La protesta de ayer contra el Fiscal General ,Jesús Eduardo Govea Orozco, no aparece de la nada: llega con el ruido incómodo de un expediente viejo que, aunque el fiscal prefiera despachar como “información sesgada”, sigue pesando en el debate público. Ahora, el colectivo David Ruiz García exige su separación del cargo, investigación a fondo y la liberación de Danna Yanina, a quien considera injustamente encarcelada.
Las cabras siempre tiran pa’l monte… y el pasado de Govea volvió a balar en público
Durante la visita de ayer de la Presidenta Claudia Sheinbaum a Ciudad Victoria, integrantes del colectivo autónomo de resistencia civil David Ruiz García levantaron la voz para exigir dos cosas que, en un estado con tanta historia de impunidad, deberían provocar más de un escalofrío: la salida del fiscal Govea y la libertad de Danna Yanina, joven detenida por el caso de Dafne y a quien el colectivo considera inocente.
Porque en Tamaulipas, las protestas contra el fiscal Jesús Eduardo Govea Orozco ya no son un simple ruido de inconformes: son el eco de un pasado que se resiste a quedarse enterrado bajo el tapete institucional.
Los manifestantes pidieron que Govea sea separado del cargo mientras se investigan los señalamientos de presunta corrupción que pesan sobre él. No están pidiendo una coronita ni una medalla: exigen que el jefe de la Fiscalía se haga a un lado para que las pesquisas —si es que algún día dejan de caminar con muletas— puedan avanzar sin el sospechoso sentado en la silla principal.
Y es que el asunto no es menor ni surgió ayer en una cartulina de protesta. Govea Orozco carga desde hace más de dos décadas con un historial público de acusaciones relacionadas con la presunta liberación de Rogelio González Pizaña, “El Kelín” o “Z2”, identificado entonces como presunto operador del Cártel del Golfo y ahora jefe de plaza de la Fiscalía atiborrada de hampones.
De acuerdo con el reportaje de Televisa, en 2002 un juez federal dictó formal prisión en su contra por presuntos delitos vinculados con delincuencia organizada y contra la salud; estuvo recluido siete meses en Almoloya y posteriormente obtuvo libertad bajo reserva de ley. Eso no equivale, por sí solo, a una sentencia de culpabilidad, pero tampoco convierte el tema en polvo administrativo.
Cuando le preguntaron por esas acusaciones, el fiscal respondió que eran “informaciones sesgadas” y que no merecían comentario. Una salida cómoda: si el expediente incomoda, se le llama sesgo; si la pregunta aprieta, se guarda silencio; y si la memoria pública insiste, se espera que la gente se canse. Pero la memoria en Tamaulipas no suele ser tan dócil.
El colectivo, encabezado en la protesta por Gerónimo Pérez García, también reclama justicia para Dafne y una revisión del proceso contra Danna Yanina. Su postura es clara: sostienen que la joven fue involucrada injustamente y demandan su liberación inmediata para que vuelva con su familia. Naturalmente, la inocencia o responsabilidad penal de Danna Yanina tendrá que definirse en tribunales y conforme al debido proceso, no a gritos, consignas ni boletines. Pero precisamente por eso la exigencia de revisar el caso no puede ser respondida con indiferencia burocrática.
Esto apenas parece el principio. Porque cuando un fiscal llega con sombras antiguas, acusaciones que nunca terminan de disiparse y ciudadanos cuestionando la limpieza de la procuración de justicia, el problema deja de ser personal: se vuelve institucional. Y en Tamaulipas, donde la credibilidad de las autoridades ha sido un bien escaso, pretender que todo se arregla diciendo “no amerita comentario” suena más a evasiva que a defensa.
Las cabras siempre tiran pa’l monte. Y cuando el monte está lleno de expedientes, detenciones con montajes, redes de corrupción y reclamos de justicia, lo mínimo que debería hacer el poder es dejar de hacerse el sordo ante los balidos.
Con información: HoyTamaulipas/
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