Tal parece que en la Comisión Nacional de Derechos Humanos se empeñan en aplicar aquel conocido refrán: “En la casa del herrero, azadón de palo”.
A pesar de ser la vara que mide el respeto a los derechos humanos en todo el país, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) no se salva de tener a miembros cuestionados en sus filas.
Sucede así desde el mismo presidente, Luis Raúl González Pérez, quien fue acusado de plagiar un trabajo para titularse como doctor en Derecho; hasta algunos de los visitadores, que también han sido cuestionados.
El primer visitador, Ismael Eslava Pérez, fue acusado en 2002 de haber participado en la pérdida o desaparición de la declaración que un miembro del clero había hecho sobre el caso Posadas Ocampo.
La tercera visitadora, Ruth Villanueva Castilleja, ha enfrentado críticas por tener en su currículum un título de doctorado de una universidad “patito”.
Norma Inés Aguilar León, la cuarta visitadora, fue acusada en 2007 de haber participado en intento de actos de corrupción cuando el Tribunal Electoral, donde trabajaba, buscaba comprar un edificio alterno.
A estos cuestionamientos, se suma el escándalo que se suscitó en febrero del 2015, apenas tres meses después de que González Pérez tomara protesta como presidente de la CNDH, por no apoyar a una empleada de la Comisión que tenía cáncer y a quien se le dejó sin seguro médico.
Aunque estos asuntos se han resuelto en instancias administrativas o en tribunales, el estigma continúa acompañando a estos funcionarios, que van por todo el país investigando violaciones a derechos humanos y emitiendo recomendaciones.
El lastre del presidente
Era junio del 2014 cuando un periodista le llamó a Enrique Carpizo Aguilar –entonces académico de la UNAM- para preguntarle si sabía que un alto funcionario de la Máxima Casa de Estudios estaba utilizando un texto que no era suyo para obtener su título como doctor, en una universidad europea.
Carpizo Aguilar negó conocer el hecho. Como no sabía de qué hablaba su interlocutor, lo dejó pasar.
Las cosas cambiaron días después, cuando Luis Raúl González Pérez, entonces abogado general de la UNAM, mandó llamarle a su oficina y le hizo firmar un par de cartas donde le hizo expresar su gratitud y lealtad a la Universidad.
En una de las misivas, que el propio abogado general redactó, se hacía énfasis al parentesco de Enrique Carpizo con su tío, Jorge Carpizo McGregor, con quien trabajó cuatro años en la investigación del Derecho.
“El tema lo manejó con mucho sigilo y al indagar descubrí que al parecer el citado Abogado (González Pérez) es acusado de usar una investigación ajena en materia de libertad de expresión para fines personales y su idea –se presume- es comprometer moralmente al autor para desistir en su derecho a defender el producto de su trabajo”, escribió Enrique Carpizo en Facebook, en septiembre del 2014.
Enrique Carpizo decidió dar la lucha por que se reconociera el uso indebido de un trabajo de su autoría.
En su queja ante la CNDH, Carpizo Aguilar declaró que entre el 2011 y el 2012 trabajó en una investigación sobre libertad de expresión, documento que entregó personalmente a González Pérez, en ese entonces su jefe.
Ese estudio es el que, presuntamente, el hoy presidente de la CNDH plagió para conseguir su título en una universidad española.
Lo acusaron entonces de beneficiarse de su “posición” como sobrino del exrector Jorge Carpizo. Enrique Carpizo señaló que, al contrario, su tío siempre lo protegió de las mafias y le recomendó no estar cerca de grupos de poder corruptos.
Niega plagio, pero sin pruebas
El 28 de agosto del 2014, Carpizo acudió a la Comisión Nacional de Derechos Humanos –entonces todavía bajo la presidencia de Raúl Plascencia Villanueva- para denunciar el plagio y los actos de acoso por parte de funcionarios de la Universidad.
Las autoridades de la UNAM, denunció, lo querían obligar a acordar o aceptar un cargo en la estructura universitaria para que desistiera de sus acusaciones.
El escándalo salió a la luz justo en el momento en que González Pérez estaba en su trabajo de evaluación y cabildeo en el Senado para buscar la presidencia de la CNDH.
El propio Luis Raúl González Pérez encabezó una conferencia de prensa, en septiembre del 2014, donde se acusó a Enrique Carpizo de haber conseguido contratado como docente, investigador y funcionario de la UNAM por la intervención a su favor de distintas autoridades universitarias.
El entonces abogado general de la UNAM dijo que Carpizo Aguilar había cursado su doctorado sin haber cumplido todos los requisitos y haber hecho una estancia en Madrid con apoyo económico de la Universidad.
Ahí, González Pérez negó las acusaciones de plagio. Lo que nunca hizo, sin embargo, fue mostrar la tesis del escándalo para eliminar cualquier sospecha.
Enrique Carpizo Aguilar renunció a la UNAM en noviembre del 2014.
“Un acto que no renuncia a la UNAM que lucha por salir adelante, sino a la universidad presuntamente corrupta por la ambición de unos cuantos. Algún día regresaré, quizá cuando el cinismo y la pobreza de valores cambie o disminuya… Me apena ver lo que unos cuantos centavos pueden hacer en ciertos seres humanos”, escribió Carpizo en su cuenta de Facebook, el 2 de noviembre del 2014.
Hoy es presidente del Instituto para los Derechos Humanos y es parte del Observatorio Ciudadano de los Derechos Universitarios; es autor y conferencista en temas de Derecho y da asesorías en materia de amparo, derechos humanos y derecho constitucional a través de la consultoría Carpizo Company & Lawyers.
La CNDH, ¿sin proteger derechos?
El primer escándalo interno que enfrentó Luis Raúl González Pérez como presidente de la CNDH fue que la Comisión había dejado sin apoyo a una trabajadora que padecía cáncer.
Se trata de Paloma Ruiz Rodríguez, una empleada de la CNDH que trabajó durante 2013 y 2014 bajo un régimen de honorarios asimilados, sin acceso a ninguna prestación de salud.
La única alternativa que recibió fue la de adquirir un seguro de gastos médicos mayores, pagado de su bolsillo, pero a una cuota preferencial por formar parte de la plantilla de personal de la Comisión.
En mayo del 2014, a Paloma Ruiz le fueron detectados varios padecimientos: cáncer de endometrio, cáncer de mama y cáncer de páncreas.
Tuvo varias complicaciones médicas y, después, el tratamiento de quimioterapias la tuvo alejada de su actividad durante algunas semanas; presentó su incapacidad médica.
En noviembre del 2014, una vez que González Pérez asumió la presidencia de la CNDH, Paloma Ruiz acudió a la dirección de Recursos Humanos para dar continuidad a su incapacidad médica.
Su contrato vencía ya el 31 de diciembre del 2014, por lo que pidió una cita con González Pérez para exponerle su situación e intentar que se renovara su contratación para que ella pudiera tener acceso a la compra del seguro de gastos médicos.
“Insistí en llamadas, en visitas, durante noviembre y diciembre del 2014 y enero del 2015 y no fue atendida, ni recibida, ni escuchada por nadie en el organismo defensor de derechos humanos”, escribió Paloma Ruiz en su blog.
En enero del 2015, Paloma quiso renovar el seguro de gastos médicos por su cuenta, pero la CNDH la había excluido de la carta de cobertura, una lista que se da a la empresa que gana la licitación.
Gracias a esa exclusión de la lista, Paloma Ruiz no pudo continuar su tratamiento en las primeras semanas del 2015.
“La aseguradora no fue la que interrumpió ni la póliza, ni el tratamiento. El tratamiento tuve que interrumpirlo porque la CNDH me excluyó en diciembre del 2014 en la carta cobertura, carta donde están quienes tuvieron una póliza durante 2014”, explicó Ruiz en su blog.
Ante el escándalo -que se hizo público- la CNDH se reunió con ella y le ofreció recontratarla, aunque en una plaza menor a la que tenía, en otra área, y con un salario de la mitad de lo que percibía.
Del seguro médico, ni hablar. La CNDH argumentó que hubo irregularidades en la contratación de su póliza y que, si se buscaba una prórroga, podría derivar en responsabilidades para la Comisión.
La alternativa que le dieron a Paloma Ruiz fue continuar su tratamiento en el Instituto Nacional de Cancerología.
Hoy, Paloma Ruiz trabaja en comunicación social de la CNDH, donde funge como jefa de departamento.
Visitadores, bajo la lupa
Los cuestionamientos han tocado también a personas de primer nivel en la CNDH, incluidos algunos visitadores.
El primer visitador general, Ismael Eslava Pérez, fue acusado en 2002 de haber participado en la pérdida o desaparición de la declaración que un miembro del clero había hecho sobre el caso Posadas Ocampo.
Eslava Pérez ha sido cercano a Luis Raúl González Pérez desde mediados de la década de los 90.
En 1996, González Pérez era fiscal especial para el caso Colosio; Eslava Pérez era fiscal especial para los casos del asesinato de José Francisco Ruiz Massieu y Juan Jesús Posadas Ocampo.
En el 2002, Eslava Pérez fue acusado por la desaparición de fojas del expediente del asesinato del cardenal Posadas, específicamente donde se encontraba la declaración de Girolamo Prigione, entonces nuncio apostólico.
La acusación era por ejercicio indebido del servicio público; se llegó, incluso, a que un juez girara una orden de aprehensión en su contra.
Finalmente, en el 2004 el caso se cerró, pues un tribunal consideró como “ilegal” la acusación. Se le absolvió en agosto de ese año.
Eslava Pérez continuó siendo cercano a Luis Raúl González Pérez, ya que mientras este fue abogado general de la UNAM, se desempeñó como director general de Estudios de Legislación Universitaria.
Le adjudican ‘moche’
La cuarta visitadora general, Norma Inés Aguilar León, también ha sido cuestionada por asuntos relacionados con su trabajo.
Era 2007 y Aguilar León trabajaba como coordinadora de asesores del magistrado Flavio Galván, quien era presidente del Tribunal Electoral.
En ese entonces, Aguilar fue acusada por el magistrado Salvador Olimpo Nava Gomar de exigir una comisión a una corredora de bienes raíces a cambio de concretar la compra de un edificio para el Tribunal Electoral.
El supuesto cobro del moche fue exigido, según publicó el diario El Universal, por Octavio López, esposo de Aguilar, quien le expuso a la corredora que la comisión debía dividirse a la mitad entre ella y la pareja.
La corredora de bienes raíces resultó ser la tía del magistrado Salvador Nava, quien presentó la denuncia por “posibles actos de corrupción”.
Al día siguiente de la acusación, Flavio Galván dejó la presidencia del Tribunal argumentando cuestiones de salud. En lugar de Galván fue nombrada María del Carmen Alanís, quien instruyó la destitución de Aguilar León.
Sin embargo, dos años después, la investigación mostró que los tíos de Nava Gomar quisieron quedarse con la comisión –de más de 3 millones de pesos- por la compra del inmueble.
Los hechos contra Aguilar León y su esposo no se acreditaron.
La revista Proceso publicó en 2009 que Aguilar León conoció a la tía de Salvador Nava, Olga Gomar de los Ríos, cuando estaba buscando comprar su casa; aunque se presentó con otro nombre.
Olga Gomar trabajaba en una inmobiliaria y, después de exponerle a Norma Aguilar que tenía muchos problemas económicos, ésta le dijo que en el Tribunal Electoral querían comprar un edificio, por lo que pidió autorización para que Olga Gomar pudiera entrar en la búsqueda del inmueble.
Aguilar León pidió a su esposo revisar las propuestas de Gomar y, supuestamente, el esposo de Norma Aguilar fue quien le pidió la mitad de la comisión por la venta del inmueble.
Olga Gomar se lo comentó a su hermana, la madre del magistrado Salvador Nava, y fue ahí donde se hizo la denuncia. Sin embargo, no pudo acreditarse la petición del moche.
Con título ‘patito’
La tercera visitadora, Ruth Villanueva Castilleja, también ha enfrentado críticas, pero por tener en su currículum un título de doctorado de una universidad “patito”.
En cargos anteriores, Villanueva Castilleja mostraba en su curriculum tener un título de PhD –doctorado- en Administración de la Justicia por la Pacific Western University.
A dicha universidad le fueron retiradas todas las acreditaciones por el gobierno de Estados Unidos, sus títulos carecen de validez oficial.
La Pacific Western University tenía su base en Hawaii y tenía convenios con instituciones de México, Japón, Corea, Argentina y Taiwan para dar clases a distancia y otorgar títulos universitarios.
Incluso, en el blog “El Cuadro de Deshonor”, en cuya descripción se lee “Dedicado a la gente que comete fraude académico en México”, Villanueva Castilleja tiene una ficha donde se le menciona por tener su título en esa universidad.
El dato curricular de su título de doctorado de la Pacific Western University aparece en su semblanza como miembro de la Academia Mexicana de Ciencias Penales, donde se menciona que tiene otros dos doctorados: uno en Derecho, por la UNAM; y otro en Ciencias Penales, por el Instituto de Ciencias Jurídicas de Estudios Superiores.
Este Instituto no aparece en la base de datos de la Subsecretaría de Educación Superior de la SEP como una escuela con Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios Superiores Federales y Estatales (RVOE).
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