LIGAN al "MUY DECENTE" MEADE en la MILLONARIA TRANZA de "ODEBRETCH"...y aunque no mato la vaca,ayudo a levantarle la pata.

El actual candidato presidencial del PRI, José Antonio Meade, cumplió un importante papel en la trama que se armó en Pemex para favorecer a la firma Braskem, filial de Odebrecht,­ mediante un contrato amañado suscrito en 2010 y que fue consultado por los integrantes de la Alianza Méxicoleaks, entre ellos Proceso, con motivo de esta investigación periodística. Meade ya era secretario de Energía cuando, en una sesión del consejo administrativo de Pemex –que él presidía como titular del ramo–, dos consejeros señalaron el terrible daño que el trato implicaba para la empresa del Estado mexicano. Sin embargo, Meade desoyó las advertencias y avaló ese contrato, que ya causó daños por cerca de 2 mil millones de pesos.

Desde la presidencia del consejo de Administración de Pemex, José Antonio Meade Kuribreña ignoró las advertencias de tres consejeros y dio su aval al contrato de suministro de etano que actualmente y en los próximos 18 años obligará a la petrolera a comprar gas en el extranjero y a venderlo con un precio menor a Braskem, la filial de la empresa brasileña Odebrecht que opera el complejo Etileno XXI.

Ese contrato desencadenó un desastre industrial en Pemex: tan sólo durante los primeros 10 meses de operación de Etileno XXI, la empresa petrolera perdió cerca de 2 mil millones de pesos y dejó sin etano a sus propias plantas procesadoras de etileno –que dejaban altos márgenes de rentabilidad– para favorecer a Odebrecht, so pena de pagar multas multimillonarias.

La desgracia era previsible: estos efectos adversos fueron señalados en dos documentos que los consejeros Héctor Moreira Rodríguez y Rogelio Gasca Neri presentaron durante la sesión del consejo de administración de Pemex celebrada el 29 de abril de 2011, cinco años antes del arranque del complejo.

En ese entonces Meade llevaba cuatro meses al frente de la Secretaría de Energía –Felipe Calderón Hinojosa lo nombró en enero de 2011–, y como tal el ahora candidato a la Presidencia de la República por el PRI era, de facto, presidente del consejo de administración de Pemex.

El primer documento presentado en la reunión provenía del Comité de Estrategia e Inversiones (CEI) y el segundo contenía una serie de comentarios de Gasca Neri, quien sostuvo que “Pemex va a estar importando gas y crudo para venderlos con 20% o 30% de descuento”, y sugirió que “dadas las inevitables consecuencias para PPQ, se debe suspender el proyecto hasta que se discuta en el CA de Pemex y se apruebe explícitamente”.

Uno de los principales reclamos que surgió durante la reunión fue que el contrato se celebró en febrero de 2010 entre Pemex Gas y Petroquímica Básica y Braskem, sin avisar ni darlo a conocer al consejo de administración.

Meade escuchó las advertencias y consideró “oportunos” los comentarios de Moreira, pero aseveró que en el caso del contrato con Braskem “el proceso se había cumplido a cabalidad”, de acuerdo con el acta del consejo de administración, que consultaron los integrantes de la Alianza Méxicoleaks, entre ellos Proceso, en el marco de esta investigación periodística.

Odebrecht se encuentra en el centro de un escándalo internacional de corrupción, y sus exdirectivos reconocieron que la empresa pagó sobornos a funcionarios de distintos países de América Latina y África para obtener contratos públicos.

En México, directivos de la empresa confesaron ante la justicia brasileña que pagaron unos 10.5 millones de dólares de sobornos a Emilio Lozoya Austin, primero mientras éste coordinaba los asuntos internacionales de la campaña electoral de Enrique Peña Nieto, y en un segundo tiempo ya como director general de Pemex.

Meade no firmó el contrato ni participó en las negociaciones con la filial de Odebrecht;­ sin embargo, cerró los ojos ante las advertencias del CEI, el órgano de Pemex encargado de emitir directrices, prioridades y políticas públicas en la empresa.

Ello quedó plasmado en un intercambio que sostuvieron Moreira y Meade: al leer el informe del CEI, el primero se sorprendió de que “este proyecto tiene implicaciones estratégicas de alto impacto; sin embargo, el contrato NO (sic) se presentó al Consejo de Administración de Pemex, ni se ha discutido la estrategia de largo plazo para PPQ”.

Meade desechó el argumento: “Al respecto, el presidente mencionó que quería aclarar que no existía ninguna obligación de presentar el contrato de suministro al consejo, por lo que ese instrumento se había desahogado en los términos de la normativa vigente”, relata el acta.

Durante esta investigación, se buscó una postura del ahora candidato presidencial, pero hasta el cierre de la edición, no hubo respuesta.

En el contrato que celebraron Pemex y Braskem –esta última en consorcio con la empresa mexicana Grupo Idesa– el 19 de febrero de 2010, que fue enviado de manera anónima a través de la plataforma Méxicoleaks, las empresas privadas pidieron al gobierno federal que estableciera un arancel sobre las importaciones de etano para garantizar la rentabilidad de Etileno XXI.

Si bien la administración de Calderón cumplió el compromiso, fue Enrique Peña Nieto quién concretó el arancel, mediante un decreto presidencial que firmó el 6 de enero de 2016, meses antes de la inauguración de Etileno XXI, que por cierto se hizo con cerca de un año de retraso.

Contrato mañoso

El 25 de febrero de 2010, seis días después de la firma del polémico contrato, el CEI pidió al consejo de administración su venia para revisar el documento, y el 29 de abril del año siguiente el tema central del consejo –que arrancó su sesión a las 8:30 de la mañana– consistía en revisar las conclusiones de los expertos. 

Asistieron 21 funcionarios, entre ellos Juan José Suárez Coppel, entonces director de Pemex, y José Antonio González Anaya, quien en la administración actual fue director de Pemex y es ahora secretario de Hacienda. Otros siete directivos de Pemex estuvieron en la reunión “en diferentes intervalos”.

El consejero Moreira –ahora integrante de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH)– leyó el análisis final del CEI, el cual señalaba entre otros puntos que, de acuerdo con el contrato, “Etileno XXI consumirá casi todo el etano disponible, lo que limita el desarrollo de PPQ en la cadena del etano”, y preguntaba cómo se habían determinado “los escenarios de disponibilidad de gas y cuáles serían las previsiones para no caer en los supuestos relativos a las posibles sanciones económicas en el contrato”.

“La estrategia para Pemex Petroquímica debe ser una decisión industrial con consideraciones financieras, y no una decisión financiera con consideraciones industriales”, planteaba el documento, en el que el CEI recomendaba “definir con claridad la estrategia corporativa global de largo plazo de PPQ, tomando en cuenta las implicaciones del proyecto Etileno XXI, en el contexto integral de Pemex”.

Momentos después, el consejero Rogelio Gasca Neri repartió un documento con sus propios comentarios y advertencias sobre Etileno XXI.

Después de ofrecer un panorama sobre la industria petroquímica en México, el consejero aseveró que el proyecto dejaba a Pemex “en un riesgo no cubierto”, pues la petrolera se comprometió a suministrar 66 mil barriles de etano diario durante 20 años y aceptó pagar “penalizaciones cuantiosas” en caso de no cumplir con ese volumen.

“Simplemente, si no existe el etano en Pemex Exploración y Producción, por las razones que se quieran, entre ellas el no descubrimiento de reservas, Pemex Gas y Petroquímica Básica tiene la obligación de importarlo o bien pagar una penalización importante”, observó.

Gasca también analizó la fórmula del precio del etano que pactaron Pemex y Braskem. Observó que la petrolera mexicana se había comprometido a vender el etano con “un factor de descuento de 30% sobre el purity ethane” y otro de 20% sobre el “Henry Hub”, algo extraño en México, donde “no se aplica ningún descuento de este orden en los precios del gas natural, ni aun al más grande comprador de gas que es el sector eléctrico”.

Es más: el consejero recordó que Pemex contaba con dos plantas transformadoras de etileno –Cangrejera y Morelos–, que en ese momento estaban en subutilización. “Si las plantas no estuvieran subutilizadas, se estaría cubriendo prácticamente toda la demanda (de etileno)”, añadió el consejero.

Gasca se sorprendió de que, según el contrato, Pemex buscaba “promover el interés del sector privado” y preguntó por qué, en lugar de favorecer los ingresos privados, la empresa petrolera no quiso fortalecer la capacidad de Pemex Petroquímica.

“Más aun, con Etileno XXI, Pemex Petroquímica no tendría ninguna oportunidad de crecimiento con base en etano. El argumento de que el consumo actual de Pemex Petroquímica es de 75 mbd (miles de barriles diarios) y por lo tanto, si podría incrementarse hasta llegar a 88 mbd, no reconoce el fondo de la problemática: se está favoreciendo a la industria privada, a costa de Pemex”, aseveró.

Sus conclusiones resultaron aterradoras: el proyecto “afecta negativamente al principal jugador de la industria, que es Pemex Petroquímica”, “impulsa al sector privado, a costa de una subutilización de capacidad instalada y de un subejercicio presupuestal en Pemex Petroquímica”, y además “compromete a Pemex a un suministro de gas que no está basado en la producción actual, sino a posibles futuros descubrimientos, que son inciertos”.

Por lo anterior, Gasca pidió que se suspendiera el proyecto para dar al consejo de administración el tiempo de revisar las garantías de suministro a la filial de Odebrecht­ y las penalizaciones, además de “definir puntos a negociar”.

Después de la presentación de Gasca, el consejero Ricardo Aldana Prieto tomó la palabra y lamentó que el consejo se enterara del contrato cuando ya estaba firmado, aun cuando éste afectaba de manera estructural a la compañía. 

Para calmar los ánimos, Meade concedió que en el futuro el consejo de administración debería tener acceso y participar en “algunos” contratos de suministro de interés. Pero cerró el caso Etileno XXI cuando afirmó que el proceso “se había cumplido a cabalidad”.

Odebrecht gana

Las advertencias de Gasca y del CEI encuentran un eco particular en el balance financiero actual de Pemex, siete años después de la reunión mencionada.

Como lo anticiparon los consejeros, Pemex nunca tuvo las cantidades suficientes de etano para surtir a Odebrecht con los 66 mil barriles diarios y abastecer a sus propias plantas transformadoras, por lo que pagó multas en el primer año y ahora está obligada a importar el gas desde el extranjero para venderlo con pérdidas a Odebrecht.

En los próximos dos años, y para surtir a la filial de Odebrecht, Pemex comprará 720 mil toneladas de etano al consorcio árabe SABIC (Saudi Arabian Basic Industries Corporation), por un costo total de 4 mil 550 millones de pesos, de acuerdo con un reportaje que publicó esta semana Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).

El contrato firmado en febrero de 2010 plantea que, si Pemex no entrega la cuota establecida, durante los dos trimestres subsiguientes deberá pagar a Odebrecht una suma por daños, perjuicios y pérdidas equivalentes a 200% del precio promedio del etano, aunque el mismo documento establece un tope anual por multas, que no podrá rebasar los 300 millones de dólares.

Ello obliga Pemex a enviar el gas en prioridad a Etileno XXI, lo que a su vez provocó un desbasto grave en las plantas de la petrolera y puso a Pemex Etileno en una “situación crítica, donde no se podría continuar operando los dos crackers (plantas que convierten el etano en etileno y derivados)”, de acuerdo con el acta del consejo de administración celebrado el 10 abril de 2017.

Y no sólo esto: en el contrato Pemex se comprometió a asumir los costos de transporte del etano a Etileno XXI, y para cumplir con ello construyó un ducto especial de 226 kilómetros –en el que gastó más de 6 mil 110 millones de pesos– y arrendó un buque para completar el suministro, como lo documentó la reportera Jesusa Cervantes en este semanario (Proceso 2157).

Es más: ese reportaje señaló que, según la Auditoría Superior de la Federación (ASF), Pemex pagó 669 millones de pesos para abastecer de etano a Etileno XXI entre 2015 y marzo de 2016, periodo durante el cual el complejo ni siquiera estaba en operación.

Y cuando arrancó Etileno XXI, Pemex le vendió etano a un precio “menor al costo de ventas y al gasto de transportación incurridos”, señaló el órgano fiscalizador, que determinó pérdidas por mil 935 millones de pesos en 2016.

En abril de 2017, unos meses después de estallar el escándalo internacional de corrupción de Odebrecht, donde se señalaba que un empleado de Pemex había recibido sobornos –más tarde se reveló en Proceso que ese empleado era Lozoya Austin–, la petrolera publicó una serie de contratos celebrados con la empresa brasileña, pero sin los anexos y con la mayor parte de los nombres de los firmantes tachados.

Este semanario informó entonces que, si bien el panista Jordy Herrera –exsecretario particular de Calderón cuando éste fue director de Banobras– era director de Pemex Gas y Petroquímica Básica cuando se firmó el contrato, ni su nombre ni su firma figuraban en el documento.

En su lugar firmaron los entonces subdirectores Arturo Arregui García, Armando Arenas Briones, Fernando Amor Castillo y Víctor Domínguez Cuéllar.

La Procuraduría General de la República afirma que sigue investigando el caso Odebrecht, pero dejó de informar sobre los avances de sus indagaciones a pesar de los señalamientos directos hacia Lozoya. En abril pasado la procuraduría se negó a entregar información sobre el caso al Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), pues dijo que tiene el carácter de reservada.  

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AMENAZA "MORENA" con TUMBAR a CABEZA de VACA "SI SIGUE METIENDO las MANOS y las PATAS" en el PROCESO ELECTORAL...se empieza escribir el futuro de "Cabeza".

En clara alusion y franca referencia al Gobernador panista de Tamaulipas Francisco Javier Garcia Cabeza de Vaca a quien el “Morenista” Ricardo Monreal recien acuso en video de “meter las manos y las patas” en el actual proceso electoral en la entidad e incluso fue mas allá al extrañarse de que estuviera gobernando y no en la carcel,nuevamente Alejandro Rojas Díaz-Durán, vocero de “Morena”, amenazó con promover juicio contra los Gobernadores que intervengan de cualquier forma en la elección si Andrés Manuel López Obrador llega a la Presidencia.

NOTA RELACIONADA:

"NO SE PORQUE ESTAS GOBERNANDO,NO SE PORQUE ESTAS IMPUNE",DICE MONREAL a CABEZA de VACA y le RECUERDA IMPUTACIONES que DEBERIAN LLEVARLO a la CARCEL..calla prensa pagada por el estado.

Los señalamientos se dan en Reynosa dada la injerencia de Garcia Cabeza de Vaca cuyo gobierno en los últimos días se ha mostrado "dadivoso" , miles de despensas y apoyos en especie están siendo repartidos por toda la geografía politica,una estrategia de "cuño priista" que el mandatario antes criticaba y por las que el Vocero de Morena dijo ya se hizo un llamado a los Mandatarios del pais para que se abstengan de intervenir , pero que si Morena lo considera necesario harán un llamado más enérgico.

NOTA RELACIONADA:

CABEZA de VACA "ENCARECE COSTO de DESPENSAS" YA CUESTAN 1 VOTO para el PAN...nada sale mas caro que lo que el gobierno ofrece gratis.

"Solicitaremos un juicio político, solicitaremos su remoción como Gobernador, eso es lo que va a seguir", señaló.

En respuesta, el presidente del PAN, Damián Zepeda Vidales, condenó lo que llamó "pretensiones golpistas" de los allegados a López Obrador, como Rojas quien es vicecoordinador y enlace nacional de Morena para la circunscripción.

El dirigente de Acción Nacional alertó sobre la actitud dictatorial de tales posiciones.

"Si ahora que carecen de poder ya proponen expropiar empresas de quienes se opongan a la opinión de López Obrador y tumbar Gobernadores de oposición, ¿de qué serían capaces si llegan al poder?", cuestionó.

Zepeda hizo un llamado a todos los actores políticos a ceñirse al marco de la ley y la democracia.

"Expresiones como las de Rojas Díaz Durán revelan el pensamiento despótico, propio de una tiranía que prevalece entre los cercanos a López Obrador", indicó.

Agregó que los pronunciamientos del vicecoordinador de Morena son preocupantes y muestran lo peligroso que sería un gobierno con ese tipo de pensamiento.

Con informacion de:

LA GUERRA al NARCO y las TECNICAS FORENSES de los CUERPOS IRRECONOCIBLES...evitan enviarlos a la fosa comun,algo muy comun.

Ciudad Juárez, Chihuahua. Verano de 2005. 

Al laboratorio del perito odontólogo forense Alejandro Hernández llega un cuerpo. En realidad, lo que queda de un cuerpo: restos abandonados en una solitaria cuenca desértica de la comunidad de San Agustín, en el Valle de Juárez, que en el transcurso de los años se convertirá en referencia del trágico mapa de los feminicidios que acumuló esta ciudad de la frontera norte desde finales de los años noventa.

Allí, bajo el sol del desierto que levanta a 40 grados la temperatura, entre las arenas, estaban los restos óseos y pedazos de piel momificada a los que Hernández Cárdenas aplicará, por primera vez, su técnica de rehidratación de cuerpos. Una innovación forense extensamente reconocida hoy, que el especialista comenzó a desarrollar entre 2003 y 2004 para identificar cadáveres hasta entonces imposibles de reconocer.

El equipo forense de la fiscalía del estado en Ciudad Juárez reconstruirá el cuerpo con los restos óseos hallados, descubrirá que la víctima es una mujer, pero nada sabrán de las circunstancias de su muerte. Hernández toma los restos de piel, reconstruye partes del cuello y tórax y sumerge los tejidos en la fórmula que para entonces ya ha aprobado en al menos 100 dedos momificados, a partir de la combinación de químicos y fórmulas.

En el transcurso de los días, la piel comienza a rehidratarse y revela heridas de un arma punzocortante: la mujer había muerto apuñalada, descubre el forense, que pasará el caso a la Fiscalía Especializada en Investigación de Homicidios de Mujeres de Ciudad Juárez.

De no ser por la técnica inventada por Hernández Cárdenas, muchos de los cuerpos de mujeres hallados en Ciudad Juárez y sus alrededores habrían terminado en una fosa común, sin identidad ni causa de muerte.

Eran decenas los cuerpos de mujeres que entones alimentaban el expediente de feminicidios de esta ciudad de la frontera. De acuerdo con una investigación del Colegio de la Frontera Norte, entre 1993 y 2007 (14 años) se reportaron 501 asesinatos de mujeres. La cifra escaló a 940 entre 2008 y 2013 (seis años).

"Eran jovencitas de entre 12 y 20 años máximo y era terrible, impresionante, trabajar con esos cuerpos que no lográbamos identificar: eso fue lo que motivó mi trabajo", dice Hernández Cárdenas desde su laboratorio forense en Ciudad Juárez, donde ya puede presumir la patente de su técnica conocida como "Rehidratación de Tejidos Blandos en Cadáveres Momificados y Reversión del Proceso de Putrefacción, con Fines Forenses de Identificación y Determinación de Causa de Muerte".

Para la rehidratación de un cuerpo entero son necesarios 200 litros de la solución que inventó Alejandro Hernández.

Esta se basa en sumergir un cadáver en estado de putrefacción o deshidratación en una solución líquida por algunos días. Al paso del tiempo, el cuerpo retoma en la medida de lo posible su aspecto natural o previo a la muerte y recupera señas particulares, ya sean naturales o adquiridas.

Su fórmula permite que reaparezcan, por ejemplo, lunares, huellas dactilares, cicatrices, perforaciones, tatuajes, mordeduras y lesiones. A veces la forma del rostro, la boca, la nariz, las orejas y el color de piel.

Ya visibles los datos característicos de la persona, también aparecen las lesiones que aportan información al trabajo forense para determinar la posible causa de muerte que servirá para la investigación criminal.

Para rehidratar un dedo y obtener las huellas dactilares de una víctima bastan 100 mililitros de esa solución elaborada con base en distintos químicos y sales, y 200 litros si se trata de un cuerpo completo, explica Hernández Juárez sobre su técnica, la cual resulta "mucho más barata que un perfil genético que a veces falla", dice.

Dos años tardó Hernández Cárdenas en desarrollar la fórmula, y siete más en conseguir la patente de su técnica. Eso significa que el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual (IMPI) comprobó que es única en el mundo.

"Sigo trabajando y buscando la manera de obtener mejores resultados", dice Hernández, quien ahora se ha propuesto reducir el tiempo de exposición de los cuerpos dentro de la solución. "Al principio, cuando comencé a utilizar la fórmula, me llevaba tres semanas su reconocimiento y ahora ya lo podemos hacer en cinco días".

Su meta es lograrlo en dos o tres días, motivado por una máxima de la criminalística que dice: "El tiempo que pasa es la verdad que huye", porque entre más tiempo tarda en aclararse un crimen, más fácil es que el responsable se salga con la suya y quede impune.

El tiempo que pasa es la verdad que huye, dice una máxima de la criminalística

"Si logramos revertir la putrefacción de un cadáver en menos tiempo, más rápida será su identificación para determinar la causa de muerte para detener al responsable", afirma el forense, quien calcula que desde 2004 a la fecha ha sometido a su técnica al menos 1.150 casos.

"Entiéndase por caso un dedo, una mano, cualquier parte de un cuerpo", explica Hernández Cárdenas, quien en su juventud quiso ser sacerdote y boxeador, y fue socorrista y operador de ambulancia de la Cruz Roja, antes de llegar a la odontología y de allí saltar al campo forense.

Lo decidió, recuerda, el día que le tocó atender el choque de un camión de gasolina con un tren que viajaba de Ciudad Juárez a Chihuahua. "Supuestamente viajaban 47 personas en el primer vagón que se impactó directo con la pipa (camión) y sólo logramos recuperar 24 cadáveres".

Allí les pidieron a los rescatistas buscar todo lo que pudiera ayudar a la identificación de cuerpos. Hasta que llegó un médico forense y les dijo: "Busquen los dientes, los dientes no se queman y aportan mucha información útil." Alejandro Hernández se impresionó y decidió su camino.

Por el laboratorio donde trabaja Alejandro Hernández han pasado más de mil casos.

En su trayecto ha logrado algo más que identificar cuerpos: devolverles identidad y dignidad. No sólo a mujeres asesinadas, porque en una década Juárez transitó de los feminicidios a los homicidios en serie.

Entre 2007 y 2010 la ciudad pasó de 300 homicidios al año a 3.000, convirtiéndose en la más peligrosa del mundo, según datos del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, AC.

Ciudad Juárez se convirtió en la más peligrosa del mundo cuando saltó a 3,000 homicidios al año en 2010. (REUTERS/Jose Luis González)

Para muchas de esas víctimas hubo un final digno gracias a la técnica de Hernández. "Sus familias pudieron reconocerlas, recuperarlas y darles sepultura digna para no dejarlas en una fosa común como cualquier cosa, porque una fosa común es como un basurero, y ese no es final digno para ninguna persona", dice.

Ahora, el especialista forense comparte su técnica y conocimientos con fiscalías de estados como Querétaro, Guerrero y Chiapas, y está en trámites para ir a Aguascalientes y San Luis Potosí.

También ha colaborado con Panamá y República Dominicana, y en su trabajo están interesadas la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) y la Agencia para el Control de Drogas (DEA), de Estados Unidos.

El país la necesita. La violencia que comenzó en Ciudad Juárez hoy se extiende por todo todos los estados donde aparecen cada día fosas clandestinas, muertos por identificar y hay desaparecidos que encontrar. Todas víctimas que esperan que alguien les devuelva identidad, dignidad y justicia.

La tecnología al servicio de la reconstrucción de un rostro

Al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) llegan todos los días familiares de desaparecidos en espera de la identificación de restos.

La violencia ha borrador el rastro de entre 3.000 y 4.000 víctimas –2.745, según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas del gobierno federal, o 4.000 según las organizaciones civiles– y en el IJCF las familias buscan la ayuda de la ciencia forense para saber si los cuerpos hallados aquí y allá en el estado corresponden a su desaparecido.

Reconocido como uno de los mejores del país, el IJCF es pionero en México en una técnica de identificación conocida como aproximación facial forense, que a partir de la osamenta de un cráneo puede reconstruir un rostro con la ayuda de tecnología 3D (tercera dimensión).

Al frente de este laboratorio está el perito Dorian Quezada, quien hace 15 años comenzó en área de retrato hablado (identikit) por su talento para el dibujo, y desde hace 7 se desempeña en el laboratorio de aproximación facial forense.

Sólo Jalisco y Guanajuato cuentan con esta técnica en México. Quezada es el experto en Jalisco y la resume así: "Es un proceso de interpretación científica del rostro, a partir de la osamenta del cráneo, para la identificación de personas".

En realidad, el proceso es un poco más complejo y en él convergen distintas disciplinas como la antropología forense, que a partir de los restos craneales puede determinar sexo, edad y hasta estatura de una persona.

Ya reconstruido o preparado el cráneo, habrá que tomarle aproximadamente 120 fotografías desde distintos ángulos para su digitalización 3D. Un proceso que Dorian llama fotogrametría y para el cual utiliza software libre.

Sigamos: a partir de su procesamiento digital, aparecerá una nube de puntos en tercera dimensión, que de nuevo deberá ser procesada digitalmente para obtener una réplica a escala del cráneo.

Sobre esa réplica, explica Dorian, se aplican las métricas y parámetros de la antropología física para tener un rostro. Aquí destaca que en el tema de los parámetros ha habido avances científicos importantes que le han aportado precisión y respeto científico a la aproximación facial forense.

Explica por qué. "Antes no se tomaba muy en serio esta disciplina porque en la reconstrucción facial aplicaban parámetros 'artísticos' basados sobre todo en cánones de belleza, es decir, cómo debía ser una nariz".

Ahora, en cambio, los parámetros científicos toman en cuenta las características particulares de una población, porque no es lo mismo ser caucászco que negro, o mexicano que europeo.

Desde los restos óseos de un cráneo comienza el largo trayecto de identificación mediante la aproximación facial forense.

De modo que, de acuerdo con la población de que se trate, ya sea de un país o una región, hay parámetros para cada una de las partes que componen el rostro, explica Dorian. "En eso estamos trabajando actualmente: tomando muestras de la población del occidente de México para tener una generalidad de los puntos básicos anatómicos de cada rasgo, obtener así sus parámetros y lograr identificaciones más exactas con un margen de éxito de 90%", calcula.

Pero la ciencia es lenta, advierte. "Llevo tres años investigando esos parámetros, y hasta el momento llevo recopiladas poco menos de 100 muestras, de 270 que se necesitan por lo menos".

La aplicación de esta técnica forense tuvo en principio un tímido reconocimiento y un uso limitado por parte de la Fiscalía en la investigación de casos. "Hubo un tiempo de mucha descoordinación para darle seguimiento a los casos, como consecuencia de la separación, en 1998, del IJCF y la Fiscalía del estado", explica Dorian Quezada.

Sólo a partir de la ofensiva contra el narcotráfico del ex presidente panista Felipe Calderón, en 2007, y su estela de muertos y desaparecidos, de cuerpos localizados y clasificados como N/N (sin nombre), ambas instituciones tuvieron que mejorar la coordinación.

La aproximación facial forense también recurre a la arcilla o la plastilina para la reconstrucción de un rostro.

Todavía hay mucho por hacer y criterios que mejorar. Pero Dorian Quezada se siente satisfecho con lo que han logrado en su área. Eso sí: aclara que se trata de un trabajo en equipo, en el que intervienen expertos de distintas disciplinas forenses que se reúnen cada 15 días con personal de la fiscalía para dar seguimiento a los casos.

La ilustración exhibe las etapas de reconstrucción del rostro para la identificación de cuerpos.

Una nariz canina al servicio forense

Hace dos años, bajo el cobijo de la Universidad Autónoma de Querétaro, nació una particular iniciativa: una consultora forense integrada entonces por tres criminólogos egresados de esa institución, que tuvieron el propósito de innovar en ciencia, prácticas y materiales forenses.

Así nació ForensiUAQ, de la iniciativa de Luis Trejo como director, Salvador Salomón como experto en balística y Daniel Camargo. al frente de una novedosa área que se llama odorología forense.

Es su secreto mejor guardado. Se trata de una técnica que utiliza la capacidad olfativa de los perros para el reconocimiento de cuerpos y de prácticamente "cualquier objeto que tenga un olor característico", dice Camargo, criminólogo que combinó su destreza como adiestrador de perros con su práctica profesional para desarrollar la odorología forense en México.

El adiestramiento especial de los perros que participan en las la odorología forense.

"Somos los únicos que la trabajamos en el país", afirma Daniel, quien tuvo su primer acercamiento con la odorología en Europa, donde la conoció por un amigo que solicitó su colaboración como especialista en perros detectores para un caso legal. "Mi tirada fue no traerla, sino desarrollarla aquí, al estilo de México, con la asesoría de expertos internacionales, pero a nuestra manera".

–¿Me puedes explicar en qué consiste esta técnica? ¿Cómo entrenan a un perro para esta labor?

–Por seguridad, no –responde de manera tajante. Es celoso de los secretos de la técnica que desarrolla actualmente con 6 perros entrenados ex profeso.

Razones tiene: "Se puede prestar a una mala práctica y malas interpretaciones". Insiste que no tiene que ver con un secreto de patente, sino de seguridad. "Hay personas que deciden compartir la técnica, pero nosotros, no".

Sólo explica que la odorología forense provee mucha información de elementos que escapan a los sistemas de identificación convencionales. "Nos permite hacer análisis más profundos de todos los indicios y las circunstancias que implican una investigación criminal".

Publicaciones que explican la odorología forense la resumen como "una técnica de identificación de cuerpos en la que los perros son usados para rastrear olores de personas en una escena de crimen".

Daniel advierte que la odorología forense es una práctica novedosa en México, pero que se remonta 50 años atrás en países como la ex Unión Soviética (hoy Rusia).

Sin embargo, sólo ellos en ForensiUAQ trabajan ya en un protocolo que está próximo a publicarse bajo las leyes y los lineamientos federales que impone la Procuraduría General de la República. "Ya pasó todos los requisitos y sólo estamos esperando la autorización de la universidad para publicarlo", dice.

El propósito es patentarlo para que ForensiUAQ tenga el control del desarrollo y la capacitación de las unidades encargadas de aplicar la odorología forense. Pero hasta que no concluya este trámite legal, no podría ser completa su práctica, con el reconocimiento legal y técnico necesario, para una investigación criminal en términos formales, dice Daniel.

En Argentina hay un perro de nombre “Corbata” que ha sido entrenado para localizar “huellas de olor”.

Daniel explica que su técnica ya se replica en otras dos universidades de México y en tres países de Latinoamérica que ya comenzaron a trabajar a partir de su protocolo.

Por ahora, le basta de decir que la técnica será de gran ayuda en la investigación y que estará disponible para todos los que la soliciten. "Para eso somos una consultora universitaria con espíritu innovador", dice.

En tanto publican el protocolo que les permitirá dar detalles de la odorología forense, Luis Trejo, director de ForensiUAQ, sí puede presumir otras innovaciones que ha logrado este equipo ahora conformado por 20 especialistas en distintas disciplinas.

Entre otras, hay materiales y técnicas forenses a costos muy por debajo de los productos importados, y que se ajustan al manual y los protocolos de la cadena de custodia del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe) y la Procuraduría General de la República (PGR).

Menciona dos: un tubo de recuperación de indicios balísticos que permite recuperar el proyectil para hacer una microcomparación balística, y una cámara de cianoacrilatoque ayuda a revelar huellas dactilares en superficies no porosas.

La consultora ForensiUAQ desarrolló un un tubo de recuperación de indicios balísticos.

El primero funciona a partir de fibras de Kevlar, un polímero de alta densidad y con un alto coeficiente de fricción, que lo hace capaz de detener el proyectil y recuperarlo íntegro para confrontarlo con otro que se haya encontrado en una escena criminal".

De la cámara de cianoacrilato explica: "En vez de utilizar un reactivo común, que sería un polvo físico contrastante, se aplica el cianoacrilato, que básicamente es un pegamento de contacto y tiene la ventaja de que plastifica la huella, lo que permite que pueda ser revelada en varias ocasiones al aplicar una luz ultravioleta con un filtro naranja para el análisis de indicios dactilares."

Estas dos innovaciones además han permitido reducir los costos considerablemente para el mercado mexicano, que ahora más que nunca necesita de todo el ingenio, la ciencia y la técnica disponible para hacer de la actividad forense el pilar de la investigación criminal.

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"LOS MARINOS SE LLEVARON a MI HERMANO"...y NO SON CRIMINALES ACTUANDO como MARINOS,SON MARINOS ACTUANDO COMO CRIMINALES...a la misma altura de los que combaten.

Mediante un reportaje de este semanario, una familia de la Ciudad de México descubrió el destino de uno de sus integrantes: fue detenido por marinos en Nuevo Laredo, Tamaulipas, horas antes de cruzar hacia territorio estadunidense en busca de trabajo. 

Pese a la denuncia, ninguna autoridad les ha hecho caso. Miembros de organizaciones defensoras de los derechos humanos relatan la pesadilla de las familias de las víctimas y la que ellos padecen amenazados por trabajar en los casos de desaparición forzada, que no tienen freno.

Habitual lector de Proceso, Felipe Hernández fue alertado el 6 de mayo por un conocido para que de inmediato adquiriera el número 2166 del semanario, a fin de conocer el motivo por el que su cuñado Gabriel Gaspar Vázquez había dejado de tener contacto con su familia, luego de que el 26 de marzo último informó desde Nuevo Laredo, Tamaulipas, que al día siguiente cruzaría la frontera en busca de trabajo.

Al leer el reportaje Tamaulipas: Tres meses de terror bajo el yugo de la Marina, Felipe Hernández y su esposa, Lucía Gaspar, habitantes de la Ciudad de México, pasaron de la convicción de que Gabriel habría sido detenido por la migra en Estados Unidos –y que no tardaría en regresar– a la incertidumbre de tener un familiar víctima de desaparición forzada.

La investigación expone la desaparición de al menos 28 personas a manos de elementos de la Secretaría de la Marina (Semar), 17 de las cuales fueron documentadas por el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo (CDHNL), entre ellas las de Gabriel Gaspar, originario de Oaxaca, y la de su amigo Daniel Trejo García, quienes fueron sacados del domicilio del segundo durante la madrugada del 27 de marzo último, de acuerdo con el testimonio de Jessica Molina, esposa de Trejo.

Ante la noticia, Lucía dirigió una carta al secretario de Marina, Vidal Francisco Soberón Sanz, en la que le rogó que dejara en libertad a su hermano Gabriel ante “testimonios y evidencias sólidas” de que personal de la Secretaría de Marina (Semar) lo había detenido en Nuevo Laredo.   

“La vida de mi hermano y de su amigo está en sus manos”, sentencia la misiva, fechada el 16 de mayo último, la cual fue rechazada por el personal de la Semar en la Ciudad de México.

“En dos ocasiones llevé la carta a la Semar y se negaron a recibirla; (me dijeron) que tenía que hablar a la Presidencia y pedir una investigación. Me dijeron que posiblemente fueron delincuentes disfrazados de la Marina; pero mi cuñado no tenía motivos para estar en problemas con la delincuencia. Es un joven trabajador, honrado, no tiene vicios. Lo único que quería era una mejor vida para su familia. Tiene una niña de nueve meses y su esposa estaba embarazada cuando él salió de Oaxaca”, explica Felipe en entrevista.

Originarios de la comunidad San Francisco Jayacaxtepec, ubicada a 150 kilómetros de la capital oaxaqueña, en la sierra mixe, Lucía y Gabriel son los menores de 11 hermanos de extracción humilde.

“Mi hermano había vivido 14 años en Estados Unidos, en Annapolis, Maryland, haciendo de todo, de albañil, instalaciones eléctricas y se vino porque se murió mi papá. Estuvo un año con mi mamá y después ella murió también. Quiso regresar porque en el pueblo no hay oportunidades”, cuenta Lucía, quien acompaña a Felipe en la entrevista.

“No duermo pensando en que si se lo llevaron los marinos ya lo pudieron haber matado. Estamos angustiados porque no podemos hacer nada, no tenemos dinero (…) Hay que tener dinero para moverse y a nosotros sólo nos queda encomendarlo a Dios”, dice Lucía entre lágrimas.

Pero más que la falta de recursos para ir a Nuevo Laredo a buscar a su hermano, lo que le molesta a Lucía es que las autoridades, como la Fiscalía Especializada en Búsqueda de Personas Desaparecidas y la delegación de la Procuraduría General de la República en Nuevo Laredo “no están buscando, están en el papeleo, decidiendo quién lleva el caso. Es más la angustia para nosotros de que ya sea demasiado tarde”.

Amenazas contra defensores

El reportaje de Proceso también fue considerado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en su solicitud de medidas cautelares dirigidas a la Semar el 10 de mayo, de acuerdo con el oficio V2/29651, del cual este semanario tiene copia y en el que el organismo pide tomar medidas para detener los abusos.

En el documento, el segundo visitador, Enrique Guadarrama López, informa al jefe de la Unidad de Promoción y Protección de los Derechos Humanos de la Semar, Hilario Durán Tiburcio, que de enero a esa fecha, “derivado de los operativos realizados por elementos de la Semar en el Estado de Tamaulipas, se han recibido (…) 32 quejas sobre hechos en diferentes municipios. 

“Las quejas refieren desapariciones de personas, privaciones de la vida, detenciones arbitrarias, cateos ilegales y tortura, entre otros, por elementos de la Semar. De todos los casos se abrieron expedientes de queja y se solicitaron informes correspondientes.”

El 30 de mayo, en un comunicado, el organismo defensor de derechos humanos dio a conocer que sólo de Nuevo Laredo tenía 21 quejas correspondientes a la desaparición de 31 personas, entre ellas dos mujeres y siete menores de edad, una chica entre ellos.

El reporte de la CNDH abonaba al reciente llamado urgente que lanzó desde Ginebra, Suiza, el alto comisionado de Derechos Humanos de la ONU, Zeid Ra’ad Al Hussein, al gobierno del presidente Enrique Peña Nieto para que ponga fin a la “ola de desapariciones en Nuevo Laredo y sus alrededores”, tras revelar que su representación en México había documentado 23 desapariciones (21 hombres y dos mujeres) en hechos reportados de febrero al 16 de mayo.

Una semana previa al comunicado de Zeid Ra’ad al Hussein, el responsable de la Subdivisión de Tratados de Derechos Humanos del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU (CED, por sus siglas en inglés), Ibrahim Salama, notificó que el Estado mexicano tenía hasta el 13 de junio para informar a esa oficina sobre “una estrategia integral para la búsqueda exhaustiva” de los 17 casos documentados por el CDHNL, así como una investigación imparcial que permita “identificar a los perpetradores”.

Entre los requerimientos que el CED hizo a las autoridades resalta el “permitir el acceso inmediato de las autoridades a cargo de las búsquedas de las 17 personas desaparecidas, incluido el CDHNL y los familiares allegados a las víctimas, a los diferentes cuarteles de la Marina en Nuevo Laredo, Tamaulipas; Colombia, Nuevo León, e Hidalgo, Coahuila, donde se supone fueron ingresados algunos de los detenidos para su interrogatorio”. 

En el escrito fechado el 23 de mayo, el CED urge a la implementación inmediata del oficio V2/29651 de la CNDH y también emite medidas cautelares en favor de las 17 víctimas y sus familiares, así como del presidente del CDHNL, Raymundo Ramos Vázquez, quien ha “sido objeto de amenazas, campañas de difamación y de desprestigio tras su intervención en apoyo a los desaparecidos y allegados”.

En la misiva, Ibrahim Salama notifica al gobierno de México que “el comité está altamente preocupado por estos hechos, que ponen a diario en peligro la seguridad y la vida de los habitantes del estado de Tamaulipas, y que, de ser verificados, constituirán una grave violación de sus obligaciones convencionales”.

La preocupación por la situación del defensor y del ambiente de terror que priva en Nuevo Laredo fue expresada por la directora adjunta de Investigación de Amnistía Internacional para las Américas, Carolina Jiménez Sandoval, en una carta dirigida al subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Rafael Adrián Avante Juárez, fechada el 25 de mayo.

En dicho texto se informa del intento de impedir el libre tránsito a Raymundo Ramos y a un grupo de familiares de desa­parecidos por parte de elementos de la Marina pertenecientes a la Unidad de Operaciones Especiales, el 10 de mayo pasado, cuando se dirigían al poblado de Colombia, Nuevo León, en una brigada de búsqueda de víctimas, momento en el que el defensor fue “interrogado de manera acosadora” por el responsable del retén, quien lo acusó de “estar cometiendo el delito de usurpar la función pública por estar haciendo labores de búsqueda, que, según el representante de la Semar, sólo correspondían a policías”.

La directora adjunta de Amnistía refiere actos de difamación contra el presidente del CDHNL mediante una página de Facebook llamada “La Voz del Pueblo2”, en la que se hacen “acusaciones contra el señor Ramos Vázquez por su trabajo de denuncia contra la Semar, acusándole de tener vínculos con grupos delictivos”.

Carolina Jiménez informa que después de que Ramos Vázquez entrevistó a la esposa de un desaparecido, la señora fue “secuestrada temporalmente la mañana del día 25 de mayo por presuntos elementos de la Semar en vehículos civiles, quienes la habrían amenazado y también le señalaron al señor Ramos Vázquez, exigiéndoles más información sobre su persona”.

El ambiente intimidatorio para aplacar las exigencias de los familiares de víctimas que acusan a la Marina, quienes han recurrido a protestas públicas, impidió que algunos de ellos se desplazaran a la Ciudad de México, donde denunciarían la oleada de desapariciones forzadas en Nuevo Laredo en una conferencia de prensa programada para el pasado 28 de mayo.

Con testimonios

Yuliana Uscanga, abogada que representa a 15 familias de víctimas que han señalado a la Marina, denuncia que entre el 24 y el 25 de mayo “hubo tres casos de intimidación; nos damos cuenta que tienen bien ubicadas a las señoras en sus trabajos y en sus domicilios, a donde han acudido marinos a amenazarlas para que dejen por la paz las denuncias. Están sembrando el miedo”.

Agrega que, aun cuando había familias dispuestas a viajar por carretera a la capital del país, decidieron suspender la conferencia “por seguridad y prudencia”.

–¿Tienen claro que fueron marinos los responsables de las amenazas?

–No nos consta nada, pero a nadie más le podría afectar que se siga señalando a la Marina más que a la propia Marina.

La litigante advierte que, pese a la gravedad de las denuncias interpuestas en la Procuraduría General de la República (PGR), “no hay ningún avance en las investigaciones, no se les da copia a los familiares de las indagatorias y, menos aún, se realizan búsquedas; quienes salen a buscar son los familiares”.

Cuenta que en los 15 amparos que ha interpuesto “la Marina niega su responsabilidad en las desapariciones, pese a que hay reportes en los que existen fotos y videos que lo acreditan”.

Dos casos de esos son los de Daniel Gerardo García Ramírez y el de José Luis Bautista Carrillo, desaparecidos el 14 de abril y el 16 de mayo, respectivamente. En cuanto al primero, su pareja Azeneth Olivo Lumbrera asegura que, además de testigos de su detención, perpetrada afuera de una tienda de conveniencia, existen videos de las cámaras de seguridad de ese establecimiento, de una gasolinería y de un centro de cambio, pero “los de la PGR no han solicitado las imágenes, aunque la gente está dispuesta a aportar pruebas y a declarar siempre y cuando se les proteja”.

En lo que atañe a Bautista Carrillo, decenas de personas dijeron que personal naval irrumpió en una reunión de comerciantes en un deshuesadero de autos, denunciaron que fueron despojados de dinero y objetos de valor; otros más, quienes acudieron en apoyo de esas personas, tomaron videos y fotografías de la presencia de marinos.

Erika Castro, esposa de José Luis y testigo de los hechos, explica que en las investigaciones “los marinos dicen que sí estuvieron en el establecimiento porque recibieron una llamada anónima de que había gente armada; dicen que entrevistaron al dueño del lugar y se fueron”.

Ambas mujeres exigen que la Marina cumpla con su promesa de abrir los cuarteles, ofrecimiento hecho por un representante de la institución en una reunión del 16 de mayo último en la que también estuvieron representantes de la ONU y de la CNDH.

Raymundo Ramos, quien como Uscanga fue testigo del compromiso del enviado de la Semar, dice que la apertura de los cuarteles estaba programada para el 23 de mayo pasado, pero que fue cancelada por los responsables de la dependencia “bajo el argumento de que era por seguridad del personal”.

Expone que no sólo se trata de atender una instrucción del CED, sino que a las familias les interesa “buscar esos vehículos en los que han estado realizando las desapariciones forzadas e identificar a los marinos que se llevaron a sus seres queridos, porque muchas de esas familias han sido testigos de las detenciones arbitrarias y posteriores desapariciones forzadas, y la búsqueda la quieren hacer ante las autoridades, ante la PGR”.

Después de que la CNDH emitió medidas cautelares, cinco personas más desaparecieron, “por lo que las actividades de los marinos deberían suspenderse hasta que se realice una investigación”, considera Ramos Vázquez.

 “En los últimos seis meses, en Nuevo Laredo la Marina no ha hecho nada importante: ni decomisos ni patrullajes ni detenciones que rindan resultados; en cambio, lo que sí ha hecho son desapariciones forzadas”, denuncia de nueva cuenta el presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo. 

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LA "NACHA y la CHATA" PIONERAS del NARCO en MEXICO y en PAGARLE al GOBIERNO por PROTECCION...de policias a militares y organos de inteligen$ia.

Una fue la primera en implementar acciones y estrategias que hoy día siguen usando los grandes cárteles de la droga. La otra fue la primera en infiltrar a los cuerpos de inteligencia en el país para corromperlos.

Se trata de Ignacia Jasso, "La Nacha", y María Dolores Estévez Zulueta, "La Chata". Dos mujeres que durante la primera mitad del siglo pasado dominaron el mundo del narco en México y establecieron las bases para un negocio que capta parte importante de los USD 52. 844 millones de dinero ilícito que al año se mueven en México (según el dato de Global Financial Integrity a 2013) y que representa entre 2 y 3% del Producto Interno Bruto (PIB).

"La Nacha" puede presumir que fue la "primer narcotraficante" en el país en disputar una plaza, en exportar droga a gran escala y en establecer dentro de su organización criminal una estructura familiar que hoy en día siguen manteniendo importantes grupos como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Los Arellano Félix y Los Beltrán Leyva, entre otros.

También fue el primer narco, de cualquier género, en controlar el trasiego de drogas en un paso fronterizo.

"La Chata" también tuvo sus hazañas: fue pionera en infiltrar los cuerpos de inteligenciaen México para sobornarlos y corromperlos, una muestra son sus siete ingresos y salidas de distintas prisiones en las que sólo cumplía sentencias cortas.

Hasta ahora ha sido el único criminal declarado enemigo público número uno por un decreto del Presidente de México. Sin embargo, hay quien considera que su aportación al mundo del narco está sobrevalorada, pues mientras Ignacia Jasso llegó a controlar el comercio de drogas en estados importantes, como Sinaloa y Chihuahua, el dominio de Estévez Zulueta se limitó a la zona del popular barrio de La Merced, en la Ciudad de México y sus operaciones se concretaban al narcomenudeo.

Jasso cumplió su condena en una de las cárceles para reos peligrosos.

La importancia de "La Nacha"

"'La Nacha'creó el primer cártel transnacional mexicano. Es ella quien establece las primeras rutas de abastecimiento hacia Estados Unidos, de las que se servirían el Cártel del Pacífico, el Cártel de Juárez y el Cártel de Sinaloa; estos dos últimos siguen operando; el primero se partió en muchas piezas que son la base de los grupos que operan en México hasta el día de hoy, incluyendo el más poderoso: el Cártel Jalisco Nueva Generación", dijo a Infobae Alejandro Páez Varela, escritor de distintas novelas que retratan Ciudad Juárez, la principal zona de operación de Jasso.

Era esposa de Pablo González, "El Pablote". Los dos empezaron a controlar el tráfico de marihuana y morfina en la zona fronteriza de El Paso, Texas, y Ciudad Juárez, en Chihuahua México, en los años veinte del siglo pasado.

La pareja logró el control en estados Chihuahua, Sonora y Sinaloa después de disputar el territorio a un narco de origen chino llamado Sam Ching, quien había llegado a México huyendo del terremoto de San Francisco en 1906.

"La preeminencia de los asiáticos en la distribución y venta de drogas finalizó cuando, a mediados de los años veinte, fueron asesinados (en Ciudad Juárez) 11 inmigrantes chinos dedicados a dicho comercio ilícito. El responsable de las muertes fue un individuo apodado 'El Veracruz', al parecer integrante del grupo de 'La Nacha' y su esposo 'El Pablote'. Se inició así la larga historia de las ejecuciones asociadas al narcotráfico", señaló en un texto Adriana Linares, investigadora de la Universidad Autónoma de Juárez.

A partir de esa masacre no sólo creció su fama sino que el negocio se extendió a la heroína y cocaína.

El cruce fronterizo entre Ciudad Juárez y El Paso, uno de los territorios de Jasso.

"El Pablote" fue asesinado en 1931, pero lejos de perder el negocio, su esposa se consolidó al frente de la organización delictiva y afianzó alianzas en estados como Michoacán.

"Sam Ching manejaba un negocio de drogas a través de cafeterías y lavanderías en las que vendía opio. Empezó a hacer negocio comprando a un grupo integrado por Gil Caro, Manuel Caro y Rafael Fonseca (abuelo de Ernesto Fonseca Carrillo, uno de los fundadores del Cártel de Guadalajara en los ochenta)y ellos son los primeros narcotraficantes de la región que tienen parentesco con Rafael Caro Quintero (uno de los narcos más buscados por EEUU, ellos le vendía la marihuana a 'La Nacha' y cuando matan a Ching ella se queda con todo el negocio", explicó a Infobae Jesús Lemus, autor del libro "Tierra Sin Dios" en el que un capítulo describe la importancia de esta mujer en el mundo del narco.

Su negocio de exportación se fortaleció a finales de los años treinta cuando se convirtió en proveedora del Ejército de Estados Unidos, que necesitaba comprar marihuana para distribuirla entre sus tropas destacamentadas en Europa.

En México también era protegida por un alto mando del Ejército, pero en 1943 fallaron sus contactos, fue detenida y enviada a las Islas Marías, en el Pacífico donde entonces cumplían condena los criminales más peligroso del país.

Harry J. Anslinger, director de la Oficina Federal de Narcóticos en EEUU pidió al gobierno de México su extradición, pero con la ayuda de sus hijos continuó manejando el negocio desde la cárcel.

Jasso no murió en prisión, cumplió su condena y al salir de la cárcel se retiró del negocio y lo heredó a sus hijos y sus descendientes lo mantuvieron vigente hasta los ochenta.

“La Chata” vendía drogas a personas de sociedad de la capital mexicana.

La hija del traficante

María Dolores Estévez "La Chata" vendía de pequeña chicharrones (piel de cerdo frita), en el barrio de La Merced. Su padre era traficante de marihuana y heroína.

A la edad de 13 años se inició en el negocio, a partir de entonces fue detenida por lo menos en siete distintas ocasiones, pero sólo cumplía condenas cortas y al salir retomaba el control.

Durante su adolescencia se mudó de la capital mexicana a Ciudad Juárez en Chihuahua, donde conoció nuevas formas de traficar drogas, para finalmente regresar a La Merced donde se convirtió en la dueña absoluta del negocio.

Gracias a su matrimonio con Enrique Jaramillo, un ex policía y exitoso narcotraficante de un estado vecino pudo hacerse de protección e infiltrarse hasta las policía secreta mexicana.

"A ella le debemos el principio de la infiltración del narco en los cuerpos de seguridad, las bases de la corrupción y la impunidad que estamos padeciendo hasta ahora", aseguró Lemus.

El popular barrio de La Merced, en la Ciudad de México.

Su fama se disparó en 1945 cuando el entonces presidente Manuel Ávila Camacho, publicó un decreto para declararla como enemigo público número uno, como una medida del gobierno para detener la infiltración del narco en sus organismos de inteligencia.

"Se hizo famosa por el grado de corrupción e infiltración del gobierno, le pagaba a todo el sistema de inteligencia y ahí radica su importancia, pero algunos investigadores le han dado importancia histórica que no tiene", agregó Lemus.

"La Chata" fue detenida en 1947 y condenada a 11 años de cárcel, para finales de la década de los cincuenta su influencia ya había desaparecido, aunque de su legado surgieron tres generaciones de mujeres dedicadas al negocio.

De acuerdo con Lemus no existe evidencia de que "La Nacha" y "La Chata" se hayan conocido alguna vez.

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DICE la PGR "YA INVESTIGA a MARINOS" por 28 LEVANTONES y DESAPARICIONES en TAMAULIPAS...las instituciones no fallan, quienes las forman y deforman si.

La Procuraduría General de la República (PGR) atrajo la investigación de 28 desapariciones forzadas de personas en Tamaulipas, presuntamente cometidas por personal de la Secretaría de Marina.

"Con dicha acción, la Fiscalía Especializada ha radicado las investigaciones y ordenado de manera inmediata acciones diligentes y concretas de investigación para el esclarecimiento de los hechos y búsqueda en vida de las víctimas", indicó la dependencia en un comunicado.

También, añadió, trazó un plan de investigación metodológico, atendiendo al análisis de contexto que impera en el Estado de Tamaulipas y designó a un equipo experto de agentes del Ministerio Público, policías federales ministeriales y analistas para que sean los encargados de dar seguimiento de manera coordinada a las investigaciones.

Éstas serán encabezadas por la Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada, perteneciente a la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad.

"Derivado de los lamentables acontecimientos suscitados en los últimos meses en el Estado de Tamaulipas y en cumplimiento a lo establecido en la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda, se ha ejecutado la facultad de atracción por especialidad de 20 carpetas de investigación, relacionadas con posibles desapariciones forzadas de 28 personas".

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