En el gobierno de Américo Villarreal y Morena en Tamaulipas, la especialización empresarial parece haber pasado a mejor vida. Una misma red familiar puede vender medicamentos, químicos, jeringas, material de curación y papelería; al mismo tiempo, incursionar en obra pública, remodelar un panteón municipal y meter mano a instalaciones del propio Palacio de Gobierno. Todo, por supuesto, con cargo al dinero público.
Una investigación de La Expresión en Red documenta un esquema de asignación de contratos gubernamentales a una red integrada por dos hermanos y su cuñado, que en menos de año y medio acumuló más de 47 millones de pesos provenientes de distintas dependencias estatales y municipales. La red aparece como beneficiaria recurrente en el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, Conalep; la Secretaría de Seguridad Pública, SSP; el Gobierno Municipal de Madero; la Secretaría de Recursos Hidráulicos para el Desarrollo Social, SRHDS; y la Secretaría de Obras Públicas, SOP.
No se trata de una empresa enfocada en un rubro específico, sino de una estructura con capacidad casi milagrosa para vender de todo y construir lo que se ofrezca: desde útiles de escritorio hasta insumos para desinfectar agua; desde medicamentos y jeringas hasta la rehabilitación del Panteón de la Cruz. Una especie de supermercado familiar de contratos públicos, donde el gobierno parece encontrar solución para cada necesidad en los mismos apellidos.
De acuerdo con bases de datos, fuentes abiertas, contratos, registros públicos y documentos oficiales consultados por La Expresión en Red, desde 2024 esta red participa en licitaciones y contrataciones mediante tres personas morales y dos personas físicas con actividades económicas. Es decir: empresas, nombres, expedientes y recursos públicos perfectamente rastreables para quien en el gobierno tenga interés en revisar más allá del discurso.
Los nombres detrás de esta maquinaria contractual son Rolando Guadalupe Galván Figueroa, Carlos Daniel Galván Figueroa y José Ernesto Calanda Quintanilla, cuñado del primero. Según la información obtenida del Registro Público del Comercio, RPC, de la Secretaría de Economía, los tres figuran como propietarios de las empresas Migac Productos y Servicios, Ingeniería y Construcciones RCG y Calajer Suministros.
La ruta del dinero comenzó con Carlos Daniel Galván Figueroa. En septiembre de 2024, el Conalep le asignó el contrato DGCyOP/DA/DC/1808/2024, por 997 mil 119 pesos, para suministrar papelería y útiles de escritorio. Nada extraordinario, dirán. El detalle es que aquella primera venta de plumas, hojas y demás mercancía burocrática sería apenas la puerta de entrada a una cadena de contratos que después abarcaría insumos médicos, químicos para agua y obras públicas.
En diciembre de ese mismo 2024, la red reapareció, ahora a través de Migac Productos y Servicios, empresa propiedad de Rolando Guadalupe Galván Figueroa. Sólo durante ese mes, la Secretaría de Salud le entregó 20 millones 545 mil 409 pesos.
El primer contrato fue el SST/SAF/DJ/DCyC/0219/2024, destinado al suministro de jeringas. El segundo fue el SST/SAF/DJ/DCyC/0214/2024, para la compra de material de curación. En otras palabras, mientras una empresa ligada a la red surtía insumos que tienen impacto directo en los servicios de salud, el engranaje familiar ya se movía en otro frente de la administración estatal.
Porque mientras en el edificio ubicado en el 17 Guerrero y Bravo se pactaban esos contratos de Salud, la Secretaría de Obras Públicas le asignaba simultáneamente dos obras a Ingeniería y Construcciones RCG, otra empresa vinculada a la misma red. Ambos contratos fueron entregados el 17 de diciembre de 2024, por un monto conjunto de siete millones 839 mil 140 pesos.
El contrato SOP-IE-EP-287-24I inició el 20 de diciembre de 2024 y tuvo como objeto la rehabilitación del Panteón de la Cruz. Apenas un día después, el 21 de diciembre, entraría en vigor el contrato SOP-IE-EP-290-24D, para la rehabilitación de diversas áreas al interior del Palacio de Gobierno.
Así que mientras una parte de la red facturaba jeringas y material de curación, otra recibía contratos para intervenir un panteón y las oficinas donde despacha el poder estatal. Si esto fuera un giro comercial ordinario, habría que reconocerles una versatilidad de campeonato; pero al tratarse de recursos públicos, lo que corresponde no es aplaudir la elasticidad del negocio, sino preguntar por los criterios de contratación, la experiencia técnica acreditada y los controles que permitieron semejante abanico de adjudicaciones.
Seis meses después, el esquema se repitió. Carlos Daniel Galván Figueroa recibió la asignación de una obra pública en la colonia Adriana González, en el municipio de Madero, por dos millones 825 mil 653 pesos. La red no sólo vendía bienes a dependencias estatales: también se expandía al negocio de la infraestructura municipal.
La siguiente parada fue el agua. El 18 de julio de 2025, la Secretaría de Recursos Hidráulicos para el Desarrollo Social autorizó a Calajer Suministros la proveeduría de productos químicos y equipos para la desinfección de agua, mediante el contrato DGCyOP/105/2025, por dos millones de pesos.
Es decir, la misma red que ya había pasado por papelería, jeringas, material de curación, rehabilitación de panteones, intervención en Palacio de Gobierno y obra pública en Madero, también se incorporó a los contratos de productos químicos y equipo para garantizar la desinfección del agua. El catálogo gubernamental, al parecer, no conoce límites cuando la puerta de las asignaciones permanece abierta para los mismos beneficiarios.
Después llegó el turno de la Secretaría de Seguridad Pública. El 28 de agosto de 2025, la dependencia entregó seis millones 88 mil 32 pesos para el suministro de medicamento. Y sólo unos días más tarde, la misma SSP acordó pagar siete millones 25 mil 450 pesospor papelería y útiles de escritorio a Carlos Daniel Galván Figueroa.
El dato no es menor: mientras José Ernesto Calanda Quintanilla figura como propietario de Calajer Suministros, Carlos Daniel Galván Figueroa, beneficiario del contrato de papelería de la SSP, es hermano del cuñado de Calanda. Una red familiar que se reparte razones sociales, contratos, rubros y millones con una soltura que debería provocar, como mínimo, la curiosidad de los órganos internos de control y de quienes presumen que en Tamaulipas se administra con pulcritud.
En menos de un año y medio, los Galván-Calanda lograron diversificar sus giros comerciales y sumar más de 47 millones de pesos de recursos públicos mediante asignaciones simultáneas en varias dependencias. Papelería para Conalep, jeringas y material de curación para Salud, obras para la SOP, una obra en Madero, químicos y equipo de desinfección de agua para la SRHDS, además de medicamentos y útiles de escritorio para la SSP.
La pregunta no es si una empresa puede cambiar de giro. En México cualquiera puede ampliar su objeto social. La pregunta es por qué la administración de Américo Villarreal encontró, una y otra vez, respuestas para necesidades tan distintas dentro de la misma red familiar. ¿Quién evaluó la capacidad técnica de cada proveedor? ¿Quién verificó que las empresas y personas físicas contaran con experiencia real para cada contrato? ¿Qué procedimientos de contratación se siguieron? ¿Hubo competencia efectiva? ¿Qué áreas autorizaron las asignaciones? ¿Y qué harán ahora los órganos de control frente a expedientes que exhiben una ruta de recursos públicos tan diversa como convenientemente concentrada?
El gobernador Américo Villarreal puede optar por guardar silencio, fingir que se trata de operaciones aisladas de sus dependencias o dejar que los funcionarios se escondan detrás de tecnicismos administrativos. Pero los contratos no se firman en el vacío, los expedientes no se integran por generación espontánea y los más de 47 millones de pesos no salen del bolsillo de los Galván-Calanda: salen del presupuesto público.
Morena llegó al poder prometiendo acabar con las redes de privilegio, los proveedores consentidos y el negocio de siempre disfrazado de gobierno. Pero cuando una misma familia puede aparecer en la compra de papelería, medicamentos, jeringas, químicos, obras públicas, panteones y Palacio de Gobierno, lo que aflora no es una transformación: es una administración convertida en mostrador de contratos, donde el proveedor de confianza parece vender cualquier cosa, con tal de que el presupuesto siga abierto.
La Expresión en Red, señala que la investigación se sustentó en contratos, registros públicos y documentos oficiales, y anticipó que se trata de la primera parte de la cobertura y que el caso continuará con nuevas actualizaciones.
Con información: LA EXPRESION EN RED/
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