En el México «moreno cuatritransformado», el cinismo ya ni siquiera se disfraza: se administra en nómina. Ahí está el caso del Senador Enrique Inzunza perseguido por narco por EE.UU, cobrando íntegra su dieta como si nada, como si las acusaciones que pesan sobre él fueran simples rumores de sobremesa y no señalamientos graves que ameritarían, en cualquier democracia funcional, al menos un mínimo de pudor político.
Porque aquí no hablamos solo de legalidad —ese recurso cómodo al que suelen aferrarse—, sino de decencia. De ética pública. De ese concepto olvidado que implicaría que un servidor público, bajo sospecha de vínculos con el narco, tuviera la dignidad de apartarse mientras se aclara su situación. Pero no: en el Senado mexicano parece que la consigna es cobrar primero, explicar después… o nunca.
El detalle de que la UIF le haya congelado cuentas y que aun así el Senado encuentre la manera de pagarle vía cheques no es un tecnicismo administrativo; es un retrato brutal de cómo se tuercen las instituciones para proteger a los suyos. Cuando el sistema quiere funcionar, funciona. Y cuando quiere encubrir, también.
¿Y el trabajo? Bien, gracias. Porque lo más insultante no es solo que cobre, sino que lo haga sin rendir cuentas visibles, sin actividad que justifique el sueldo que sale del bolsillo público. Es el privilegio elevado a política de Estado: cobrar sin trabajar, resistir sin explicar, permanecer sin responder.
El mensaje es claro y profundamente corrosivo: en México, las acusaciones graves no son obstáculo para seguir en el cargo… ni para seguir cobrando. La vara no está baja; está enterrada.
Con información: ELUNIVERSAL/
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