En el México oficial, el combate al huachicol es un “logro estratégico”. En el México real, alguien perfora un ducto de Pemex cada 50 minutos. Sí: menos de lo que dura una película mediocre de streaming. Así se fue 2025, con 10 mil 591 tomas clandestinas registradas por la propia petrolera del Estado. No es percepción: es estadística oficial.
La narrativa gubernamental presume una reducción del 10 por ciento respecto a 2024. La realidad, menos cómoda, muestra otra cosa: el delito no desaparece, se muda, se adapta y se especializa. Como cualquier mercado criminal exitoso… o como cualquier política pública fallida.
Hidalgo sigue siendo la capital nacional del saqueo energético, con 2 mil 785 perforaciones. Traducido: ahí no hay combate, hay industria. El Estado de México tampoco se queda atrás, con un aumento de 18.2 por ciento, mientras Baja California confirma que el huachicol ya no es problema regional, sino franquicia nacional.
Pero el dato que desmonta cualquier discurso triunfalista está en el gas LP: mientras el gobierno vigila ductos de gasolina, el crimen simplemente cambió de producto. Las tomas clandestinas de gas crecieron 21.83 por ciento en un año. En entidades como Hidalgo (mil 600 por ciento de aumento) y Guanajuato (337.5 por ciento), el mensaje es claro: no se está conteniendo el delito, se le está abriendo mercado.
Puebla y el Estado de México completan el mapa de esta expansión silenciosa, donde el huachicol deja de ser sólo ordeña de gasolina para convertirse en un negocio diversificado, con nuevas rutas, nuevos actores y la misma ausencia del Estado.
Denunciar mucho, castigar poco
El otro gran ducto perforado es el de la justicia. Entre 2010 y 2025, Pemex denunció a 2 mil 108 personas por robo de hidrocarburos. ¿Cuántas fueron procesadas? 849. Apenas el 40 por ciento.
En cualquier lógica mínimamente funcional, eso sería un escándalo institucional. En México, es estadística rutinaria.
Tan sólo en 2024 y 2025 hubo 9 mil 922 denuncias por este delito. El sistema judicial, sin embargo, opera como filtro de impunidad: deja pasar la mayoría de los casos sin consecuencias reales. Así, el huachicol no sólo es rentable por el combustible robado, sino por el bajo riesgo penal.
Y como en toda estructura criminal que se respeta, la infiltración interna no es excepción sino regla: en 15 años, apenas 51 trabajadores o ex trabajadores de Pemex han sido procesados por su probable participación. Una cifra que suena más a control de daños que a depuración institucional.
La simulación como política energética
El problema no es sólo el número de tomas clandestinas. Es el modelo: operativos mediáticos, reducción marginal de cifras y una incapacidad estructural para desmantelar redes que llevan años —y sexenios— funcionando.
Cada perforación no sólo drena combustible: evidencia la fragilidad del Estado, la complicidad local y la inutilidad de una estrategia que confunde contención con éxito.
Porque mientras el gobierno celebra que bajó el número total, el crimen organizado celebra algo más importante: sigue en el negocio, gana terreno en nuevos mercados y, sobre todo, casi nunca paga por ello.
Con informacion: ELNORTE/
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