De acuerdo al registro más reciente del Registro Nacional de Personas Desparecidas No Localizadas (RNPDNLO) Sinaloa acumula ya 7,170 personas desaparecidas (…hasta las 02:57 hrs) , una cifra que ya no describe una crisis, sino una forma de gobierno que se replica en Tamaulipas con 13 mil 746 victimas, aunque apenas el dia 22 de abril en que fue levantado un presunto lugarteniente del CDG en Reynosa,eran 725.
Entre el 9 de septiembre de 2024 y el 24 de abril de 2026, en plena guerra de bandos de la misma banda en Sinaloa, se sumaron 3,674 ausentes, más de la mitad del historial en apenas año y medio de “paz” administrada por Ejército, Marina, Guardia Nacional y el sesudo estratega Omar García Harfuch.
Pero mientras las cifras se disparan, el discurso oficial sigue en modo autoelogio: hablan de coordinación + inteligencia, mesas de seguridad, ‘operativos’, diagnósticos y estrategias, pero el dato duro es sencillo: nunca se había desaparecido tanta gente en tan poco tiempo bajo tanta presencia militar.
La escena: buscadoras vs ventanilla blindada
En Concordia, las buscadoras de Mazatlán hicieron lo que el Estado no: ir al monte a buscar restos, no encuestas.
Cuando terminaron la jornada, fueron a encarar a Karina Márquez, titular de la Comisión Estatal de Búsqueda, y a Patricia Figueroa, subsecretaria de Derechos Humanos; las dos iban cómodas, escoltadas por Ejército y policías, encapsuladas en una camioneta que terminó siendo metáfora: cristales arriba, puertas cerradas, cero respuesta.
Las madres bloquearon por unos minutos el convoy militar y policial; del otro lado del vidrio, las funcionarias se negaron a bajar o siquiera a bajar la ventanilla, ni para ellas ni para periodistas que intentaron entrevistarlas.
Al final, el convoy se fue con sus armas largas y sus camionetas oficiales, y las buscadoras regresaron a casa en una troca de redilas rentada, sin escolta, sin apoyo y sin Estado, salvo en los discursos.
La guerra de bandos de la misma banda
Sinaloa no está atrapado entre dos proyectos de país, sino entre dos gerencias del mismo consorcio criminal peleándose la franquicia.
Desde septiembre de 2024 la confrontación interna del Cártel de Sinaloa desató una narcoguerra que multiplicó las desapariciones, con jóvenes como principal materia prima de este experimento de limpieza social mal disimulada.
La cifra de desaparecidos se disparó en 2025, el año con más desapariciones en la historia reciente del estado, con más de dos mil casos formales y picos mensuales que desnudan el cuento de la “contención” y la “estrategia focalizada”,esto es un fracaso con esteroides.
A eso hay que suamr las víctimas que jamás llegan al registro porque en Sinaloa el miedo también desaparece denuncias, y el nuevo sistema federal de registros ha sido acusado de borrar o minimizar casos como los mineros secuestrados en La Concordia.youtube+1registros-desaparecidos.
La estrategia: mucho uniforme, cero Estado
El operativo del día en El Verde lo resume todo: Ejército, policías estatales y Secretaría de Seguridad protegiendo a las funcionarias del reclamo de las víctimas, no a las víctimas del crimen.
La camioneta blindada de la burocracia de derechos humanos circula con escolta, mientras las madres que excavan fosas viajan en una camioneta de redilas que tuvieron que rentar, sin gasolina oficial, sin viáticos y sin respaldo institucional.
La supuesta estrategia federal, estatal y militar presume coordinación interinstitucional, pero en el territorio lo que hay es tercerización: el Estado administra mesas y oficios; las familias administran picos, palas y bolsas negras.
Nunca hubo tanto uniforme para tan poca protección: hay convoy para sacarlas del camino cuando estorban la foto, pero no hay patrulla para escoltarlas cuando van a buscar restos humanos en un estado gobernado de facto por la misma banda que se matan entre sí.
Sinaloa SA de CV: desaparecidos como costo operativo
En la contabilidad fría, 7,170 desaparecidos y 3,674 sólo en la guerra de bandos equivalen a más de la mitad del horror histórico concentrado en año y medio, bajo un régimen que jura que está “pacificando” el país.
Lo que para las familias son vidas arrancadas, para la burocracia son variables, gráficas y “expedientes en trámite”; para el crimen organizado, simple rotación de personal en una empresa que se permite el lujo de desaparecer a su gente a plena luz, sin que el Estado rompa contrato.
Si el éxito de una estrategia se mide en resultados, el saldo es brutal en favor del crimen: récord de desapariciones, colectivos cada vez más grandes y gobiernos cada vez más encerrados en sus camionetas, bajando la ventana sólo cuando hay ceremonia, informe o foto oficial.
En Sinaloa, la verdadera política de desaparición no está en los planes nacionales de seguridad, sino en esa escena exacta: las buscadoras bloqueando el convoy para que las escuchen y el gobierno respondiendo con el cristal arriba.
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