En el teatro de la soberanía selectiva —esa que se invoca con solemnidad cuando conviene y se archiva en la gaveta cuando estorba— el oficialismo Moreno y el aparato legislativo a su servicio, ha decidido montar una función donde la muerte es apenas un daño colateral narrativo, un detalle incómodo que se barre bajo la alfombra para no interrumpir el discurso central: la supuesta afrenta a la patria por la presencia de agentes extranjeros que ya quedo claro estaban en las inmediaciones de la escena que combate al narco desmantelando narcolaboratorios que «desmantelan miles de vidas de este y el otro lado de la frontera».
Porque aquí no se discute, en el fondo, la infausta muerte —de miembros de una embajada, un jefe policiaco, un subordinado— sino el atrevimiento de haber cooperado sin pedir permiso al catecismo político de la 4T que se trasformo en adiciónes a la retrograda Ley de Seguridad Nacional que si la atendemos y entendemos a rajatabla, el gobierno en turno y su estratega han violado sistemáticamente al incumplir con lo dispuesto en su artículado y que en todo caso,tambien habrían violado la ley.
La indignación no brota por la violencia, sino por la intromisión. La sangre pasa a segundo término; la soberanía, en cambio, se convierte en bandera, aunque esté cuidadosamente maquillada para proteger intereses que rara vez coinciden con los de la seguridad pública y con demasiada frecuencia rozan la conveniencia del ecosistema criminal.
Conviene recordar —y aquí el alegato exige precisión quirúrgica— que estamos frente a materia regulada por la Ley de Seguridad Nacional, un ordenamiento que no admite interpretaciones caprichosas ni usos facciosos.
Dicha ley establece con claridad los supuestos de cooperación internacional en materia de seguridad, así como los mecanismos de coordinación con agencias extranjeras. No es un terreno de improvisación política, sino de legalidad estricta. Y, sin embargo, es precisamente ese marco el que el propio oficialismo ha tensado, reinterpretado y, en ocasiones, abiertamente vulnerado cuando la narrativa así lo ha requerido.
Resulta entonces jurídicamente insostenible —por no decir abiertamente hipócrita— que hoy se pretenda erigir un escándalo institucional por hechos que, en otros contextos, han sido tolerados, promovidos o discretamente encubiertos por las mismas fuerzas políticas que ahora rasgan vestiduras. La ley no puede ser invocada como arma arrojadiza ni como escudo selectivo; su aplicación debe ser general, coherente y, sobre todo, consistente en el tiempo.
En este contexto emerge el punto de acuerdo promovido por la bancada de Morena en el Senado, que busca llamar a comparecer a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, y al fiscal César Jáuregui. La acusación: haber permitido la participación de agentes estadounidenses en un operativo antinarco. La premisa: una supuesta violación a la legalidad. El trasfondo: una disputa política revestida de formalidad jurídica.
El procedimiento, por supuesto, avanza con la previsibilidad de una mayoría disciplinada: turno a comisiones, dictamen expedito, aprobación en el pleno antes del cierre del periodo. Una coreografía parlamentaria que apunta más a la escenificación que al esclarecimiento. Porque si de verdad se tratara de un examen serio de constitucionalidad, la lupa tendría que ampliarse mucho más allá de Chihuahua.
Y ahí es donde el argumento opositor —convenientemente incendiario, pero no por ello carente de sustancia— introduce una variable incómoda: la selectividad. Si la vara es la legalidad en materia de seguridad nacional, entonces la lista de comparecencias no puede limitarse a una gobernadora panista. La consistencia exigiría revisar actuaciones de múltiples entidades, incluidas aquellas gobernadas por Morena, donde la línea entre cooperación, omisión y tolerancia ha sido, en el mejor de los casos, difusa.
La analogía de Poncio Pilatos, traída al debate por Ricardo Anaya, no es jurídicamente elegante, pero sí políticamente eficaz: lavarse las manos transfiriendo responsabilidad a un actor opositor mientras se evita una revisión integral del fenómeno. Y ese, precisamente, es el núcleo del problema.
Porque al final, lo que se está litigando en la arena pública no es solo la presencia de agentes extranjeros, sino el control del relato: quién define qué es soberanía, cuándo se viola y, sobre todo, a quién se le exige rendir cuentas. Mientras tanto, la violencia real —la que produce cadáveres y descompone territorios— queda subordinada a una disputa de competencias que, paradójicamente, termina beneficiando a quienes operan mejor en la ambigüedad: las estructuras criminales.
Así, entre exhortos legislativos y comparecencias anunciadas, la soberanía se convierte en un concepto elástico, útil para el discurso pero incapaz de ofrecer respuestas efectivas. Y la ley, esa que debería ser el ancla del Estado, termina utilizada como instrumento retórico en una batalla donde la prioridad no es la justicia, sino la conveniencia política.
Con informacion: ELNORTE/
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Tu Comentario es VALIOSO: