Es 5 de febrero de 2009 y han pasado 12 días desde que el ingeniero José Antonio Robledo Fernández fue secuestrado, a la entrada de una refaccionaria de Monclova, Coahuila, por un grupo de hombres que se lo llevaron por la fuerza junto con la camioneta que conducía.
Coahuila,MX.-09/Feb/2015 Los padres del joven profesionista, contratado y enviado a Monclova por la empresa ICA, llegaron a esta localidad 48 horas después de que su hijo fue raptado y, desde su arribo, han dedicado cada día apresentar y ratificar denuncias por privación ilegal de la libertad en distintas oficinas gubernamentales, tanto de la Procuraduría General de Justicia del Estado, como de la Procuraduría General de la República; ellos confían en que los criminales que se llevaron a Toño, como lo llaman de cariño, lo dejarán en libertad en cuanto comprueben que trabaja para una empresa que paga cuotas al crimen organizado o, en el peor de los casos, que se trata de un secuestro extorsivo y que los plagiarios se comunicarán en cualquier momento para negociar el pago de un rescate… de hecho, esto último es lo que les han pedido creer las mismas autoridades con las que se han entrevistado: que pronto recibirán una llamada de los delincuentes, y que deben esperar.
Es 5 de febrero de 2009, aunque faltan unos minutos para la medianoche. La señora Guadalupe y su esposo, José Antonio, ya están refugiados en su habitación de hotel, puesto que al día siguiente serán recibidos por el subprocurador de Justicia del estado, Jesús Torres Charles, y debido a eso, los papás de Toño se aprestan ya para dormir. Una llamada telefónica, sin embargo, los despierta.
Al otro lado de la línea está Joaquín Benito del Ángel –jefe de seguridad de la empresa ICA–, quien les pide bajar al lobby del hotel, puesto que dos representantes del cártel de Los Zetas quieren platicar con ellos.
Esas dos personas, que se presentaron como enviados de Los Zetas, posteriormente fueron reconocidos como Carlos Arturo Jiménez Encinas, alias El Plátano o El Güero, y José David Galindo Flores, alias Licenciado Pepe, quienes pidieron a los padres del ingeniero secuestrado no dar más información a la policía, como condición para devolver con vida a su hijo, luego de lo cual, ambos sujetos, junto con el jefe de seguridad de ICA, se retiraron del lugar.
Por su implicación con el crimen organizado, Joaquín Benito del Ángel, jefe de seguridad de ICA, enfrenta actualmente proceso penal por delincuencia organizada, secuestro y portación de arma de uso exclusivo del ejército. Además, contra Carlos Arturo Jiménez Encinas fue emitida una orden de aprehensión y existe una oferta de recompensa de 3 millones de pesos por quien proporcione información que permita su captura.
Sin embargo, contra el tercer zeta que participó en esa “negociación”, José David Galindo Flores, identificado plenamente desde 2013, “la PGR nunca ha querido emprender ninguna acción penal –denuncia el señor José Antonio Robledo Chavarría, padre de Toño–, y esto ¿por qué es? Por una sencilla razón: porque este señor es un alto funcionario del gobierno del estado de Coahuila, o al menos lo fue hasta noviembre de 2014. Tenemos confirmado que este señor fungía como procurador Auxiliar de la Defensa del Trabajo en Monclova hasta hace al menos dos meses, y ese cargo lo ocupaba al menos desde 2008, o sea que cuando nos fueron a buscar al hotel, para decirnos que nos devolvían a nuestro hijo si ya no hablábamos más con la policía, este señor ya era procurador del Trabajo en Coahuila”.
Personal de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo en Monclova confirmó que José David Galindo Flores se encuentra incapacitado desde hace más de un año. Además de fungir como “procurador auxiliar” de la citada dependencia. Además, Galindo Flores es hijo del actual líder estatal de la CTM, José David Galindo Montemayor, y nieto del fundador y líder histórico de esta agrupación gremial en el estado, José Dimas Galindo Villarreal (fallecido el año pasado).
Para conocer más detalles sobre la actual situación laboral de José David Galindo Flores, la semana pasada se buscó al procurador de la Defensa del Trabajo en Monclova, José Agustín González Castillo, sin embargo, no concedió entrevista debido a “la excesiva carga de trabajo”, según comentó su secretaria.
La identidad José David Galindo Flores, alias Licenciado Pepe, fue determinada desde 2010, explica el padre del ingeniero desaparecido, “y desde hace más de cuatro años nosotros hemos estado insistiendo de forma reiterativa que detengan a este señor, y la PGR siempre nos decía que sí, que estaba buscándolo pero que nunca lo encontraba, porque el señor tenía una incapacidad médica y no se presentaba a trabajar, y nunca lo pescaban cuando cobraba, y así se la pasaron tres años, hasta que, en septiembre de 2013, finalmente la PGR lo localizó, pero no lo detuvo, sólo le tomó una foto y luego nos la enseñó y nosotros pudimos reconocerlo sin temor a duda como una de las tres personas que, presentándose como representante de Los Zetas, nos fueron a ver al hotel de Monclova esa noche del 5 de febrero de 2009″.
No obstante, denunció el padre del ingeniero desaparecido, en ese momento la PGR formuló un nuevo “pretexto” para no solicitar una orden de captura contra José David Galindo Flores. “En ese momento, septiembre de 2013, nos salieron con que las condiciones legales habían cambiado y que no podían detenerlo porque sólo había en su contra la imputación de un ‘testigo-colaborador’ (testigo protegido), y que nosotros sabíamos bien que ese tipo de testimonios estaban muy ‘devaluados'”.
Y sí, advirtió el señor Robledo Chavarría, efectivamente contra José David Galindo Flores existe una declaración incriminatoria formulada ministerialmente por uno de los detenidos implicados en la desaparición de su hijo, al cual se concedió la condición de testigo protegido; sin embargo, subrayó el padre del joven ingeniero, ese no es el único indicio en contra de Galindo Flores. “Además de ese testimonio, otro de los detenidos también lo reconoce como alguien que trabajaba para la célula de Los Zetas en Monclova, pero más importante todavía: está el testimonio de mi esposa y el mío, que fuimos directamente víctimas de esa amenaza que nos hizo este señor, que nos dijo que él era de Los Zetas y que nos iban a devolver a nuestro hijo, pero que ya no habláramos con la policía”.
–Oficialmente, ¿la PGR se desistió de la investigación en contra de esta persona, a pesar de que ustedes, como afectados, lo señalan directamente? –se pregunta al padre de familia.
–Nos dijeron que, por reformas a la ley, ahora le tocaba a la Procuraduría General de Justicia de Coahuila presentar cargos contra este señor, lo cual yo no creo que sea cierto. Pero, en fin, el caso es que la gente de la PGR estuvo intentando que los de la procuraduría estatal les recibieran el expediente, y ellos tampoco se dejaban. Fue hasta noviembre de 2014 que el subprocurador de Justicia estatal tuvo una reunión con nosotros, en la que estuvo presente Lía Limón (subsecretaria de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación federal), y ahí el agente del Ministerio Público federal pudo, por fin, entregarle el expediente contra José David Galindo Flores, para que ellos, a nivel estatal, lo procesaran, y así se comprometió este funcionario. Sin embargo, pasó noviembre, diciembre, y lo que va de enero, y nada… este representante de la procuraduría de Justicia estatal dijo que lo iban a detener de inmediato, pero no fue así, y no creo, de hecho, que vayan a hacerlo, yo creo que a este señor lo protegen porque su papá es líder estatal de la CTM, y porque su abuelo fue algo así como el Fidel Velázquez de Coahuila…
Cabe destacar que José David Galindo Flores solicitó un amparo en 2012 ante cualquier acción que eventualmente pudiera emprender en su contra la Procuraduría General de la República. El número de expediente es el 599/2012, según la lista de acuerdos del Juzgado Cuarto de Distrito en Coahuila, publicada el 23 de enero del 2013.
El pasado 25 de enero de 2015 se cumplieron seis años desde la desaparición forzada del ingeniero José Antonio Robledo Fernández. Por información que permita dar con su paradero, las autoridades federales ofrecen una recompensa de 3 millones de pesos, garantizando confidencialidad a quien ayude en la investigación.
