La procuración de justicia en México no “ha sido uno de los eslabones más frágiles del Estado”; ha sido, en demasiados casos, su coartada perfecta. La distancia entre la ley y la realidad no es una herida abstracta: es una política tolerada, administrada y, a veces, convenientemente ignorada. La impunidad no apareció por generación espontánea ni por “inercias históricas”; es el resultado de decisiones concretas —o de la ausencia deliberada de ellas— dentro de instituciones que hoy prometen reinventarse.
Decir que la justicia “no es un privilegio, sino un derecho” suena bien en el papel, pero en la práctica mexicana sigue operando como un bien escaso, condicionado por poder, dinero o utilidad política. Romper inercias no es redactar planes estratégicos; es procesar a quienes las sostienen, empezando por dentro.
En el llamado Plan Estratégico de Procuración de Justicia 2026–2029 recien echado a andar por Ernestina Contreras, Fiscal General de la Republica (FGR) ,afirma colocar a las víctimas en el centro. La pregunta incómoda es inevitable: ¿cuándo dejaron de estar en la periferia? Porque durante años, la víctima ha sido expediente, estadística o estorbo procesal. Hablar de verdad, justicia y reparación como “componentes inseparables” contrasta con un historial donde la verdad se negocia, la justicia se posterga y la reparación rara vez llega.
La Fiscalía promete abandonar un modelo “reactivo, fragmentado y burocrático”. Sin embargo, ese modelo no es un error técnico: es el reflejo de una institución que ha funcionado más como administradora de conflictos que como garante de derechos. Sustituir palabras —de “inercia” a “inteligencia”— no sustituye resultados. La inteligencia, por cierto, no se decreta: se construye con autonomía real, capacidades técnicas verificables y, sobre todo, voluntad política para tocar intereses.
Se reconoce que el fenómeno criminal es complejo, estructurado y dinámico. Nada nuevo bajo el sol. Lo novedoso sería ver investigaciones que desmantelen redes completas en lugar de producir detenciones selectivas, mediáticamente rentables pero estructuralmente inútiles. Apostar por evidencia científica suena correcto; el problema es cuando la evidencia incomoda narrativas oficiales y termina archivada.
La transformación “ética” que se invoca —erradicar corrupción, opacidad e indiferencia— es, en rigor, una admisión de que esos vicios siguen vivos dentro de la institución que promete combatirlos. La integridad no es una aspiración declarativa; es una práctica comprobable. Y la transparencia no se mide en discursos, sino en acceso real a información, en auditorías independientes y en consecuencias para quienes fallan.
Cada carpeta de investigación representa, sí, una historia. Pero también representa un termómetro de la institución: cuántas se judicializan, cuántas se caen, cuántas se congelan. Recuperar la “sensibilidad institucional” suena loable, aunque insuficiente si no viene acompañada de eficacia procesal. Escuchar sin resolver es otra forma de simulación.
El Plan Estratégico asegura que la Fiscalía “reconoce sus desafíos” y “asume su responsabilidad”. Falta el paso que históricamente se ha evitado: asumir costos. Porque transformar la procuración de justicia en México no depende de redactar mejores diagnósticos, sino de romper pactos de impunidad, incluso —y sobre todo— cuando esos pactos atraviesan al propio Estado.
Si la justicia deja de ser promesa y se vuelve realidad, no será por la fuerza de un documento, sino por la evidencia verificable de que la ley se aplica sin excepción. Hasta entonces, el riesgo es que este plan se sume a la larga lista de compromisos impecablemente redactados y sistemáticamente incumplidos.
Asi lo dice la Fiscal:
La procuración de justicia en México ha sido durante décadas, uno de los eslabones más frágiles del Estado. La distancia entre la ley y la realidad ha generado una herida persistente: la impunidad. Por ello, asumir que la justicia no es un privilegio, sino un derecho, implica romper con inercias históricas y reconstruir desde sus cimientos la función del Estado frente a las víctimas.
El Plan Estratégico de Procuración de Justicia 2026–2029 parte de una premisa fundamental: colocar a las víctimas en el centro, como eje rector de toda acción institucional. En este sentido, la verdad, la justicia y la reparación del daño son componentes inseparables de una misma obligación ética y jurídica. Cuando el Estado investiga, no solo busca sancionar; busca restituir, dignificar y reconstruir.
Con esta convicción, la Fiscalía General de la República abandona un modelo reactivo, fragmentado y burocrático, para dar paso a una lógica estratégica, basada en inteligencia, coordinación y análisis científico. Este tránsito —de la fragmentación a la inteligencia, de la inercia a la acción— es estructural. La justicia no puede seguir siendo entendida como un trámite o una estadística, sino como el cimiento de la democracia y del contrato social. Cuando falla, no solo se vulnera a la persona: se debilita el tejido entero de la sociedad.
La reingeniería institucional que expone el Plan reconoce, además, la complejidad del fenómeno criminal contemporáneo. Ya no se trata de delitos aislados, sino de estructuras dinámicas, articuladas, que requieren respuestas igualmente sofisticadas. De ahí la apuesta por un modelo de investigación sustentado en evidencia científica, trabajo multidisciplinario y coordinación interinstitucional.
Esta transformación, también es ética. Implica erradicar prácticas que durante años minaron la confianza ciudadana: la corrupción, la opacidad, la indiferencia. Una Fiscalía que aspire a ser justa debe ser, primero, íntegra. Por esto, la transparencia y la rendición de cuentas son condiciones indispensables para recuperar legitimidad. En el fondo, lo que está en juego es la capacidad del Estado mexicano para responder a la demanda histórica de que la justicia deje de ser una promesa y se convierta en una realidad tangible.
Cada carpeta de investigación representa una historia, un agravio y una expectativa legítima de respuesta. Fortalecer la procuración de justicia implica, por tanto, no solo perfeccionar procedimientos, sino recuperar la sensibilidad institucional: escuchar con seriedad, actuar con responsabilidad y garantizar que cada decisión tenga como horizonte la dignidad humana. Se trata de una justicia que encuentra su sentido en servir al pueblo y que da sustento real a la misión de garantizar acceso efectivo a la justicia y a la visión de consolidar una institución íntegra, eficaz y humana.
Con el Plan Estratégico de Procuración de Justicia, la Fiscalía General de la República reconoce sus desafíos, asume su responsabilidad y decide emprender la ruta de la transformación, para que la justicia deje de ser una aspiración y se convierta en un mandato ineludible frente al pueblo; para que la Ley deje de ser privilegio, sino garantía para todas y todos.
Fiscal general de la República
Con informacion: ELUNIVERSAL+/
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