siglo pasado, mientras que otros prometen logros que se pueden obtener gracias a la dinámica natural de los mercados y no por acciones que emprendan sus gobiernos.

En materia de impuestos, solo mencionan que habrá reducción en el Impuesto Sobre la Renta (ISR) que se aplica a los ingresos, pero no se menciona el impacto que ello tendría en el gasto publico.

AMLO, en campaña.

Las propuestas en seguridad tienen más posibilidades de llevarse a cabo. Sin embargo, los analistas también consideran que a los candidatos les hace falta detallar el cómo y con qué recursos las llevarán a cabo.

Incluso la polémica amnistía para narcotraficantes planteada por el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, tiene posibilidades de llevarse a la práctica.

Punto por punto

Uno de los aspectos que más preocupa a los mercados es que en la administración de Enrique Peña Nieto, iniciada en 2012, la moneda mexicana acumuló una perdida de 49%, según cifras del Banco Central al 9 de enero.

López Obrador presentó como una de sus propuestas otorgarle autonomía al Banco de México (central), pero para el economista Eliseo Díaz, del Colegio de la Frontera Norte (Colef), es sólo para salir del paso.

"En el corto plazo tendría consecuencias desastrosas declarar lo contrario. Fuera del amplio círculo de sus seguidores, sin embargo, son pocos los que creen esta oferta. Las políticas económicas que llevaría un probable gobierno de López Obrador se diseñan alrededor del mantra 'protegeré al pueblo'. Por ejemplo, frente a la eventualidad de una volatilidad monetaria internacional que lleve a una depreciación del tipo de cambio, si proteger al pueblo requiere desaparecer la autonomía del Banco de México, del régimen de tipo de cambio flexible y fijar los precios para evitar la inflación, lo va hacer", consideró.

En el actual sexenio el peso mexicano se ha devaluado 49% ante el dólar de EEUU.

Una de las propuestas insignia de Ricardo Anaya, candidato por la coalición Por México Frente, es la implementación de un ingreso básico universal, como una medida para reducir la desigualdad y dar una vida mejor a los estratos más bajos de la sociedad.

"La propuesta conlleva una alta dosis de injusticia, porque, como muchos dicen, el problema de México es la grave desigualdad del ingreso, dar a todos los mexicanos un ingreso garantizado no movería los indicadores de desigualdad utilizados. La estructura de la distribución del ingreso se mantiene sin cambios significativos. Al margen del esfuerzo presupuestal que un mecanismo de este tipo significaría. Los riesgos son la dificultad del fondeo de esta clase de mecanismos, el problema de la inflación que puede provocar y que llevaría a una carrera entre pérdida de capacidad de compra y tamaño de las pensiones, etcétera", opinó Díaz.

Anaya ha señalado que una de sus intenciones es aumentar el salario mínimode 88 pesos diarios (USD 4.42) a 187 pesos diarios (USD 9.39), sin embargo hay economistas que consideran que en la práctica el salario mínimo no existe porque el tope está muy por debajo de las necesidades de la clase trabajadora.

"Son promesas, sólo por llegar, la realidad económica fiscal y social del país es mas compleja y requiere de una mejor propuesta", dijo Daniel de Loera Robles, investigador de la Universidad de Guadalajara.

En materia salarial, el candidato del oficialismo, José Antonio Meade, de la coalición Todos por México, ha planteado la igualdad de ingresos entre hombres y mujeres.

Pero al igual que los otros candidatos, lo plantea de manera muy superficial.

Anaya es el candidato más joven a la Presidencia de México. (Foto: REUTERS/Gustavo Graf)

Promete multiplicar por tres las redes de transporte público, para construir ciudades compactas y bien comunicadas. Para los investigadores, se trata de una propuesta del tipo "abriré el Mar de Cortés".

"El transporte urbano en México es un auténtico desastre, organizar y modernizar este transporte sería un cambio coperniquiano con gran impacto en el bienestar inmediato de la sociedad, pero vista así en una campaña electoral en esta época parece un tanto ingenuo", aseguró el investigador del Colef.

Los monstruos de la inseguridad y el narco

Aunque la economía siempre ha sido un tema prioritario para el país, en este momento el problema de la delincuencia común y de los cárteles del narco tiene a México de cabeza.

Con 70 asesinatos por día, seis secuestrosy un robo con violencia cada dos minutos, el tema está todos los días en la conversación de los mexicanos.

El tema de seguridad no es el fuerte de José Antonio Meade. (Foto: Reuters)

De las seis propuestas más importantes que plantea López Obrador, cinco son consideradas posibles y una parece más difícil de aterrizar. Su propuesta más polémica es la que plantea una amnistía para los narcotraficantes como una opción para terminar con la violencia generada por los cárteles de la droga.

"Sí es posible, pero tendría que delimitar a qué perfil de narcotraficantes aplicaría y a cambio de qué. La ambigüedad de la propuesta abre un amplio margen de posible aplicación, aunque puede ser contraproducente por los efectos en la percepción de impunidad y la falta de voluntad de los delincuentes para el cumplimiento de los acuerdos", explicó Carlos Rodríguez Ulloa, analista del Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia (Casede).

Jesús Pérez Caballero del Colef es más escéptico, pero no considera que esta propuesta sea imposible de llevarse a la práctica.

"Habría que aclarar si se refiere a amnistías (con un carácter colectivo y que suele imponerse antes, durante o después de un proceso penal, usualmente en el marco de un proceso de paz, negociaciones entre partes enfrentadas o de justicia transicional) o a indultos (medida individual que anula una pena que ya se ha impuesto)", cuestionó.

"Además, debe establecerse un criterio claro de qué tipos de delitos son amnistiables. Esas medidas que suponen un cambio tan grande desde lo que se está haciendo hacia otros modelos distintos no pueden imponerse de arriba abajo, sino que deben ser horizontales. Si no, se corre el riesgo de que sean vacuas", agregó.

De las siete principales propuestas planteadas por Anaya en este renglón, cinco se considera que se pueden cumplir, y dos no.

Su idea de "desmantelar, y no sólo descabezar a las organizaciones criminales", divide a los investigadores, "es posible aunque requiere de un enfoque más centrado en inteligencia y orientado hacia el desmantelamiento de la red o del proceso de la delincuencia organizada, en coordinación con la fiscalía y las instancias del poder judicial. El problema radica en el cambio de visión organizacional", dijo Carlos Ulloa.

Pero, Pérez Caballero lo consideró como "tan voluntarista, tan genérica, tan de spot publicitario, entre la metáfora y la tautología".

En este aspecto Meade es más radical y ha propuesto que "no habrá perdón" para delincuentes.

Pérez Caballero y Rodríguez Ulloa la ven viable, el problema es que a muchos delincuentes habrá que capturarlos primero.

fuente.-

MAS ACUSACIONES: A CABEZA de VACA las EJECUCIONES "NO LE OCUPAN,le PREOCUPAN los VOTOS"...al costo que sea, se convirtió en lo que criticaba.

Descuidando la obligación constitucional de salvaguardar la integridad y los bienes de los ciudadanos que lo elegieron hartos del "PRI",el Panista Gobernador de Tamaulipas Francisco Javier Garcia Cabeza de Vaca que ahora encabeza el "cambio prometido fallido",sigue siendo señalado como el responsable de la indiscriminada "compra de votos",ya sea  extorsionando a los que menos tienen  cambio de despensas por votos, liberando los recursos para becas,utilizando sinfín de programas sociales,incidiendo en decisiones de otros partidos para nombrar candidatos que le sirvan de comparsas e incluso amedrentando rivales políticos,ciudadanos y organizaciones civiles que denuncian la compra de votos en todo el país, advierten que de acuerdo con el primer recuento, en Tamaulipas la compra de votos está en 500 pesos, informó Acción Ciudadana Frente a la Pobreza (ACFP).

DOMINGO, 3 DE JUNIO DE 2018

Cabe recordar que el martes 8 de mayo, senadores pidieron “investiguen y, en su caso, sancionen al gobierno del Estado de Tamaulipas por la presunta entrega de despensas con fines electorales”, de acuerdo con la gaceta parlamentaria LXIII/3SPR-1/81068. El Mañana también documentó el almacenamiento de miles de despensas escondidas en lugares como una ferretería particular.


“Acción Ciudadana Frente a la Pobreza (ACFP), una agrupación de 60 organizaciones sociales y civiles, externa su preocupación por la generalizada compra y coacción del voto con los beneficios de los programas sociales en todo el país.

VIERNES, 1 DE JUNIO DE 2018

“La entusiasta participación ciudadana que ha reportado irregularidades en democraciasinpobreza.mx exige operativos por parte de las autoridades que disuadan la compra del voto, reafirmen el carácter libre y secreto del voto y garanticen que la pobreza no sea usada como herramienta de manipulación política”, exigieron.

ACFP informó en conferencia de prensa que el voto se está comprando comúnmente en 500 pesos, pero hay entidades, como el Estado de México, donde se cotiza hasta en 5 mil, mientras que en la Ciudad de México el precio varía de 200 a 2 mil 500 pesos, según los reportes ciudadanos.

Alberto Serdán, coordinador de ACFP, dio a conocer a la prensa el portal democraciasinpobreza.mx, el cual contiene una serie de documentos que incluyen un formulario para recibir los reportes que notifican en qué localidad del país se está comprando el voto con recursos presupuestales destinados a la superación de la pobreza, quién está operando la compra o coacción del voto, qué están repartiendo o entregando a cambio del voto y qué programas sociales están usando ilegalmente.

“El 41% de los reportes corresponde a la entrega de cosas, despensas, principalmente; 36% son acciones de condicionamiento para recibir o dejar de recibir los beneficios de algún programa social, sobre todo Prospera; 18% es por la entrega de dinero en efectivo y un 11% corresponde al reparto de tarjetas electrónicas con depósitos diferidos”, detallaron.

“Las acciones denunciadas por la ciudadanía contravienen la Ley General en materia de Delitos Electorales y, para el caso de la fotocopia de la credencial del INE, es una violación a las leyes de protección de datos personales ante el cual el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la INAI debería actuar e informar a la población de que es un delito acumular datos personales con las fotocopias del INE sin los requisitos de ley”, denunciaron.

Con informacion de:


LOS "CUINIS": BANDA de 18 HERMANOS,BRAZO FINANCIERO y EMPRESARIAL del CARTEL de JALISCO y el "MENCHO"... una plaga como las ardillas que llevan su nombre "Cuinique".



Detrás de la capacidad financiera del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), están los "Cuinis", que más que una banda son una familia bautizada con el nombre de una pequeña ardilla llamada "cuinique", conocida por su capacidad para reproducirse. Son González Valencia, un clan de 18 hermanos –unos dicen que 12– que forman el brazo financiero y empresarial del grupo criminal que lidera Nemesio Oseguera, el "Mencho".

A los "Cuinis" pertenece Rosalinda González Valencia, esposa del "Mencho", recientemente detenida en Zapopan, Jalisco, y señalada como "operadora financiera" del CJNG.

No es la única. Hay 7 hermanas más identificadas por las autoridades como responsables encubiertas de los negocios del CJNG. Ellas son Noemí, Berenice, Marisa, Erika, María Elena, Abigail y Estela, quienes han tomado un relevante papel en la administración de los negocios ilícitos del grupo criminal, sobre todo a partir de la detención de cinco de sus hermanos: Ulises, Elvis, José, Abigael y ahora Rosalinda González Valencia.

Además de Rosalinda González Valencia, esposa del “Mencho”, otros 5 de sus hermanos han sido detenidos.

Las autoridades de México atribuyen a los "Cuinis" negocios como comercializadoras, clínicas de belleza y rejuvenecimiento, hoteles, restaurantes y ferias, entre otros. Incluso los considera como una de las organizaciones criminales más ricas de México, en su sociedad familiar con el CJNG.

Aunque su apellido aparece por debajo del "Mencho" en la estructura del CJNG, su peso en la organización no es menos importante bajo las órdenes ahora de Arnulfo, y detrás sus hermanos Edgar, Mauricio, Gerardo y Luis Ángel, todos libres aún.

Precisamente por el poder económico que han acumulado, en octubre de 2016 el Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyó a 7 de los "Cuinis" en la lista de narcotraficantes internacionales que elabora su Oficina de Control de Bienes de Extranjeros (OFAC).

A los especialistas les llama la atención que los "Cuinis" llegaran con tanto retraso a "la lista negra" del narcotráfico estadunidense, si se considera que las autoridades les siguen la pista desde hace dos décadas.

Apenas entonces aparecieron los nombres de Nemesio Oseguera, su hermano Antonio Oseguera y sus cuñados Abigael, Arnulfo, Edgar, Elvis, Marisa Ivette y Noemí. Al primero lo identificó como líder de los Cunis, que junto con el CJNG consideraba entre las bandas "más prolíficas y violentas del mundo".

El origen de la dinastía

Los González Valencia, originarios de Michoacán, son el tronco familiar del CJNG, además de su savia financiera.

Su historia se remonta hasta los años setenta, cuando el patriarca de la familia, Armando Valencia Cornelio, "El Maradona", fundó la organización conocida como Cártel del Milenio.

Al principio sólo se dedicaban a sembrar marihuana, pero en la década de los noventa transitaron hacia la fabricación de drogas sintéticas –fueron de los primeros en traficarlas–, el trasiego de cocaína hacia Estados Unidos y la siembra de amapola.

Acosado por Los Zetas, que comenzaron a disputarles el territorio entre 2003 y 2004, todo el clan Valencia tuvo que huir de Michoacán.

Abigael González Valencia fue en su momento el líder de los “Cuinis”, antes de ser detenido.

Entonces se creyó que las autoridades habían vencido a los Valencia y que al Cártel del Milenio había que borrarlo de la cartografía del narcotráfico mexicano. En realidad, no sucedió así. Los "Cuinis" se trasladaron con todo y su tradición criminal, hacia Jalisco, Colima, Nayarit y Guanajuato, donde creaon una célula de defensa con sicarios bien entenados. Al frente de esta nombraron a un joven bien conocido por ellos desde su juventud en Michoacán: Nemesio Oseguera, el "Mencho".

La alianza de sangre

El "Mencho" se hizo sicario y narco con los Valencia. Desde joven trabajó con ellos comovigilante de los campos de aguacate, después se convirtió en su operador para el tráfico de marihuana y amapola desde el municipio de Aguililla, Michoacán, y más tarde incluso le cuidó las espaldas al patriarca El Maradona, como su jefe de seguridad.

Antes de llegar al primer círculo de los Valencia, el Mecho se fue a Estados Unidos y allá comenzó a traficar las drogas sintéticas del clan, al lado de Abigael González Valencia, el "Cuini" o el "Cachetes", quien sería identificado como el líder de los "Cuinis".

Para entonces Nemesio ya conocía a Rosalinda y con ella se casó tan pronto volvió a México, cuando se hizo policía en Cabo Corrientes y Tomatlán, municipios de Jalisco.

Fue al dejar la corporación que se convirtió en el jefe de seguridad del patriarca "Maradona" –Armando Valencia– y mano derecha de Erik Valencia Salazar.

Las versiones apuntan que juntos se apoderaron y transformaron el Cártel del Milenio. "El día 10 de mayo de 2009 empezaron los enfrentamientos entre el Cartel del Milenio y la gente de Nemesio Oseguera y Erik Valencia, y un mes después se dio a conocer el Cartel de Jalisco Nueva Generación", declaró a las autoridades Ramiro Pozos, "El Molca", líder de La Resistencia, una escisión del Cártel del Milenio.

Con el apoyo financiero de los González Valencia –ahora su familia política– y su demostrado poder de fuego, el "Mencho" integró primero el grupo de los Matazetas, en 2011. Con este replegó a Los Zetas en la región del Bajío y les arrebató el Golfo con sus mismas estrategias: una estructura de mando muy estricta, con niveles y grados bien definidos, lealtades muy sólidas y ahora dicen que entrenados por fuerzas paramilitares de Colombia y otros países extranjeros, que le han permitido extenderse por todo el país.

Las bajas 

La alianza de sangre de los "Cuinis" y el CJNG no ha sido suficiente para evitar las detenciones de los González Valencia, a quienes han aprehendido no en casas de seguridad o escondidos, sino en zonas turísticas de México y el extranjero, lo cual contrasta con una opinión muy difundida sobre su bajo perfil.

Entre los "Cuinis" detenidos está Abigael, a quien sorprendieron las autoridades en un restaurante de Puerto Vallarta, Jalisco, el 28 de marzo de 2015. A Elvis lo detuvieron en un hospital luego de sufrir un accidente vial en Zapopan, Jalisco, el 3 de enero de 2016.

Gerardo cayó el 21 de abril de 2016, en Uruguay, junto con otros 10 integrantes de la organización, y José, "El Chema" o el "Chepa", fue detenido el 27 de diciembre de 2017 en Fortaleza, Brasil.

Luego de un accidente vial, Elvis González valencia fue detenido.

La última fue Rosalinda, la esposa del "Mencho", a quien sorprendieron al salir de una tienda de conveniencia en Zapopan, Jalisco.

Pero de la dinastía de los "Cuinis" todavía quedan 13 hermanos –o 7 si acaso son 12–. Todos con dinero, poder y el apoyo del grupo criminal más violento del país: el Cartel Jalisco Nueva Generación.

Fuente.-

EL "NEGOCIAZO MILITAR": MAS de 7 MIL MILLONES en COMPRAS de ARMAMENTO...si la inseguridad acaba,se acaba el negocio "verde olivo".

Si alguien aún tiene dudas de que la “guerra” contra el narcotráfico en México ha sido un negocio redondo, bastará decir que en lo que va de este sexenio que ya agoniza, el gobierno federal ha gastado más de 7 mil millones de pesos tan sólo en la compra de armamento y equipo militar, y cuenta con una bolsa superior a los 1 mil millones para ese mismo propósito en 2018.

NOTA RELACIONADA:

Siete mil millones de pesos que bien pudieron invertirse en salud, educación, vivienda o cualquier otro tipo de bienestar social que pudiera contener la pobreza y, de alguna manera, también el descontento social que ahora vivimos.
Pero no, se gastó en las armas que han profundizado la espiral de violencia en la que estamos inmersos desde 2007, cuando Felipe Calderón inició esta absurda “guerra” para garantizar su estancia en la Presidencia mediante la mano dura, tras su cuestionada e ilegítima llegada al poder.
Para compra de armas y equipo militar, el gobierno de Calderón le heredó al de Peña una bolsa de 2 mil 76 millones 570 mil pesos. Así es como se garantizó la continuidad de la supuesta “guerra” contra el narco.
Históricamente, este gasto ha beneficiado a una industria bélica carente de ética y humanismo, pues ha suministrado el armamento a nuestro país aún sabiendo que miles de inocentes mueren por el accionar de esas armas.
Y resulta que ese negocio no sólo es rentable, sino sobre todo es discrecional. Esta característica sobresale en un lugar con autoridades tan corrompidas como lo es México, porque significa que se potencian los negocios paralelos: el pago de diezmos, por ejemplo; los ilegales sobrecostos; las asignaciones directas pactadas por debajo de la mesa entre empresas y funcionarios, etcétera.
Y es que, escudado en el ambiguo y muy conveniente concepto de “seguridad nacional”, el gobierno de Enrique Peña Nieto ha comprado equipo y armamento militar por al menos 7 mil 213 millones 41 mil pesos en forma discrecional, revelan datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público entregados al Congreso de la Unión.
El gasto se ha hecho entre enero de 2013 y el pasado mes de marzo, a través de la opaca figura fiduciaria, considerada como la caja chica del gobierno para eludir la transparencia y la rendición de cuentas, tal como lo ha denunciado por años la Auditoría Superior de la Federación.
Y es que los fideicomisos que maneja el gobierno, aunque sean considerados públicos, no rinden cuentas porque los “protege” el secreto fiduciario. Tampoco son auditados y mucho menos devuelven el dinero que no gastan a la Tesorería de la Federación al término de los ejercicios, porque no están sujetos a etiquetas del gasto dispuesto en los presupuestos públicos anuales.
Así, en el gasto para compra de armas y equipo militar se blindan por dos vías: por una parte, el argumento de la seguridad nacional que clasifica la información como secreta; y, por otra, el secreto fiduciario que impide conocer el destino del dinero.
En este caso, los miles de millones de pesos extraídos de las arcas de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) van a parar al Fideicomiso Público de Administración y Pago de Equipo Militar, que maneja esa institución.
De acuerdo con los Informes sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública, a ese fondo se le han destinado recursos públicos por 8 mil 273 millones 381 mil 710 pesos, entre enero de 2013 y el primer trimestre de 2018.
Es decir que la Sedena se ha gastado la mayoría de los recursos del fondo fiduciario, pues los egresos en el mismo periodo superan los 7.2 mil millones de pesos.
Oficialmente, el Fideicomiso tiene por objeto “administrar los recursos que forman su patrimonio y cubrir las erogaciones por las adquisiciones de bienes tales como equipo militar, terrestre, aéreo y refacciones; así como la contratación de obra pública y de los servicios de mantenimiento necesarios para dichos bienes y obras, destinados a la realización de operaciones de orden interior y seguridad nacional de carácter contingente o urgente, que lleve a cabo la Sedena en términos de las disposiciones aplicables, a fin de contar con los medios necesarios para el cumplimiento de sus funciones”.
De los datos de Hacienda destaca que para el cierre del actual gobierno aún se cuenta con una bolsa multimillonaria para este fin. Su saldo disponible al tercer trimestre de 2018 fue de la nada despreciable cantidad de 1 mil 886 millones 690 mil 359 pesos.
Además, según los Informes de Hacienda, entre enero y marzo pasado el Fideicomiso se gastó 859 millones 266 mil 374 pesos, mientras que la Sedena le destinó 110 millones 499 mil 955 pesos.

La apuesta por la “guerra”

A estas alturas queda claro que el negocio ha sido redondo tanto para la industria como para los propios militares a cargo de estas compras.
También resulta evidente que en este sexenio se ha privilegiado la guerra contra la sociedad, que ha costado miles de muertes, desapariciones y desapariciones forzadas y otras expresiones de violencia extrema, y no el gasto social que tanta falta hace.
Y es que lo que realmente necesita México es que se combatan los flagelos que más angustian a las familias mexicanas, como la pobreza y la marginación.
Algo bastante alejado del gobierno actual, pues su herencia serán más de 53 millones de mexicanos en situación de pobreza que reconoce oficialmente, cifra que podría realmente superar los 80 millones, pues los datos gubernamentales generalmente están maquillados.
Pese a la gravedad del problema, el priísta no tuvo como prioridad su combate, sino que se concentró en continuar la supuesta “guerra” contra el narcotráfico.
Y por ello sostuvo, al igual que su antecesor Calderón –responsable de desatar las masacres que han enlutado a miles de familias mexicanas–, el multimillonario gasto militar en beneficio de la industria bélica de Estados Unidos, Israel, Sudáfrica, Bélgica, Suiza, República Checa, España, Italia, Brasil, Uruguay, Canadá, Turquía y Alemania.
Industria que ha contado con la complicidad de gobiernos supuestamente democráticos.
Fuente.-Nancy Flores/Segunda de dos partes
(imagen/internet)

"NEGOCIO REDONDO": NARCOTRAFICO y "GUERRA ANTICRIMEN"...los numeros agobian y desalientan.

Es un negocio redondo. Y es una guerra de nunca acabar. Siempre ganan los mismos (y no son las fuerzas beligerantes que se enfrentan en el terreno). Miles de millones de dólares se destinan a mantener el conflicto armado en México porque deja ganancias aún mayores. Y no sólo son económicas. Sirve para justificar la militarización del país, la intromisión de los estadunidenses en asuntos de seguridad mexicanos, desactivar protestas, reprimir movimientos sociales, violar derechos humanos y colectivos.
No importa cuántos asesinados, desaparecidos y desplazados haya, aun si se cuentan por cientos de miles. Tampoco cuántos detenidos sean presentados ante las autoridades judiciales, cuántos reciban sentencia y cuántos encarcelen.
No importa. La guerra siempre tendrá razones para seguir adelante.
Así que tampoco importa cuánta droga se incaute o destruya. Veamos los números.
Un oficio de la Procuraduría General de la República (PGR) da cuenta de los precios estimados de las drogas en México. Por kilo, la heroína es la droga más cara que se trasiega en el país. Alcanza los 35 mil dólares (unos 695 mil 134 pesos).
El oficio PGR/UTAG/DG/003094/2018 indica que en segundo lugar se encuentran las metanfetaminas, las cuales tienen un valor de 14 mil 514 dólares (288 mil 262 pesos) por kilo. En seguida se encuentra la cocaína. Por ella se pagan 12 mil 500 dólares por kilo (248 mil 262 pesos). Finalmente, la marihuana cuesta en México 80 dólares (1 mil 588 pesos) el kilo.
Otro oficio de la misma dependencia da cuenta de la cantidad de estupefacientes asegurados o destruidos desde que inició la “guerra” contra el narcotráfico, a finales de 2006, con la grandiosaidea del presidente impuesto, Felipe Calderón, de sacar a las Fuerzas Armadas a las calles.
En el oficio PGR/UTAG/DG/002884/2018, fechado el 22 de mayo de 2018, la PGR consigna que entre 2006 y la primera mitad de 2017 se destruyeron 1 millón 90 mil 851 plantíos de marihuana. La mayoría de ellos en Sinaloa (311 mil 572), Chihuahua (197 mil 682) y Durango (142 mil 39). Se trata, pues, del famoso “triángulo dorado”.
Aunque tal vez muy poco diga la palabra “plantío”. Mejor dato es el que se mide por hectáreas. En el documento de la PGR se revela que en casi 12 años de “guerra contra el narcotráfico” y 10 de la Iniciativa Mérida, se han destruido 154 mil 616 hectáreas sembradas con marihuana en México. Los principales estados son, de nueva cuenta, Sinaloa (49 mil 571), Chihuahua (29 mil 942) y Durango (25 mil 170). Le siguen Michoacán (13 mil 893), Jalisco  (7 mil 488) y Guerrero (7 mil 194). Sólo en dos de las 32 entidades federativas no se han detectado siembra de marihuana desde 2006: Tlaxcala y la Ciudad de México.
Una de las sorpresas es que el año durante el cual más hectáreas de marihuana se erradicaron fue 2006, es decir, antes de la “guerra”. En ese año se destruyeron 30 mil 161 hectáreas de marihuana. Y luego siempre vino en declive. Para 2016 se destruyeron 5 mil 477 y para 2017, hasta el 30 de junio, 1 mil 934 hectáreas.
Los aseguramientos de marihuana tienen un comportamiento similar. En total se han confiscado 17 mil 639 toneladas 333 kilos de marihuana. De acuerdo con datos de la PGR, estaríamos hablando de un volumen con valor de 1 mil 411 millones de dólares o 28 mil millones de pesos. La mayoría, en seis estados (Sinaloa, Sonora, Durango, Chihuahua, Baja California y Tamaulipas). 2010 fue el año con mayor número de toneladas incautadas, con 2 mil 313. Luego, el declive, hasta llegar a 2017, cuando se aseguraron 254.
México no es productor de cocaína, pero los cárteles asentados en este país controlan todo el proceso iniciado en América del Sur. En total, desde la “guerra” iniciada en diciembre de 2006 y hasta el 30 de junio de 2017, la PGR ha registrado el aseguramiento de 177 mil 285 kilogramos de cocaína. El valor de estos cargamentos ascendería a 2 mil 216 millones de dólares o 439 mil millones de pesos. La mayoría en cuatro estados: Colima (36 mil 741), Oaxaca (31 mil 128), Chiapas (25 mil 162) y Tamaulipas (15 mil 484). No hay una sola entidad en toda la República en la que no se haya decomisado cocaína desde 2006.
Con respecto de la amapola (la planta de la que se extrae la goma para fabricar heroína y otros opiáceos), el gobierno mexicano ha destruido desde 2006 más de 1 millón 353 mil 65 plantíos. Y aquí el estado de república que destaca es Guerrero, con 613 mil 891. Le siguen Chihuahua (272 mil 14), Durango (229 mil 509) y Sinaloa (128 mil 632).
Al medir las hectáreas de amapola destruida, resulta que 91 mil 912 son de Guerrero, 40 mil 921 de Durango, 38 mil 367 de Chihuahua y 21 mil 15 de Sinaloa. De las 32 entidades, sólo en cinco no se registraron sembradíos: Aguascalientes, Baja California Sur, Ciudad de México, Querétaro y Quintana Roo.
Cabría destacar que –de acuerdo con el documento Amapola, opio y heroína. La producción de Colombia y México, publicado por el Trasnational Institute en abril pasado– las hectáreas de amapola que se destruyen en México sólo representan la tercera parte de las que realmente se cultivan.
La heroína asegurada (hasta el 30 de junio de 2017) asciende a 4 toneladas 732 kilos con 890 gramos. El valor sería de 165 millones 651 mil 150 dólares (unos 3 mil 288 millones de dólares). Los decomisos se han concentrado en dos estados: Sonora (1 tonelada 536 kilos) y Baja California (1 tonelada 249 kilos). En otras 28 entidades los aseguramientos van desde los 10 gramos (Tlaxcala) hasta los 698 kilos (Sinaloa). Sólo en Hidalgo y Yucatán nunca se ha decomisado heroína.
Además, las autoridades mexicanas han destruido, entre 2006 y el 30 de junio de 2017, un total de 1 mil 651 laboratorios clandestinos en los que se producían drogas. Sólo en Michoacán fueron destruidos 587. Otros estados con cientos de casos fueron Sinaloa (con 515) y Jalisco (con 249). Otras entidades de la República sumaron menos de una decena. En seis entidades de la República las autoridades no han encontrado laboratorio alguno. En la Ciudad de México se han destruido tres: uno en el presente sexenio y dos durante el pasado. Fue 2012 cuando más laboratorios clandestinos se destruyeron: 270.
En las 32 entidades de la Federación se han asegurado metanfetaminas. En una de ellas apenas 100 gramos (Campeche), pero en otras hasta 87 toneladas con 727 kilos (Sinaloa). En total se han decomisado 199 toneladas con 451 kilos, cuyo valor a ascendería a 2 mil 894 millones 831 mil 814 dólares o 57 mil 465 millones 644 mil pesos. Se trata de una droga en auge. Si en 2006 apenas se aseguraron 753 kilos, para 2017 superaron las 37 toneladas.
Así, la “guerra” seguirá hasta el infinito. Se acumularán las drogas incautadas, las hectáreas destruidas, los muertos, los desplazados, los desaparecidos. Y nos seguirán diciendo que los “golpes” al narco suman miles de millones de dólares. Lo que no nos dirán son los valores reales del negocio ni los bolsillos a los que llegan. La “guerra” es perfecta para estas empresas.
Fuente.-Zósimo Camacho

CRIMINALES "DESTAZAN" a 5 y los ARROJAN a la VIA PUBLICA JUNTO a NARCOMENSAJE...la estrategia de seguridad también esta hecha pedazos.

Cinco torsos desmembrados y tres cabezas fueron encontrados en dos diferentes puntos de Apaseo el Alto, Guanajuato la noche del sábado.
En el primero caso, aproximadamente a las 22:00 horas, en el número de emergencias 911 se recibió un reporte de la presencia de restos humanos bajo el monumento “El Águila”, sobre la avenida 16 de Septiembre, en la colonia Santa Elena Norte, informó la agencia Apro.
Al lugar acudieron policías del Mando Único quienes confirmaron que había tres cabezas cercenadas y un torso desmembrado, junto con un narcomensaje del cual no se reveló su contenido.
En el segundo caso y aproximadamente a la misma hora del primer hallazgo, se reportó la presencia de otros cuatro cuerpos destazados dentro de unas bolsas de plástico color negro, en la calle Ignacio Pérez de la colonia El Rejalgar.
Ambas zonas fueron resguardadas por elementos del Mando Único y de agentes de Investigación Criminal, quienes iniciaron las investigaciones correspondientes.
Hasta anoche, los cuerpos de las personas permanecían como no identificados.
Fuente.-

CUAL PODER del ESTADO ? CRIMEN MATA a 17 CANDIDATAS y 2 en MENOS de 24 HORAS....es el maltrecho estado de derecho.

En lo que va del presente proceso electoral han sido asesinadas 17 candidatas, las últimas dos, en menos de 24 horas.

Además de ello, según cifras de Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), de 2016 a la fecha se han denunciado 200 casos de violencia política en contra de mujeres.

De acuerdo con un recuento de consultores Ettelekt, los ataques y agresiones en contra de actores políticos y sus familiares aumentaron un 400 por ciento en relación con el proceso electoral anterior.

Ellos refieren que, desde el 8 de septiembre  -cuando arrancó el proceso para las elecciones de 2018- hasta el día de ayer se registraron 110 asesinatos contra políticos de todo el País.

De estos, se detalla, 41 aspiraban a un cargo de elección y, de ese total, 28 eran precandidatos y 13 estaban registrados a puestos de elección.

De los 110 actores políticos asesinados, 15 eran mujeres, pero esta cifra aumentó a 17 con las recientes ejecuciones de Juana Iraís Maldonado, en Puebla, y de Pamela Terán, en Oaxaca.

Entre los ataques contra aspirantes del género femenino también se encuentra el caso de Liliana García, abanderada del PRD que contendía por una regiduría en el Municipio de Ignacio Zaragoza, Chihuahua, y quien fue asesinada el domingo 6 de mayo.

Maribel Barajas Cortés, quien buscaba la diputación local por el distrito 22 de Múgica, Michoacán, apoyada por el PVEM también se suma a la lista de las occisas. Ella fue hallada sin vida el 11 de abril.

Ayer, la presidenta del Tribunal Electoral federal, Janine Otálora, exigió investigación y castigo por el asesinato de candidatos.

Otálora subrayó que la violencia política afecta principalmente a las mujeres.

"Ejercer un derecho no debería implicar poner en riesgo la integridad ni la vida. Hagámonos cargo todas y todos, desde nuestros ámbitos de competencia, de la violencia de género".
Objeto de amenazas

Ettelekt refiere que 119 políticos han sido objeto de amenazas y actos de intimidación en ese mismo periodo de los cuales 66 son candidatos y 16 son precandidatos.

De acuerdo con la misma consultora, durante este periodo se han registrado 382 agresiones globales en contra de políticos y candidatos en 31 entidades y 252 municipios de la República Mexicana.

En tanto, el Comité Ciudadano para la Observación Electoral hasta el 8 de mayo contabilizó 305 agresiones directas e indirectas, en contra de actores políticos y familiares durante estas elecciones.

Esta organización refirió que las mujeres han sido particularmente afectadas por la violencia política, por lo que urgieron a las autoridades a aplicar la ley de manera imparcial y sin reticencias.

Dicha violencia, apuntaron, también es propiciada por discursos de los candidatos y partidos basados en las denostaciones.

Los atentados mortales no han hecho excepciones con ningún partido político, ni entidades del País.

Fuente.-

LA "MUÑECA" ERA ESPOSA de INSPECTOR de ADUANAS y TAMBIEN la "VIEJA" del CHAPO... la realidad supera la fantasía.


Casada con un inspector de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) corrompido por el narcotráfico, Ana Marie Hernández Ledezma, alias "La Muñeca", se introdujo en dos de los cárteles de la droga más importantes del país: el de Sinaloa y Juárez. 

Daniel Ledezma, esposo de "La Muñeca" recibía sobornos del Cártel de Juárez a quienes les informaba cuándo y por dónde podían pasar cargamentos de droga. 

Mientras, Ana Marie recibía la información de los integrantes del cártel sobre los cruces que pensaban realizar, dichos datos los consultaba con Ledezma, para luego responderles por cual línea de la frontera podrían enviar la droga para evitar cualquier revisión.


Por dicho trabajo, la pareja recibía 100 mil dólares por cada unidad que cruzara de Ciudad Juárez en México e El Paso, Texas, en Estados Unidos.

El trabajo de "La Muñeca" también consistía en la distribución de droga en Chicago, Miami, St Lois y Florida.

Su apariencia facilitaba hacerse pasar por una mujer de la alta sociedad, lo que disminuía las sospechas sobre su práctica criminal. 

La debilidad de "La Muñeca" eran los lujos, mismos que fueron una pista por parte de las autoridades para seguir su rastro. 

Ana María Hernández realizaba innumerables gastos en calzado, bolsos y ropa, las cuales ejecutaba en sus múltiples viajes alrededor del mundo.

Al poco tiempo, "La Muñeca" apareció en la lista de los más buscados en Estados Unidos y con una ficha roja de la Interpol bajo el brazo.


La vida criminal de la pareja cayó paulatinamente, primero fue Daniel Ledezma. 

Él fue detenido en 2010 en Estados Unidos, acusado de narcotráfico, se declaró culpable de permitir el paso de vehículos con cocaína y fue sentenciado a 10 años de cárcel, más tres de libertad bajo supervisión.

Cinco años después, en octubre del 2015, detuvieron en Chihuahua a "La Muñeca".



La relación con "El Chapo" y el Cártel de Sinaloa

Mike Vigil, ex agente de la DEA, aseguró que Ana Marie Hernández Ledezma tuvo una relación amorosa con Joaquín "El Chapo" Guzmán, líder del Cártel de Sinaloa. 

Para Vigil, "las mujeres atractivas, como Hernández, son muy codiciadas por los líderes de los cárteles, las traen al redil y un montón de veces tienen relaciones con ellos".


"La Muñeca" es ampliamente relacionada con el Cártel de Juárez, vínculos que le costaron la libertad, sin embargo, también habría trabajado para el Cártel de Sinaloa. 

La relación con esta organización criminal comenzó cuando el esposo de Hernández fue detenido. 

Guzmán Loera ha sido caracterizado por ser mujeriego, varias son las mujeres a las que se le adjudica una relación amorosa. "La Muñeca" habría sido una más.

Con información de: Infobae/Debate/La SillaRota