Aducir la deshonestidad de los policías a la hora de investigar, la escasa destreza de los peritos cuan-do aportan pruebas o la negligencia de los fiscales al argumentar se ha vuelto lugar común.
"Les falta preparación", se quejan los activistas. "Peor que eso", insisten los académicos: "carecen de compromiso". Unos y otros coinciden en que el origen de la corrupción, impunidad e inseguridad que padece México está vinculado con sus recursos humanos.
¿Por qué, entonces, si esto es tan obvio, aún no tenemos esa policía, esos peritos y esos fiscales que la mayoría de los mexicanos anhelamos?
Hay respuestas de carácter histórico, económico y social. La más inmediata, sin embargo, es que muchos políticos no han querido cuerpos de esta naturaleza. Lo que han buscado son personas incondicionales que puedan nombrar y remover a su antojo. Los servidores públicos comprometidos, preparados y honestos podrían estorbar sus designios.
Más allá de las declaraciones rimbombantes y de la erogación de presupuestos millonarios, si alguien tiene duda al respecto, le bastaría echar una ojeada a la fracción XIII del apartado B del artículo 123 constitucional, una de las prescripciones más execrables de nuestra Carta Magna. Se refiere, precisamente, a policías, peritos y fiscales:
"Si la autoridad jurisdiccional resolviere que la separación, remoción, baja, cese o cualquier otra forma de terminación del servicio fue injustificada, el Estado sólo estará obligado a pagar la indemnización y demás prestaciones a que tenga derecho, sin que en ningún caso proceda su reincorporación al servicio, cualquiera que sea el resultado del juicio o medio de defensa que hubiere promovido".
Desde el ámbito laboral, esto es una monstruosidad. Desde el político, explica una parte de los problemas que nos asfixian. Si usted fuera policía, perito o fiscal y su jefe necesitara su plaza para colocar a un compadre, podría despedirlo ipso facto, independientemente de su antigüedad y desempeño, sin que nuestra Constitución representara un obstáculo.
Peor aún: si su jefe le ordenara alterar una evidencia, usted no tendría más remedio que obedecer. En caso de que deseara conservar su chamba, claro. En otras palabras, en el México del siglo XXI, no existen incentivos para dedicarse a cualquiera de estas profesiones y hacer de ellas un proyecto de vida.
En Alemania, Canadá, España, Estados Unidos, Francia, Italia o el Reino Unido se despide a los ineficaces y se procesa a los corruptos. Pero, en estos países, una prescripción como la nuestra sería inconcebible. Ahí, ser policía, perito o fiscal significa status, seguridad laboral y oportunidades de crecimiento, de acuerdo con un servicio de carrera.
Con la fracción XIII del apartado B del 123, policías, peritos y fiscales entran y salen, al antojo de los superiores jerárquicos, sin que se consideren sus virtudes, su honestidad y lo que se haya invertido en su capacitación.
Muchos de quienes ingresan a estas profesiones esperan que este sea un trabajo temporal -un trabajo en el que hay que esforzarse lo menos posible-, pues están conscientes de que sus méritos contarán muy poco a la hora en que una coyuntura les sea desfavorable.
Por lo anterior, hay que aplaudir la iniciativa de la Cámara de Diputados para derogar esta disposición. Ésta aún tendrá que pasar por la Cámara de Senadores y las legislaturas estatales para salir de nuestra Carta Magna, pero hay que desear que ocurra.
No podemos exigir vocación, capacidad e integridad con una fracción tan siniestra como esta. Mientras no se derogue, todo lo que se haga o diga sobre la profesionalización de policías, peritos y fiscales será construir sobre arena. Nadie puede exigir resultados.
Fuente.-Gerardo Laveaga/El autor es director general del Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE).
"Les falta preparación", se quejan los activistas. "Peor que eso", insisten los académicos: "carecen de compromiso". Unos y otros coinciden en que el origen de la corrupción, impunidad e inseguridad que padece México está vinculado con sus recursos humanos.
¿Por qué, entonces, si esto es tan obvio, aún no tenemos esa policía, esos peritos y esos fiscales que la mayoría de los mexicanos anhelamos?
Hay respuestas de carácter histórico, económico y social. La más inmediata, sin embargo, es que muchos políticos no han querido cuerpos de esta naturaleza. Lo que han buscado son personas incondicionales que puedan nombrar y remover a su antojo. Los servidores públicos comprometidos, preparados y honestos podrían estorbar sus designios.
Más allá de las declaraciones rimbombantes y de la erogación de presupuestos millonarios, si alguien tiene duda al respecto, le bastaría echar una ojeada a la fracción XIII del apartado B del artículo 123 constitucional, una de las prescripciones más execrables de nuestra Carta Magna. Se refiere, precisamente, a policías, peritos y fiscales:
"Si la autoridad jurisdiccional resolviere que la separación, remoción, baja, cese o cualquier otra forma de terminación del servicio fue injustificada, el Estado sólo estará obligado a pagar la indemnización y demás prestaciones a que tenga derecho, sin que en ningún caso proceda su reincorporación al servicio, cualquiera que sea el resultado del juicio o medio de defensa que hubiere promovido".
Desde el ámbito laboral, esto es una monstruosidad. Desde el político, explica una parte de los problemas que nos asfixian. Si usted fuera policía, perito o fiscal y su jefe necesitara su plaza para colocar a un compadre, podría despedirlo ipso facto, independientemente de su antigüedad y desempeño, sin que nuestra Constitución representara un obstáculo.
Peor aún: si su jefe le ordenara alterar una evidencia, usted no tendría más remedio que obedecer. En caso de que deseara conservar su chamba, claro. En otras palabras, en el México del siglo XXI, no existen incentivos para dedicarse a cualquiera de estas profesiones y hacer de ellas un proyecto de vida.
En Alemania, Canadá, España, Estados Unidos, Francia, Italia o el Reino Unido se despide a los ineficaces y se procesa a los corruptos. Pero, en estos países, una prescripción como la nuestra sería inconcebible. Ahí, ser policía, perito o fiscal significa status, seguridad laboral y oportunidades de crecimiento, de acuerdo con un servicio de carrera.
Con la fracción XIII del apartado B del 123, policías, peritos y fiscales entran y salen, al antojo de los superiores jerárquicos, sin que se consideren sus virtudes, su honestidad y lo que se haya invertido en su capacitación.
Muchos de quienes ingresan a estas profesiones esperan que este sea un trabajo temporal -un trabajo en el que hay que esforzarse lo menos posible-, pues están conscientes de que sus méritos contarán muy poco a la hora en que una coyuntura les sea desfavorable.
Por lo anterior, hay que aplaudir la iniciativa de la Cámara de Diputados para derogar esta disposición. Ésta aún tendrá que pasar por la Cámara de Senadores y las legislaturas estatales para salir de nuestra Carta Magna, pero hay que desear que ocurra.
No podemos exigir vocación, capacidad e integridad con una fracción tan siniestra como esta. Mientras no se derogue, todo lo que se haga o diga sobre la profesionalización de policías, peritos y fiscales será construir sobre arena. Nadie puede exigir resultados.
Fuente.-Gerardo Laveaga/El autor es director general del Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE).
(imagen/web)
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