Si alguien todavía cree que la estrategia de seguridad funciona, esta o la anterior, basta asomarse a un dato incómodo: entre 2015 y 2025, las carpetas de investigación por extorsión crecieron 61.2%. Pasamos de 5,803 a 9,357 casos. Y eso —como suele ocurrir en este país de simulaciones— es apenas la punta del iceberg.
Porque no, no es que el delito esté “contenido” o “en vías de estabilización”, como le gusta decir a los voceros cuentachiles de las mañaneras de seguridad. Es que la extorsión, ese crimen silencioso y cotidiano, se disparó mientras otros delitos más mediáticos bajaban lo suficiente como para maquillar conferencias mañaneras.
El diagnóstico del Programa de Seguridad Ciudadana de la Ibero lo dice sin rodeos: este delito no solo crece, se consolida como uno de los más extendidos… y más invisibles.
Invisible, claro, porque entre el 96% y el 97% de los casos ni siquiera se denuncian. Es decir, las 9,357 carpetas abiertas en 2025 representan apenas el 3% de la realidad. Traducido al castellano llano: el Estado tiene registro de una mínima fracción del problema que dice combatir.
Pero el verdadero giro de tuerca no está en la cifra, sino en la sofisticación del negocio. El famoso “cobro de piso” ya no es una amenaza aislada: es un sistema. Un esquema donde grupos criminales compiten por ofrecer “protección” —una especie de mercado negro de seguridad privada, donde el cliente no elige y el contrato se firma bajo amenaza de bala.
Mientras tanto, el 84.1% de las extorsiones siguen siendo telefónicas, ese viejo truco que el gobierno lleva años prometiendo erradicar desde las cárceles… sin lograr siquiera controlar las líneas que salen de sus propios penales. Porque sí, muchas de esas llamadas nacen desde centros penitenciarios que, en teoría, están bajo custodia del Estado.
En el mundo empresarial, la historia es aún más grotesca. La extorsión es el delito más frecuente contra negocios: 1,562 eventos por cada 10 mil empresas. Una cuarta parte de los delitos que enfrentan quienes intentan trabajar en este país. Y cada evento cuesta en promedio 8,967 pesos. Poco, dirán algunos. Hasta que se vuelve cuota semanal, mensual o permanente. Ahí ya no es pérdida: es sangría.
Y si alguien piensa que todo esto ocurre sin violencia, conviene ajustar la narrativa. El 40% de las extorsiones presenciales involucran armas de fuego. Armas que, por cierto, no se fabrican solas. Fluyen —según estimaciones— en más de 200 mil piezas anuales desde Estados Unidos, alimentando el músculo coercitivo de los grupos criminales mientras la cooperación binacional se queda en discursos diplomáticos.
La cereza del pastel es la desconfianza institucional. Denunciar no solo es inútil: puede ser peligroso. Muchas víctimas saben que acudir a la autoridad equivale a exponerse a represalias o, peor aún, a confirmar que nadie va a protegerlas. En ciertos esquemas de extorsión, denunciar es prácticamente firmar la siguiente amenaza,la de muerte o levanton que equivale a muerte,otro rubro donde también estamos bien jodidos.
¿Y la respuesta del gobierno? En 2025 lanzó una Estrategia Nacional contra la Extorsión y ajustó leyes para perseguir el delito de oficio. Sobre el papel, suena contundente. En la práctica, el propio diagnóstico advierte lo evidente: el problema rebasa lo penal. Hay fallas de coordinación entre fiscalías, rezagos tecnológicos y una incapacidad crónica para rastrear redes criminales o controlar comunicaciones desde prisión.
Dicho sin eufemismos: el Estado no está persiguiendo a la extorsión; está corriendo detrás de ella.
La Ibero lo plantea con elegancia académica: se requiere inteligencia financiera, colaboración con telecomunicaciones y atacar el tráfico de armas. Traducido al lenguaje de calle: dejar de reaccionar y empezar a entender cómo opera realmente el negocio criminal.
Porque hoy, en México, la extorsión no es una anomalía del sistema. Es una de sus expresiones más eficientes, como la fabrica de levantones que operan 24/7/365.
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