Una auditoría interna de la PGR –un documento de mil 150 hojas, cuya copia obtuvo Proceso– confirma y documenta que la indagatoria que llevó a la “verdad histórica” en el caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa está llena de omisiones, deficiencias e irregularidades, y en ella se encubrió a autoridades civiles, ministerios públicos, miembros de la Policía Federal y del 27 Batallón de Infantería, cuya “conducta omisa tuvo consecuencias fatales”.
En definitiva, “no existe un plan” y, por lo tanto, “no se ha llevado a cabo una investigación seria, imparcial y efectiva” para dar con el paradero de los jóvenes.
Una auditoría interna de la Procuraduría General de la República (PGR) a los más de 200 tomos del expediente abierto por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en 2014 pone en evidencia que, debido al cúmulo de irregularidades, omisiones y deficiencias, “no existe claridad en las líneas de investigación que deberán implementarse para poder dar con el paradero de los estudiantes desaparecidos”, y, peor aún, es claro que “no se continuó con algún esfuerzo por parte de la autoridad responsable” para alcanzar el principal objetivo: conocer el destino final de los jóvenes.
Esas observaciones forman parte de las 17 conclusiones de la Evaluación Técnico Jurídica practicada a la AP/PGR/SDHPDSC/OI/001/2015, realizada por la Visitaduría General de la dependencia, bajo la supervisión de César Alejandro Chávez, quien dejó su cargo antes de dar a conocer el resultado de las investigaciones abiertas al exdirector de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón de Lucio, por haber realizado diligencias de modo irregular o ilegal (Proceso 2090).
Este semanario tuvo acceso a la supervisión de la indagatoria sobre el caso Ayotzinapa, firmada por Raúl Barraza Franco, Jorge Teoyotl Quezada, Pablo Rodríguez Mejí, José de la Luz Gallegos Figueroa y Arturo Hernández Balderas, agentes del Ministerio Público de la Federación adscritos a la Visitaduría. Su análisis fue realizado del 20 de mayo al 2 de septiembre de 2016.
Buena parte de las observaciones coinciden con las formuladas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), como la necesidad de llamar a cuentas a miembros del 27 Batallón de Infantería de Iguala, e incluso con algunas presentadas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), como la de presentar cargos penales contra policías federales por no haber intervenido para proteger a los jóvenes.
Los visitadores de la PGR también comparten con el GIEI y con la CNDH la perspectiva de que los hechos configuran el delito de desaparición forzada y no el de secuestro, que es por el que están siendo procesadas más de cien personas, 95 de las cuales probablemente fueron sometidas a tortura.
Sin embargo, el informe interno excluye de su análisis la factibilidad científica de que los 43 estudiantes fueran incinerados en el basurero de Cocula la noche del 26 al 27 de septiembre.
La Visitaduría General de la PGR se refiere a la fragilidad de la “verdad histórica” en su reporte sobre las irregularidades cometidas por Zerón de Lucio y cinco funcionarios de la dependencia que realizaron diligencias el 28 de octubre de 2014 sin integrarlas al expediente, tal como lo señaló este semanario en su edición 2090.
Un desastre
En mil 150 fojas, los visitadores resumen las observaciones a los primeros 214 tomos de la indagatoria por el caso Ayotzinapa: identifican 17 deficiencias fundamentales, nueve irregularidades graves que tendrán que ser sometidas a consideración de autoridades para ser sancionadas; y formulan 10 recomendaciones generales y 26 instrucciones a la Oficina de Investigación Especial, a cargo de Alfredo Higuera Bernal.
Entre las conclusiones a las que llegan los funcionarios de la PGR es que “se debió ejercer una supervisión más estrecha” sobre las actuaciones de los agentes del Ministerio Público de la Federación, “lo cual no se observa ya que hasta el momento en que se lleva a cabo la presente visita de evaluación no existe claridad en las líneas de investigación que deberán implementarse para poder dar con el paradero de los estudiantes desaparecidos de la Escuela Normal Rural ‘Raúl Isidro Burgos’ de Ayotzinapa”.
Es más, se señala en otro punto de las conclusiones, “no se ha llevado a cabo una investigación seria, imparcial y efectiva por todos los medios legales disponibles orientada hacia una finalidad específica, esto es, la determinación de la verdad, en la que se hayan efectuado las acciones necesarias con el objeto de determinar la suerte o destino de los 43 estudiantes desaparecidos”.
Los revisores del expediente alertan de que “no se continuó con algún esfuerzo por parte de la autoridad responsable, para poder determinar el paradero de los estudiantes de Ayotzinapa”.
Los visitadores advierten que “se ha privilegiado el acreditar la intervención del grupo de Guerreros Unidos y con ello la delincuencia organizada en los hechos (…) y en ejercer acción penal en el mayor número de personas, dejando en un segundo término el deber del Estado mexicano de realizar una búsqueda sistemática y rigurosa tendiente a encontrar a los estudiantes desaparecidos, deber que persiste hasta que no se encuentren, aparezcan sus restos o, en todo caso, se conozca con certeza cuál fue su destino”.
En se sentido, dentro del paquete de instrucciones al responsable de la Oficina de Investigación, los visitadores de la PGR ordenan la apertura de indagatorias a servidores públicos municipales de Iguala y Cocula, de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, de la delegación de la PGR en Iguala, de la Policía Federal y del 27 Batallón de Infantería por “encubrimiento”, ante las “conductas omisas” en que presuntamente incurrieron.
Indican actuaciones específicas contra el capitán José Martínez Crespo, quien encabezó patrullajes en Iguala la noche fatídica, y quien debe ser sometido a una investigación “sobre las imputaciones que se le han hecho en relación a sus posibles vínculos con la delincuencia organizada, y cuyo resultado sea remitido a la SEIDO (Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada)”, toda vez que el nombre del militar apareció en una manta el 30 de octubre de 2014.
De la misma manera, se giran instrucciones precisas para encausar a dos policías federales, identificados como Víctor Manuel Colmenares Campos y Emmanuel de la Cruz Pérez Arizpe, quienes a pesar de haber recibido información de parte del Centro de Control y Comando (el C4) de los ataques a los estudiantes, en su parte informativo refirieron haberse entrevistado con el entonces secretario de Seguridad Pública de Iguala, Felipe Flores Velázquez, hoy tras las rejas, quien supuestamente les dijo que “los disturbios no habían llegado a mayores y que los estudiantes se habían retirado del lugar y que los policías municipales se habían incorporado a su trabajo habitual”.
Más aún, Colmenares Campos fue identificado por la CNDH como el policía que se acercó a agentes municipales de Iguala mientras éstos subían a los estudiantes a las patrullas, y les preguntó: “¿Qué pasa con los chavos?”, a lo que uno de los municipales respondió que los normalistas serían llevados a Huitzuco, “allá que el patrón decida qué va a hacer con ellos”. Colmenares supuestamente respondió: “Ah, ok, ok. Está bien”, de acuerdo con el testimonio obtenido por el organismo nacional.
Las manchas institucionales
No sólo eso, los revisores consideran que la investigación debe ampliarse a “demás personal de estructura de la Policía Federal” en Iguala, cuyo jefe de estación, Luis Antonio Dorantes Macías, “ordenó la elaboración de tarjetas informativas para hacerlo del conocimiento de su superior, el inspector general”, cargo ejercido entonces por Omar Hamid García Harfusch, sucesor de Zerón de Lucio en la Agencia de Investigación Criminal (AIC).
NOTA RELACIONADA:
El nombre de García Harfusch y su teléfono aparecen apuntados en una libreta decomisada al presunto líder de Guerreros Unidos, Sidronio Casarrubias (detenido en octubre de 2014), de acuerdo con una resolución judicial a favor del inculpado, emitida en septiembre pasado (Proceso 2089).
Otros funcionarios que, de acuerdo con las instrucciones de los visitadores, tendrían que rendir cuentas por sus sospechosas omisiones son el agente del Ministerio Público de la delegación de la PGR en Iguala, César Iván Pilares Viloria, y los agentes federales ministeriales Romeo Ortiz Valenciana y José Manuel Dirzo Correa, por su “nula actuación”. Ellos estaban obligados a atraer el caso desde las primeras horas, ante la utilización de armas de uso exclusivo del Ejército.
Pilares se limitó a enviar exhortos a diferentes “instituciones de seguridad, hospitales públicos y privados, Semefos, asilos, refugios, internados o cualquier lugar de atención a personas desaparecidas”, para preguntar sobre el paradero de los jóvenes, y una vez que la SEIDO tomó el caso remitió “las actuaciones referentes a hallazgos de fosas clandestinas”, asuntos en los que se limitó a tomar nota sin realizar investigaciones.
En el caso del personal castrense, los visitadores de la PGR consideran que “la conducta omisa desplegada por el personal militar del 27 Batallón de Infantería tuvo consecuencias fatales en los estudiantes de Ayotzinapa e integrantes del equipo de futbol Los Avispones de Chilpancingo.
“De haber actuado y auxiliado oportunamente a los estudiantes y demás civiles, no hubiesen resultado lesionados ni muertos de esa manera, incluso por no dar auxilio y atención inmediata cuando les fue solicitada directamente en las instalaciones de la Clínica Cristina y en el Batallón Militar.”
Para los investigadores de la PGR, “la probable responsabilidad de la actuación de los elementos del Batallón de Infantería debe ser sujeta a investigación, si cumplieron con sus respectivos protocolos de actuación, especialmente con la obligación de proteger a los ciudadanos, y si infringieron algún dispositivo previsto en la legislación penal”.
La brutalidad documentada
En materia de tortura, el análisis identificó 95 denuncias que ameritaron la intervención de peritos conocedores del Protocolo de Estambul (que versa sobre tortura).
En tanto, la Unidad Especializada en Investigación de Delitos en Materia de Secuestro, que tuvo a plenitud el caso hasta noviembre de 2015, inició procesos contra 11 marinos y ocho policías federales por tortura en agravio de 15 detenidos, entre ellos el exalcalde de Iguala José Luis Abarca y su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa, así como los seis detenidos en los que se sustenta la “verdad histórica”.
En junio de 2015, dicha Unidad dio vista a la Visitaduría de la PGR por presuntos actos de tortura en los que tendrían responsabilidad 39 agentes federales ministeriales en agravio de 32 detenidos.
Los visitadores de la PGR advierten omisiones similares en los casos de la policía estatal, entonces a cargo del Leonardo Octavio Vázquez, cuyo nombre también aparece en la libreta de Sidronio Casarrubias. Ante el ataque a los estudiantes, por indicaciones del exsubsecretario Juan José Gatica Martínez se “ordenó que con el poco personal existente se reforzaran las instalaciones del Cuartel y el Cereso (de Tuxpan), ya que podría ser un distractor”, en vez de proteger a estudiantes.
En cuanto a las primeras actuaciones de los agentes del Ministerio Público del fuero común, se halló que impactaron negativamente en el caso.
“Esa ligereza con que fueron practicadas las diligencias y falta de exhaustividad incide en la pérdida de huellas o indicios, o más bien en su alteración o manipulación adecuada”, consideran los responsables de la auditoría a la investigación de Ayotzinapa.
Entre las deficiencias de origen, que no fueron corregidas ni siquiera después de que la indagatoria fue atraída por la Federación, mencionan la toma de declaraciones de testigos, víctimas e inculpados. Una consecuencia de esto es que a la fecha no se ha determinado de manera exacta cuántos estudiantes salieron de Chilpancingo la tarde del 26 de septiembre a tomar autobuses.
En su análisis sobre las fallas de la procuraduría estatal, los investigadores puntualizan que “de ninguna manera significa que la deficiencia en la toma de declaraciones por parte del personal de la Procuraduría General de Justicia de Guerrero sea el factor determinante para que a la fecha el expediente objeto de estudio se encuentre en un aparente callejón sin salida, (…) pues dicha situación pudo haber sido corregida una vez resuelto el primer momento, no obstante ello, ninguna de las autoridades que han intervenido en la investigación de los hechos como lo son en su momento la delegación estatal de la PGR, ni la Unidad Especializada en Investigación de Delitos en Materia de Secuestro (UEIDMS) o la actual Subprocuraduría General de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad tomaron en cuenta ninguna de esas situaciones”.
Los investigadores adscritos a la Visitaduría General cuestionan la tendencia a engrosar averiguaciones previas y actas circunstanciadas vinculadas con los grupos delincuenciales en Iguala que, consideran, no tienen relación directa con la desaparición de los jóvenes.
Un expediente que fue adjuntado al de la desaparición es el del secuestro de María Leonor Villa Ortuño, suegra del exalcalde de Iguala José Luis Abarca Velázquez, ocurrido en 2013 y atraído por la PGR a través de la UEIDMS, asunto que para los investigadores de la Visitaduría era innecesario agregar. Lo único que ocurrió es que los servidores públicos de dicha unidad “dejaron de prestar el auxilio al que por ley se encontraban obligados, dejando de actuar congruente, oportunamente, contribuyendo a que quede impune una conducta delictiva”.
Otro asunto criticado es el de los hallazgos de fosas con cuerpos que en un principio se pensaba que correspondían a los normalistas: 30 de esos cuerpos sin identificar están a “disposición” de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, de la que depende la Oficina de Investigación. Esos restos les llegaron como parte de las indagatorias que tenía en un principio la UEIDMS, y están literalmente en el limbo jurídico.
Así como esos cuerpos, hay “cinco bolsas conteniendo restos óseos”, muestras de tierra, casquillos e indicios recolectados en el basurero de Cocula (además de siete vehículos), de los que no se indica dónde fueron asegurados.
En mayo de 2016, el agente del Ministerio Público Víctor Cruz Martínez, adscrito a la Subprocuraduría de Derechos Humanos solicitó a la agente del Ministerio Público adscrita a la UEIDMS Lourdes López Lucho Iturbe que se determinara la situación jurídica, pero hasta mayo de este año “no habían sido objeto de entrega ni física ni formalmente”.
Los revisores también emiten observaciones demoledoras sobre la ausencia de líneas de investigación, a pesar de la gran cantidad de declaraciones.
Es evidente, dicen, que “no existe un plan de investigación, un estudio previo de las posibles líneas a dónde llevar a cabo la conducción de la indagatoria”. Tomar tantas declaraciones “fue con el fin únicamente (…) de engrosar el expediente”.
Todo ello a pesar de las evidencias de que los 43 estudiantes “fueron privados de su libertad por elementos pertenecientes a las policías municipales de Iguala de la Independencia y Cocula, quienes los entregaron al grupo delictivo denominado Guerreros Unidos, y al no haber proporcionado los perpetradores del ilícito información cierta que permitiera dar con éstos, se desprende la posible comisión del delito de desaparición forzada”, delito que no está considerado en las consignaciones.
Tomando en cuenta los tratados y convenios internacionales de los que México es parte, los visitadores reprueban los hechos.
“Al estar involucrados servidores públicos de los distintos niveles de gobierno, esto es, municipal, estatal y federal, se evidencia la descomposición que permea en los cuerpos de seguridad pública del país, que en el mayor de los casos trae como consecuencia la impunidad de los ilícitos cometidos por los infractores de las leyes, lo cual resulta inadmisible por el Estado mexicano.”
Fuente.-Reportaje contenido en la edición
de PROCESO # 2091,ya en circulación.
