Un capitán de la Secretaría de Marina, Christian Tello, fue asesinado por un artefacto explosivo mientras encabezaba un operativo de resguardo para un colectivo de madres buscadoras en la zona rural de Mazatlán, entre El Recodo y El Tecomate de Siqueros. Dos elementos más resultaron heridos —y una tercera lesión ronda en el terreno de lo no confirmado, como suele pasar cuando la información también se fragmenta bajo presión.
El dato que incomoda no es solo el ataque, sino el contexto: militares protegiendo a civiles que buscan restos humanos en su propio país. Y aun así, el perímetro no alcanza. La violencia no solo disputa territorios; también disputa la posibilidad misma de buscar a los desaparecidos.
El ataque, presuntamente con explosivos improvisados —un recurso que empieza a dejar de ser excepcional en México—, marca un punto de inflexión en la degradación del conflicto. Ya no se trata únicamente de balaceras o emboscadas: el uso de minas o artefactos similares revela tácticas más cercanas a escenarios de guerra irregular que a la narrativa oficial de “incidencia delictiva”.
Tello murió en traslado, en una ambulancia que no llegó a tiempo a Mazatlán. Sus compañeros, Jesús Alberto “N” y Jesús Adrián “N”, fueron estabilizados primero en Villa Unión y luego trasladados bajo resguardo. La escena posterior incluye lo de siempre: refuerzos, helicópteros, perímetros ampliados… y tres presuntos agresores muertos hallados horas después en el monte, en circunstancias todavía envueltas en versiones extraoficiales.
Este no es un episodio aislado. En marzo, en Pánuco, Concordia, otro artefacto explosivo —descrito como mina antipersonal— ya había herido a un militar. Lo que antes era nota roja ahora empieza a perfilarse como patrón.
Mientras tanto, las madres siguen excavando.
Y esa es la imagen más brutal: en México, buscar a un hijo desaparecido implica ir escoltado por fuerzas armadas… y aun así, pisar terreno minado.
Con información: ELNORTE/
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