México tiene una especialidad institucional: capturar peces medianos para después meterlos en una pecera sin micrófono. Ni cantan, ni delatan, ni incomodan. Se apagan. Y con ellos, se apaga la posibilidad de entender cómo opera realmente la maquinaria del delito… y quién la engrasa desde arriba, desde las mismas instituciones.
El caso del contralmirante Fernando Farías —detenido en Argentina por su presunta participación en una red de contrabando de hidrocarburos— es incómodo no por lo que ya se sabe, sino por lo que podría saberse si alguien cometiera la osadía de dejarlo hablar. Porque aquí no estamos frente a un huachicolero de manguera y bidón, sino ante un esquema que, según señalamientos públicos, habría involucrado puertos, aduanas, empresas fachada y protección institucional de alto nivel. Es decir: crimen organizado con membrete y uniforme.
Y ahí es donde México y Estados Unidos juegan deportes distintos. Allá, al capo se le exprime: acuerdos de culpabilidad, reducción de condenas, protección a cambio de nombres, rutas, cuentas, complicidades. El objetivo no es solo castigar al individuo, sino desmantelar la red completa. Aquí, en cambio, la tradición es más elegante: aislamiento, opacidad y expedientes que engordan… sin salpicar a nadie relevante.
¿Qué obtendrían los ciudadanos si México replicara el modelo de “hazlo hablar”? Algo peligrosísimo para el statu quo: trazabilidad del poder.
- Nombres propios, no “redes” abstractas: quién autorizó, quién omitió, quién cobró.
- Rutas del dinero: de las pipas a las cuentas, y de ahí a campañas, contratos o favores políticos.
- Cartografía institucional del delito: qué áreas de Marina, Aduanas o seguridad fueron infiltradas o cooptadas.
- Jerarquías reales: quién daba órdenes y quién solo obedecía… o fingía no ver.
En el caso Farías, sobrino consentido de ex-Secretario de Marina, eso significaría responder preguntas que hoy flotan como sospecha: ¿cómo se movieron 31 buques sin complicidad sistémica?, ¿qué mandos validaron operaciones?, ¿qué empresas sirvieron de fachada?, ¿quién protegía desde tierra mientras el combustible cruzaba mar y aduanas como si nada?
Pero claro, dejar hablar tiene efectos secundarios: rompe pactos de impunidad. Y ahí es donde el sistema mexicano entra en alergia severa. Porque si el detenido habla, ya no alcanza con sacrificar a dos marinos y archivar el escándalo como “caso aislado”. Se abre la puerta a lo que legisladores —con más esperanza que antecedentes— exigen: que “caigan los de arriba” y eso incluye gobernadores en activo.
El problema es que en México el silencio también se administra. No es solo carcelario; es político. Los tiempos de traslado que se alargan misteriosamente, las escalas innecesarias, las negociaciones en la sombra, los expedientes que se desinflan al llegar a cierto apellido. El mensaje implícito es claro: hablar no conviene, ni para el detenido ni para quienes deberían escucharlo.
Mientras tanto, la estadística del huachicol fiscal retrata la farsa: incautaciones espectaculares sin detenidos proporcionales, operativos que decomisan combustible pero no desmantelan estructuras, y un balance donde la impunidad se mide —con precisión quirúrgica— por litro. Mucho show, poca consecuencia.
Y en ese contexto, resulta casi irónico celebrar detenciones como si fueran victorias definitivas. Son apenas la antesala. El verdadero parteaguas sería que el detenido no llegue mudo a México. Que no se convierta en otro expediente sellado, otro nombre que se diluye, otra pieza que nunca conecta con el tablero completo.
Porque si algo ha demostrado el modelo estadounidense —aun y con todos sus excesos— es que los imperios criminales no caen por decomisos, sino por confesiones. No por la foto del detenido, sino por la lista que entrega.
México, en cambio, sigue apostando por el silencio como política pública. Y el silencio, en un país donde el delito necesita permiso para escalar, no es neutral: es complicidad administrada.
Así que la pregunta no es si Farías es culpable o inocente. La pregunta es si lo van a dejar hablar. Y más importante aún: si alguien en el poder está dispuesto a escuchar… aunque se caiga la narrativa, aunque se rompa el pacto, aunque los nombres ya no quepan en un boletín y los señalamientos lleguen hasta la ralea de un ex-presidnete que se fue a descansar a La Chingada,pero antes nos dijo que las grandes transas llevaban el visto bueno del Presidente y tenia razón.
Porque ahí sí, se acabaría el atole con el dedo.
Con informacion: ELNORTE/
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