En Jonuta, Tabasco, la seguridad pública decidió hacer lo que rara vez hace una institución: admitir que no puede con el paquete… y señalar por qué. Este miércoles, elementos de la Dirección de Seguridad Pública municipal tomaron el Palacio Municipal, no como acto de rebeldía gratuita, sino como última escala tras estrellarse contra la indiferencia administrativa de la alcaldesa morenista María Soledad Villamayor Notario.
El mensaje es simple: no hay condiciones para trabajar, pero sí hay simulación para reportar que todo funciona.
Los policías suspendieron labores, cerraron el edificio y se plantaron. No por capricho, sino porque —según denuncian— el diálogo con el Ayuntamiento se agotó sin resultados. Lo que piden no es sofisticado: uniformes, equipo básico y un salario que no raye en lo ofensivo. Es decir, lo mínimo para no jugar a la seguridad pública con recursos de utilería.
La radiografía operativa es todavía más incómoda: 11 patrullas inservibles. Once. En un municipio donde la vigilancia se está haciendo, literalmente, a pie. Mientras tanto, la delincuencia —particularmente el robo de ganado— encuentra terreno fértil en una policía sin movilidad. Traducido: el Estado llega tarde, mal o simplemente no llega.
Pero el dato que enciende las alertas no está en lo que falta, sino en lo que “sobra” en los reportes: hasta 70 litros de gasolina diarios, pese a que casi no hay patrullas funcionando. Una ecuación sencilla que no cuadra. O las unidades sí operan —pero nadie las ve— o el combustible tiene un destino más creativo que la seguridad pública. En cualquier caso, el rastro huele a desorden administrativo… o algo peor.
El pliego petitorio incluye también algo que en cualquier institución medianamente funcional sería estándar: jornadas de 24 por 48 horas. Hoy, dicen, los turnos son “inhumanos”, lo que no solo afecta a los policías, sino al desempeño mismo de las labores preventivas. Un detalle menor… si uno ignora que se trata de la primera línea frente al crimen.
Ante el silencio municipal, los elementos escalaron el conflicto: piden la intervención directa del gobernador Javier May Rodríguez y de la presidenta Claudia Sheinbaum, específicamente para auditar el uso del Fortamun, ese fondo federal destinado —en teoría— a fortalecer a los municipios. La pregunta es obligada: ¿fortalecer qué, exactamente?
La toma del Palacio ya tuvo efectos inmediatos: personal desalojado, servicios suspendidos y un municipio en pausa administrativa. Todo mientras la inseguridad sigue su curso habitual, sin burocracia que la detenga.
En redes sociales, los ciudadanos no maquillan el problema:denuncian robo de ganado, ausencia total de patrullas y una policía rebasada. El reclamo es directo: o aparece la autoridad… o que la alcaldesa dé la cara y explique el desorden.
Hasta ahora, el Ayuntamiento guarda silencio. Ni postura, ni aclaración, ni intento de control de daños. Del otro lado, los policías advierten que no se moverán hasta tener garantías reales: condiciones laborales dignas y equipo para trabajar.
En Jonuta, la crisis ya no es solo de seguridad. Es de credibilidad. Y cuando una policía decide tomar el Palacio Municipal para exigir lo básico, el problema dejó de ser operativo para convertirse en estructural.
Con informacion: ELNORTE/
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